Del "y tú más" al "...pues yo también".

La idea general para escribir esta entrada del blog rondaba por mi mente desde hacía cierto tiempo. Ha sido la aparición en la Revista Española de Ciencia Política (nº 36 de diciembre de 2014) de una recensión sobre el estudio realizado por Joan Font, Clemente Navarro, Magdalena Wojcieszak y Pau Alarcón, titulado "¿Democracia sigilosa en España? Preferencias  de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos", la que ha activado el percutor para animarme a desarrollarla.

Tras leer la recensión y apuntarla como "de interés especial" en mi pequeño dietario de buenas propuestas y trabajos varios, aprovechando la no disponibilidad de un disco duro olvidado en algún ordenador, y un tiempo atmosférico poco propicio para el paseo exterior y para realizar labores de mantenimiento agrícola, pude realizar la búsqueda del citado informe. Lo encontré en la propia web del Centro de Investigaciones Sociológicas, de donde pude descargármelo en varios formatos, totalmente libre (nada es gratis, salvo los regalos, y el CIS en este caso, ha hecho un buen regalo de Navidad a todos los españoles), entre ellos en formato epub, lo que también es de agradecer.

Debo reconocer que no he tenido tiempo para leerlo completamente, con sus 213 páginas, y que más bien me centré en el capítulo 6, donde supuse habría algo de información sobre lo que tanto me estaba preocupando últimamente: la ya inasumible desconfianza en la clase política profesional española. Y así ha sido porque, si bien el informe se basa en la reproducción de una encuesta adaptada a España que diseña originalmente para Estados Unidos y si además la fecha de realización se retrotrae a febrero de 2011  (anterior al fenómeno Podemos e incluso al propio movimiento 15M), anticipan en mi opinión los resultados de lo que ha ocurrido y suponemos que ocurrirá en el esperado año macro electoral de 2015.

Los resultados de la encuesta relacionados con las capacidades y los valores de los políticos profesionales por una parte, y extendiendo la misma pregunta con un foco mucho más amplio, el resto de los ciudadanos, incluyéndose el propio entrevistado, conduce a algo poco sorprendente a primera vista, porque en el fondo, algo barruntábamos todos: la notable desconfianza que tenemos también de nuestros vecinos, de nuestros compatriotas.

En una tablita sencilla aparecería:

• Un 30,9% de los entrevistados confían en la capacidad y valores de los político, pero también creen que los ciudadanos poseen esa capacidad y catadura moral.
• Un 23,7% considera que los políticos no son de fiar, pero sí los son sus compatriotas, sus vecinos, la gente que conoce.
• Un 19,8% confía en los políticos pero no en sus compatriotas, y
• Un 25,6% no se fía ni de los unos ni de los otros.

Sólo el primer grupo parece no estar sujeto a dilemas morales, lo que conocemos popularmente con la frase popular "to'r mundo é güeno". Pero saliéndose de ese grupo que se acerca al tercio de la población, nos encontramos con los otros dos tercios en que aparecen desconfianzas hacia unos y hacia otros o incluso hacia ambos (nada menos que un cuarto de la población). Y debo insistir, que son datos de febrero de 2011. Tras el último año del 2º gobierno Zapatero y los 3 años horribles del gobierno Rajoy, cuatro años más tarde, no quiero ni pensar cómo quedarían modificadas las cifras, especialmente de quienes tienen un fuerte dilema institucional (es decir, no confían en los políticos, ni por sus capacidades para conseguir mejorar el país, ni tampoco por sus valores morales).

El estudio continúa con algo muy relacionado directamente con el fenómeno Podemos y su insistencia en el cambio de modelo de participación política de la ciudadanía: desde la delegación absoluta mediante la representación política (10 en la escala), hasta los movimientos asamblearios permanentes en las que todo, absolutamente todo se decidiría por votación previa deliberación de todo el mundo (0 en la escala). De nuevo nada sorprendente en principio, aunque para mí, lo verdaderamente sorprendente es la centralidad de las respuesta en los cuatro grupos:

• El primero grupo se sitúa en el 4,44 es decir, un poco más cerca de la participación que de la representación, pero muy centrado.
• Los que desconfían de los políticos, que tienen un dilema institucional, se sitúan en el 3,91, más favorables a la participación, pero sólo medio punto más a la izquierda.
• Los que desconfían de sus compatriotas (dilema cívico) se sitúan en el 4,79, casi en la mitad del continuo representación-participación.
• Los que tienen doble dilema, porque no confían en nadie, sorprendentemente se quedan también casi en la mitad, con el 4,60, sólo un poquito más volcados hacia la participación que los anteriores.

Vuelvo a insistir en que los datos de partida para este análisis son de febrero de 2011, pero habida cuenta de la evolución social, política y económica de España en los últimos 4 años, desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2014, y con numerosas encuestas parciales realizadas mediante barómetros políticos  trimestrales, podemos intuir que los porcentajes de desconfianza hacia los políticos habrán crecido en gran medida. Pero lo que me hace pensar es el más que creíble porcentaje de personas, de ciudadanos, que desconfían de las personas que componen lo que llamamos el pueblo, la ciudadanía en general, y que a consecuencia de ello, "entregan" el poder a otro pequeño grupo, el de los políticos profesionales, a los que consideran ligeramente más capacitados pero moralmente inferiores a ellos, porque o bien, no tienen tiempo para "la política" o consideran (o consideraban) que no tenían problemas graves que la política pudiera resolver, y que tal vez, era un quebradero de cabeza más involucrarse en actividades políticas en tu barrio, en tu asociación, o en cualquier campañas de movilización general con la que pudiera tener alguna relación favorable.

La gran pregunta por tanto es "¿qué nos hace pensar tan mal de la gente que nos rodea?". Es un martilleo continuo el que recibo a diario..."esos políticos son unos sinvergüenzas, pero no vayas a creer que entre los 'nuestros' no los hay también". Pero peor aún es escuchar esta mañana en la radio a un entrevistado casual en la calle si defraudaba algo, y acaba reconociendo que sí, pero que le importa bien poco porque los que tienen que dar ejemplo defraudan a paladas, a carretadas,..La respuesta al político no es "quítate de ahí y devuelve todo lo que has defraudado o robado", sino "pues yo también lo haré, cuando pueda y como pueda".

Es precisamente esa pataleta social del ciudadano la que conduce a una situación de descomposición social, e incluso, una vez ya descompuesto el nivel moral medio de la ciudadanía, a la casi desconfianza absoluta respecto a tu vecino, porque llegas a tener la certeza de que eres el más tonto de la villa si no te comportas igual, o que si no lo haces es porque no puedes.

Y con estos mimbres "sociales" tenemos que construir un país democráticamente avanzado. Yo lo veo imposible, y conduce a que a muchísimos de los que nos situamos en el cuarto grupo, los del doble dilema moral, desconfiando de unos y otros, sintamos un vértigo indescriptible cuando la medicina que se nos ofrece para curar los males patrios pasa por incrementar la participación política de los ciudadanos.

Es bien cierto que escuchar constantemente a los peones políticos de la casta, de la élite o como queramos llamarla, decirse auténticas barbaridades que siempre terminan en el conocido "y tu más", nos hace inclinarnos al menos durante este futuro próximo, muy próximo por el alejamiento del modelo de representación política clásica, de ese "vale, te voto y hasta dentro de 4 años". Un voto a una siglas, donde sabemos que se encuentran bien arropados, representantes de cierta clase, élite o casta que no está haciendo nada por los más desfavorecidos, y más bien, está convirtiendo en desfavorecidos a los que anteriormente la Vida había sonreído de alguna manera.

 Lo que está claro, es que la respuesta del tipo "...pues yo también" sólo conduce al envilecimiento general de la ciudadanía, al cinismo social generalizado que hipoteca continuamente nuestra capacidad de movilización y de denuncia permanente de aquellos representantes políticos que han perdido descaradamente su vinculación con quienes le votaron y depositaron su confianza en él, directamente o a través de una siglas.

La cuestión clave que surge de todo este tinglado socio-político-económico es la manipulación interesada de las élites gobernantes en mantener embrutecido y moralmente destruido al pueblo llano. No les interesa la persecución del fraude fiscal menor, por ejemplo, ya que, además del costo económico que podría tener perseguir a los pequeños defraudadores del  IVA, a los ciudadanos que se ahorran unos euros en facturas fácilmente escamoteables al fisco, tendría el coste político de ver cómo eso amortizaría la hipoteca del "pues yo también", liberando enormes recursos morales de la ciudadanía que no dudaría en exigir lo mismo de quienes quieran ser sus representantes, y por tanto, impidiendo mantener a la élite (o casta) dirigente su actual proyecto de refeudalización social.

La alternativa a ese sistema político ya fallido, totalmente periclitado, al que la ciudadanía ha vuelto la espalda de una forma muy clara, nos dicen que tiene que venir del incremento de la participación ciudadana. Recuerdo a este respecto unas palabras de un compañero de trabajo que me comentaba que "lo de las asambleas permanentes" tampoco funciona y que las soluciones encontradas no siempre son las mejores ni con mucho, además de lo que consumen en tiempo y energía. Y es que por otra parte, sólo hace falta recordar nuestras reuniones o asambleas de propietarios del inmueble al que pertenecemos para que nuestras ilusión en el segundo modelo se pinche.

Mi experiencia personal en proyectos en el que hace falta llegar a un consenso siempre ha sido buena, por ejemplo, en labores de evaluación bajo el modelo EFQM. Pero no debemos olvidar que en este último caso, el modelo aparecía establecido, era una premisa,  y además, el número de personas participantes era bajo y además, por lo general, entrenadas, y sin que tuviéramos un límite de tiempo excesivamente corto para deliberar, debatir, explicar, razonar y llegar al consenso final. El resultado final respecto a lo que inicialmente pensábamos  cada uno de los participantes en esas reuniones de consenso, mejoraba siempre y habitualmente, la mejora era considerable.

Es difícil por tanto llegar a su vez a un consenso sobre el modelo de participación política, pues los miedos, las dudas nos atenazan. Pero posiblemente quienes estamos dentro de la jaula mental del doble dilema de desconfianza cívica e institucional tengamos que dar una oportunidad a nuestros compatriotas, a nuestro vecino y esperar que por una vez, el cambio llegue verdaderamente hasta el último rincón de nuestra sociedad. Contad conmigo.

Lenin, Bolívar, Podemos y la NEP soviética y bolivariana.

