Tenía entre manos desde hace unas semanas la idea de escribir algo sobre un tema que ha estado coleando en los medios de comunicación, de forma insospechada para mí hasta que apareció en el "El intermedio", programa nocturno de la Sexta, una especie de historieta visual animada, a modo de caricatura de otro programa televisivo, de la Primera cadena, en este caso, de gran audiencia en horario vespertino llamado "Entre todos". Digo insospechada porque no ha sido raro que viera algunas partes de este último programa durante los últimos meses (comenzó en septiembre de 2013), observándolo con interés, criticándolo en ocasiones, conmoviéndome en otras muchas, pero realmente sin llamar y sin aportar ni un euro a los distintos casos que han pasado por allí. No lo he descartado nunca, pero es que tampoco tengo la sensación de que no colabore o no me implique (¿recuerdan los lectores la diferencia entre ambos verbos en otra de las entrada de este blog?) en causas sociales, e incluso políticas. Por ejemplo soy asiduo de Change.org e incluso he promovido personalmente alguna que otra campaña con escasísimo éxito (todo hay que decirlo). Pero lo que me ha llamado la atención de aquel vídeo-caricatura de El Intermedio fue una llamada recogida en directo en el otro programa, el caricaturizado, y en el que una de las personas que supuestamente llamaban para ayudar o colaborar, burlaba al personal del Call Center y en directo, reclamaba para "los profesionales" de la asistencia social (de Cuenca creo recordar) la realización de esas tareas. No quiso escuchar la réplica de la presentadora y colgó inmediatamente, actuando de la manera menos cívica y democrática que existe: el engaño primero (con alevosía y en directo) y luego la sordera (sin derecho a la defensa de la otra parte).
Pero con todo, esta anécdota o pequeño cuento televisivo, sirve para introducirnos en un tema realmente pantanoso, complicado. Se trata del dilema entre impuestos y con ello sociedad civil "cuidadora-protectora" por una parte, y la caridad privada por otra parte. Realmente el propio término caridad está bastante denostado, tiene un matiz peyorativo creciente en una sociedad ex-rica (que aún no lo ha digerido después de 6 años de declive económico) como es la española. Si nos vamos a buscar en un diccionario etimológico nos encontraríamos con que procede del latín caritatis, que a su vez procede del adjetivo carus, es decir querido, y por tanto emparentado con palabras tan hermosas como cariño y caricia. Es decir, que cuando hablamos de caridad, estamos aportando algo más que la simple donación de dinero, bienes o derechos. Nos estamos implicando emocionalmente con quien recibe, con quien necesita.
Esta es una de las grandes diferencias que existe entre el sistema impositivo, los impuestos que pagamos entre todos, unos mucho y otros menos, con toda las salvedades que puedan tener algunos, entre los que me sitúo yo en primera línea, respecto a la constante degradación o incluso supresión de la progresividad fiscal (tema para otra entrada de este blog), y por otra parte, las aportaciones voluntarias al sector privado (sea civil o sea religioso) de lo que se llama también cuarto sector, voluntariado, ONGs, etc.
En el primero, la obligatoriedad está implícita, salvo que defraudemos (otro tema más para debatir). Todo se acumula en el Tesoro y las Administraciones Públicas, con mayor o menor acierto, se encargan de garantizar los servicios públicos básicos, entre los que se encuentra la sanidad pública, la educación y las pensiones no contributivas. Excluimos las pensiones contributivas, porque en España, pese a que se nos olvide continuamente, somos los trabajadores en activo los que pagamos a los actuales pensionistas, que trabajaron en su momento y sostuvieron económicamente las jubilaciones de las generaciones anteriores. Incluso últimamente, desde el gobierno de Zapatero, y sin que haya durado demasiado, y sin completarse tampoco en toda su extensión prevista, la Ley de Dependencia aporta una nueva fuente de gasto público en materia social.
Podríamos decir que en un Estado social y democrático de Derecho como es España, si el sistema impositivo estuviera bien desarrollado, si fuera eficaz en la lucha contra el fraude fiscal, y si las Administraciones Públicas estuvieran bien organizadas y fueran eficientes (aún más) en sus quehaceres diarios, todos los ciudadanos españoles tendrían garantizados sus derechos civiles básicos, sean políticos, sociales y económicos. Y por tanto, no habría mucho sitio para la caridad, sea cual sea la forma elegida para ejercerla: a través de organizaciones religiosas, a través de fundaciones, de asociaciones laicas, y así una gran pluralidad que interviene desde antes y hasta el momento presente, recogiendo fondos privados donados "caritativamente". Hablaríamos de que los ciudadanos han alcanzado la plenitud de sus derechos y que el Estado, es decir, entre todos y todas, garantizamos via impuestos (porque los dineros no crecen como la hierba en el campo) el ejercicio de los mismos.
