Funcionarios contra la igualdad. Porque haberlos haylos...

No tengo ya por costumbre preparar ningún post en este blog a tan pocas fechas del anterior, pero lo cierto es que lo hago porque no puedo contener mi indignación, porque esta semana me ha subido la bilirubina, la biliverdina y todos los demás humores que pueda alojar un ser humano normal, ciudadano de su país, trabajador asalariado por cuenta ajena, y más específicamente, por cuenta ajena del resto de la sociedad a la que sirve. Es decir, que además es funcionario.

Es precisamente mi condición de funcionario convencido y confeso (rara avis esto último) la que me mueve a mostrar al resto del mundo mi cabreo incondicional y desmedido al tocarme la fibra más sensible de mi ser: la desigualdad, o la falta de sentido de igualdad en el trato de un funcionario hacia a sus paisanos y en general ante cualquier ser humano o incluso persona jurídica (empresas, asociaciones, etc para entendernos). Sí, casi seguro que ya conocen la causa de mi enfado descomunal, como los gigantes que creía ver Don Quijote. Se trata de la operación de hernia discal realizada a Maria Fernanda Gómez, esposa del consejero de Educación del gobierno regional de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, liderado por la siempre "popular" en los medios Dolores de Cospedal, saltándose la lista de espera de un hospital público con más de 20 ciudadanos con la misma dolencia.

No sólo resultó indignante conocer la noticia, sino mucho peor escuchar en la SER, de su propia boca, la justificación del médico-cirujano que realizó la operación, funcionario a todos los efectos: era la mujer de su amigo,un sábado y cualquiera hubiera hecho lo mismo. No se pueden imaginar cuántos espumarajos vomitó el General cuando escuchó semejante despropósito a un funcionario público, al señor Vicente Calatayud, jefe de Neurocirugía del Hospital del Albacete.

Y no quedó tan solo en ese subidón de adrenalina y "ofusquina" o "bloqueína mental". A continuación tuve que escuchar de una tertuliana como Montserrat Domínguez, que creo que trabaja ahora en el Huffington Post, explicar de una manera muy poco afortunada para mí, que el problema no era que hubiera colado a una amiga o a la mujer de un amigo, sino que lo hiciera "abusando de su poder"...Y esto ya fue demasiado, se me paró el corazón, estalló mi cerebro como si fueran fuegos artificiales y simultáneamente escuché los atronadores compases de ese tema universal con bombos y platillos que suelen utilizar los cineastas como banda sonora de los momentos de culminación en sus obras cinematográficas. Si tuviera más tiempo intentaría buscar el título de esa obra musical, ya que mi ignorancia me impide conocerlo de memoria...

Sí, porque la última tertuliana había acabado dándome en la boca del estómago con su comparación, con esa odiadísima excusa del TODOS Y TODAS somos iguales ante situaciones así, todos hemos pedido, pedimos y pediremos favores a amigos "poderosos" o a amigos de amigos "poderosos", en una infinita cadena de favores indignos, vergonzantes para quienes los utilizan y vergonzosos para quienes los observamos. Una red informal, admitida, pegajosa en la que vamos cayendo inexorablemente, queramos o no queramos, porque ¿quién no haría lo mismo si su hijo, su madre, su esposo se encontrara con esos dolores tan insoportables, y sabiendo que tiene que esperar tanto tiempo para que le llegue su turno...?

Y ante tanto desvarío no puedo aguantarme y me lanzo a intentar defender lo que para mí como ciudadano es la base de la convivencia de nuestro sistema social: la igualdad de todos ante la Ley, y por tanto, ante cualquier servicio público que derive de la misma, sea pagando impuestos como siendo atendido por un equipo de profesionales sanitaríos de un hospital público, como de cualquier otro ejemplo de servicio que se nos pueda ocurrir. Es un principio constitucional básico, y hoy que celebramos el día de la Constitución tenemos que reclamar nuestro derecho a la igualdad, pese a que algunas personas parezca que no va con ellas, al menos no mientras le toquen lo suyo.

No es el abuso de poder lo que tenemos que denunciar y perseguir, al menos, no tan sólo, y mucho menos como causa de esta desafortunada y en mi opinión ilícita actuación del jefe de neurocirugía. Efectivamente, para nuestra desgracia, no está penado en nuestro Código Civil (y si lo estuviera y yo lo ignorara, más indignado estaría de que no escuchar por ningún lado que la Fiscalía no ha actuado aún) utilizar los bienes públicos para favorecer a un familiar, en el sentido de que la acción realizada ha sido la de curar a alguien, a un españolito, o españolita, como ha sido el caso. Pero es que tampoco está penado y debería estarlo que un funcionario en el ejercicio de su cargo se salte el principio constitucional y sacrosanto de que los ciudadanos españoles son todos iguales ante la Ley, plasmado en la vida práctica en normas y procedimientos establecidos, como por ejemplo, las listas de espera ante una operación más o menos grave, con más o menos dolores insoportables padecidos por la persona, por el ciudadano que espera.