Se me hace cada vez más evidente el enorme nerviosismo que se ha instalado en las oligarquías financieras nacionales y en cierta medida internacionales cuando se ha conocido el impulso que ha cobrado el movimiento político de los indignados españoles, visualizado en el partido político PODEMOS. Las encuestas más fiables indican que seguramente, si sigue todo igual, si sigue esta progresión en el incremento de futuros votantes a PODEMOS, que lleguen al poder en la mayoría de autonomías y hasta incluso el gobierno central a finales de 2015, fecha probable para convocar elecciones generales al CONGRESO y SENADO.

El programa económico que lleva en su cartera debe ser leído.
Tiene mucho de revolucionaria, de cambio drástico, de luchar contra los privilegios de la casta parasitaria.

Me trae recuerdos de los primeros tiempos de la revolución rusa, del nivel de indignación acumulada en el pueblo, que en aquel caso se agravó con la mortandad causada por la guerra mundial, a raíz de la defensa del imperialismo.

La economía debía ponerse en marcha de nuevo, y los bolcheviques tuvieron que ceder provisionalmente ante el ideario totalitario de nacionalización masiva. Tuvo efectos beneficiosos, recuperándose en tres años a los niveles de 1913, pero el ala de extrema izquierda consiguió tumbarla.

Pobreza energética: ¿alguien me presta unos kilovatios-hora para freír un huevo?

Prometo que se los devolveré en cuanto tenga un trabajo digno con el que ganarme el sustento. Y ahí es donde  podemos fiar la devolución lejos, bien lejos en el tiempo. Lo cierto es que este cuento o mal chiste, según como lo quiera clasificar quien lea esta entrada, podía parecer exagerado o increíble hace unos pocos años, y sin embargo, la terca realidad, negada por los dirigentes políticos teledirigidos a su vez por la alta clase empresarial española, lo ha convertido en motivo de debate de altura y de mucho interés para el común de los mortales que habitan este país, y afirmaría incluso que de gran parte del Occidente empobrecido por esta recesión económica que no quiere o no la dejan terminar.

El cuento-chiste anterior me trae a la memoria viejas prácticas del mundo rural español en las que garantizar un mínimo de energía en forma de leña para calentar  la casa, especialmente la cocina mediante un fuego bajo que servía también para preparar la sencilla comida de entonces, era un derecho reconocido. Todo el mundo sabía que necesitaba acopiar leña para el invierno, y como la madera siempre fue un bien común vecinal, salvo los poderosos de entonces que tenían sus bosques privativos, había que ponerse de acuerdo en el reparto. No era cosa de talar a tontas y a locas. El pueblo llano de entonces sabía organizarse en "círculos" municipales o de pedanía. En el de mi abuela materna, en el frío norte de la montaña burgalesa era conocido como el reparto de las adras, en el que hay un monte conocido como Ladrero, y que según mi tío es una deformación de Adrero, es decir, donde se reparten los lotes de leña anuales. En el diccionario de la RAE aparece descrito como turno o lote, sea de agua de riego o de otra cosa. En el frío Norte, no interesaba repartir agua (que también en verano) sino las fuentes energéticas con la que superar las copiosas nevadas para no morir de frío e inanición.

Ahora no hay vecinos, ni por tanto, necesidades energéticas que cubrir. La madera abunda, y como decía una revista del sector especializada, en el Norte hay más madera que nunca en forma de arbolado adulto que no tiene visos de ser cortado, ni siquiera para las papeleras. Ya no es negocio, teniendo en cuenta que además de derribar los árboles, hay que limpiarlos, cortarlos en trozos utilizables, transportarlos y almacenarlos. Y qué oportunidad estamos perdiendo de utilizar esa biomasa.

Y sin embargo, en las ciudades la escasez e incluso la penuria energética de muchas familias tocadas por la desgracia de no tener trabajo está a la orden del día. Es evidente que vivimos en un país desarticulado y descoordinado, y además profundamente desigual entre clases sociales y entre territorios. Pero lo peor es que esta maldita clase dirigente se empeña en ver negocio donde no lo ha habido ni habrá nunca. Y también mucho podríamos hablar de las malísimas prácticas de consumo energético que tenemos todos, sean empresas, Administraciones Públicas y de las familias en general. La energía barata ha sido

La ignorancia energética del españolito medio, de la empresita media española y por no hablar de cualquier Administración Pública a la que queramos señalar al azar, es evidente. Nadie sabe de memoria cuántos kw-h consume al año de promedio, por no decir si sabe diferenciar entre kw de potencia y kw-h de consumo. Pocos consideran práctico y realizable reducir la potencia contratada sacrificándose a utilizar los electrodomésticos más potentes en momentos no concurrentes. Tampoco controlan el tiempo de ducha o baño, ni a qué temperatura sale el agua del grifo, ni tampoco la razón por la que tenemos que estar en cueros en casa en pleno invierno y cuando llega el verano ponernos un jersey para no coger una pulmonía con el aire acondicionado que habremos consignado a 18ºC. Es la eterna pelea en las oficinas compartidas por varias personas: ¿cuál es la temperatura ideal en cada estación? Nos importa una higa cuánto estamos despilfarrando, porque, o no lo pagamos directamente, o bien consideramos que ahorrarnos 20 euros al año en la factura es una tontería que no merece la pena ni considerarlo. Insisto, nos hemos convertido en un país de ignorantes energéticos desde hace una o dos generaciones. Para el que quiera tener una visión resumida del consumo medio en el hogar puede curiosear en este documento elaborado por el IDAE.

 Es nuestro problema diezmil uno o incluso más atrás en la lista de cosas que nos preocupan. Pero cuando, por azares del destino, por una confabulación judeo-masónica o por la terquedad impasible e inconmovible de los neoliberales germano-céntricos y de sus acólitos sureños (gobierno Rajoy y compañía), caemos en el paro prolongado y finalmente descendemos por debajo de esa línea roja de la pobreza,  la cuestión alimentaria básica y la energética se convierten en el GRAN PROBLEMA. Y sin son varios millones de paisanos los que han cruzado esa línea, entonces, ese gran problema individual se convierte en un GRAN PROBLEMA SOCIAL

Son varias las iniciativas que algunas organizaciones políticas y de ciudadanos han tomado. La Generalitat catalana por ejemplo rompió el fuego con una medida criticada y en mi opinión poco realista, incompleta, pero sin lugar a dudas, que sirve para comenzar a trabajar en la buena dirección como era aplazar el pago de las facturas de energía de los meses de invierno. Lamentablemente Rajoy y Cía han comenzado el acoso y derribo de la iniciativa. En un breve plazo de tiempo la veremos desmontada. En los medios vemos al presidente de la patronal eléctrica UNESA decirnos que "le aterra" la propuesta energética de PODEMOS (comentado en esta entrada de un blog amigo). Este señor fue entrevistado por Jordi Ebole en alguno de sus magníficos programadas de SALVADOS, y a mi Santa le tuve que reconocer que si yo fuera alguno de la CASTA, le pagaría el doble o el triple de sueldo, porque hace falta tener un nivel de cinismo muy alto para conseguir aguantar las preguntas de aquella entrevista y no rizársele ni un solo pelo de su magnífico tupé, y eso no lo tiene cualquiera, sumado a una cierta facilidad labial (que no verbal) a lo De Guindos para no decir nada utilizando un gran número de frases.

Es decir, que el tema está al rojo vivo, gori-gori como dicen los vascos, y por tanto, merece la pena que nos preocupemos de buscar el nudo o piedra angular del mismo: los derechos energéticos básicos del ciudadano. Poco dice la Constitución española al respecto. Se supone que con trabajo y vivienda, tienes garantizado lo segundo, es decir, energía a precios asequibles. Pero no es así, ni trabajo, ni vivienda, ni en consecuencia un maldito fuego bajo para preparar la comida o para calentarte en las frías noches de invierno. Y es tan absurda la situación que somos capaces de colapsar los hospitales por ciudadanos que enferman "de frío" pagando por curarles grandes sumas del presupuesto de Sanidad, cuando lo más lógico habría sido "invertir" en energía básica y mínima para evitar esas enfermedades

Es evidente que no hemos pensando seriamente sobre este asunto, que sigue siendo objeto de enriquecimiento de algunos, sea lo sea, pase lo que pase, dejando en el camino a millones de compatriotas. Es el momento por tanto de definir el derecho a  un lote de energía básica imprescindible para vivir.

Pero debe ser bien definido, bien articulado y bien llevado a la práctica o acabaremos creando un problema de gestión de derechos. Debe tenerse en cuenta las peculiaridades de cada familia, en cuanto a número de miembros, salud invidual, edades, estación del año, temperaturas promedio de cada mes, edad de los electrodomésticos, clasificación energética de la vivienda, etc. O  contemplamos todos estos factores y le damos una solución de mejora o ahorro energético familiar y social a medio plazo, con ayudas, por ejemplo, para sustituir electrodomésticos  poco eficientes, con un baremos progresivo de ayudas en función de la renta, o acabaremos creando un mercado negro del Kw-hora subsidiado. No podemos actuar con ligereza. Se trata de un derecho ciudadano más que debe aflorar y consolidarse pero también ser especialmente controlado para que el resto de los ciudadanos, actualmente rico-energéticos, sepamos que se está haciendo tan bien, tan bien como en la Sanidad Pública o en la Educación Pública.

Sumando podemos, al menos calentarnos y prepararnos la comida, lo que no es poco ;-))

Despilfarrando conocimiento: la falta de liderazgo organizativo en las Administraciones Públicas

La lectura del artículo de Juli Ponce "Ciencias sociales, Derecho Administrativo y buena gestión
pública. De la lucha contra las inmunidades del poder a la batalla por un buen gobierno y una buena administración mediante un diálogo fructífero" recientemente publicada en la revista GAPP, editada por el MAP (o como se llame ahora porque ya no me dan las neuronas para tantos cambios de adscripción orgánica), me ha servido de inspiración a un viejo asunto que considero que está en la raíz de muchos de los problemas que tienen la mayoría de las Administraciones Públicas españolas (no me atrevo a extenderlo a otros países): la falta de liderazgo organizativo, y que podría acumularse a la falta de liderazgo tecnológico, además de dudar cada vez más intensamente de la existencia de un liderazgo político y social de altura.

