jueves, 27 de marzo de 2014

Los tigres de papel también pueden morder


El título puede tomarse de múltiples formas: como aviso a navegantes, o como premoniciones que se cumplen o simplemente el deseo inalcanzable de quien esto escribe. Y es que poco a poco voy terminando el libro de Ignacio Sánchez-Cuenca "La impotencia democrática" y no dejo de asombrarme de mi propia ceguera durante los pasados años, más o menos coincidentes con esta larga, ya muy larga crisis-depresión-estancamiento económico que venimos padeciendo en España y por extensión en casi toda Europa.

Efectivamente, me siento como el apóstol Pablo cuando se cayó del caballo camino de Damasco y de repente alguien le abrió los ojos. Lo sospechaba, es cierto, algo barruntaba, pero como yo soy tan desconfiado en general, no me atrevía a ponerlo por escrito, no sea que alguien me tomara por difamador, por calumniador sin pruebas, como agitador social de los que no gustan al establishment político-económico que nos gobierna en Occidente.

En esta ocasión, las sospechas se confirmaron al leer la tristísima frase "...Tanto el gobierno de los últimos años de Zapatero como el de los primeros de Rajoy han sido insensibles al drama de los deshaucios. Cuando llegaron al Parlamento propuestas a favor de la dación en pago, el PSOE y el PP se unieron para rechazarlas." Nos añade el autor cuatro citas concretas desde 2010 a 2012 en las que ocurrieron estos hechos. En el día a día, ya vemos que a la mayoría de las personas de bien, se nos escapan estas noticias, no se les da cancha en los medios, tanto los controlados por el poder conservador como tampoco en la poca prensa libre institucionalizada que aún queda.

No sé qué opinará el lector, pero a mí, desde luego que me resulta muy chocante, extraño e incluso irritante que un partido de izquierdas haya actuado de ese modo. La explicación viene unas páginas más adelante en el libro citado cuando dice "...en los últimos años la ortodoxia económica se ha ido haciendo más monolítica, de tal manera que la comunidad de expertos de la que se extraen las personas que luego adquieren responsabilidades en la toma de decisiones tiene, al menos en España, un sesgo liberal evidente." Y más adelante "..., en España no hay economistas socialdemócratas o, si los hay, no están en las posiciones de influencia y reputación profesional que los hagan elegibles para entrar en un gobierno progresista".

Contundente lo que dice el autor, ¿verdad? Pero por qué pasa todo esto dentro de los partidos políticos de izquierda. De los conservadores no tenemos demasiadas dudas. Utilizan el sistema de co-optación, elección inter-pares o como queramos llamar al procedimiento, en suma, elegir a uno de los nuestros, alguien que defienda la ortodoxia económica a ultranza.

La cuestión es, sin embargo, otra bien diferente. ¿Por qué no hay economistas socialdemócratas con posibilidades de ser elegidos para ocupar puestos de responsabilidad en los pasados y en su caso, futuros gobiernos de los partidos europeos situados a la izquierda del pensamiento político? ¿Qué hace que no sean "ministrables" si es que hubiera esos economistas "rojos" con pensamiento económico alternativo? A primera vista, podría pensarse que tiene que ver con la propia profesión, dada la inconmovible unidad de pensamiento que nos muestran en los medios de comunicación habituales. Es decir, economista+progresista es una situación hipotética que queda falsada con los números, con los datos recogidos en el mundo real si nos atenemos al éxito en alcanzar el poder político decisorio. O también, la alternativa, si eres economista y quieres tener alguna oportunidad de gobernar, no perteneciendo a la élites, deberás afiliarte a un partido de izquierdas y allí esperar "la llamada" cuando por alguna chiripa, tu partido alcance el poder tras unas reñidas elecciones, las más de las veces, sin nada de pesar, como un gran alivio, en situación de minoría mayoritaria, obligado a pactos de todo tipo, que impedirán que se visualicen el verdadero ideario político-profesional de ese economista.

Pero ¿así ?, ¿tan fácil les resulta? ¿Qué ocurre dentro de un partido de izquierdas, qué extrañas dinámicas interpersonales, agrupaciones de votos, caciqueos o simple, llano y democrático debate abierto, conducen a la toma de sus órganos de poder? Parece ser que la cuestión económica tiene su influencia. No se sabe muy bien cómo, pero a trancas y barrancas, se logran cubrir los elevados gastos generados en las campañas electorales. Debe ser así, porque cualquier intento de hacer lo mismo con otro nuevo partido o agrupación de votantes, se encuentra con un muro infranqueable, el de su financiación. Y quien consigue "la pasta" para continuar sin duda tiene futuro en política, tiene caché, tiene "la solución"  y por tanto, hasta cierto punto, la sartén por el mango. Y si no, que se lo digan a tantos y tantos salvadores de equipos de fútbol en quiebra técnica que traen dinero fresco y a cambio, alcanzan la presidencia de esos clubes de fútbol.

Tal vez haya que reconocer que no hay  nada nuevo bajo el sol, que no es otra que quien tiene, puede, y quien no tiene, mendiga. Y en este caso de los partidos de izquierda, quien  resuelve el problema de la financiación de la costosa maquinaria de partido, exigirá su cuota de poder interna, y que para tener ese respaldo económico, en forma de "perdones", "quitas" y otras maniobras bancarias similares, debes alinearte con ese poder económico establecido, disimulando ante tu grey que ya no eres el que predicas, y que si tienes suerte y vives un periodo de expansión económica con superávit fiscal, podrás exigirle a tu Ministro de Hacienda que suelte la gallina, muchas gallinas para calmar a las bases, notablemente mosqueadas con lo que observan de tu actuación gubernamental.

El misterio de la ausencia de economistas-progresistas en las élites dominantes de los partidos de izquierda tradicional se podrá explicar así, con un "nunca me venderé a la Banca", con un inconmovible mantenimiento de principios. Algo elogioso desde mi punto de vista, pero está claro que algo más debemos hacer para evitar pedir prestado ese dinero que tanto sudor y tantas traiciones al ideario socialista causa.

Y aquí llegamos al momento de las propuestas, que se pueden concentrar en las siguientes:

Primero. Reducir notablemente los aparatos o  burocracias internas de esos partidos de izquierdas. No podemos aceptar que alguien desde dentro nos diga que tiene que ganar tanto o cuanto, porque..."pierdo dinero". Sinceramente, alguien debe decir bien alto  y claro que a la política, y concretamente, a la defensa de la politica progresista, se debe llegar para perder dinero. Es un "lo tomas así o lo dejas", e incluso, aún mejor, una renovación basada en el voluntariado efectivo. No podemos estar pensando continuamente en que la derecha nos va a meter submarinos, espías o como queramos llamarles. La transparencia ideológica tiene que ser la norma, y por tanto, cualquier ciudadano o ciudadana (incluyendo a los líderes de la oposición conservadora, por supuesto) debe poder adivinar sin lugar a la menor duda, qué es lo que pretende hacer el partido y qué posición se ha tomado sobre cualquier asunto objeto de debate.  Podrá parece inicialmente ingenuo y atrevido, pero claramente libera de ataduras, guerras de cifras, batallas mediáticas insulsas, y sobre todo del "y tú más".

Segundo. Reduciendo gastos fijos, y tirando del voluntariado, tal y como hemos comentado en la propuesta anterior, podremos hacer efectiva la segunda propuesta, que pasa por la contribución efectiva de las bases y simpatizantes con dinero, mediante campañas de recogida de fondos por internet, colectas o como queramos llamarlo. Es decir, devolviendo la autonomía económica del partido a su punto original, y haciendo que todos seamos muy libres de elegir a quien consideremos el mejor líder, sin que nadie nos tenga que decir que es el salvador, que trae avales, perdones y quitas bancarias, y que sin él, a quien todo le debemos, el partido se va a pique irremediablemente. Esa autonomía conseguirá que las bases, los simpatizantes y todos aquellos que aporten trabajo y pequeñas cantidades de dinero, sean las verdaderas dueñas del partido y por tanto, que nadie se sienta avergonzado de tomar decisiones muy alejadas del ideario, y que seguro que nadie hubiera adoptado en una asamblea general con voto secreto.