Precisamente en los comentarios que se fueron acumulando a la noticia de La SER en la web (sólo alcanzan a fecha de hoy 6 de diciembre los 40 que es una cifra bajísima en mi opinión) se desliza un comentario sobre el funcionamiento del hospital público de Salamanca, en el que se baja incluso al de celador el nivel de "contacto" para conseguir saltarse una lista de espera.  Son acusaciones veladas de corruptelas internas que dañan la imagen de los servicios públicos ante la ciudadanía causada por malos funcionarios, y que no tienen ninguna posibilidad de denunciarse ante los Tribunales de Justicia, porque ¿cuál sería el hecho punible?, ¿hacer su trabajo? o ¿hacer su trabajo saltándose los procedimientos de trato igualitario ante el servicio público que presta? Esto último sin dudarlo, pero es que no es punible según nuestro ordenamiento jurídico y por tanto, el funcionario "desigualador" se queda tan fresco.

No es por tanto un asunto de abuso de poder, o mejor dicho, no es sólo un tema de abuso de poder. Lo llevamos en la sangre, grabado a sangre y fuego en nuestro individualismo ibérico, castizo y casposo, de subdesarrollo social crónico. Nos parece normal y además perfectamente justificable pedir favores y poner en un compromiso al servidor público que nos lo tiene que prestar, olvidándonos del resto de ciudadanos que puedan estar en la misma situación. Es la ley de la selva, el que pueda más, ganará, quien tenga como amigo al funcionario más poderoso o al político que sea el superior jerárquico del funcionario más poderoso ganará, y el demandante del servicio, se sentirá orgullo de su amigo, de esa "amistad", como se denomina en España a quien lo lleva a efecto. Desde siempre, desde mi más tierna infancia, he oído expresiones como  "lo consiguió gracias a una amistad".,"por una amistad muy importante, que de lo contrario aún estaba esperando..." y así un suma y sigue de situaciones escandalosas para quienes creemos en la Igualdad con mayúsculas.

Mientras tanto, quienes reciben las llamadas con petición de favores se ven en ocasiones sumidos en el dilema de obrar injustamente, a sabiendas, por supuesto, dejando a un lado los malos sentimientos, o tener que mal excusarse si consideran que quien les está pidiendo el favor no se encuentra dentro de su círculo social íntimo, o incluso, obedeciendo órdenes superiores y por tanto, acumulando en su cuenta personal uno más de esos "hoy por mí y mañana por tí" (no nos olvidemos que el señor Vicente Calatayud no operó sólo, que necesita que alguien le prepare el quirófano un sábado, así como también habrá otras personas que gestionan la lista de espera y que habrán visto cómo son burlados en su quehacer). Incluso nos queda el caso de quien desobedecerá una imposición de un superior para actuar y completarle un favor y por tanto se verá abocado a recibir su ira y una posible postración en su carrera administrativa. En nuestra miopía social, cuando pedimos un favor "anti-igualatorio" no somos conscientes de la madeja de engaños, trampas y actuaciones deshonrosas que estamos contribuyendo a hacer crecer y a que todo lo público se vea comprometido. Ni nos imaginamos cuántos extracostes se derivan de todo ello, que por supuesto pagamos entre todos, al menos, de todos los que contribuyen al fisco de este país.

No es por tanto el abuso de poder lo que es escandaloso, sino que provoquemos con nuestras actitudes y hechos el que se soliciten prácticas de abuso de poder cuando nos conviene. Insisto, es una muestra de subdesarrollo social, del conocido "y tú más", de creer en la Ley sólo cuando me conviene, y cuando no me conviene pido que alguien la incumpla, y en este caso, lo que se está incumpliendo es un valor social, el valor de la igualdad de todos ante la Ley, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". 

Hermosas palabras que ningún funcionario debería violar, pero también  que ningún ciudadano debería soslayar provocando el abuso de poder mediante la petición de favores. Es hora por tanto de proteger a los buenos funcionarios, es hora de deshacer esta madeja podrida de favores encadenados que asfixia el sentimiento comunitario de pertenencia a un colectivo de 47 millones de personas, y que lo hace zozobrar, provocando un estampida, una huida de la igualdad y de la justicia, un sálvense quien pueda y como pueda, y que quien más pueda que lo haga valer ante los demás.