El autor nos introduce en un debate apasionante para los que creemos en la necesidad de modernizar absolutamente la gestión administrativa en las oficinas del gobierno, cualquiera que sea su nivel: local, autonómico, estatal...Y todo ello lo aborda desde una reinvención, renovación y ampliación del campo del Derecho Administrativo, saliendo de su clasicismo actual. En sus propias palabras "...la lucha jurídica contra las inmunidades del poder debe evolucionar hasta convertirse en la lucha por la buena administración." que incluso van más allá en la siguiente frase "... debería conducir a un replanteamiento epistemológico del Derecho Administrativo, cuando éste entra ya en el 'siglo de la buena administración' (las comillas son del autor) o incluso esta otra mucho más clarificadora: "no nos debiera bastar ya con que la actuación pública no sea arbitraria; es posible exigir además que respete el derecho a una buena administración que posibilite la calidad de la gestión". Las negritas son mías porque quiero remarcar el cambio genético y revolucionario que pretende incorporar al Derecho Administrativo español.

Pero sin avanzar más en esta parte del debate, núcleo del artículo de Juli Ponce, quiero presentar algunos conceptos que se mencionan relativos a esa Nueva Administración, acompañada de ese Nuevo Derecho Administrativo: gobernanza, MAC, calidad...y a los que podríamos añadir incluso otros que está incluso más "de moda" como el de innovación pública. Porque de esto va esta entrada del blog, de cómo dilapidamos, de cómo despilfarramos continuamente conceptos, sin lugar a dudas, necesarios, útiles, implementables y generadores de conocimiento, de buenas prácticas. En resumen, de una Buena Administración.

Y es que los años van minando progresivamente mi moral alcoyana respecto a la posibilidad de que algún día consigamos reformar y modernizar estas Administraciones Públicas españolas. De tanta ola de va y viene, creo haberme convertido en un marinero de primera con derecho a una buena jubilación, a ser posible bien alejado de la costa, porque siento que necesito tener los pies firmes sobre la tierra.

Lamentablemente la terrible moda practicada por casi todo el mundo político que conozco de:

- primero: "presentar a bombo y platillo el anteproyecto del futuro proyecto X" que de respuesta al nuevo concepto X (donde X puede ser sustituido por  NGP, calidad, cartas de servicio, externalización y más recientemente innovación pública permanente, MAC, gobernanza, etc), porque cada 4 años aproximadamente "sale" algo nuevo.
- Segundo: "subcontratar a una consultora conocidísima la elaboración de unos pliegos de contratación".
- Tercero: "contratar a precios de mareo permanente la puesta en marcha del proyecto  a cuatro años vista" ya que es algo "muy, muy complejo de abordar".
- Cuarto: "intentar recepcionar el contrato sin conseguirlo ya que el político que lo contrató ya no está al frente de ese organismo. Y por supuesto, ningún funcionario fue incluido en el proyecto para hacer el seguimiento.
- Quinto: "guardar bien guardado todo en uno de los múltiples cajones y archivos de ese organismo", normalmente porque se lo pasan a otro funcionario que no tiene ni idea de qué hacer con eso,

conduce al consabido "todo sigue (y seguirá) igual por siempre jamás". Los veteranos de la Función Pública suelen decirlo, y más se alegran cuanto peores funcionarios son. Se les nota en el tono de voz y en el aire de suficiencia con el que nos lo restriegan por la cara a los pobrecitos funcionarios que queremos cambiar este triste sino.

Es un terrible círculo vicioso. Los téoricos de la Administración Pública, sobre todo provenientes del mundo científico anglosajón, estudian y plantean mejoras, apareciendo nuevos conceptos que se hacen populares (trending topic lo llaman ahora), e incluso algunos se atreven a hablar de cambio de paradigma en el sentido de Kuhn (siempre con esa coletilla...). Luego la ola renovadora llega a las universidades españolas, normalmente empezando por las catalanas, que desde hace mucho tiempo están siempre al tanto de todo esto, y sin saber cómo, en los congresos científicos sobre la materia son presentados a  algunos políticos que extrañamente se han quedado para ver el espectáculo, o bien personal de su gabinete (los famosos funcionarios eventuales que tanto han crecido en las últimas décadas) y que se quedan estupefactos ante la idea de lanzar "algún programa o plan" en su correspondiente Administración para impresionar a la audiencia o incluso a la ciudadanía en general.

Y ahí acaba todo el liderazgo organizativo, porque en un breve lapso de tiempo, distintas empresas consultoras se van dejando caer para visitar a ese político o al personal de su gabinete, ofreciendo sus servicios, ya que "oyeron que el 'tema' había gustado mucho en las altas instancias". Y ya si tenemos abundancia presupuestaria (hasta 2010 podemos darlo por seguro), ¿dónde está el problema? Se contrata en un paquete llave en mano, por supuesto, y a darle publicidad inmediatamente en todos los medios.

El círculo se cierra cuando, pasados los años, el paquete llave en mano se entrega e inmediatamente se guarda, o peor aún, se intenta poner en marcha a cualquier precio, malgastando el tiempo de funcionarios y profesionales de la consultoría y finalmente, ante la terquedad del mundo administrativo real español, se deja en "stand by" (hay que ver cómo nos gusta el término anglosajón, que suena mejor que nuestro "lo dejamos morir de asco"), a la espera de un cambio de gobierno, con llegada de alguna persona con la cabeza bien amueblada que decida dar por finalizada la aventura modernizadora. Por supuesto para intentarlo con otra...

Mientras tanto, el ciclo PDCA se convierte en una realidad no buscada cuando algún departamento universitario decide analizar el fracaso de los planes modernizadores españoles, o incluso para más alucinación esperpéntica, es contratado por el propio político que lo organizó todo, y que para su desgracia no ha conseguido cambiar de puesto a los cuatro años, huyendo de la quema, como hacen los más afortunados. No olvidemos que este país tiene a bien mostrar los currículos de muchos "ilustres" con la sola mención de los muchos puestos y administraciones por dónde han pasado, pero por supuesto, sin mencionar jamás los logros conseguidos (entendiendo que aceptados como tales por el común de los mortales).

Y así, cerrado el círculo vicioso del mal liderazgo organizativo, los buenos funcionarios con intención y voluntad modernizadora real nos limitamos a recoger los restos aprovechables de tanto despropósito, procurando poner en marcha alguna iniciativa de bajo nivel pero duradera, o bien intentando mantener en marcha el motor de alguna otra que ha llegado a avanzar más de lo que nadie hubiera sospechado al no ver delante, a los mandos de la locomotora a ningún maquinista...

Ideas, conceptos espléndidos, teóricamente impolutos, si bien en la práctica administrativa de difícil acomodo, o cuando menos con una necesidad mucho mayor de lo esperado de liderazgo técnico funcionarial, además del demandado liderazgo político organizativo. Y sin esos liderazgos, totalmente despilfarrados, gastados antes de tiempo, es decir, malgastados o peor aún, deformados por un mal uso, y como los medicamentos mal usados, creando "resistencias a largo plazo".

Llegados al momento de las propuestas, me viene a la mente sólo una: ¿tendrá razón el autor del artículo con el que encabezo esta entrada del blog y será necesario que se reconozca el derecho, reivindicable ante los Tribunales de Justicia, a una Buena Administración? ¿Podremos así demandar a los políticos que, en el paso por puestos de gobierno en alguna Administración Pública, han desbaratado una buena estructura organizativa o que han malgastado los fondos públicos (por supuesto sin mala fe...) en alguna aventura contractual de las que todos conocemos alguna? Seguro que se lo tomarían más en serio y preguntarían más a los que más sabemos de esos temas. Ganaríamos todos.

Pero en ese caso,  ¿les podríamos exigir responsabilidad patrimonial por el daño causado? Y entonces, ¿qué compañía de seguros se atreverá a firmar un contrato? ¿Y a qué precio? Y peor aún si me pregunto ¿de dónde vendrán los fondos para pagarla? Por favor, que nadie responda que de los Presupuestos generales del Estado :-((

La utopía republicana: elementos necesarios

La clave la muestra PRATS, J en su frase "no hay república sin ciudadanos virtuosos, republicanos...

El mal ejemplo de la entrevista de Pedro Blanco a Alfred Bosch, representante de ERC en el Congreso. Ejemplo de rollo político liante, oscurantista, sin horizontes, sin nada de nada detrás. Asalto al poder local. No se dedica a la futurología, puff

El calentamiento de la ciudadanía con malos políticos que no tienen ningún interés real en favor de la ciudadanía. 

El zorro cuidando del gallinero: la financiación de los partidos políticos.

Es gratificante leer un buen artículo sobre esta espinosa materia (hablo de corrupción política) y comprobar que el General no es el único que sospecha de que algo está podrido en el núcleo del sistema de partidos políticos españoles. Ese runrún que se escucha por aquí y por allá sobre el modo en que algunas empresas consiguen contratos públicos, o cómo algunas  se perpetúan ad eternum ganando los concursos públicos de contratación, año, tras año, o también observando las barbaridades urbanísticas que se han ejecutado en los municipios españoles en la última década.

Y qué puedo decirles si en lugar de uno son tres los artículos que componen mi pequeño repertorio de análisis sobre un tema tan espinoso y de tanta actualidad... Los enumeraré a continuación:

1. Corrupción Local en España, de Juan Luis Jiménez, publicado en el nº 85 de Cuadernos del ICE.
2. Las personas expuestas políticamente y la prevención del blanqueo de capitales, Eduardo Alcalde Gutiérrez y Luis Rodríguez Soler, publicado en el Boletín del ICE nº 3047 (enero de 2014).
3. La financiación de los partidos políticos y búsqueda de rentas: un análisis de las reformas de la financiación política española de 2007 y 2012, por Enrique García Viñuela y Carmen González de Aguilar, publicada en la Revista Española de Ciencia Política, nº 34, marzo de 2014.

Tengo que decirles que los he disfrutado de inicio a fin, aunque mi salud mental ha salido bastante deteriorada tras concluir su lectura, además de algún amago de crisis de ansiedad y pequeños daños en objetos situados a mi alrededor de los que el seguro no se hace cargo (esto último no lo he comprobado en la famosa letra pequeña de los contratos de seguros, así que tómenselo como una licencia literaria).

Empezaremos por el primero de los citados, el de la Corrupción local en España. Ciertamente me ha gustado su presentación científica del problema, aportando datos, definiendo variables y analizando toda esa información hasta llegar a una conclusión que a primera vista pueda parecer sorprendente, pero que desde mi humilde punto de vista tal vez no lo sea tanto, y que en sus propias palabras es ésta: "...la estimación del modelo de probabilidad permite concluir que los municipios más poblados, de mayor estabilidad en la composición de la Alcaldía, y con mayor diversidad en el número de partidos existentes, son factores que aumentan la probabilidad de ser corrupto."