Como colorario y advertencia a quienes no les guste estas propuestas, les recordaré que otros a su izquierda ya han comenzado a actuar así, y que, aun reconociendo que son tigres de papel, podrían dar un buen mordisco en las próximas elecciones europeas. Para estas no estamos a tiempo de cambiar, pero sí para las siguientes.


lunes, 24 de febrero de 2014

Ensayo sobre la caridad

Tenía entre manos desde hace unas semanas la idea de escribir algo sobre un tema que ha estado coleando en los medios de comunicación, de forma insospechada para mí hasta que apareció en el "El intermedio", programa nocturno  de la Sexta, una especie de historieta visual animada, a modo de caricatura de otro programa televisivo, de la Primera cadena, en este caso, de gran audiencia en horario vespertino llamado "Entre todos". Digo insospechada porque no ha sido raro que viera algunas partes de este último programa durante los últimos meses (comenzó en septiembre de 2013), observándolo con interés, criticándolo en ocasiones, conmoviéndome en otras muchas, pero realmente sin llamar y sin aportar ni un euro a los distintos casos que han pasado por allí. No lo he descartado nunca, pero es que tampoco tengo la sensación de que no colabore o no me implique (¿recuerdan los lectores la diferencia entre ambos verbos en otra de las entrada de este blog?) en causas sociales, e incluso políticas. Por ejemplo soy asiduo de Change.org e incluso he promovido personalmente alguna que otra campaña con escasísimo éxito (todo hay que decirlo). Pero lo que me ha llamado la atención de aquel vídeo-caricatura de El Intermedio fue una llamada recogida en directo en el otro programa, el caricaturizado, y en el que una de las personas que supuestamente llamaban para ayudar o colaborar, burlaba al personal del Call Center y en directo, reclamaba para "los profesionales" de la asistencia social (de Cuenca creo recordar)  la realización de esas tareas. No quiso escuchar la réplica de la presentadora y colgó inmediatamente, actuando de la manera menos cívica y democrática que existe: el engaño primero (con alevosía y en directo) y luego la sordera (sin derecho a la defensa de la otra parte).

Pero con todo, esta anécdota o pequeño cuento televisivo, sirve para introducirnos en un tema realmente pantanoso, complicado. Se trata del dilema entre impuestos y con ello sociedad civil "cuidadora-protectora" por una parte, y la caridad privada por otra parte. Realmente el propio término caridad está bastante denostado, tiene un matiz peyorativo creciente en una sociedad ex-rica (que aún no lo ha digerido después de 6 años de declive económico) como es la española. Si nos vamos a buscar en un diccionario etimológico nos encontraríamos con que procede del latín caritatis, que a su vez procede del adjetivo carus, es decir querido, y por tanto emparentado con palabras tan hermosas como cariño y caricia. Es decir, que cuando hablamos de caridad, estamos aportando algo más que la simple donación de dinero, bienes o derechos. Nos estamos implicando emocionalmente con quien recibe, con quien necesita.

Esta es una de las grandes diferencias que existe entre el sistema impositivo, los impuestos que pagamos entre todos, unos mucho y otros menos, con toda las salvedades que puedan tener algunos, entre los que me sitúo yo en primera línea, respecto a la constante degradación o incluso supresión de la progresividad fiscal (tema para otra entrada de este blog), y por otra parte, las aportaciones voluntarias al sector privado (sea civil o sea religioso) de lo que se llama también cuarto sector, voluntariado, ONGs, etc.

En el primero, la obligatoriedad está implícita, salvo que defraudemos (otro tema más para debatir). Todo se acumula en el Tesoro y las Administraciones Públicas, con  mayor o menor acierto, se encargan de garantizar los servicios públicos básicos, entre los que se encuentra la sanidad pública, la educación y las pensiones no contributivas. Excluimos las pensiones contributivas, porque en España, pese a que se nos olvide continuamente, somos los trabajadores en activo los que pagamos a los actuales pensionistas, que trabajaron en su momento y sostuvieron económicamente las jubilaciones de las generaciones anteriores. Incluso últimamente, desde el gobierno de Zapatero, y sin que haya durado demasiado, y sin completarse tampoco en toda su extensión prevista, la Ley de Dependencia aporta una nueva fuente de gasto público en materia social.

Podríamos decir que en un Estado social y democrático de Derecho como es España, si el sistema impositivo estuviera bien desarrollado, si fuera eficaz en la lucha contra el fraude fiscal, y si las Administraciones Públicas estuvieran bien organizadas y fueran eficientes (aún más) en sus quehaceres diarios, todos los ciudadanos españoles tendrían garantizados sus derechos civiles básicos, sean políticos, sociales y económicos. Y por tanto, no habría mucho sitio para la caridad, sea cual sea la forma elegida para ejercerla: a través de organizaciones religiosas, a través de fundaciones, de asociaciones laicas, y así una gran pluralidad que interviene desde antes y hasta el momento presente, recogiendo fondos privados donados "caritativamente". Hablaríamos de que los ciudadanos han alcanzado la plenitud de sus derechos y que el Estado, es decir, entre todos y todas, garantizamos via impuestos (porque los dineros no crecen como la hierba en el campo) el ejercicio de los mismos.

Planteado así, observamos que estamos muy, muy lejos de alcanzarlos, e incluso, que algunas o muchas personas no están ni siquiera de acuerdo con la idea de que se garantice nada de esos derechos económicos, e incluso sociales, salvo los políticos. Es decir, promueven y desarrollan sólo una constitución política, pero no social. Lo poco y difuso que tiene de derechos económicos la constitución actual en España debería incluso desaparecer, por ser fuente de problemas y de demandas no atendibles, salvo que suban más los impuestos, tema tabú para muchos de ellos. Por tanto, desde este punto de vista, la caridad, el esfuerzo económico personal e intransferible que trae consigo, no puede desaparecer, o mejor dicho, no debe desaparecer, no al menos, mientras la sociedad civil se ponga de acuerdo en cubrir esas necesidades básicas entre todos.

Ya en segundo lugar, deberíamos tratar el tema de la profesionalización de los servicios sociales. Esto parece evidente desde el momento en el que hay un Estado que garantiza por Ley esos servicios. Podemos entrar en otro debate acerca de si debe ser prestado por funcionarios o por la iniciativa privada en régimen de colaboración administrativa, pero no afecta al fondo del problema: deben existir puestos de trabajos que se encarguen de conocer al dedillo cuáles son las necesidades básicas, los derechos sociales y económicos, qué nivel se ha alcanzado en promedio, quién no lo alcanza, por qué circunstancias no lo alcanza, y así otro largo etcétera de preguntas con un alto grado de especialización, que van derivando más y más hacia el lado humano de las relaciones entre los ciudadanos. Todo ello procede de un razonamiento correcto, pero no implica el arrinconamiento de cualquier otro actor, más o menos especializado en esas mismas materias, que utiliza fondos privados para llevar adelante proyectos que intentan completar esos derechos económicos y sociales de quien no se ve atendido por el Estado, incumpliendo los preceptos constitucionales.

Evidentemente, desde el punto de vista político, el General, os dirá que luchará a brazo partido por conseguir que mayoritariamente la ciudadanía española opte por planteamientos de solidaridad organizada administrativamente mediante un sistema impositivo fuerte, fiable y donde el fraude no pueda darse, y donde los mínimos sociales y económicos se establezcan de común acuerdo (incluso por la vía del referendum) y se garanticen. Pero, mientras tanto, mientras se alcanza ese gran acuerdo nacional, es evidente que hay mucha gente que sufre, que no tiene ni lo mínimo, que está absolutamente desesperada, y que necesita de la solidaridad de quienes ya están de acuerdo  en que pueden aportar algo más que los impuestos que actualmente pagan. Es decir, que mientras haya necesidad, y a la vez, en conjunto, una gran insolidaridad "pública", la solidaridad privada, llamada también caridad, debe seguir fluyendo, hacia otros profesionales que utilicen los fondos para completar los derechos sociales y económicos  generales que tanto ansiamos algunos.