Planteado así, observamos que estamos muy, muy lejos de alcanzarlos, e incluso, que algunas o muchas personas no están ni siquiera de acuerdo con la idea de que se garantice nada de esos derechos económicos, e incluso sociales, salvo los políticos. Es decir, promueven y desarrollan sólo una constitución política, pero no social. Lo poco y difuso que tiene de derechos económicos la constitución actual en España debería incluso desaparecer, por ser fuente de problemas y de demandas no atendibles, salvo que suban más los impuestos, tema tabú para muchos de ellos. Por tanto, desde este punto de vista, la caridad, el esfuerzo económico personal e intransferible que trae consigo, no puede desaparecer, o mejor dicho, no debe desaparecer, no al menos, mientras la sociedad civil se ponga de acuerdo en cubrir esas necesidades básicas entre todos.
Ya en segundo lugar, deberíamos tratar el tema de la profesionalización de los servicios sociales. Esto parece evidente desde el momento en el que hay un Estado que garantiza por Ley esos servicios. Podemos entrar en otro debate acerca de si debe ser prestado por funcionarios o por la iniciativa privada en régimen de colaboración administrativa, pero no afecta al fondo del problema: deben existir puestos de trabajos que se encarguen de conocer al dedillo cuáles son las necesidades básicas, los derechos sociales y económicos, qué nivel se ha alcanzado en promedio, quién no lo alcanza, por qué circunstancias no lo alcanza, y así otro largo etcétera de preguntas con un alto grado de especialización, que van derivando más y más hacia el lado humano de las relaciones entre los ciudadanos. Todo ello procede de un razonamiento correcto, pero no implica el arrinconamiento de cualquier otro actor, más o menos especializado en esas mismas materias, que utiliza fondos privados para llevar adelante proyectos que intentan completar esos derechos económicos y sociales de quien no se ve atendido por el Estado, incumpliendo los preceptos constitucionales.
Evidentemente, desde el punto de vista político, el General, os dirá que luchará a brazo partido por conseguir que mayoritariamente la ciudadanía española opte por planteamientos de solidaridad organizada administrativamente mediante un sistema impositivo fuerte, fiable y donde el fraude no pueda darse, y donde los mínimos sociales y económicos se establezcan de común acuerdo (incluso por la vía del referendum) y se garanticen. Pero, mientras tanto, mientras se alcanza ese gran acuerdo nacional, es evidente que hay mucha gente que sufre, que no tiene ni lo mínimo, que está absolutamente desesperada, y que necesita de la solidaridad de quienes ya están de acuerdo en que pueden aportar algo más que los impuestos que actualmente pagan. Es decir, que mientras haya necesidad, y a la vez, en conjunto, una gran insolidaridad "pública", la solidaridad privada, llamada también caridad, debe seguir fluyendo, hacia otros profesionales que utilicen los fondos para completar los derechos sociales y económicos generales que tanto ansiamos algunos.
No está el General de acuerdo con quienes creen que este flujo de caridad está viciado por lo religioso y por lo clasista, influyendo negativamente en la consecución del gran pacto social mencionado antes. El problema es demasiado grande para creer que lo puede arreglar uno solo de esos grupos u organizaciones del cuarto sector. Ellos son los primeros que lo saben, pero muchas son personas de acción, que no creen que deba explotar socialmente y más tarde políticamente un país para que cambien las cosas. La implicación ética y moral con quien lo está pasando mal les puede más que la espera a que la mecha llegue al barril de pólvora. No creen en las bajas por efectos colaterales, ni en héroes silenciosos sacrificados en aras de una causa más grande y más noble. No pueden morir de hambre cientos de miles de personas para que una revolución social y política conmueva el Estado. No sería justo. A ese gran pacto social debemos llegar entre todas las personas que componen la sociedad civil española partiendo desde la transparencia, desde la igualdad, desde la justicia, desde la humildad y dejando atrás la ignorancia, la envidia, el egoísmo y el clientelismo político y económico. Y esto precisamente ahora en el que el Gobierno de Rajoy utiliza torticeramente todas las cifras y estadísticas a su alcance para ocultar que está actuando precisamente en la dirección contraria a la que pregona el General, alejándonos a pasos agigantados de la igualdad y de la solidaridad pública. Definitivamente una gran estafa.