Muy interesante la conclusión, al menos para mí. Sí sabemos que cuanto más populoso es el municipio, el número de concejales aumenta hasta un número escandaloso a mi modo de ver, y poco proporcional a la población, comparando los grandes con los pequeños. Recordemos que según la actual Ley Electoral española, un municipio de hasta 10.000 habitantes tendrá 17 concejales, es decir, que cada  588 personas empadronadas (no electores, que serán algunos menos entre inhabilitados, impedidos y menores de edad, por si alguien olvida el detalle) le corresponderá un concejal, pero si hablamos de un municipio de por ejemplo 50000 habitantes, son ya 25 concejales, serán ya 2.000 residentes por cada concejal. Números superiores a 20 concejales imponen ya un modelo de profesionalización política clara, en la que alguno de los concejales electos, especialmente el Alcalde, tendrá una dedicación exclusiva a su municipio. No es lo mismo por tanto, ser un concejal de la oposición, sin dedicación exclusiva, en un ayuntamiento con 25, 30 o incluso 40 colegas reunidos todos en un pleno en el que apenas si puede controlar las numerosas materias, asuntos, planes y proyectos que se tratan en ellos, que otro más pequeño con 5, 7, incluso 13 concejales, por lo general manteniendo un contacto muy directo con sus votantes y con la realidad del municipio.

Desde luego que la estabilidad en la composición del grupo que apoya al Alcalde, con mayorías aplastantes, auténticos "rodillos locales" parece que influye claramente en el aumento de la probabilidad de que haya corrupción en ese municipio. Una hipótesis explicativa podría venir de la lejanía de la oposición respecto a lo que realmente se está cociendo en el ejercicio del poder político municipal. Si eres un concejal opositor en un municipio grande, en el que el Alcalde está apoyado por una fuerte mayoría de concejales, prácticamente no tienes nada que hacer, a no ser que te dediques exclusivamente a esa labor, y aún así con dificultades. La transparencia siempre ha sido el talón de Aquiles de la democracia española. Y sin información, no hay posibilidades de conseguir un auténtico control político. Y sin control político, el sentimiento de impunidad de quien gobierna puede avanzar tanto  que acabe entrando en las arenas movedizas de la corrupción, apenas sin darse cuenta.

Lo que me parece más difícil de explicar es que la probabilidad de que un Ayuntamiento español sea corrupto mantenga una proporcional directa al número de partidos diferentes existentes con representación en el Pleno. No sé muy bien si lo que falta es analizar a su vez si existe alguna correlación entre número de partidos con representación y número de concejales que componen el Pleno, es decir, el grado de fragmentación política del Ayuntamiento.  ¿Están más fragmentados los municipios grandes que los pequeños? En principio nada debería impedir que un municipio muy pequeño, digamos de 5 concejales, tuviera la máxima fragmentación posible, es decir, 5 partidos políticos diferentes con 1 concejal cada uno. No lo menciona en el artículo que estamos comentando el autor, y creo que sería interesante para llegar a conocer si realmente la fragmentación política es realmente una variable dependiente del tamaño del municipio o no lo es. Es decir, que si se comprueba que cuanto más grandes son los municipios, más fragmentación política hay, entonces tendríamos que desechar la última parte de la conclusión, y quedarnos simplemente en que la corrupción local o municipal se ve favorecida por un gran número de concejales en el Pleno, y con estabilidad política, con mayorías claras gobernando. Sería interesante continuar la investigación por esa vía.

Pero mientras tanto pasaremos al segundo artículo de la breve lista que presentaba al comienzo de esta entrada: Las personas expuestas políticamente y la prevención del blanqueo de capitales.

Me lancé interesadísimo a la lectura de este artículo. Antes de nada debo decirles que me chocó su aparición en el BICE, con un tema tan escabroso como es la corrupción política, y cuando la revista está publicada por el propio Ministerio de Economía. Y les aseguro que no tiene desperdicio, de principio a fin. Lo recomiendo encarecidamente, salvo si padece el lector o lectora del corazón.

El artículo no se dirige hacia las consecuencias de la corrupción política, sino a la prevención de la misma, buscando la colaboración de las entidades financieras, con medidas contra el blanqueo de capitales y el aumento de la transparencia en las transacciones efectuadas por las PEP (Personas Expuestas Políticamente).

Pero, ¿quiénes son las personas expuestas políticamente? Ciertamente parece un circunloquio para decir que son las personas con responsabilidad política. Pretenden los autores revisar la normativa existente y otra que esté a punto de aprobarse en materia de prevención de blanqueo de capitales, en cuanto tenga que ver con prácticas corruptas de políticos en el ejercicio de su cargo. En estos últimos años, aparecen en los medios de comunicación los casos de caja B en el Partido Popular, caso Gürtel, etc si bien el artículo no trata de flujos financieros de capitales que se sitúan al servicio de un partido político de una manera ilegal o no declarada según la Ley de Financiación de Partidos Políticos (tercer artículo de mi particular trilogía). Aborda más bien el análisis de los circuitos financieros, de lo que hacen los políticos corruptos para blanquear ese dinero que les llega de quienes les corrompen. Porque no lo olvidemos, detrás de un político corrupto siempre hay un corruptor, alguien que se presta, voluntaría u obligadamente a entregarle unos fondos, unos capitales, a cambio de algo.

Insisten los autores en las desgracias que conlleva la corrupción política:

• reduce la inversión privada
• disminuye la calidad y cantidad de  las infraestructuras públicas
• reduce los ingresos fiscales y la eficiencia del sistema financiero.

En resumen, dificulta o llega a imposibilitar el desarrollo económico sostenible, disminuyendo la competitivdad y los ingresos per cápita.

Según los autores, y estoy plenamente de acuerdo con ellos, los políticos y funcionarios corruptos deben dar apariencia de legalidad a los ingresos extraordinarios que obtienen, por lo que intentan reintroducirlos en el sistema financiero. Por tanto, la lucha contra el blanqueo de capitales se hace imprescindible. Pero atentos a una frase demoledora que aparece en su artículo "...la intensidad del control sugerido en esas normas (las de blanqueo de capitales), sobre todo en lo que se refiere a definición de PEP, puede, si su cumplimiento es estricto, dejar fuera de dicho control a determinados niveles políticos y por tanto abrir una grieta en la lucha contra el blanqueo de dinero y la corrupción." Ante tamaña duda, los autores del artículo nos presentan las 40 recomendaciones del FATF (Grupo de Acción Financiera) que lo podrían impedir (las pueden descargar completas pulsando aquí). Nos recuerdan que el FATF es un organismo intergubernamental de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Lamentablemente, la duodécima recomendación parece quedarse en el tratamiento de las personas políticamente expuestas pero extranjeras. No queda nada claro el tratamiento de las PEPs domésticas. Es como si nadie quisiera unir la corrupción política de los países reconocidamente más corruptos del planeta con los dirigentes de las empresas punteras de Occidente que aportan los fondos. De nuevo parece que aflora una clara separación entre las élites del Primer Mundo y el resto. Entre los primeros nunca se investigará nada, porque parece como si estuviéramos seguros de que no harán nada contra el stablishment, contra el poder consituido, y que jamás se verán enredados en tráfico de drogas o de capitales que puedan financiar el terrorismo internacional. Puede tener su lógica, pero también es mucho suponer.Y desde luego, nada mencionan en cuanto al control de los "delicuentes de medio pelo", es decir, de PEPs de bajo o medio nivel, como son los alcaldes, concejales, directores generales, funcionarios y por su puesto todos los familiares y allegados entre los que nos encontraremos siempre al consabido "cuñado" que todo lo sabe de un posible contrato público aunque aún no se haya publicado en el Boletín Oficial correspondiente.

Continuamos con el análisis del artículo, llegando ahora a la interpretación europea de esas recomendaciones. Aparecen en la directiva 2005/60/CE que de nuevo deja en el limbo a los políticos corruptos "nacionales" y a los de medio pelo. Es decir, que debes delinquir en el extranjero y a lo grande o no te verás muy afectado por esta Directiva, que ha sido traspuesta al ordenamiento juridico español en la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y del terrorismo. 

Mencionan los autores, respecto a esta Ley 10/2010 el artículo 13.3 como el único que habla expresamente de los políticos y de su relación con la corrupción. Se trata de un error, ya que es el artículo 14 titulado "Personas con responsabilidad pública" el que trata estos temas precisamente, y ya en el 14.3 habla de aquellos políticos, familiares y allegados reconocidos que hayan ostentado un cargo político hasta dos años anteriores al momento del examen especial citado en el artículo 17, que no es otra cosa que incluir a los PEPs españoles incluso a los de medio pelo a ser examinados con lupa y a ser incluidos en los protocolos especiales que el artículo 26 establece y que reproduzco:

Los sujetos obligados, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, 

aprobarán por escrito y aplicarán una política expresa de admisión de clientes. Dicha 

política incluirá una descripción de aquellos tipos de clientes que podrían presentar un 

riesgo superior al riesgo promedio en función de los factores que determine el sujeto 

obligado de acuerdo con los estándares internacionales aplicables en cada caso. La 

política de admisión de clientes será gradual, adoptándose precauciones reforzadas 

respecto de aquellos clientes que presenten un riesgo superior al riesgo promedio.

Lo que viene a entenderse como que si eres un político español en activo o lo has sido en los dos años anteriores, quedas especialmente marcado para todas aquellas actividades relacionadas en la citada Ley, y no sólo el político sino los familiares directos y "amigos reconocidos". Por tanto, aparecer junto al político en una foto en una fiesta de pijamas en Andorra podría considerarse como amistad reconocida, a no ser que empecemos a revisar ampliamente el proverbial sentido de la amistad espontánea del hispano cuando está en una fiesta y ha tomado un par de copas de más. Y eso sin hablar de la caza de elefantes en Botswana. Me temo que en pocos años la presencia de fotógrafos en el interior de círculos de 1 Km de radio respecto a los PEPs se considerará penado por la Ley...O bien, se considerará que sin autorización judicial, las fotos tomadas no tienen validez a efectos de probar la amistad reconocida...