No está el General de acuerdo con quienes creen que este flujo de caridad está viciado por lo religioso y por lo clasista, influyendo negativamente en la consecución del gran pacto social mencionado antes. El problema es demasiado grande para creer que lo puede arreglar uno solo de esos grupos u organizaciones del cuarto sector. Ellos son los primeros que lo saben, pero muchas son personas de acción, que no creen que deba explotar socialmente y más tarde políticamente un país para que cambien las cosas. La implicación ética y moral con quien lo está pasando mal les puede más que la espera a que la mecha llegue al barril de pólvora. No creen en las bajas por efectos colaterales, ni en héroes silenciosos sacrificados en aras de una causa más grande y más noble. No pueden morir de hambre cientos de miles de personas para que una revolución social y política conmueva el Estado. No sería justo. A ese gran pacto social debemos llegar entre todas las personas que componen la sociedad civil española partiendo desde la transparencia, desde la igualdad, desde la justicia, desde la humildad y dejando atrás la ignorancia, la envidia, el egoísmo y el clientelismo político y económico. Y esto precisamente ahora en el que el Gobierno de Rajoy utiliza torticeramente todas las cifras y  estadísticas a su alcance para ocultar que está actuando precisamente en la dirección contraria a la que pregona el General, alejándonos a pasos agigantados de la igualdad  y de la solidaridad pública. Definitivamente una gran estafa.

Llega el momento final de las propuestas, y en esta ocasión, se van a limitar a dos:
- Implicarse mucho más en el desarrollo de los mecanismos de solidaridad, sea público como privado, de modo que se perciba más el consenso. La clase política actualmente ha perdido la conexión con la realidad y no alcanza a comprender la necesidad urgente que tenemos de definir esos derechos sociales y económicos mínimos. Debe partir de todos nosotros esa demanda y actuar políticamente para su consecución.
- No criticar a ninguna organización privada que trabaje en el ámbito de la caridad y solidaridad privadas sin conocerlas a conciencia. Parece una obviedad, pero tendemos a cubrirlas rápidamente con un manto de sospecha, sin ser justos y sin molestarnos en conocer sus actividades, sus logros y por supuesto, sus cuentas.

viernes, 17 de enero de 2014

Sé inteligente, no te pongas el cinturón...

Por supuesto que tienes que ponértelo si conduces, pero no te pongas esa elegante prenda de vestir, generalmente fabricada en cuero,si quieres vivir cómodamente en el único Paraíso terrenal que puede llamarse así desde Adán y Eva, también conocido como Función Pública. No te lo pongas porque tendrás que facilitarte continuamente el laborioso trabajo de bajarte los pantalones en medio esta jungla humana,  no precisamente de cristal por mucho que la Ley de Transparencia anunciada por el gobierno Rajoy esté ya publicada en el BOE. Por cierto, prometo leerla de cabo y rabo y exponer en este medio mis impresiones y ensayar mis nuevas adquiridas capacidades adivinatorias sobre su futuro práctico y su inevitable desvirtuación...

Pero es que si existe un Paraíso también tiene que haber un Infierno, en el que sufren, penan y malviven un interminable calvario de despropósitos un puñado de funcionarios eficientes, transparentes, ejemplo de buen hacer, motor de lo poco que consigue funcionar con sentido en esta España del siglo XXI. Paraíso para algunos pero Infierno viviente  para otros por culpa de tanto disparate administrativo, órdenes políticas sesgadas, malintencionadas, retorcidas, y por supuesto muy interesadas en cuanto a la finalidad de sus desvelos por esa ciudadanía (lamentablemente) silenciosa, a la que desconocen continuamente. Y no me estoy refiriendo a la "masa" funcionarial con escasa capacidad de decisión y consejo, meros actuadores, sino  a ese pequeño grupo de funcionarios  que tiene la responsabilidad de defender lo público, lo que es de todos y de todas, lo nuestro en definitiva, a través de informes preceptivos y muchas veces vinculantes, parte de un procedimiento administrativo que busca precisamente defenderlo, protegerlo de manos ambiciosas amigas de lo ajeno.

Es realmente difícil conseguir mantener la independencia ante situaciones claramente ilegales promovidas por quienes han sido elegidos supuestamente por el pueblo. Lo fácil es dejarse llevar y ser obediente. No lo seas y te pondrán a prueba en una escalada creciente de sugerencias no sugeridas, comentarios altisonantes, llamadas telefónicas de amigos "advertidos" y alarmados por la autoridad vigente, paseíllos a sus despachos, retirada de la palabra, apartamiento laboral de otros casos similares, y finalmente, "apuntamiento" en la lista negra de funcionarios díscolos que no tragan y que no se someten al poder político de turno.

Mas tarde o más temprano llega ese fatídico momento y no puedes evitarlo. Tienes que tomar partido por quien manda o por el pueblo (ese gran olvidado), por cumplir la Ley o por contrario, escabullirte entre los múltiples vericuetos del procedimiento administrativo español, dejando atrás informes que no dicen nada, ni a favor, ni en contra, pero que permiten de hecho que el político sin escrúpulos avance en su siniestra tarea de hacerse con una parte más o menos importante de lo que es de todos.

Pero si al final mantienes tu cinturón atado, si tus pantalones no caen al suelo, entonces entras a formar parte de un glorioso club de funcionarios díscolos, mal vistos por la clase política dirigente (esto último es un decir), minoritario, arrumbado en cualquier despacho no preferente, evitado por los obedientes, temerosos de una contaminación visual no deseada, que les pudiera meter en problemas. Ellos se sienten entre los salvados, entre los supervivientes, sabedores de que les deben algún favor, más o menos valioso, que tarde o temprano se podrán cobrar.

En esa guerra soterrada entre funcionarios con principios por una parte, y políticos por la otra, las batallas se suceden con abundantes derrotas de los primeros, y que para mayor desgracia suya  son desconocidas para la sociedad civil a la que sirven, mezclados en un totum revolutum de lo público, claramente perjudicial para su imagen, generando un intenso sentimiento de aislamiento social, de expatriado interior, de incomprendido.

Y lo más llamativo es que esa sociedad civil, tan dura con ellos, comienza a reaccionar. Es realmente significativo que en todos los barómetros de clima social que el CIS elabora mensualmente desde hace ya muchos años, el problema de los políticos y el problema de la corrupción y fraude generalizado se dispare de una manera alarmante en los últimos tres años, como puede observarse claramente en este gráfico que he elaborado a partir de una serie temporal muy amplia. Esto nos permite comparar varios periodos de bonanza y de crisis económica, con distintos partidos políticos en el poder. El malestar con los políticos y los partidos viene larvándose en una serie ascendente neta desde hace ya muchos años Además el problema de la corrupción y el fraude, apenas mencionado por los españoles hasta finales de 2010, muestra una explosión terrorífica a partir de finales del año 2012, superando incluso el espectacular 30% de españoles que consideran a los partidos políticos y a los propios políticos un problema para este país, rozando el 45% y manteniéndose durante todo este año pasado 2013 en un horrendo, espantoso e inaceptable 35%. Observen la gráfica de la vergüenza:
Elaboración propia a partir de datos  obtenidos en la web del CIS 
En este caldo de cultivo tiene que moverse el funcionario que intenta hacer su trabajo dígnamente, aportando su conocimiento para la defensa de lo público, sabiendo que en muchos casos será arrinconado e ignorado para siempre, lamentablemente confundido en el exterior, en la sociedad civil, con los funcionarios sumisos y sus amos, los políticos que actualmente nos malgobiernan.