Llega el momento final de las propuestas, y en esta ocasión, se van a limitar a dos:
- Implicarse mucho más en el desarrollo de los mecanismos de solidaridad, sea público como privado, de modo que se perciba más el consenso. La clase política actualmente ha perdido la conexión con la realidad y no alcanza a comprender la necesidad urgente que tenemos de definir esos derechos sociales y económicos mínimos. Debe partir de todos nosotros esa demanda y actuar políticamente para su consecución.
- No criticar a ninguna organización privada que trabaje en el ámbito de la caridad y solidaridad privadas sin conocerlas a conciencia. Parece una obviedad, pero tendemos a cubrirlas rápidamente con un manto de sospecha, sin ser justos y sin molestarnos en conocer sus actividades, sus logros y por supuesto, sus cuentas.
Pero con todo, esta anécdota o pequeño cuento televisivo, sirve para introducirnos en un tema realmente pantanoso, complicado. Se trata del dilema entre impuestos y con ello sociedad civil "cuidadora-protectora" por una parte, y la caridad privada por otra parte. Realmente el propio término caridad está bastante denostado, tiene un matiz peyorativo creciente en una sociedad ex-rica (que aún no lo ha digerido después de 6 años de declive económico) como es la española. Si nos vamos a buscar en un diccionario etimológico nos encontraríamos con que procede del latín caritatis, que a su vez procede del adjetivo carus, es decir querido, y por tanto emparentado con palabras tan hermosas como cariño y caricia. Es decir, que cuando hablamos de caridad, estamos aportando algo más que la simple donación de dinero, bienes o derechos. Nos estamos implicando emocionalmente con quien recibe, con quien necesita.
Esta es una de las grandes diferencias que existe entre el sistema impositivo, los impuestos que pagamos entre todos, unos mucho y otros menos, con toda las salvedades que puedan tener algunos, entre los que me sitúo yo en primera línea, respecto a la constante degradación o incluso supresión de la progresividad fiscal (tema para otra entrada de este blog), y por otra parte, las aportaciones voluntarias al sector privado (sea civil o sea religioso) de lo que se llama también cuarto sector, voluntariado, ONGs, etc.
En el primero, la obligatoriedad está implícita, salvo que defraudemos (otro tema más para debatir). Todo se acumula en el Tesoro y las Administraciones Públicas, con mayor o menor acierto, se encargan de garantizar los servicios públicos básicos, entre los que se encuentra la sanidad pública, la educación y las pensiones no contributivas. Excluimos las pensiones contributivas, porque en España, pese a que se nos olvide continuamente, somos los trabajadores en activo los que pagamos a los actuales pensionistas, que trabajaron en su momento y sostuvieron económicamente las jubilaciones de las generaciones anteriores. Incluso últimamente, desde el gobierno de Zapatero, y sin que haya durado demasiado, y sin completarse tampoco en toda su extensión prevista, la Ley de Dependencia aporta una nueva fuente de gasto público en materia social.
Podríamos decir que en un Estado social y democrático de Derecho como es España, si el sistema impositivo estuviera bien desarrollado, si fuera eficaz en la lucha contra el fraude fiscal, y si las Administraciones Públicas estuvieran bien organizadas y fueran eficientes (aún más) en sus quehaceres diarios, todos los ciudadanos españoles tendrían garantizados sus derechos civiles básicos, sean políticos, sociales y económicos. Y por tanto, no habría mucho sitio para la caridad, sea cual sea la forma elegida para ejercerla: a través de organizaciones religiosas, a través de fundaciones, de asociaciones laicas, y así una gran pluralidad que interviene desde antes y hasta el momento presente, recogiendo fondos privados donados "caritativamente". Hablaríamos de que los ciudadanos han alcanzado la plenitud de sus derechos y que el Estado, es decir, entre todos y todas, garantizamos via impuestos (porque los dineros no crecen como la hierba en el campo) el ejercicio de los mismos.
Planteado así, observamos que estamos muy, muy lejos de alcanzarlos, e incluso, que algunas o muchas personas no están ni siquiera de acuerdo con la idea de que se garantice nada de esos derechos económicos, e incluso sociales, salvo los políticos. Es decir, promueven y desarrollan sólo una constitución política, pero no social. Lo poco y difuso que tiene de derechos económicos la constitución actual en España debería incluso desaparecer, por ser fuente de problemas y de demandas no atendibles, salvo que suban más los impuestos, tema tabú para muchos de ellos. Por tanto, desde este punto de vista, la caridad, el esfuerzo económico personal e intransferible que trae consigo, no puede desaparecer, o mejor dicho, no debe desaparecer, no al menos, mientras la sociedad civil se ponga de acuerdo en cubrir esas necesidades básicas entre todos.