Estoy de acuerdo con los autores del artículo en que dos años es un tiempo ridículamente pequeño para "borrar" de la lista de "clientes especiales a efectos de la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales"  los ex-políticos y sus familiares y allegados. Tampoco es cuestión de alargarlo hasta su muerte, pero sí que se amplíe considerablemente ese periodo de 2 años. 

En mi opinión, un artículo que ha pasado un poco desapercibido es el 15 que reproduzco y comento:

Artículo 15. Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública.

1. A fin de dar cumplimiento a las medidas establecidas en el artículo anterior, los 

sujetos obligados podrán proceder a la creación de ficheros donde se contengan los datos 

identificativos de las personas con responsabilidad pública, aun cuando no mantuvieran 

con las mismas una relación de negocios.

A tal efecto los sujetos obligados podrán recabar la información disponible acerca de 

las personas con responsabilidad pública sin contar con el consentimiento del interesado, 

aun cuando dicha información no se encuentre disponible en fuentes accesibles al 

público.

Los datos contenidos en los ficheros creados por los sujetos obligados únicamente 

podrán ser utilizados para el cumplimiento de las medidas reforzadas de diligencia debida 

previstas en esta Ley.

2. Será igualmente posible la creación por terceros distintos de los sujetos obligados 

de ficheros en los que se incluyan los datos identificativos de quienes tengan la condición 

de personas con responsabilidad pública con la exclusiva finalidad de colaborar con los 

sujetos obligados en el cumplimiento de las medidas reforzadas de diligencia debida.

Quienes procedan a la creación de estos ficheros no podrán emplear los datos para 

ninguna otra finalidad distinta de la señalada en el párrafo anterior.

3. El tratamiento y cesión de los datos a los que se refieren los dos apartados 

anteriores quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

No obstante, no será preciso informar a los afectados acerca de la inclusión de sus 

datos en los ficheros a los que se refiere este artículo.

4. Los sujetos obligados y los terceros a que se refiere el apartado 2 deberán 

establecer procedimientos que permitan la actualización continua de los datos contenidos 

en los ficheros relativos a las personas con responsabilidad pública.

En todo caso deberán implantarse sobre el fichero las medidas de seguridad de nivel 

alto previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal.

Desde luego que aquí abrimos un nuevo negocio para los terceros y también la posibilidad de mal emplearlo, y todo por no haberse molestado el legislador en obligar al Estado a constituir ficheros de personas políticamente expuestas, incluyendo a familiares directos y allegados reconocidos. Nadie mejor que quien paga, quien conoce la nómica del político de turno, el indicado para mantener adecuadamente ese fichero.

Cuando los autores escribieron su artículo no estaba aún aprobado el Reglamento de desarrollo. En mayo pasado tuvo lugar su aprobación mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Advertían los autores que en los borradores del mismo no había diferenciación entre PEPs extranjeros y  nacionales. El Reglamento de desarrollo aprobado efectivamente no ha mejorado en nada las citadas previsiones. De nuevo el mismo número de artículo sirve para regular el acceso de los sujetos obligados por la Ley 10/2010 a los ficheros de personas con responsabilidad pública (léase PEPs en la jerga europea).

Todas las conclusiones que mencionan son dignas de ser incorporadas a la legislación vigente, pero especialmente la que hace referencia a la no caducidad de la condición de PEP. A fin de cuentas, el hecho de que los sujetos obligados por la Ley les consideren especiales, es decir, tratados con una diligencia especial, y con transacciones financieras especialmente vigiladas, no les impide que las realicen. Será cuestión de otros órganos decidir en su caso, si son ilegales, es decir, si constituyen blanqueo de capitales o resultado de corrupción política. Al menos si yo estuviera en su lugar, preferiría estar bajo los focos y así impedir que algún Juez pueda sospechar de mis actuaciones porque no tiene información real de lo que esté haciendo.

Y ya pasamos a comentar el tercer artículo de esta tríada sobre la corrupción política La financiación de los partidos políticos y búsqueda de rentas: un análisis de las reformas de la financiación política española de 2007 y 2012, de Enrique García Viñuela y Carmen González de Aguilar. En este caso nos metemos en otro terreno pantanoso, el de la financiación de los partidos y de cómo sirve para que ciertas prácticas corruptas se extiendan, lo que en el título se denomina "búsqueda de rentas", o que en lenguaje llano diríamos, "toma este dinero, pero me debes un favor que ya me cobraré". En mi anterior post de "Los tigres de papel también pueden morder" avanzaba bastante de cómo deberían refundarse los partidos políticos para dejar en manos de las bases la financiación de los partidos, y como mucho, que el resto de la financiación necesaria mínima procediera de los presupuestos públicos, pero muy limitados. 

En cualquier caso los autores ponen el dedo en la llaga cuando se hacen la gran pregunta ¿por qué siendo los partidos políticos asociaciones de carácter privado tienen que tener tanta financiación pública? Queda muy claro que se debe a la crisis de afiliación política, con cada vez menos personas "movilizadas" para apoyar a los grandes partidos institucionalizados. Los militantes de base no puede costear los mastodontes en los que se han convertido algunos de ellos. Deberíamos preguntarnos por la razón de este crecimiento desmesurado. Sospechamos que el número de "funcionarios" de partido que  tienen en sus sedes nacionales y provinciales suma unos costes de personal prohibitivos. Pero seguimos sin saber por qué tienen una estructuras tan grandes. No parece que tenga mucho sentido, habida cuenta de los grandes progresos tecnológicos en el área de la comunicación y de la extensión hace unos años inimaginable de las redes sociales. Necesitan una reconversión, una refundación completa, una restructuración de actividades, que eviten además que cada vez que hay cambio de partido político en algún gobierno, nacional, autonómico o local, "desembarque" un ejército de funcionario/as eventuales que compondrán los gabinetes políticos de los nuevos dirigentes. 

Lo más curioso de la reforma financiera de los partidos políticos en 2012 es que según los autores, a medida que más financiación pública llega a los partidos, a sus estructuras de poder interno, más fácil es desviar fondos privados para enriquecimiento personal de sus dirigentes. Y ahí enlazamos con los famosos sobres o dinero en B que el Sr. Bárcenas dice haber entregado a importantes dirigentes del PP durante muchos años. Si tenemos en cuenta la tabla de ese artículo donde se muestran los grados de dependencia de cada partidos respecto a su financiación pública, nos encontramos que el PSOE tiene una dependencia superior al 100% por varias razones, incluyendo gastos no declarados o subvenciones públicas superiores a sus propios presupuestos como asociación privada.

Avanzando más en el artículo nos encontramos con la regulación de las donaciones privadas a los partidos políticos, como fuente de compra de privilegios, en definitiva, corrupción política. Y además algunas de las escapatorias que tiene la Ley que nos sirve para llegar a la conclusión de que el viejo refrán español "hecha la Ley hecha la trampa" se cumple inexorablemente en esta piel de toro del Sur europeo. Por ejemplo  

• está prohibido recibir donaciones superiores a 100.000 euros, nunca de forma anónima, o si procede de una empresa con contratos públicos en activo. Pero nada impide que el partido político reciba donaciones de inmuebles (que por supuesto podrá vender más tarde para hacer caja), o la venta de activos a precios inferiores de mercado, por ejemplo, la flota de coches del partido a precios de ganga, o recibir un crédito a un interés ventajoso, que incluye incluso la morosidad permanente porque no lo regula la Ley, y también incluso la posibilidad de que los servicios profesionales realizados a favor de partidos políticos por parte de empresas o personas físicas no se cobren. En fin, vaya sarta de trampas y trampillas que ha dejado el legislador al alcance de la mano de sus correligionarios. Con razón no se puede dejar al zorro al cuidado del gallinero...
• La cancelación de las deudas es otra forma de ingreso irregular. Pido un préstamo y luego me lo cancela el banco al cabo de unos años. Y encima nos recuerdan los autores del artículo que no estaban obligados a informar al Tribunal de Cuentas...vergonzoso. Hasta 10 años más tarde, con la Ley de 2007 no pusieron fin a esta engañifa. En cualquier caso, debemos remarcar que estuvieron 20 años campando a sus anchas, desde la Ley anterior de financiación de 1987.

Pero además nos recuerdan que hay una notable diferencia entre lo que pregonan en los medios de comunicación y la letra pequeña de lo que aprueban finalmente. Es evidente que esos mismos medios, o no se enteran de nada, o simplemente son un eslabón más de todo este conglomerado del poder en España. Por ejemplo, impidiendo al Tribunal de Cuentas que investigue a las empresas que puedan estar implicadas en la financiación corrupta de  los partidos políticos. Es lo de siempre "a los míos ni tocarlos". O también reduciendo en la reforma del Código Penal español  los tiempos necesarios para la prescripción de delitos relacionados con la corrupción política de los partidos. En la práctica, todo el escándalo del caso Filesa que afectaba al PSOE o del túnel del Soller de Mallorca que afectaba al PP, exinguió la responsabilidad penal a los implicados.

Pero es que nos avisan de más chanchullos legales al amparo de esta nueva Ley de 2012. Así, las sedes políticas locales de los partidos no se integran en las cuentas a nivel nacional. Si la corrupción localizada en el nivel municipal, el Tribunal de Cuentas no tiene datos para investigar. Pero es que tampoco se integran en esas cuentas globales investigables, las propias de los grupos políticos en las distintas cámaras de representación, que reciben un buen puñado de euros de los presupuestos públicos (65% según los autores), ni tampoco se integran las asociaciones ni fundaciones privadas situadas en las órbitas de los respectivos partidos políticos. Es decir, más y más agujeros negros descontrolados, no investigables por propia decisión de los partidos políticos que dictaron y aprobaron esas Leyes de financiación de partidos.

Y si hablamos del Tribunal de Cuentas, parece ser que casi no tiene personal destinado exclusivamente a investigar las cuentas de los partidos políticos. Es decir, "las cuentas reducidas" según hemos podido ir excluyendo áreas y secciones. Si tenemos en cuenta que es el propio legislador el que aprueba los presupuestos del Tribunal de cuentas, realmente le puede amordazar organizativamente para que no pueda entregar en el plazo anterior a los cinco años los informes que pudieran dar lugar a actuaciones judiciales por prácticas de corrupción, simplemente porque a los 5 años prescriben.