¿Pero qué se puede hacer? Transformaciones desde dentro de la Administración Pública leo por aquí y por allá. ¿Intraemprendizaje de los funcionarios valientes? ¿Innovación de lo público?  Más y más palabras, conceptos, ideas que yo concedo que son voluntariosas y bienintencionadas, pero a mi juicio ineficaces. El mal está asentado muy dentro de esta sociedad, una sociedad que aceptó, consintió, que permitió esta forma de hacer política, de impedir la construcción de una Administración Pública verdaderamente al servicio del pueblo, que se encogió de hombros mientras las cosas le fueron bien, en conjunto, a un gran número de españoles. Los partidos políticos actuales reflejan la forma de pensar y actuar del ciudadano medio (al menos la pasada forma de pensar y ser), integrante de una sociedad en la que el absentismo social y político es la nota predominante, que vivió en su Tierra Prometida cómodamente, dejando hacer, aceptando, perdonando y aún peor, finalmente volviendo a votar a quienes ya estaban demostrando que no tenían límites para su ambición.

Solamente la evolución de ese gráfico con las líneas roja y azul constantemente situadas en esa amplia banda del 35% al 50% puede darnos alguna esperanza de que ya somos muchos los convencidos de que tenemos que cambiar, que tenemos que reconocer que estamos enfermos, que lo hemos hecho mal, como quien es alcohólico o drogodependiente y hasta que no lo reconoce no comienza su cura. Es hora de decir basta y de rechazarles. Los sucesos de Gamonal en la ciudad de Burgos esta tercera semana de enero de 2014 me han devuelto la esperanza. Tal vez el umbral se encuentre en el 50% y entonces la sociedad española, mi sociedad, se decida a actuar, comenzando por reconocer su enfermedad antes de aplicarse a sí misma el correspondiente tratamiento.

sábado, 7 de diciembre de 2013

Funcionarios contra la igualdad. Porque haberlos haylos...

No tengo ya por costumbre preparar ningún post en este blog a tan pocas fechas del anterior, pero lo cierto es que lo hago porque no puedo contener mi indignación, porque esta semana me ha subido la bilirubina, la biliverdina y todos los demás humores que pueda alojar un ser humano normal, ciudadano de su país, trabajador asalariado por cuenta ajena, y más específicamente, por cuenta ajena del resto de la sociedad a la que sirve. Es decir, que además es funcionario.

Es precisamente mi condición de funcionario convencido y confeso (rara avis esto último) la que me mueve a mostrar al resto del mundo mi cabreo incondicional y desmedido al tocarme la fibra más sensible de mi ser: la desigualdad, o la falta de sentido de igualdad en el trato de un funcionario hacia a sus paisanos y en general ante cualquier ser humano o incluso persona jurídica (empresas, asociaciones, etc para entendernos). Sí, casi seguro que ya conocen la causa de mi enfado descomunal, como los gigantes que creía ver Don Quijote. Se trata de la operación de hernia discal realizada a Maria Fernanda Gómez, esposa del consejero de Educación del gobierno regional de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, liderado por la siempre "popular" en los medios Dolores de Cospedal, saltándose la lista de espera de un hospital público con más de 20 ciudadanos con la misma dolencia.

No sólo resultó indignante conocer la noticia, sino mucho peor escuchar en la SER, de su propia boca, la justificación del médico-cirujano que realizó la operación, funcionario a todos los efectos: era la mujer de su amigo,un sábado y cualquiera hubiera hecho lo mismo. No se pueden imaginar cuántos espumarajos vomitó el General cuando escuchó semejante despropósito a un funcionario público, al señor Vicente Calatayud, jefe de Neurocirugía del Hospital del Albacete.

Y no quedó tan solo en ese subidón de adrenalina y "ofusquina" o "bloqueína mental". A continuación tuve que escuchar de una tertuliana como Montserrat Domínguez, que creo que trabaja ahora en el Huffington Post, explicar de una manera muy poco afortunada para mí, que el problema no era que hubiera colado a una amiga o a la mujer de un amigo, sino que lo hiciera "abusando de su poder"...Y esto ya fue demasiado, se me paró el corazón, estalló mi cerebro como si fueran fuegos artificiales y simultáneamente escuché los atronadores compases de ese tema universal con bombos y platillos que suelen utilizar los cineastas como banda sonora de los momentos de culminación en sus obras cinematográficas. Si tuviera más tiempo intentaría buscar el título de esa obra musical, ya que mi ignorancia me impide conocerlo de memoria...

Sí, porque la última tertuliana había acabado dándome en la boca del estómago con su comparación, con esa odiadísima excusa del TODOS Y TODAS somos iguales ante situaciones así, todos hemos pedido, pedimos y pediremos favores a amigos "poderosos" o a amigos de amigos "poderosos", en una infinita cadena de favores indignos, vergonzantes para quienes los utilizan y vergonzosos para quienes los observamos. Una red informal, admitida, pegajosa en la que vamos cayendo inexorablemente, queramos o no queramos, porque ¿quién no haría lo mismo si su hijo, su madre, su esposo se encontrara con esos dolores tan insoportables, y sabiendo que tiene que esperar tanto tiempo para que le llegue su turno...?

Y ante tanto desvarío no puedo aguantarme y me lanzo a intentar defender lo que para mí como ciudadano es la base de la convivencia de nuestro sistema social: la igualdad de todos ante la Ley, y por tanto, ante cualquier servicio público que derive de la misma, sea pagando impuestos como siendo atendido por un equipo de profesionales sanitaríos de un hospital público, como de cualquier otro ejemplo de servicio que se nos pueda ocurrir. Es un principio constitucional básico, y hoy que celebramos el día de la Constitución tenemos que reclamar nuestro derecho a la igualdad, pese a que algunas personas parezca que no va con ellas, al menos no mientras le toquen lo suyo.

No es el abuso de poder lo que tenemos que denunciar y perseguir, al menos, no tan sólo, y mucho menos como causa de esta desafortunada y en mi opinión ilícita actuación del jefe de neurocirugía. Efectivamente, para nuestra desgracia, no está penado en nuestro Código Civil (y si lo estuviera y yo lo ignorara, más indignado estaría de que no escuchar por ningún lado que la Fiscalía no ha actuado aún) utilizar los bienes públicos para favorecer a un familiar, en el sentido de que la acción realizada ha sido la de curar a alguien, a un españolito, o españolita, como ha sido el caso. Pero es que tampoco está penado y debería estarlo que un funcionario en el ejercicio de su cargo se salte el principio constitucional y sacrosanto de que los ciudadanos españoles son todos iguales ante la Ley, plasmado en la vida práctica en normas y procedimientos establecidos, como por ejemplo, las listas de espera ante una operación más o menos grave, con más o menos dolores insoportables padecidos por la persona, por el ciudadano que espera.

Precisamente en los comentarios que se fueron acumulando a la noticia de La SER en la web (sólo alcanzan a fecha de hoy 6 de diciembre los 40 que es una cifra bajísima en mi opinión) se desliza un comentario sobre el funcionamiento del hospital público de Salamanca, en el que se baja incluso al de celador el nivel de "contacto" para conseguir saltarse una lista de espera.  Son acusaciones veladas de corruptelas internas que dañan la imagen de los servicios públicos ante la ciudadanía causada por malos funcionarios, y que no tienen ninguna posibilidad de denunciarse ante los Tribunales de Justicia, porque ¿cuál sería el hecho punible?, ¿hacer su trabajo? o ¿hacer su trabajo saltándose los procedimientos de trato igualitario ante el servicio público que presta? Esto último sin dudarlo, pero es que no es punible según nuestro ordenamiento jurídico y por tanto, el funcionario "desigualador" se queda tan fresco.

No es por tanto un asunto de abuso de poder, o mejor dicho, no es sólo un tema de abuso de poder. Lo llevamos en la sangre, grabado a sangre y fuego en nuestro individualismo ibérico, castizo y casposo, de subdesarrollo social crónico. Nos parece normal y además perfectamente justificable pedir favores y poner en un compromiso al servidor público que nos lo tiene que prestar, olvidándonos del resto de ciudadanos que puedan estar en la misma situación. Es la ley de la selva, el que pueda más, ganará, quien tenga como amigo al funcionario más poderoso o al político que sea el superior jerárquico del funcionario más poderoso ganará, y el demandante del servicio, se sentirá orgullo de su amigo, de esa "amistad", como se denomina en España a quien lo lleva a efecto. Desde siempre, desde mi más tierna infancia, he oído expresiones como  "lo consiguió gracias a una amistad".,"por una amistad muy importante, que de lo contrario aún estaba esperando..." y así un suma y sigue de situaciones escandalosas para quienes creemos en la Igualdad con mayúsculas.

