domingo, 15 de mayo de 2011

Políticos y funcionarios (segunda parte)

No tenía pensado añadir una segunda parte al anterior post sobre Políticos y Funcionarios. Sin embargo, tras leerlo y repensar mucho el contenido anterior, me he decidido a darle continuidad al tema. Si en la primera parte incidía en la falta de legitimidad de los funcionarios para participar en debates generales sobre el futuro de cualquier órgano de una Administración Pública, y también en el pecado del corporativismo, en esta segunda parte me mueve más la clarificación de las relaciones entre políticos y funcionarios (altos y medios funcionarios en realidad) y denunciar, de paso, la descomposición de esa relación.

La ola neoliberal, que yo llamaría "tsunami neoliberal" de tan fuerte y destructiva como está siendo para el común de los mortales, tiene un aspecto muy significativo que siempre aparece como bandera de enganche para los ciudadanos exigentes en lo privado y entre sumisos y mudos en el momento de dar la cara, de "activarse" (ahora lo llaman indignarse en Francia) social y políticamente: la crítica destructiva al Estado del Bienestar, y sobre todo, la crítica hacia el estamento del funcionariado público. Ya ven ustedes que yo mismo reconozco que es un estamento, y que conlleva algunos o incluso bastantes privilegios. Sobre nosotros (yo también soy funcionario) llevan cayendo toda clase de improperios y acusaciones grandilocuentes, y en mi opinión sesgadamente intencionadas hacia lo negativo, escondiendo, no mencionando nunca lo bueno, que para algunos no existe bajo ningún concepto.

Quizá la crítica más destructiva y envenenada, torticeramente calculada, es la de aquellos políticos que acceden al poder tras concurrir a unas elecciones legislativas, o peor aún, sin concurrir, pero siendo llamados por el partido ganador responsable de la gestión del Estado, Autonomía o Municipio, y que deciden sin el menor recato, prescindir de cualquier relación político-laboral con el funcionariado que depende orgánicamente de ellos. Es decir, asistimos a una sentencia sin juicio previo, sin garantías de ningún tipo. Simplemente nos han condenado basándose en una ideología que no cree en lo público, ni en la regulación de los excesos del mercado, ni prácticamente en nada, salvo en la acumulación de bienes por las élites más poderosas (algún día hablaré de la visión de Marx, su aparente error en su pronóstico de concentración del capitalismo, y en cómo entrados en el siglo XXI, sus "profecías" parecen que empiezan a cumplirse). Incluso peor aún, políticos "independientes" que buscan su lucro personal, aumentar su clientela, su directorio de contactos...vamos, seguir aquella pasaje del Evangelio donde el mayordomo infiel abusaba en sus últimos momentos de su poder para "hacer amigos".

Esa falta de liderazgo político-laboral que nos inunda en los distintos niveles administrativos del Estado, Autonomía o Municipio, se traduce en una gran desconfianza sobre lo que el funcionariado hace o no hace, creando dudas sobre su compromiso con la institución en la que trabaja, insistiendo en la parte mala que aflora ante la ciudadanía, con la intención torticera de ganársela, de crear "mal ambiente" entre unos y otros, sin la menor intención de mover un solo músculo, ni una sola neurona en intentar conocer mejor qué está dirigiendo, con qué equipo humano cuenta, qué problemas tienen, qué virtudes, quién trabaja y quién se escaquea. No, amables lectore/as, no, eso es mucho esfuerzo, y como realmente hay una gran mayoría que lo único que desea es no desgastarse en arreglar algo que ningún precedente ha arreglado o que incluso ha degradado o "averiado" aún más con sus actuaciones inconexas, o peor aún, que desea fervientemente quitarse de enmedio a "testigos" de sus "afanes", por llamarlo de alguna manera, la situación empeora año tras año.

Hay en mi opinión una voluntad no manifestada claramente de destruir las bases de la Adminstración Pública, que tanto costó llevar adelante en el siglo XIX: cuerpos de funcionarios con acceso por mérito y capacidad (oposiciones libres, públicas y limpias) y que en contrapartida tienen derecho al cargo, o traducido al lenguaje de hoy, la permanencia como funcionario/a contra viento y marea, venga quien venga a gobernarnos. Se quieren olvidar las tristes décadas de las cesantías de funcionarios, en las que quien llegaba allí, sabiendo que saldría con su mentor político, aprovechaba el cargo tanto como pudiera. Al final, la cosa pública quedaba dañada irremediablemente, puesto que nadie, absolutamente cargaba con ninguna responsabilidad, ni se mantenía ninguna continuidad de actuaciones. Se olvidan de todo eso, y lo hacen conscinetemente en mi opinión. Hay mala intención.