Llega el momento de las propuestas, que viene a ser un resumen de propuestas de los mismo autores de estos artículos que he revisado en esta entrada del blog, donde realmente poco aportación propia tienen:

- reforma de la Ley de partidos de modo que incluya o integre todas las cuentas, sedes locales, fundaciones, grupos políticos en las cámaras, es decir, todo.
- reforma del Código Penal para que se amplíe a 10 años el tiempo de prescripción de delitos relacionados con la corrupción política.
- reforma del presupuesto del Tribunal de Cuentas para que se garantice la dotación de fondos necesarios a efectos de controlar a los partidos políticos, creando una sección independiente, de modo que aflore claramente qué cantidades son necesarias.
- reforma de la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales para que se amplíe a 12 años el tiempo en el que un ex alto cargo, familiar o allegado debe ser considerada Personal Expuesta Políticamente y por tanto, recogidas como especiales sus operaciones financieras y de compraventa.
- Incluir en esa reforma de la Ley 10/2010 unos criterios mínimos de qué criterios deben ser tenidos en cuenta para considerar a una persona como PEP y así evitar que se diluya en mínimos irreconocibles que prácticamente nadie se verá afectado salvo que esté ya condenado en firme por algún Tribunal de Justicia. En una palabra prevenir permitiendo acumular más información sobre los políticos y sus actuaciones financieras, o la de sus familiares y amigos.

En definitiva, hacer realidad lo que ahora no es más que una promesa incumplida: más transparencia y mucha más publicidad.

Políticos, pseudopolíticos y tontos.

La verdad es que he estado un poco alejado de este blog, sin publicar nada nuevo desde marzo. La culpa la tiene el proyecto ilusionante en el que estaba comprometido hasta las cachas. Y una vez que concluyó, que cumplí con mi deber autoimpuesto, me siento un poco más libre de tiempo para volver a este observatorio de la Política y de  la Administración Pública,  así como a la sociedad a la que deberían servir las dos primeras.

Sí, deberían es la forma verbal escogida, porque leyendo noticias como está publicada en El Correo del 09 de mayo, no puedo escribir otra cosa. Parece realmente lamentable que existan pseudopolíticos que se dedican a "ordenar" cambios de tulipanes en los jardines de los edificios administrativos oficiales porque en su mente infantil se componen banderas españolas, senyeras, o cualquier otra posible que combine el rojo y el amarillo. Y además me ha llamado poderosamente la atención la lectura de más de trescientos comentarios enviados por lectores de la edición on-line del Correo, al hilo de la noticia antes indicada. 

Una cifra tan abultada podría servirnos como indicador del grado de interés que ha despertado, y que la sociedad vasca (en este caso, porque en todas partes cuecen habas...) ha intentando salir al paso y dejar bien claro la tontería mayúscula que ha cometido el citado político (ni lo nombraré para no dar publicidad innecesaria en los buscadores y robots de internet). Pero no, no ha sido el caso. Se ha liado una buena entre españolistos y vascolistos. De vez en cuando alguna voz inteligente dejaba claro que su indignación procedía del coste de cambiar esos tulipanes, vamos, que le daba igual si formaban una bandera rojigualda o rojiblanca, que el problema era otro, la inmadurez de quien teniendo poder político, lo utiliza para semejante mamarrachada.

También había en el sector vascolisto, que ahora le toca defender una gestión pública nacionalista, personas que no se creían la noticia, que aseguraban que era un mal chiste, que no podía ser cierta. Y entonces sí que me deja preocupado el nivel de ceguera absoluta que tienen esas personas, algo que lamentablemente se repite en toda la geografía española, incluyendo por supuesto el País Vasco. Es un problema nacional, un problema de los nacionales, de los paisanos que viven en esta piel de toro: si son, si pertenecen a alguna cofradía, partido político, sindicato, asociación, fundación, y se encuentran sentimentalmente implicados, entonces no hay nada que pueda hacerles cambiar de opinión respecto a los problemas, torpezas, insensateces, barbaridades y por supuesto, delitos que hayan podido cometer sus correligionarios, porque ese es el nombre que mejor puede describirles. Les defenderán a capa y espada, y vomitarán el consabido "y tú más, y vosotros más...".

En cualquier caso, y para alguien como yo que ya tiene muchos años de convivencia con ellos, sabe que es cierto, que la noticia vendrá de alguna buena fuente, y que será otro caso más a anotar en ese cuaderno de la vergüenza que cualquier funcionario/a profesional, dedicado a su labor diaria, va escribiendo día a día según la vive en sus propias carnes. Yo mismo tuve que soportar una impertinencia laboral de ese tenor a cuenta de una banderita española que molestaba muchísimo junto a los teléfonos de una página web. La citada banderita la incluía el programa SKYPE como una opción que permitía asociar el código telefónico del país. 

Uno ya ha vivido muchas experiencias deprimentes causadas por pseudopolíticos, pero aquella me provocó asombro al principio, y luego tanta hilaridad al comprobar lo fácil que se podía hacer desaparecer la banderita, y la ignorancia supina del político quemador de banderas españolas, que decidí hacer un mutis por el foro mental, prometiéndome a mí mismo distanciarme lo más posible de semejante figura del toreo. En resumen, que sí es verdad, que por desgracia los pseudo políticos y los tontos campan a sus anchas por las oficinas del gobierno y de las Administraciones Públicas. Que nadie lo dude.

Pero ¿qué podemos hacer? Es la hora de las propuestas, y al menos una clara tengo que proponer. Basta ya de decisiones arbitrarias de este tipo de inútiles que se dedican a malgastar el dinero público. Tener un alto cargo en un ministerio, o en una consejería no debe ser ya ocasión para que haya decisiones que pueda tomar y sobre las que no tiene ningún conocimiento técnico, ni económico de sus actuaciones. Un consejero de Sanidad no podrá ya dar órdenes sobre los colores de los tulipanes de su jardín. Es más, propongo que tampoco puedan cambiar los muebles de sus despachos cuando llegan al poder, o de los modelos de los coches oficiales que utilizarán. Deben dejarse esas decisiones en manos de los profesionales que conocen técnicamente esas materias y que responderán ante la ciudadanía de los costes derivados. Y lo más barato es no cambiarlos cada dos por tres.

A los tontos y a los pseudo politicos les tenemos que quitar el bidón de la gasolina de las manos o nos quemarán, primero el monte, y después el resto del país. Basta ya de tonterías. 

Los tigres de papel también pueden morder

El título puede tomarse de múltiples formas: como aviso a navegantes, o como premoniciones que se cumplen o simplemente el deseo inalcanzable de quien esto escribe. Y es que poco a poco voy terminando el libro de Ignacio Sánchez-Cuenca "La impotencia democrática" y no dejo de asombrarme de mi propia ceguera durante los pasados años, más o menos coincidentes con esta larga, ya muy larga crisis-depresión-estancamiento económico que venimos padeciendo en España y por extensión en casi toda Europa.

Efectivamente, me siento como el apóstol Pablo cuando se cayó del caballo camino de Damasco y de repente alguien le abrió los ojos. Lo sospechaba, es cierto, algo barruntaba, pero como yo soy tan desconfiado en general, no me atrevía a ponerlo por escrito, no sea que alguien me tomara por difamador, por calumniador sin pruebas, como agitador social de los que no gustan al establishment político-económico que nos gobierna en Occidente.

En esta ocasión, las sospechas se confirmaron al leer la tristísima frase "...Tanto el gobierno de los últimos años de Zapatero como el de los primeros de Rajoy han sido insensibles al drama de los deshaucios. Cuando llegaron al Parlamento propuestas a favor de la dación en pago, el PSOE y el PP se unieron para rechazarlas." Nos añade el autor cuatro citas concretas desde 2010 a 2012 en las que ocurrieron estos hechos. En el día a día, ya vemos que a la mayoría de las personas de bien, se nos escapan estas noticias, no se les da cancha en los medios, tanto los controlados por el poder conservador como tampoco en la poca prensa libre institucionalizada que aún queda.

No sé qué opinará el lector, pero a mí, desde luego que me resulta muy chocante, extraño e incluso irritante que un partido de izquierdas haya actuado de ese modo. La explicación viene unas páginas más adelante en el libro citado cuando dice "...en los últimos años la ortodoxia económica se ha ido haciendo más monolítica, de tal manera que la comunidad de expertos de la que se extraen las personas que luego adquieren responsabilidades en la toma de decisiones tiene, al menos en España, un sesgo liberal evidente." Y más adelante "..., en España no hay economistas socialdemócratas o, si los hay, no están en las posiciones de influencia y reputación profesional que los hagan elegibles para entrar en un gobierno progresista".

Contundente lo que dice el autor, ¿verdad? Pero por qué pasa todo esto dentro de los partidos políticos de izquierda. De los conservadores no tenemos demasiadas dudas. Utilizan el sistema de co-optación, elección inter-pares o como queramos llamar al procedimiento, en suma, elegir a uno de los nuestros, alguien que defienda la ortodoxia económica a ultranza.

La cuestión es, sin embargo, otra bien diferente. ¿Por qué no hay economistas socialdemócratas con posibilidades de ser elegidos para ocupar puestos de responsabilidad en los pasados y en su caso, futuros gobiernos de los partidos europeos situados a la izquierda del pensamiento político? ¿Qué hace que no sean "ministrables" si es que hubiera esos economistas "rojos" con pensamiento económico alternativo? A primera vista, podría pensarse que tiene que ver con la propia profesión, dada la inconmovible unidad de pensamiento que nos muestran en los medios de comunicación habituales. Es decir, economista+progresista es una situación hipotética que queda falsada con los números, con los datos recogidos en el mundo real si nos atenemos al éxito en alcanzar el poder político decisorio. O también, la alternativa, si eres economista y quieres tener alguna oportunidad de gobernar, no perteneciendo a la élites, deberás afiliarte a un partido de izquierdas y allí esperar "la llamada" cuando por alguna chiripa, tu partido alcance el poder tras unas reñidas elecciones, las más de las veces, sin nada de pesar, como un gran alivio, en situación de minoría mayoritaria, obligado a pactos de todo tipo, que impedirán que se visualicen el verdadero ideario político-profesional de ese economista.

Pero ¿así ?, ¿tan fácil les resulta? ¿Qué ocurre dentro de un partido de izquierdas, qué extrañas dinámicas interpersonales, agrupaciones de votos, caciqueos o simple, llano y democrático debate abierto, conducen a la toma de sus órganos de poder? Parece ser que la cuestión económica tiene su influencia. No se sabe muy bien cómo, pero a trancas y barrancas, se logran cubrir los elevados gastos generados en las campañas electorales. Debe ser así, porque cualquier intento de hacer lo mismo con otro nuevo partido o agrupación de votantes, se encuentra con un muro infranqueable, el de su financiación. Y quien consigue "la pasta" para continuar sin duda tiene futuro en política, tiene caché, tiene "la solución"  y por tanto, hasta cierto punto, la sartén por el mango. Y si no, que se lo digan a tantos y tantos salvadores de equipos de fútbol en quiebra técnica que traen dinero fresco y a cambio, alcanzan la presidencia de esos clubes de fútbol.