Mientras tanto, quienes reciben las llamadas con petición de favores se ven en ocasiones sumidos en el dilema de obrar injustamente, a sabiendas, por supuesto, dejando a un lado los malos sentimientos, o tener que mal excusarse si consideran que quien les está pidiendo el favor no se encuentra dentro de su círculo social íntimo, o incluso, obedeciendo órdenes superiores y por tanto, acumulando en su cuenta personal uno más de esos "hoy por mí y mañana por tí" (no nos olvidemos que el señor Vicente Calatayud no operó sólo, que necesita que alguien le prepare el quirófano un sábado, así como también habrá otras personas que gestionan la lista de espera y que habrán visto cómo son burlados en su quehacer). Incluso nos queda el caso de quien desobedecerá una imposición de un superior para actuar y completarle un favor y por tanto se verá abocado a recibir su ira y una posible postración en su carrera administrativa. En nuestra miopía social, cuando pedimos un favor "anti-igualatorio" no somos conscientes de la madeja de engaños, trampas y actuaciones deshonrosas que estamos contribuyendo a hacer crecer y a que todo lo público se vea comprometido. Ni nos imaginamos cuántos extracostes se derivan de todo ello, que por supuesto pagamos entre todos, al menos, de todos los que contribuyen al fisco de este país.

No es por tanto el abuso de poder lo que es escandaloso, sino que provoquemos con nuestras actitudes y hechos el que se soliciten prácticas de abuso de poder cuando nos conviene. Insisto, es una muestra de subdesarrollo social, del conocido "y tú más", de creer en la Ley sólo cuando me conviene, y cuando no me conviene pido que alguien la incumpla, y en este caso, lo que se está incumpliendo es un valor social, el valor de la igualdad de todos ante la Ley, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". 

Hermosas palabras que ningún funcionario debería violar, pero también  que ningún ciudadano debería soslayar provocando el abuso de poder mediante la petición de favores. Es hora por tanto de proteger a los buenos funcionarios, es hora de deshacer esta madeja podrida de favores encadenados que asfixia el sentimiento comunitario de pertenencia a un colectivo de 47 millones de personas, y que lo hace zozobrar, provocando un estampida, una huida de la igualdad y de la justicia, un sálvense quien pueda y como pueda, y que quien más pueda que lo haga valer ante los demás.

Es momento de las propuestas, y en esta ocasión queda claro lo que voy a pedir, lo que quiero proponer a la ciudadanía española: debemos tipificar como delito penal las actuaciones de funcionarios en su cargo que atenten directa o indirectamente contra los procedimientos administrativos establecidos para hacer efectiva la igualdad de todos ante la Ley. Tal vez el día que veamos en la cárcel y expulsado de la carrera administrativa a alguien por haber abusado de su poder público favoreciendo injustamente a alguien saltándose una lista de espera, podamos comprender que esa vieja práctica, ese mal hábito español de "tener amistades poderosas" por si acaso, o de no reclamar lo que es justo pero pequeño, "porque alguna vez tendré que pedir y exigir algo más importante" dejará de tener sentido, y de verdad todos crean en que el principio constitucional de igualdad es real y efectivo, y no unas simples letras sobre un papel mojado.




sábado, 30 de noviembre de 2013

Funcionarios contra la corrupción...empezando por el principio.

Hace unos días llegó a mi mesa de la oficina administrativa donde presto mis servicios como funcionario una pequeña carta de publicidad ensobrada en plástico y sin destinatario concreto, salvo el propio del departamento. No es raro que todo ese tipo de publicaciones acaben en mis manos, devorador conocido de cualquier texto que pueda leer, y siempre con una voluntad de acero para intentar sacar algún provecho del mismo. Es parecido al comportamiento de esos extraños corpúsculos celulares que se encargan de trajinar y procesar  sustancias de todo tipo con el exterior a través de la membrana.

En este caso, al romper el plástico que lo envolvía me encontré con una nueva sigla junto al anagrama de la Unión Europea. En esta ocasión era el OLAF, Oficina de Lucha contra Fraude, concretamente firmaba la carta su director general Giovanni Kessler, y en ella resumía el mandato y los recursos de que disponía, así como el proceso de investigación de las denuncias recibidas asegurando que lo hace con absoluta independencia. Como parece ser que sin ejemplos no nos podríamos hacer una idea de qué nos estaba hablando, Mr Kessler añadía algunos casos concretos, como el de la financiación de productos agrícolas inexistentes (árboles que no llegaron a plantarse), contrabando de cigarrillos, uso irregular de fondos de la Unión Europea...

Me acordé entonces del casi olvidado asunto de las ayudas al lino, que tanto dio que hablar durante el gobierno del PP presidido por Aznar. Algunos ministros de hoy en día estuvieron en la picota y la verdad es que no tenía mucho ánimo para investigar en qué quedó todo aquello después de tantos y tantos vericuetos judiciales por los que seguro que ha transitado esa denuncia. Pero es que Google permite rastrear el pasado pese a que muchas veces nos gustaría que quedara totalmente enterrado. Así que localicé esta entrada en el archivo de la Libertad Digital del año 2007, justo después de la primera sentencia de la Audiencia Nacional, que con una euforia desmedida termina con el consabido "ya os decíamos que no había nada de nada". La sentencia del Tribunal Supremo en 2008 lo confirma, pero he aquí que en otra página de la hemeroteca de El País del verano de 2009 aparece la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea que reduce la multa impuesta por la Unión en unos módicos 5 millones de Euros, pasando de la friolera de 134 a unos igualmente impactantes 129 millones de euros. Y no se ha vuelto a hablar más del asunto, hasta hoy, en el que este bloguero vuelve a reactivarlo de una manera tangencial.

Es evidente que todo lo que se dijo en aquel momento tras la sentencia del Supremo, año 2008, resalta de una manera mucho más intensa cuando se compara con la sentencia del ámbito europeo. Parece que los poderes españoles no alcanzan a "conmover" a las instancias judiciales europeas, y que por tanto es un motivo más para maldecirles e incluso para llegar a desbarrar políticamente hasta límites inimaginables y sobre todo inadmisibles para cualquier ciudadano español. Este ha sido el caso de hace un par de semanas en las reuniones de los lunes del comité de dirección del  PP en Madrid, cuando se filtró a la prensa que uno de los asistentes había exigido que se hiciera dimitir al juez español del Tribunal de la Unión Europea que había participado en esa extraña conjura antiespañola que declaró ilegal la doctrina Parot. Se le exigía desde el PP que fuera consecuente, es decir, agradecido con quienes le nominaron a tan alto puesto, o eso es al menos lo que ha trascendido, y que visto lo visto, debía dimitir y regresar a casa para recibir el castigo que se merecía por traicionarles. Y si se hacía el distraído, traerle por la fuerza...esto último lo añado yo, aunque no creo que yerre mucho respecto a lo que algún asistente a esa reunión pensó en aquel momento.

Lo que sí me gustaría saber es que opinan en la OLAF de todo aquello y de cómo se tratan los asuntos de corrupción política en España, y hasta qué punto nos diferenciamos del resto de estados-miembro de la Unión Europea con esos deseos inconfesables de controlar a la judicatura europea. Tal vez los malos hábitos de manipulación de poderes ajenos (que desde el punto de vista de la Filosofía Política deberían ser absolutamente independientes), a los que estamos ya por desgracia acostumbrados en España, causen algún tipo de asombro en la OLAF. No lo sé, pero debería ser así, deberían ser motivo de asombro y de indignación. Es el único modo de seguir teniendo esperanzas en que la larga mano de los poderosos que campan a sus anchas "legislativas-judiciales-ejecutivas" no pueda alcanzarnos cuando decidimos creer lo que dice Mr Kessler sobre los denunciantes de posibles casos de corrupción "Los funcionarios y los agentes que trabajen en cualquiera de las instituciones de la UE tienen la obligación de informar acerca de posibles fraudes, casos de corrupción u otras actividades ilegales o faltas de carácter profesional de un funcionario/agente. Los denunciantes que respetan la norma estatutaria a este respecto gozan de protección frente a las consecuencias adversas. Ello incluye la protección de la identidad del denunciante (...)". Si es usted funcionario en España, como yo mismo, ¿debería hacer caso a Mr Kessler o más bien mirar para otro lado para evitarse un gran lío en su tranquila vida? Qué gran dilema se nos presenta.

