sábado, 30 de noviembre de 2013

Funcionarios contra la corrupción...empezando por el principio.

Hace unos días llegó a mi mesa de la oficina administrativa donde presto mis servicios como funcionario una pequeña carta de publicidad ensobrada en plástico y sin destinatario concreto, salvo el propio del departamento. No es raro que todo ese tipo de publicaciones acaben en mis manos, devorador conocido de cualquier texto que pueda leer, y siempre con una voluntad de acero para intentar sacar algún provecho del mismo. Es parecido al comportamiento de esos extraños corpúsculos celulares que se encargan de trajinar y procesar  sustancias de todo tipo con el exterior a través de la membrana.

En este caso, al romper el plástico que lo envolvía me encontré con una nueva sigla junto al anagrama de la Unión Europea. En esta ocasión era el OLAF, Oficina de Lucha contra Fraude, concretamente firmaba la carta su director general Giovanni Kessler, y en ella resumía el mandato y los recursos de que disponía, así como el proceso de investigación de las denuncias recibidas asegurando que lo hace con absoluta independencia. Como parece ser que sin ejemplos no nos podríamos hacer una idea de qué nos estaba hablando, Mr Kessler añadía algunos casos concretos, como el de la financiación de productos agrícolas inexistentes (árboles que no llegaron a plantarse), contrabando de cigarrillos, uso irregular de fondos de la Unión Europea...

Me acordé entonces del casi olvidado asunto de las ayudas al lino, que tanto dio que hablar durante el gobierno del PP presidido por Aznar. Algunos ministros de hoy en día estuvieron en la picota y la verdad es que no tenía mucho ánimo para investigar en qué quedó todo aquello después de tantos y tantos vericuetos judiciales por los que seguro que ha transitado esa denuncia. Pero es que Google permite rastrear el pasado pese a que muchas veces nos gustaría que quedara totalmente enterrado. Así que localicé esta entrada en el archivo de la Libertad Digital del año 2007, justo después de la primera sentencia de la Audiencia Nacional, que con una euforia desmedida termina con el consabido "ya os decíamos que no había nada de nada". La sentencia del Tribunal Supremo en 2008 lo confirma, pero he aquí que en otra página de la hemeroteca de El País del verano de 2009 aparece la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea que reduce la multa impuesta por la Unión en unos módicos 5 millones de Euros, pasando de la friolera de 134 a unos igualmente impactantes 129 millones de euros. Y no se ha vuelto a hablar más del asunto, hasta hoy, en el que este bloguero vuelve a reactivarlo de una manera tangencial.

Es evidente que todo lo que se dijo en aquel momento tras la sentencia del Supremo, año 2008, resalta de una manera mucho más intensa cuando se compara con la sentencia del ámbito europeo. Parece que los poderes españoles no alcanzan a "conmover" a las instancias judiciales europeas, y que por tanto es un motivo más para maldecirles e incluso para llegar a desbarrar políticamente hasta límites inimaginables y sobre todo inadmisibles para cualquier ciudadano español. Este ha sido el caso de hace un par de semanas en las reuniones de los lunes del comité de dirección del  PP en Madrid, cuando se filtró a la prensa que uno de los asistentes había exigido que se hiciera dimitir al juez español del Tribunal de la Unión Europea que había participado en esa extraña conjura antiespañola que declaró ilegal la doctrina Parot. Se le exigía desde el PP que fuera consecuente, es decir, agradecido con quienes le nominaron a tan alto puesto, o eso es al menos lo que ha trascendido, y que visto lo visto, debía dimitir y regresar a casa para recibir el castigo que se merecía por traicionarles. Y si se hacía el distraído, traerle por la fuerza...esto último lo añado yo, aunque no creo que yerre mucho respecto a lo que algún asistente a esa reunión pensó en aquel momento.