Tal vez haya que reconocer que no hay  nada nuevo bajo el sol, que no es otra que quien tiene, puede, y quien no tiene, mendiga. Y en este caso de los partidos de izquierda, quien  resuelve el problema de la financiación de la costosa maquinaria de partido, exigirá su cuota de poder interna, y que para tener ese respaldo económico, en forma de "perdones", "quitas" y otras maniobras bancarias similares, debes alinearte con ese poder económico establecido, disimulando ante tu grey que ya no eres el que predicas, y que si tienes suerte y vives un periodo de expansión económica con superávit fiscal, podrás exigirle a tu Ministro de Hacienda que suelte la gallina, muchas gallinas para calmar a las bases, notablemente mosqueadas con lo que observan de tu actuación gubernamental.

El misterio de la ausencia de economistas-progresistas en las élites dominantes de los partidos de izquierda tradicional se podrá explicar así, con un "nunca me venderé a la Banca", con un inconmovible mantenimiento de principios. Algo elogioso desde mi punto de vista, pero está claro que algo más debemos hacer para evitar pedir prestado ese dinero que tanto sudor y tantas traiciones al ideario socialista causa.

Y aquí llegamos al momento de las propuestas, que se pueden concentrar en las siguientes:

Primero. Reducir notablemente los aparatos o  burocracias internas de esos partidos de izquierdas. No podemos aceptar que alguien desde dentro nos diga que tiene que ganar tanto o cuanto, porque..."pierdo dinero". Sinceramente, alguien debe decir bien alto  y claro que a la política, y concretamente, a la defensa de la politica progresista, se debe llegar para perder dinero. Es un "lo tomas así o lo dejas", e incluso, aún mejor, una renovación basada en el voluntariado efectivo. No podemos estar pensando continuamente en que la derecha nos va a meter submarinos, espías o como queramos llamarles. La transparencia ideológica tiene que ser la norma, y por tanto, cualquier ciudadano o ciudadana (incluyendo a los líderes de la oposición conservadora, por supuesto) debe poder adivinar sin lugar a la menor duda, qué es lo que pretende hacer el partido y qué posición se ha tomado sobre cualquier asunto objeto de debate.  Podrá parece inicialmente ingenuo y atrevido, pero claramente libera de ataduras, guerras de cifras, batallas mediáticas insulsas, y sobre todo del "y tú más".

Segundo. Reduciendo gastos fijos, y tirando del voluntariado, tal y como hemos comentado en la propuesta anterior, podremos hacer efectiva la segunda propuesta, que pasa por la contribución efectiva de las bases y simpatizantes con dinero, mediante campañas de recogida de fondos por internet, colectas o como queramos llamarlo. Es decir, devolviendo la autonomía económica del partido a su punto original, y haciendo que todos seamos muy libres de elegir a quien consideremos el mejor líder, sin que nadie nos tenga que decir que es el salvador, que trae avales, perdones y quitas bancarias, y que sin él, a quien todo le debemos, el partido se va a pique irremediablemente. Esa autonomía conseguirá que las bases, los simpatizantes y todos aquellos que aporten trabajo y pequeñas cantidades de dinero, sean las verdaderas dueñas del partido y por tanto, que nadie se sienta avergonzado de tomar decisiones muy alejadas del ideario, y que seguro que nadie hubiera adoptado en una asamblea general con voto secreto.

Como colorario y advertencia a quienes no les guste estas propuestas, les recordaré que otros a su izquierda ya han comenzado a actuar así, y que, aun reconociendo que son tigres de papel, podrían dar un buen mordisco en las próximas elecciones europeas. Para estas no estamos a tiempo de cambiar, pero sí para las siguientes.

Ensayo sobre la caridad

Tenía entre manos desde hace unas semanas la idea de escribir algo sobre un tema que ha estado coleando en los medios de comunicación, de forma insospechada para mí hasta que apareció en el "El intermedio", programa nocturno  de la Sexta, una especie de historieta visual animada, a modo de caricatura de otro programa televisivo, de la Primera cadena, en este caso, de gran audiencia en horario vespertino llamado "Entre todos". Digo insospechada porque no ha sido raro que viera algunas partes de este último programa durante los últimos meses (comenzó en septiembre de 2013), observándolo con interés, criticándolo en ocasiones, conmoviéndome en otras muchas, pero realmente sin llamar y sin aportar ni un euro a los distintos casos que han pasado por allí. No lo he descartado nunca, pero es que tampoco tengo la sensación de que no colabore o no me implique (¿recuerdan los lectores la diferencia entre ambos verbos en otra de las entrada de este blog?) en causas sociales, e incluso políticas. Por ejemplo soy asiduo de Change.org e incluso he promovido personalmente alguna que otra campaña con escasísimo éxito (todo hay que decirlo). Pero lo que me ha llamado la atención de aquel vídeo-caricatura de El Intermedio fue una llamada recogida en directo en el otro programa, el caricaturizado, y en el que una de las personas que supuestamente llamaban para ayudar o colaborar, burlaba al personal del Call Center y en directo, reclamaba para "los profesionales" de la asistencia social (de Cuenca creo recordar)  la realización de esas tareas. No quiso escuchar la réplica de la presentadora y colgó inmediatamente, actuando de la manera menos cívica y democrática que existe: el engaño primero (con alevosía y en directo) y luego la sordera (sin derecho a la defensa de la otra parte).

Pero con todo, esta anécdota o pequeño cuento televisivo, sirve para introducirnos en un tema realmente pantanoso, complicado. Se trata del dilema entre impuestos y con ello sociedad civil "cuidadora-protectora" por una parte, y la caridad privada por otra parte. Realmente el propio término caridad está bastante denostado, tiene un matiz peyorativo creciente en una sociedad ex-rica (que aún no lo ha digerido después de 6 años de declive económico) como es la española. Si nos vamos a buscar en un diccionario etimológico nos encontraríamos con que procede del latín caritatis, que a su vez procede del adjetivo carus, es decir querido, y por tanto emparentado con palabras tan hermosas como cariño y caricia. Es decir, que cuando hablamos de caridad, estamos aportando algo más que la simple donación de dinero, bienes o derechos. Nos estamos implicando emocionalmente con quien recibe, con quien necesita.

Esta es una de las grandes diferencias que existe entre el sistema impositivo, los impuestos que pagamos entre todos, unos mucho y otros menos, con toda las salvedades que puedan tener algunos, entre los que me sitúo yo en primera línea, respecto a la constante degradación o incluso supresión de la progresividad fiscal (tema para otra entrada de este blog), y por otra parte, las aportaciones voluntarias al sector privado (sea civil o sea religioso) de lo que se llama también cuarto sector, voluntariado, ONGs, etc.

En el primero, la obligatoriedad está implícita, salvo que defraudemos (otro tema más para debatir). Todo se acumula en el Tesoro y las Administraciones Públicas, con  mayor o menor acierto, se encargan de garantizar los servicios públicos básicos, entre los que se encuentra la sanidad pública, la educación y las pensiones no contributivas. Excluimos las pensiones contributivas, porque en España, pese a que se nos olvide continuamente, somos los trabajadores en activo los que pagamos a los actuales pensionistas, que trabajaron en su momento y sostuvieron económicamente las jubilaciones de las generaciones anteriores. Incluso últimamente, desde el gobierno de Zapatero, y sin que haya durado demasiado, y sin completarse tampoco en toda su extensión prevista, la Ley de Dependencia aporta una nueva fuente de gasto público en materia social.

Podríamos decir que en un Estado social y democrático de Derecho como es España, si el sistema impositivo estuviera bien desarrollado, si fuera eficaz en la lucha contra el fraude fiscal, y si las Administraciones Públicas estuvieran bien organizadas y fueran eficientes (aún más) en sus quehaceres diarios, todos los ciudadanos españoles tendrían garantizados sus derechos civiles básicos, sean políticos, sociales y económicos. Y por tanto, no habría mucho sitio para la caridad, sea cual sea la forma elegida para ejercerla: a través de organizaciones religiosas, a través de fundaciones, de asociaciones laicas, y así una gran pluralidad que interviene desde antes y hasta el momento presente, recogiendo fondos privados donados "caritativamente". Hablaríamos de que los ciudadanos han alcanzado la plenitud de sus derechos y que el Estado, es decir, entre todos y todas, garantizamos via impuestos (porque los dineros no crecen como la hierba en el campo) el ejercicio de los mismos.

Planteado así, observamos que estamos muy, muy lejos de alcanzarlos, e incluso, que algunas o muchas personas no están ni siquiera de acuerdo con la idea de que se garantice nada de esos derechos económicos, e incluso sociales, salvo los políticos. Es decir, promueven y desarrollan sólo una constitución política, pero no social. Lo poco y difuso que tiene de derechos económicos la constitución actual en España debería incluso desaparecer, por ser fuente de problemas y de demandas no atendibles, salvo que suban más los impuestos, tema tabú para muchos de ellos. Por tanto, desde este punto de vista, la caridad, el esfuerzo económico personal e intransferible que trae consigo, no puede desaparecer, o mejor dicho, no debe desaparecer, no al menos, mientras la sociedad civil se ponga de acuerdo en cubrir esas necesidades básicas entre todos.

Ya en segundo lugar, deberíamos tratar el tema de la profesionalización de los servicios sociales. Esto parece evidente desde el momento en el que hay un Estado que garantiza por Ley esos servicios. Podemos entrar en otro debate acerca de si debe ser prestado por funcionarios o por la iniciativa privada en régimen de colaboración administrativa, pero no afecta al fondo del problema: deben existir puestos de trabajos que se encarguen de conocer al dedillo cuáles son las necesidades básicas, los derechos sociales y económicos, qué nivel se ha alcanzado en promedio, quién no lo alcanza, por qué circunstancias no lo alcanza, y así otro largo etcétera de preguntas con un alto grado de especialización, que van derivando más y más hacia el lado humano de las relaciones entre los ciudadanos. Todo ello procede de un razonamiento correcto, pero no implica el arrinconamiento de cualquier otro actor, más o menos especializado en esas mismas materias, que utiliza fondos privados para llevar adelante proyectos que intentan completar esos derechos económicos y sociales de quien no se ve atendido por el Estado, incumpliendo los preceptos constitucionales.