Lo cierto es que en el caso del lino que citaba unos párrafos más arriba, quienes salieron trasquilados del caso fueron aquellos funcionarios que investigaron más de la cuenta según los tribunales, en el sentido de hacer más bien de fiscales y jueces de instrucción que de simples fedatarios o testigos imparciales de que algo que conocían podía ser materia de investigación judicial. Es tal vez el mayor error que cometemos los funcionarios, nuestro partidismo inconfesable, que se enmarca en un continuo que va desde el egoísmo absoluto que raya en el autismo social, buscando intencionadamente la tranquilidad y evitando cualquier problema con los poderosos, hasta quien se decanta por la sobreactuación intencionada, intentando favorecer a los de su cuerda política, o perjudicar a quienes no pertenecen a ella. Ese es el gran problema, la bipolaridad extrema existente (o nada o demasiado), con la inexistencia manifiesta de una centralidad del funcionario que actúe sin partidismos, sin filias y sin fobias, que denuncie siempre que conozca u observe algo que considere ilícito, y que tenga la absoluta certeza de que es intocable, que nadie puede hacerle nada durante la instrucciòn o después tras la posible resolución judicial, sea cual sea el sentido de la misma.

No es de extrañar esta falta de centralidad, si recordamos cómo se las gastan quienes dirigen los destinos de los partidos políticos mayoritarios. Tampoco debería causar asombro a nuestros lectores que para los partidos en el poder, los funcionarios sean un contrapoder a los que hay que meter en cintura, amedrentar, hacer la vida imposible, enmudecernos en suma, principalmente a través de ejemplos concretos de funcionarios valientes que intentaron y en algunos casos consiguieron, hacer doblar la rodilla a corruptos gobernantes, y a los que luego la vida (en un sentido amplio) no les ha sonreído...

En la carta de servicios de los ciudadanos ante la Justicia, en el punto 12 reza "El ciudadano tiene derecho a ser adecuadamente protegido cuando declare como testigo o colabore de cualquier otra forma con la Administración de Justicia". Esta carta, de lectura recomendable sin lugar a dudas, la he localizado en la web de la Fiscalía que desconozco si es una web oficial. Júzguenlo ustedes mismos entrando en ella. Lo que ya me parece poco motivador es que la denuncia pase por el filtro de facilitar todos tus datos personales y que además tengas que leer esta admonición "La comunicación de hechos presuntamente delictivos que resultaren falsos y atentatorios contra otros, dará lugar al ejercicio de las acciones legales procedentes". En cualquier caso, ser funcionario denunciante en España es sólo para valientes (alguno añadirá que también de suicidas) y sobre todo independientes jerárquicamente (hay que ver sin dudarlo el programa de Salvados en la que Jordi Evole entrevista al antiguo interventor del Ayuntamiento de Castro Urdiales).

Por si hubiera interés aquí les dejó algunas direcciones web:
- Formulario para notificar fraudes ante la OLAF: https://fns.olaf.europa.eu
- Formulario para investigaciones de carácter general: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/general-enquiries/index_es.html
Y también  la dirección: OLAF. Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Comisión Europea. Rue Joseph II, 30, 1000 Bruselas. Bélgica.

Realmente hecho de menos una campaña similar por parte de las autoridades españolas competentes en esta materia, por muy minúscula que sea. Propongo por tanto que en España se lleve a cabo. ¿Alguien puede creerse que me escucharán?


domingo, 20 de octubre de 2013

Hablando de integridad en las Administraciones Públicas

Es mejor no leer ciertos artículos porque a un crítico inoportuno como es quien esto escribe sólo le sirve para dispararle sus niveles de adrenalina, alterarle su merecido descanso nocturno y provocarle en suma un disgusto a la hora de la cena, algo nada recomendable. Menos mal que mi Santa ya reconoce los síntomas en mi cara crispada y consigue rebajarlo suficiéntemente como para poder enfrentarme a la redacción de una nueva entrada en este blog. Tanto circunloquio la verdad es que no razonable para hablar del artículo que me inspira esta noche titulado "Cultivar la cultura de la integridad", en mi opinión con un pleonasmo incorporado, no sé sí conscientemente, si no reparamos en la etimología de cultura y de cultivar. Pero esto es lo de menos en un artículo interesante, extraordinariamente motivador para alguien que no se quiera morder la lengua. Y si no se lo creen sigan leyendo.

En primer lugar, repasaremos (utilizo el plural para acompañar al autor del artículo, y la primera persona del singular cuando haga una afirmación personal) los dos motores principales de las actuaciones no íntegras y los cuatro modos de racionalización que utilizamos para acallar nuestras conciencias o para intentar anestesiar la de nuestros críticos. En paralelo nos iremos a visitar a nuestros políticos y funcionarios, y comprobaremos en qué grado de alejamiento o cercanía  estamos de esa pretendida integridad. Para cualquiera que pueda acceder al artículo original de Jean François Manzoni podrá comprobar que lo único que hago a lo largo de esta entrada es aplicar sus ideas al terreno que mejor conozco: una administración pública por dentro. Empecemos.

Menciona Manzioni al miedo y a la codicia como los dos motores principales de los fallos de integridad (para su modelo, de los empleados, para mí modelo "aplicado" de los funcionarios y políticos). Quizá en este punto ya tenemos la primera separación entre ambos agentes, los funcionarios menos dados a la aventura, amigos de lo seguro, de lo tangible, de lo regulado, frente a los políticos, más decididos, impetuosos pero al menos los de hoy en día, marcados por la codicia, que se muestra cada día en los medios de comunicación, mucho más en los no controlados, por supuesto. En este último caso, una codicia marcada por el corto plazo, por el aquí y el ahora. Como consecuencia de todo ello, la visión global de Estado, Comunidad Autónoma o ciudad, dependiendo del nivel de poder alcanzado, se diluye en el éter, deja de estar presente en su mente, y comienzan a marcar a los primeros, a los funcionarios un ritmo frenético, contraproducente en todo caso, ya que el ciclo de mejora continua, la parte del análisis y la de la revisión de lo logrado deja de tener el menor interés. Su objetivo inconfesable es poner primeras piedras o cortar lazos de inauguración. El fachadismo que visité hace unos meses en otra entrada de este blog es el concepto que mejor define su comportamiento.

Como llegan este tipo de políticos a conseguir tales niveles de poder real es la gran pregunta que nos hacemos los que creemos en los procesos políticos democráticos. Es indudable que algo falla en la determinación, primero, de qué valores quiere primar un partido político y en segundo lugar, de cómo filtra la llegada de esas personas "interesadas", teleológicamente muy competentes, y por tanto, peligrosas para la consecución y mantenimiento del sistema de valores del partido político en cuestión. La camarilla de pares que asaltan los altos niveles directivos de un partido es algo habitual. Ocurrió en su momento en el PP, tras la caída estrepitosa de Hernández Mancha y de la patada dorada a Fraga Iribarne, ejecutada con maestría. La posterior adulación a su persona, ya retirado generosamente al nivel de Presidente del PP y senador, me recuerda sobremanera a lo leído en la magnifíca novela-relato-ensayo "En el jardín de las Bestias" sobre los primeros meses del ascenso al poder de Hitler, como canciller de la República de Weimar (aún no había fundado el III Reich), y su calculada adoración servil hacia el presidente de la república, el anciano y afamado general Hinderburg.