Esto se une a una conversación o pequeño debate que tuvimos unos compañeros motivados con el cambio organizacional. Uno de ellos, con gran experiencia, nos venía a decir, "que quede claro que yo vengo a trabajar aquí [la Administración] por mí, no por los ciudadanos, ni por Bizkaia, y creo que los demás piensan igual". Me sorprendió, no me lo esperaba de él, y creo que no ha conseguido engañarme, si es que lo pretendía, que más bien pienso que intentaba crear polémica, debate y confrontación de ideas y pareceres. No encaja con todo lo que ha hecho en la Administración y por Bizkaia en su larga trayectoria laboral. Es el ejemplo claro de todo lo contrario. Yo creo que también estoy en el mismo bloque de funcionario/as implicados en mejorar la Administración, pero el impacto de sus palabras me movió a reflexionar sobre la motivación del funcionariado.

Sí, surgen grandes preguntas: ¿por qué vengo a trabajar?,¿por qué no cambio de trabajo si me siento tan desmotivado ante la desidia de nuestros políticos respecto a la cosa pública?¿Creo en Bizkaia y en su futuro, en "lo nuestro" como gran colectivo de millón y pico de ciudadanos que conviven en un marco geográfico, social, económico y político determinado, o simplemente me da igual? ¿Pero es Bizkaia lo que acabo de describir? ¿Quién representa a los vizcaino/as, los junteros, el Diputado General de Bizkaia...?¿Sólo ellos?¿Nadie más?

Han visto como mis preguntas han ido derivando desde mi yo hacia un yo colectivo. Es más, ¿quién representa la voluntad de un pueblo? El gran debate entre democracia parlamentaria-representativa y democracia participativa está en el núcleo del debate, y además en la posible solución al problema de la Administración Pública. Nos afecta a los funcionarios, sin duda, porque queda claro que sin funcionarios no hay continuidad en el vaivén político, que la privatización no es la solución, que es un engaño gigantesco que conduce a corruptelas, mafias económicas, oligopolios y finalmente a dictaduras donde se mezcla todo en beneficio de una élite alejada de la sociedad a la que teóricamente representa.

Sin embargo, cualquier avance en democracia participativa está frenada por los propios partidos políticos mayoritarios, que verían amenazada su labor. La partitocracia lo ha inundado todo, salvo, y por ahora, la Administración Pública,  donde el funcionariado resiste a duras penas, y con una creciente desmotivación por falta de liderazgo.

¿Podemos nosotros mismos tomar el control de nuestro destino? ¿Estamos legitimados para ello? Mi respuesta es que sí, que frente a nuestra falta de legitimidad para definir el qué hacemos o debemos hacer, tenemos total y absoluta legitimidad e incluso me atrevería a decir que obligación de renovar y modernizar las Administraciones Públicas en las que trabajamos. No hay excusas, no hace falta autonomía...estamos hablando del cómo se hacen los qués, y ese es nuestro terreno, un terreno en el que tenemos que mejorar mucho, mucho, mucho. Nos falta metodología, nos falta interiorizar el concepto de cliente-ciudadano, el concepto de cliente-funcionario, cliente-otra_administración, reforzar la interoperabilidad, simplificar, aumentar los controles, medir nuestro rendimiento, evaluar lo que hacemos, pero sobre todo, renovar nuestro orgullo sobre el trabajo bien hecho y el cumplimiento de lo legislado, que nos guste o no nos guste procede de Parlamentos o Ayuntamientos donde los elegidos por el pueblo (con mayor o menor exactitud respecto a lo que realmente hemos votado) toman decisiones por mayoría.

El objetivo es demostrar a nuestros conciudadano/as y a nosotros mismos que el ámbito de lo público está en buenas manos, las mejores, las más eficaces y eficientes, y que lo que decidan a través de sus representantes se ejecutará profesionalmente, rindiendo cuentas de cada minuto de jornada laboral y de cada euro necesitado para ello. Un gran desafío se abre en nuestros destinos, todo lo demás son cuentos de la buena pipa.