Evidentemente, desde el punto de vista político, el General, os dirá que luchará a brazo partido por conseguir que mayoritariamente la ciudadanía española opte por planteamientos de solidaridad organizada administrativamente mediante un sistema impositivo fuerte, fiable y donde el fraude no pueda darse, y donde los mínimos sociales y económicos se establezcan de común acuerdo (incluso por la vía del referendum) y se garanticen. Pero, mientras tanto, mientras se alcanza ese gran acuerdo nacional, es evidente que hay mucha gente que sufre, que no tiene ni lo mínimo, que está absolutamente desesperada, y que necesita de la solidaridad de quienes ya están de acuerdo  en que pueden aportar algo más que los impuestos que actualmente pagan. Es decir, que mientras haya necesidad, y a la vez, en conjunto, una gran insolidaridad "pública", la solidaridad privada, llamada también caridad, debe seguir fluyendo, hacia otros profesionales que utilicen los fondos para completar los derechos sociales y económicos  generales que tanto ansiamos algunos.

No está el General de acuerdo con quienes creen que este flujo de caridad está viciado por lo religioso y por lo clasista, influyendo negativamente en la consecución del gran pacto social mencionado antes. El problema es demasiado grande para creer que lo puede arreglar uno solo de esos grupos u organizaciones del cuarto sector. Ellos son los primeros que lo saben, pero muchas son personas de acción, que no creen que deba explotar socialmente y más tarde políticamente un país para que cambien las cosas. La implicación ética y moral con quien lo está pasando mal les puede más que la espera a que la mecha llegue al barril de pólvora. No creen en las bajas por efectos colaterales, ni en héroes silenciosos sacrificados en aras de una causa más grande y más noble. No pueden morir de hambre cientos de miles de personas para que una revolución social y política conmueva el Estado. No sería justo. A ese gran pacto social debemos llegar entre todas las personas que componen la sociedad civil española partiendo desde la transparencia, desde la igualdad, desde la justicia, desde la humildad y dejando atrás la ignorancia, la envidia, el egoísmo y el clientelismo político y económico. Y esto precisamente ahora en el que el Gobierno de Rajoy utiliza torticeramente todas las cifras y  estadísticas a su alcance para ocultar que está actuando precisamente en la dirección contraria a la que pregona el General, alejándonos a pasos agigantados de la igualdad  y de la solidaridad pública. Definitivamente una gran estafa.

Llega el momento final de las propuestas, y en esta ocasión, se van a limitar a dos:
- Implicarse mucho más en el desarrollo de los mecanismos de solidaridad, sea público como privado, de modo que se perciba más el consenso. La clase política actualmente ha perdido la conexión con la realidad y no alcanza a comprender la necesidad urgente que tenemos de definir esos derechos sociales y económicos mínimos. Debe partir de todos nosotros esa demanda y actuar políticamente para su consecución.
- No criticar a ninguna organización privada que trabaje en el ámbito de la caridad y solidaridad privadas sin conocerlas a conciencia. Parece una obviedad, pero tendemos a cubrirlas rápidamente con un manto de sospecha, sin ser justos y sin molestarnos en conocer sus actividades, sus logros y por supuesto, sus cuentas.

Sé inteligente, no te pongas el cinturón...

Por supuesto que tienes que ponértelo si conduces, pero no te pongas esa elegante prenda de vestir, generalmente fabricada en cuero,si quieres vivir cómodamente en el único Paraíso terrenal que puede llamarse así desde Adán y Eva, también conocido como Función Pública. No te lo pongas porque tendrás que facilitarte continuamente el laborioso trabajo de bajarte los pantalones en medio esta jungla humana,  no precisamente de cristal por mucho que la Ley de Transparencia anunciada por el gobierno Rajoy esté ya publicada en el BOE. Por cierto, prometo leerla de cabo y rabo y exponer en este medio mis impresiones y ensayar mis nuevas adquiridas capacidades adivinatorias sobre su futuro práctico y su inevitable desvirtuación...

Pero es que si existe un Paraíso también tiene que haber un Infierno, en el que sufren, penan y malviven un interminable calvario de despropósitos un puñado de funcionarios eficientes, transparentes, ejemplo de buen hacer, motor de lo poco que consigue funcionar con sentido en esta España del siglo XXI. Paraíso para algunos pero Infierno viviente  para otros por culpa de tanto disparate administrativo, órdenes políticas sesgadas, malintencionadas, retorcidas, y por supuesto muy interesadas en cuanto a la finalidad de sus desvelos por esa ciudadanía (lamentablemente) silenciosa, a la que desconocen continuamente. Y no me estoy refiriendo a la "masa" funcionarial con escasa capacidad de decisión y consejo, meros actuadores, sino  a ese pequeño grupo de funcionarios  que tiene la responsabilidad de defender lo público, lo que es de todos y de todas, lo nuestro en definitiva, a través de informes preceptivos y muchas veces vinculantes, parte de un procedimiento administrativo que busca precisamente defenderlo, protegerlo de manos ambiciosas amigas de lo ajeno.

Es realmente difícil conseguir mantener la independencia ante situaciones claramente ilegales promovidas por quienes han sido elegidos supuestamente por el pueblo. Lo fácil es dejarse llevar y ser obediente. No lo seas y te pondrán a prueba en una escalada creciente de sugerencias no sugeridas, comentarios altisonantes, llamadas telefónicas de amigos "advertidos" y alarmados por la autoridad vigente, paseíllos a sus despachos, retirada de la palabra, apartamiento laboral de otros casos similares, y finalmente, "apuntamiento" en la lista negra de funcionarios díscolos que no tragan y que no se someten al poder político de turno.

Mas tarde o más temprano llega ese fatídico momento y no puedes evitarlo. Tienes que tomar partido por quien manda o por el pueblo (ese gran olvidado), por cumplir la Ley o por contrario, escabullirte entre los múltiples vericuetos del procedimiento administrativo español, dejando atrás informes que no dicen nada, ni a favor, ni en contra, pero que permiten de hecho que el político sin escrúpulos avance en su siniestra tarea de hacerse con una parte más o menos importante de lo que es de todos.

Pero si al final mantienes tu cinturón atado, si tus pantalones no caen al suelo, entonces entras a formar parte de un glorioso club de funcionarios díscolos, mal vistos por la clase política dirigente (esto último es un decir), minoritario, arrumbado en cualquier despacho no preferente, evitado por los obedientes, temerosos de una contaminación visual no deseada, que les pudiera meter en problemas. Ellos se sienten entre los salvados, entre los supervivientes, sabedores de que les deben algún favor, más o menos valioso, que tarde o temprano se podrán cobrar.

En esa guerra soterrada entre funcionarios con principios por una parte, y políticos por la otra, las batallas se suceden con abundantes derrotas de los primeros, y que para mayor desgracia suya  son desconocidas para la sociedad civil a la que sirven, mezclados en un totum revolutum de lo público, claramente perjudicial para su imagen, generando un intenso sentimiento de aislamiento social, de expatriado interior, de incomprendido.

Y lo más llamativo es que esa sociedad civil, tan dura con ellos, comienza a reaccionar. Es realmente significativo que en todos los barómetros de clima social que el CIS elabora mensualmente desde hace ya muchos años, el problema de los políticos y el problema de la corrupción y fraude generalizado se dispare de una manera alarmante en los últimos tres años, como puede observarse claramente en este gráfico que he elaborado a partir de una serie temporal muy amplia. Esto nos permite comparar varios periodos de bonanza y de crisis económica, con distintos partidos políticos en el poder. El malestar con los políticos y los partidos viene larvándose en una serie ascendente neta desde hace ya muchos años Además el problema de la corrupción y el fraude, apenas mencionado por los españoles hasta finales de 2010, muestra una explosión terrorífica a partir de finales del año 2012, superando incluso el espectacular 30% de españoles que consideran a los partidos políticos y a los propios políticos un problema para este país, rozando el 45% y manteniéndose durante todo este año pasado 2013 en un horrendo, espantoso e inaceptable 35%. Observen la gráfica de la vergüenza:

Elaboración propia a partir de datos  obtenidos en la web del CIS 

En este caldo de cultivo tiene que moverse el funcionario que intenta hacer su trabajo dígnamente, aportando su conocimiento para la defensa de lo público, sabiendo que en muchos casos será arrinconado e ignorado para siempre, lamentablemente confundido en el exterior, en la sociedad civil, con los funcionarios sumisos y sus amos, los políticos que actualmente nos malgobiernan.

¿Pero qué se puede hacer? Transformaciones desde dentro de la Administración Pública leo por aquí y por allá. ¿Intraemprendizaje de los funcionarios valientes? ¿Innovación de lo público?  Más y más palabras, conceptos, ideas que yo concedo que son voluntariosas y bienintencionadas, pero a mi juicio ineficaces. El mal está asentado muy dentro de esta sociedad, una sociedad que aceptó, consintió, que permitió esta forma de hacer política, de impedir la construcción de una Administración Pública verdaderamente al servicio del pueblo, que se encogió de hombros mientras las cosas le fueron bien, en conjunto, a un gran número de españoles. Los partidos políticos actuales reflejan la forma de pensar y actuar del ciudadano medio (al menos la pasada forma de pensar y ser), integrante de una sociedad en la que el absentismo social y político es la nota predominante, que vivió en su Tierra Prometida cómodamente, dejando hacer, aceptando, perdonando y aún peor, finalmente volviendo a votar a quienes ya estaban demostrando que no tenían límites para su ambición.

Solamente la evolución de ese gráfico con las líneas roja y azul constantemente situadas en esa amplia banda del 35% al 50% puede darnos alguna esperanza de que ya somos muchos los convencidos de que tenemos que cambiar, que tenemos que reconocer que estamos enfermos, que lo hemos hecho mal, como quien es alcohólico o drogodependiente y hasta que no lo reconoce no comienza su cura. Es hora de decir basta y de rechazarles. Los sucesos de Gamonal en la ciudad de Burgos esta tercera semana de enero de 2014 me han devuelto la esperanza. Tal vez el umbral se encuentre en el 50% y entonces la sociedad española, mi sociedad, se decida a actuar, comenzando por reconocer su enfermedad antes de aplicarse a sí misma el correspondiente tratamiento.

La innecesariedad de la clase política española