También en otros partidos políticos he podido observarlo, a un nivel local mucho menos llamativo o sensacionalista, por supuesto, pero evidente si filtras las noticias, las visitas, las cenas y encuentros, los comentarios venenosos deslizados sabiamente, en su momento más oportuno...Al final, la idea de asaltar el poder mediante ese sentimiento de cartel, se configura y concreta de tal modo que los extraños no podemos sino maravillarnos de lo estúpidas que son aquellas personas honradas, trabajadoras, sensatas, llenas de valores, creyentes a pie juntillas en la misión, visión y valores del partido al que pertenecen, por el que lo entregarían todo, gratuitamente, tiempo y dinero, incluso alejamiento de la familia,  con tal de hacer prosperar su partido y su influencia social, pero que carecen del más mínimo sentimiento de manada de lobos, de codicia, de ansia desbocada de poder. Es la derrota de la integridad ex ante, dentro del mismo partido, incluso antes de que se pueda ejercitar.

Es ese sentido de grupo unido en su destino manifiesto lo que explica por otra parte el que haya ciertas personas del mismo que son un auténtico lastre para un correcto funcionamiento de los sistemas de gobierno una vez alcanzado el poder. Se puede entonces explicar el por qué aparecen en el gobierno de la nación, de la comunidad autónoma o de la ciudad en la que vives, tales o cuales personas. Entonces, y sólo entonces puedes entender el mamarracho de presentación mediática con el que nos abochornó hace unos meses la actual ministra de Sanidad. Te preguntas antes, por qué está ahí, y luego leyendo esta entrada, tú mismo te respondes "ahora entiendo...".

Y ahora nos vamos al lado del miedo, el otro motor mencionado por Manzoni para explicar los fallos de integridad en las organizaciones y empresas. Evidentemente, si los dirigentes políticos transmiten esa falta absoluta de valores, a través de sus actuaciones diarias, pese a sus intentos de pintar un mundo de colores fantástico en los medios de comunicación adictos, difícilmente podrán mejorar las conductas de sus funcionarios. Una de las expresiones que más me ha dolido escuchar a lo largo de mis numerosos enfrentamientos en el terreno judicial, en las salas de lo contencioso-administrativo, para explicar abandonos y supuestos cansancios de colegas correcurrentes, ha sido la de que el miedo es libre. Y ahí se terminaba cualquier aclaración o profundización en la pretendida explicación de los hechos. Según Manzoni, diversos estudios demuestran que las personas tienen una fuerte propensión a amoldarse según los deseos de las figuras de autoridad creíbles o legítimas. Y efectivamente, los funcionarios, que los son al menos en España, por nombramiento legal, aceptarán sin rechistar esa autoridad legítima de un político que haya sido nombrado por el partido en el poder o de un funcionario de rango superior si ha alcanzado el nombramiento siguiendo los procedimientos legales regulados en la normativa vigente de la Función Pública. Y por ahí nos damos de bruces con el precipicio de la obediencia debida. Para un funcionario de segundo nivel o incluso más abajo, la única esperanza que queda es resistir utilizando el arma del paso de tiempo, inexorable, que tanto angustia al político, sabedor de su escaso tiempo para lograr objetivos palpables, tangibles que le sean reconocidos, que los pueda "inaugurar" él mismo. Una explicación adicional que nos surge así  de la conocida lentitud de los procedimientos administrativos, conducidos por esos  precavidos funcionarios.

Hace bien poco, en uno de mis intentos de normalizar la priorización de proyectos e incluso tareas inferiores en mi departamento, acabé reparando en el concepto de urgencia. Sí, el binomio importante-urgente se utiliza mucho, aunque para mí no es el más completo a no ser que profundizamos en la descripción de lo que es importante, y también de lo que es urgente. Volveré en otro momento de este blog a describirles ese modelo de priorización, lo que se me ha ocurrido, leyendo a unos y otros, y aplicando mi experiencia personal en la Administración Pública Local. Por el momento, sólo mencionaré una pequeña parte, que por venir al hilo del párrafo anterior merece la pena que lo adelante. Describo en mi modelo como uno de los factores que definen la urgencia en las AA.PP. es la presión política, que llamo también, obligaciones políticas, además de las legales y de las sociales. Pues bien, esa presión política la gradúo según tres niveles:
- Baja. El político al mando ha ordenado algo, pero no ha marcado fecha, ni recursos humanos o presupuestarios, y sobre todo no ha marcado una fecha para volver a reunirse y hacer seguimiento.
- Media. El político al mando ha ordenado algo, con una fecha en el horizonte más o menos concreta, incluso haciendo ver que hará algún tipo de seguimiento, que preguntará sobre el tema y que se podría alterar la prioridad de otros proyectos si hiciera falta.
- Alta. La orden del político es terminante. Hay en el aire de su despacho un sentido trágico y agobiante de que se la está jugando o de que algo le ha irritado sobremanera. Todas las prioridades se alteran, todos los recursos se ponen se dirigen a cumplir la orden y además tenemos ya fijada una fecha o incluso un plan de seguimiento estricto en el que él mismo va a estar presente.

Y ahora me dirán qué ocurre cuando además esa orden bordea o incluso incumple  manifiestamente la legalidad vigente, pero cae dentro de mi clasificación anterior en el apartado "alta". El miedo actúa, mueve los brazos ejecutores de los funcionarios y la integridad se olvida en la mayoría de los casos.

Pero ahora, volvamos a acompañar a Manzoni en su artículo. Nos dice que habiendo ya sucumbido al miedo y/o al miedo, llevando a cabo acciones de ese tipo, los empleados (que yo aplico a funcionarios y políticos) racionalizarán entonces estas acciones, explicándose a sí mismo que, aunque inapropiada o ilegal incluso, es permisible "bajo estas circunstancias" (la cursiva es mía y las comillas del autor). Y los caminos para racionalizarlo son varios:
- Minimizar la magnitud de la infracción. En este caso, tenemos ejemplos continuos, tanto de políticos (recuérdese a Montoro diciendo que siempre subirán las pensiones, cuando el mínimo lo deja en el 0,25% que por, ¡oh casualidad!, aplica en el primer año de vigencia de la nueva Ley...), como de funcionarios (sólo se ha llevado a casa un par de bolígrafos y 200 folios en blanco...son minucias).
- Compararse con otros infractores. Esto es común en el Parlamento español, dejando los niveles del debate político a la altura del betún. Es el  "...y tú más..." escuchado hasta el hartazgo.
- Atribuir la infracción a una causa externa o inevitable. Este lo aplican los funcionarios buscando esa excusa en otros funcionarios, otras Administraciones y sobre todo, en unas malas instrucciones (lo que es cierto también por otra parte) de los políticos al mando. Y los políticos por su parte, siempre acusan a sus funcionarios de inactividad, ramplonería o si son más listos, preferirán echarle la culpa al anterior en el cargo, sobre todo si es de otro partido político.
- Atribuir la infracción a un propósito superior. Aquí, el terreno queda en poder de los políticos, ya que los funcionarios con los otros tres modos de convencerse tienen más que suficiente. Este es además muy bueno en tiempos de crisis. Si se deja de apoyar a la sanidad pública, si hay gente que llega a morirse en las colas de espera de los hospitales, si hay niños que no pueden acudir a la escuela porque no hay autobuses para llevarles, si los comedores públicos se cierran en esas mismas escuelas, si las ayudas aprobadas a la dependencia son eliminadas, si en suma, todo eso ocurre, es por un propósito general superior: salir de la crisis, o también, evitar el rescate de la Unión Europea. Todo ello para acallar sus conciencias de que han inyectado miles de millones de euros al sector bancario privado a cambio de todos esos recortes. Definitivamente, no veo a ningún funcionario utilizando este mecanismo de racionalización, pero para un político es una auténtica mina, caminito de la canonización para incorporarse al Santoral de la Estupidez Política Nacional.