Ya en segundo lugar, deberíamos tratar el tema de la profesionalización de los servicios sociales. Esto parece evidente desde el momento en el que hay un Estado que garantiza por Ley esos servicios. Podemos entrar en otro debate acerca de si debe ser prestado por funcionarios o por la iniciativa privada en régimen de colaboración administrativa, pero no afecta al fondo del problema: deben existir puestos de trabajos que se encarguen de conocer al dedillo cuáles son las necesidades básicas, los derechos sociales y económicos, qué nivel se ha alcanzado en promedio, quién no lo alcanza, por qué circunstancias no lo alcanza, y así otro largo etcétera de preguntas con un alto grado de especialización, que van derivando más y más hacia el lado humano de las relaciones entre los ciudadanos. Todo ello procede de un razonamiento correcto, pero no implica el arrinconamiento de cualquier otro actor, más o menos especializado en esas mismas materias, que utiliza fondos privados para llevar adelante proyectos que intentan completar esos derechos económicos y sociales de quien no se ve atendido por el Estado, incumpliendo los preceptos constitucionales.
Evidentemente, desde el punto de vista político, el General, os dirá que luchará a brazo partido por conseguir que mayoritariamente la ciudadanía española opte por planteamientos de solidaridad organizada administrativamente mediante un sistema impositivo fuerte, fiable y donde el fraude no pueda darse, y donde los mínimos sociales y económicos se establezcan de común acuerdo (incluso por la vía del referendum) y se garanticen. Pero, mientras tanto, mientras se alcanza ese gran acuerdo nacional, es evidente que hay mucha gente que sufre, que no tiene ni lo mínimo, que está absolutamente desesperada, y que necesita de la solidaridad de quienes ya están de acuerdo en que pueden aportar algo más que los impuestos que actualmente pagan. Es decir, que mientras haya necesidad, y a la vez, en conjunto, una gran insolidaridad "pública", la solidaridad privada, llamada también caridad, debe seguir fluyendo, hacia otros profesionales que utilicen los fondos para completar los derechos sociales y económicos generales que tanto ansiamos algunos.
No está el General de acuerdo con quienes creen que este flujo de caridad está viciado por lo religioso y por lo clasista, influyendo negativamente en la consecución del gran pacto social mencionado antes. El problema es demasiado grande para creer que lo puede arreglar uno solo de esos grupos u organizaciones del cuarto sector. Ellos son los primeros que lo saben, pero muchas son personas de acción, que no creen que deba explotar socialmente y más tarde políticamente un país para que cambien las cosas. La implicación ética y moral con quien lo está pasando mal les puede más que la espera a que la mecha llegue al barril de pólvora. No creen en las bajas por efectos colaterales, ni en héroes silenciosos sacrificados en aras de una causa más grande y más noble. No pueden morir de hambre cientos de miles de personas para que una revolución social y política conmueva el Estado. No sería justo. A ese gran pacto social debemos llegar entre todas las personas que componen la sociedad civil española partiendo desde la transparencia, desde la igualdad, desde la justicia, desde la humildad y dejando atrás la ignorancia, la envidia, el egoísmo y el clientelismo político y económico. Y esto precisamente ahora en el que el Gobierno de Rajoy utiliza torticeramente todas las cifras y estadísticas a su alcance para ocultar que está actuando precisamente en la dirección contraria a la que pregona el General, alejándonos a pasos agigantados de la igualdad y de la solidaridad pública. Definitivamente una gran estafa.
Llega el momento final de las propuestas, y en esta ocasión, se van a limitar a dos:
- Implicarse mucho más en el desarrollo de los mecanismos de solidaridad, sea público como privado, de modo que se perciba más el consenso. La clase política actualmente ha perdido la conexión con la realidad y no alcanza a comprender la necesidad urgente que tenemos de definir esos derechos sociales y económicos mínimos. Debe partir de todos nosotros esa demanda y actuar políticamente para su consecución.
- No criticar a ninguna organización privada que trabaje en el ámbito de la caridad y solidaridad privadas sin conocerlas a conciencia. Parece una obviedad, pero tendemos a cubrirlas rápidamente con un manto de sospecha, sin ser justos y sin molestarnos en conocer sus actividades, sus logros y por supuesto, sus cuentas.
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