Es momento de las propuestas, y en esta ocasión queda claro lo que voy a pedir, lo que quiero proponer a la ciudadanía española: debemos tipificar como delito penal las actuaciones de funcionarios en su cargo que atenten directa o indirectamente contra los procedimientos administrativos establecidos para hacer efectiva la igualdad de todos ante la Ley. Tal vez el día que veamos en la cárcel y expulsado de la carrera administrativa a alguien por haber abusado de su poder público favoreciendo injustamente a alguien saltándose una lista de espera, podamos comprender que esa vieja práctica, ese mal hábito español de "tener amistades poderosas" por si acaso, o de no reclamar lo que es justo pero pequeño, "porque alguna vez tendré que pedir y exigir algo más importante" dejará de tener sentido, y de verdad todos crean en que el principio constitucional de igualdad es real y efectivo, y no unas simples letras sobre un papel mojado.

Funcionarios contra la corrupción...empezando por el principio.

Hace unos días llegó a mi mesa de la oficina administrativa donde presto mis servicios como funcionario una pequeña carta de publicidad ensobrada en plástico y sin destinatario concreto, salvo el propio del departamento. No es raro que todo ese tipo de publicaciones acaben en mis manos, devorador conocido de cualquier texto que pueda leer, y siempre con una voluntad de acero para intentar sacar algún provecho del mismo. Es parecido al comportamiento de esos extraños corpúsculos celulares que se encargan de trajinar y procesar  sustancias de todo tipo con el exterior a través de la membrana.

En este caso, al romper el plástico que lo envolvía me encontré con una nueva sigla junto al anagrama de la Unión Europea. En esta ocasión era el OLAF, Oficina de Lucha contra Fraude, concretamente firmaba la carta su director general Giovanni Kessler, y en ella resumía el mandato y los recursos de que disponía, así como el proceso de investigación de las denuncias recibidas asegurando que lo hace con absoluta independencia. Como parece ser que sin ejemplos no nos podríamos hacer una idea de qué nos estaba hablando, Mr Kessler añadía algunos casos concretos, como el de la financiación de productos agrícolas inexistentes (árboles que no llegaron a plantarse), contrabando de cigarrillos, uso irregular de fondos de la Unión Europea...

Me acordé entonces del casi olvidado asunto de las ayudas al lino, que tanto dio que hablar durante el gobierno del PP presidido por Aznar. Algunos ministros de hoy en día estuvieron en la picota y la verdad es que no tenía mucho ánimo para investigar en qué quedó todo aquello después de tantos y tantos vericuetos judiciales por los que seguro que ha transitado esa denuncia. Pero es que Google permite rastrear el pasado pese a que muchas veces nos gustaría que quedara totalmente enterrado. Así que localicé esta entrada en el archivo de la Libertad Digital del año 2007, justo después de la primera sentencia de la Audiencia Nacional, que con una euforia desmedida termina con el consabido "ya os decíamos que no había nada de nada". La sentencia del Tribunal Supremo en 2008 lo confirma, pero he aquí que en otra página de la hemeroteca de El País del verano de 2009 aparece la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea que reduce la multa impuesta por la Unión en unos módicos 5 millones de Euros, pasando de la friolera de 134 a unos igualmente impactantes 129 millones de euros. Y no se ha vuelto a hablar más del asunto, hasta hoy, en el que este bloguero vuelve a reactivarlo de una manera tangencial.

Es evidente que todo lo que se dijo en aquel momento tras la sentencia del Supremo, año 2008, resalta de una manera mucho más intensa cuando se compara con la sentencia del ámbito europeo. Parece que los poderes españoles no alcanzan a "conmover" a las instancias judiciales europeas, y que por tanto es un motivo más para maldecirles e incluso para llegar a desbarrar políticamente hasta límites inimaginables y sobre todo inadmisibles para cualquier ciudadano español. Este ha sido el caso de hace un par de semanas en las reuniones de los lunes del comité de dirección del  PP en Madrid, cuando se filtró a la prensa que uno de los asistentes había exigido que se hiciera dimitir al juez español del Tribunal de la Unión Europea que había participado en esa extraña conjura antiespañola que declaró ilegal la doctrina Parot. Se le exigía desde el PP que fuera consecuente, es decir, agradecido con quienes le nominaron a tan alto puesto, o eso es al menos lo que ha trascendido, y que visto lo visto, debía dimitir y regresar a casa para recibir el castigo que se merecía por traicionarles. Y si se hacía el distraído, traerle por la fuerza...esto último lo añado yo, aunque no creo que yerre mucho respecto a lo que algún asistente a esa reunión pensó en aquel momento.