Volvamos al artículo. Manzoni menciona varios estudios que nos hablan sobre la disonancia existente entre lo que queremos ser, lo que decimos de nosotros y luego lo que realmente practicamos. Los estudios demuestran que las zonas del cerebro responsables del raciocinio se apagan cuando se exponen a información disonante: soy una persona ética-lo que he hecho sé que está mal. Pierden brillantez nuestros cerebros y acabamos casi con el encefalograma plano. Por eso escuchamos tales sartas de estupideces cuando intentamos obtener una explicación razonable de algo malo hecho por alguien que consideramos bueno, responsable o incluso, lo más habitual en ese tipo de personas un silencio clamoroso...Por eso debemos hacer caso al refrán "antes se pilla a un mentiroso que a un cojo". Por eso también, tenemos que creer en las máquinas de la verdad, y en los expertos que las utilizan que buscan y rebuscan en nuestro interior, para lograr enfrentarnos con la realidad de algo que sabemos mal hecho.

Pero también hay quienes ni siquiera reconocen la infracción, el hecho de que estén haciendo algo malo. El autor repasa cuatro causas principales de este fenómeno:
- El desvanecimiento ético.
- La ceguera motivada
- Los sesgos confirmatorios
- El sesgo interesado/protección de identidad.

El desvanecimiento ético suele reforzarse cuando hay alguna o varias de estas condiciones: implicaciones empresariales (en nuestro caso, implicaciones políticas) fuertemente enfatizadas, como es el caso de situaciones de crisis económica y social, o cuando se usan eufemismos del lenguaje, al que tan acostumbrados nos tienen los miembros del gobierno del PP y de ese partido ("ajustes estructurales" es una de las más utilizadas, junto a la de "reformas" de lo que sea), y finalmente cuando las víctimas potenciales son numerosas y anónimas, y yo añadiría, que estén desunidas. Apunta Manzoni en este apartado que algunas contramedidas propuestas en los programas éticos son contraproducentes, como la de penalizar financieramente pero en pequeña cuantía, que da lugar a pensar que si pagas la multa puedes pecar, puedes transgredir, o también el aumentar el número de normas y regulaciones, que conduce a que pensemos ¿esto está permitido? en lugar de pensar ¿esto es lo correcto?, debido a una especie de externalización del autocontrol ético. Y finalmente hacer públicos los conflictos de intereses, ya que cuanto según los investigadores citados por el autor, quienes hacen públicos sus conflictos proporcionan estimaciones más sesgadas de esos conflictos que quienes no los hacen públicos. En fin, un tema muy interesante, del que constantemente oímos hablar en los programas de renovación ética, pero que por lo leído hasta aquí, no nos da absoluta seguridad en que podamos hacer frente al desvanecimiento ético.

La ceguera motivada la utilizamos siempre que interpretamos la información disponible de la mejor manera que respalde nuestros intereses, o incluso ignoramos la que no nos conviene en absoluto. En este punto, volviendo a mis queridos políticos, nos encontramos con múltiples ejemplos de negación de información disponible de terceras partes independientes. Recuerdan el tema de las famosas autopistas radiales de Madrid, de peaje todas ellas, en las que no había ninguna posibilidad creíble de que fueran rentables...Y lo mismo podemos decir de otras grandes obras faraónicas por el resto del Estado, incluyendo mi Bizkaia querida. Ahí tenemos la Super-A8, desdoblamiento de la A-8, bajo tierra y en el aire, así definida por mí por el casi nulo kilometraje existente en plataformas normales sobre tierra. Túneles y viaductos en una sucesión de 20 kilómetros que prácticamente no se utiliza por ser de peaje y tener una autopista en paralelo que ya no tiene atascos por culpa de la crisis económica que ha "conducido" a muchos usuario/as a quedarse en casa, sin utilizar su vehículo o su camión. Cuánto podríamos seguir escribiendo de la ceguera motivada en España y sus políticos, cuánto...

Los sesgos confirmatorios, que no es otra cosa que admitir que tenemos prejuicios aunque lo neguemos. Decimos una cosa pero nuestras acciones, nuestro comportamiento real nos delata. Arrimamos el ascua a nuestra sardina cada vez que algo nos molesta o nos crea una incomodidad mental. Por ahí vienen las tendencias de nuestros políticos a incorporar a su corte a familiares y amigos, con contratos injustificables, no sólo en cuanto al contenido efectivo del mismo, sino también a la capacitación real y demostrable que tienen esos familiares y amigos. Recordarán los lectores los casos sangrantes de las hijas de ministros del actual gobierno del PP implicadas en nombramientos como altos cargos del Tribunal de Defensa de la Competencia. Es evidente que para sus padres no había ningún motivo para no aconsejar ese nombramiento. Quiénes mejor que sus hijas para esos cargos. Esto es algo que las grandes empresas familiares que se han sostenido en el tiempo han conseguido evitar mediante duros códigos éticos de buen gobierno, ya que la posibilidad de contratar al inútil del yerno, del hijo o similar, en cargos ejecutivos podría hacer peligrar claramente la continuidad del negocio. En el mundo de la política española, esos códigos éticos de buen gobierno no existen y peor aún, no se habla de ellos por considerarlos innecesarios.

Finalemente, Manzoni presenta la cuarta causa de no reconocimiento de que hemos hecho algo malo, los sesgos interesados en el sentido de proteger nuestra identidad. Atribuimos nuestro éxito a nuestros méritos y para los fracasos tenemos siempre algo externo al que echar la culpa de todo. Esto es algo habitual en el actual gobierno del PP. Sería prolijo repasar la hemeroteca. No lo voy a hacer. Lamentablemente es habitual en cualquier ser humano y conduce a numerosos problemas organizativos y de gestión dentro del funcionariado. La falta de capacidad de cooperación entre Administraciones tiene mucho que ver con este apartado, con esta causa, aunque no tenga una relación directa con el tema de la integridad, si bien, desde luego que indirecta cuando pensamos en la cantidad de dinero público dilapidado en costosas duplicidades o reinventos de la rueda. Además, según los autores citados por Manzoni, el sentido de pertenencia a una organización reconocida por todos como éticamente avanzada, relaja los esfuerzos personales de sus miembros. Manzoni menciona los recientes problemas de la multinacional Johnson&Johnson, aunque a mí me ha venido a la memoria una entrevista al líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, en el programa Salvados de mi héroe Jordi Évole. Tras contestar a un conjunto de preguntas en un tono contundente y además convincente, llegó la pregunta malévola pero necesaria del entrevistador "¿y el caso de la condena del alcalde "fulanito" de Izquierda Unida en Asturias?". La respuesta de Cayo Lara no pudo ser más decepcionante. Estaba asumiendo que cualquier miembro de Izquierda Unida, teniendo en cuenta sus valores de integridad, tenía que transmitirlos sin más a los miembros del mismo, algo muy lejos de la realidad. Sinceramente, su respuesta me decepcionó mucho, aunque leyendo este artículo he podido comprenderle mejor, y es que debe ser cierto lo de que "el hábito no hace al monje" según el refrán español.

Llegados al apartado de las propuestas, el propio autor del artículo nos aporta algunas, que yo adapto al entorno político-administrativo, añadiendo la última de ellas y remodelando la cuarta. Son éstas:

- Establecer correctamente los principios básicos: normas, regulaciones e incentivos.
- Invertir tiempo y energía en un "programa de educación del juicio directivo " continuado (comillas del autor). Yo cambiaría juicio directivo, por juicio político y y administrativo, y tal vez nos sirva.
- Prevenir el desvanecimiento ético. Ya hemos visto el daño que hace.
- Crear un ambiente en el que los militantes de cualquier partido político puedan hablar sin reservas y expresar su inquietud acerca de las decisiones que se contemplan. La democratización interna de los partidos se convierte en imprescindible e inaplazable. Las primarias "pero de verdad" se convierten en un instrumento poderoso que puede cambiar completamente las relaciones de poder establecidas y sus conocidas camarillas, cuyos miembros acaban justificándose entre sí.
- En el apartado administrativo, mejorar la legislación en materia de Función Pública para que los funcionarios afectados por una cuestión de ética, puedan ser protegidos de la presión superior, de modo que el miedo deje de ser una posible causa de transgresión.

Quizá todos nuestros problemas actuales comenzaron por una creciente ausencia de integridad de la que no somos conscientes. Y hasta aquí puedo escribir...