Lo que sí me gustaría saber es que opinan en la OLAF de todo aquello y de cómo se tratan los asuntos de corrupción política en España, y hasta qué punto nos diferenciamos del resto de estados-miembro de la Unión Europea con esos deseos inconfesables de controlar a la judicatura europea. Tal vez los malos hábitos de manipulación de poderes ajenos (que desde el punto de vista de la Filosofía Política deberían ser absolutamente independientes), a los que estamos ya por desgracia acostumbrados en España, causen algún tipo de asombro en la OLAF. No lo sé, pero debería ser así, deberían ser motivo de asombro y de indignación. Es el único modo de seguir teniendo esperanzas en que la larga mano de los poderosos que campan a sus anchas "legislativas-judiciales-ejecutivas" no pueda alcanzarnos cuando decidimos creer lo que dice Mr Kessler sobre los denunciantes de posibles casos de corrupción "Los funcionarios y los agentes que trabajen en cualquiera de las instituciones de la UE tienen la obligación de informar acerca de posibles fraudes, casos de corrupción u otras actividades ilegales o faltas de carácter profesional de un funcionario/agente. Los denunciantes que respetan la norma estatutaria a este respecto gozan de protección frente a las consecuencias adversas. Ello incluye la protección de la identidad del denunciante (...)". Si es usted funcionario en España, como yo mismo, ¿debería hacer caso a Mr Kessler o más bien mirar para otro lado para evitarse un gran lío en su tranquila vida? Qué gran dilema se nos presenta.

Lo cierto es que en el caso del lino que citaba unos párrafos más arriba, quienes salieron trasquilados del caso fueron aquellos funcionarios que investigaron más de la cuenta según los tribunales, en el sentido de hacer más bien de fiscales y jueces de instrucción que de simples fedatarios o testigos imparciales de que algo que conocían podía ser materia de investigación judicial. Es tal vez el mayor error que cometemos los funcionarios, nuestro partidismo inconfesable, que se enmarca en un continuo que va desde el egoísmo absoluto que raya en el autismo social, buscando intencionadamente la tranquilidad y evitando cualquier problema con los poderosos, hasta quien se decanta por la sobreactuación intencionada, intentando favorecer a los de su cuerda política, o perjudicar a quienes no pertenecen a ella. Ese es el gran problema, la bipolaridad extrema existente (o nada o demasiado), con la inexistencia manifiesta de una centralidad del funcionario que actúe sin partidismos, sin filias y sin fobias, que denuncie siempre que conozca u observe algo que considere ilícito, y que tenga la absoluta certeza de que es intocable, que nadie puede hacerle nada durante la instrucciòn o después tras la posible resolución judicial, sea cual sea el sentido de la misma.

No es de extrañar esta falta de centralidad, si recordamos cómo se las gastan quienes dirigen los destinos de los partidos políticos mayoritarios. Tampoco debería causar asombro a nuestros lectores que para los partidos en el poder, los funcionarios sean un contrapoder a los que hay que meter en cintura, amedrentar, hacer la vida imposible, enmudecernos en suma, principalmente a través de ejemplos concretos de funcionarios valientes que intentaron y en algunos casos consiguieron, hacer doblar la rodilla a corruptos gobernantes, y a los que luego la vida (en un sentido amplio) no les ha sonreído...

En la carta de servicios de los ciudadanos ante la Justicia, en el punto 12 reza "El ciudadano tiene derecho a ser adecuadamente protegido cuando declare como testigo o colabore de cualquier otra forma con la Administración de Justicia". Esta carta, de lectura recomendable sin lugar a dudas, la he localizado en la web de la Fiscalía que desconozco si es una web oficial. Júzguenlo ustedes mismos entrando en ella. Lo que ya me parece poco motivador es que la denuncia pase por el filtro de facilitar todos tus datos personales y que además tengas que leer esta admonición "La comunicación de hechos presuntamente delictivos que resultaren falsos y atentatorios contra otros, dará lugar al ejercicio de las acciones legales procedentes". En cualquier caso, ser funcionario denunciante en España es sólo para valientes (alguno añadirá que también de suicidas) y sobre todo independientes jerárquicamente (hay que ver sin dudarlo el programa de Salvados en la que Jordi Evole entrevista al antiguo interventor del Ayuntamiento de Castro Urdiales).

Por si hubiera interés aquí les dejó algunas direcciones web:
- Formulario para notificar fraudes ante la OLAF: https://fns.olaf.europa.eu
- Formulario para investigaciones de carácter general: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/general-enquiries/index_es.html
Y también  la dirección: OLAF. Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Comisión Europea. Rue Joseph II, 30, 1000 Bruselas. Bélgica.

Realmente hecho de menos una campaña similar por parte de las autoridades españolas competentes en esta materia, por muy minúscula que sea. Propongo por tanto que en España se lleve a cabo. ¿Alguien puede creerse que me escucharán?