Lo que sí me gustaría saber es que opinan en la OLAF de todo aquello y de cómo se tratan los asuntos de corrupción política en España, y hasta qué punto nos diferenciamos del resto de estados-miembro de la Unión Europea con esos deseos inconfesables de controlar a la judicatura europea. Tal vez los malos hábitos de manipulación de poderes ajenos (que desde el punto de vista de la Filosofía Política deberían ser absolutamente independientes), a los que estamos ya por desgracia acostumbrados en España, causen algún tipo de asombro en la OLAF. No lo sé, pero debería ser así, deberían ser motivo de asombro y de indignación. Es el único modo de seguir teniendo esperanzas en que la larga mano de los poderosos que campan a sus anchas "legislativas-judiciales-ejecutivas" no pueda alcanzarnos cuando decidimos creer lo que dice Mr Kessler sobre los denunciantes de posibles casos de corrupción "Los funcionarios y los agentes que trabajen en cualquiera de las instituciones de la UE tienen la obligación de informar acerca de posibles fraudes, casos de corrupción u otras actividades ilegales o faltas de carácter profesional de un funcionario/agente. Los denunciantes que respetan la norma estatutaria a este respecto gozan de protección frente a las consecuencias adversas. Ello incluye la protección de la identidad del denunciante (...)". Si es usted funcionario en España, como yo mismo, ¿debería hacer caso a Mr Kessler o más bien mirar para otro lado para evitarse un gran lío en su tranquila vida? Qué gran dilema se nos presenta.

Lo cierto es que en el caso del lino que citaba unos párrafos más arriba, quienes salieron trasquilados del caso fueron aquellos funcionarios que investigaron más de la cuenta según los tribunales, en el sentido de hacer más bien de fiscales y jueces de instrucción que de simples fedatarios o testigos imparciales de que algo que conocían podía ser materia de investigación judicial. Es tal vez el mayor error que cometemos los funcionarios, nuestro partidismo inconfesable, que se enmarca en un continuo que va desde el egoísmo absoluto que raya en el autismo social, buscando intencionadamente la tranquilidad y evitando cualquier problema con los poderosos, hasta quien se decanta por la sobreactuación intencionada, intentando favorecer a los de su cuerda política, o perjudicar a quienes no pertenecen a ella. Ese es el gran problema, la bipolaridad extrema existente (o nada o demasiado), con la inexistencia manifiesta de una centralidad del funcionario que actúe sin partidismos, sin filias y sin fobias, que denuncie siempre que conozca u observe algo que considere ilícito, y que tenga la absoluta certeza de que es intocable, que nadie puede hacerle nada durante la instrucciòn o después tras la posible resolución judicial, sea cual sea el sentido de la misma.

No es de extrañar esta falta de centralidad, si recordamos cómo se las gastan quienes dirigen los destinos de los partidos políticos mayoritarios. Tampoco debería causar asombro a nuestros lectores que para los partidos en el poder, los funcionarios sean un contrapoder a los que hay que meter en cintura, amedrentar, hacer la vida imposible, enmudecernos en suma, principalmente a través de ejemplos concretos de funcionarios valientes que intentaron y en algunos casos consiguieron, hacer doblar la rodilla a corruptos gobernantes, y a los que luego la vida (en un sentido amplio) no les ha sonreído...

En la carta de servicios de los ciudadanos ante la Justicia, en el punto 12 reza "El ciudadano tiene derecho a ser adecuadamente protegido cuando declare como testigo o colabore de cualquier otra forma con la Administración de Justicia". Esta carta, de lectura recomendable sin lugar a dudas, la he localizado en la web de la Fiscalía que desconozco si es una web oficial. Júzguenlo ustedes mismos entrando en ella. Lo que ya me parece poco motivador es que la denuncia pase por el filtro de facilitar todos tus datos personales y que además tengas que leer esta admonición "La comunicación de hechos presuntamente delictivos que resultaren falsos y atentatorios contra otros, dará lugar al ejercicio de las acciones legales procedentes". En cualquier caso, ser funcionario denunciante en España es sólo para valientes (alguno añadirá que también de suicidas) y sobre todo independientes jerárquicamente (hay que ver sin dudarlo el programa de Salvados en la que Jordi Evole entrevista al antiguo interventor del Ayuntamiento de Castro Urdiales).

Por si hubiera interés aquí les dejó algunas direcciones web:
- Formulario para notificar fraudes ante la OLAF: https://fns.olaf.europa.eu
- Formulario para investigaciones de carácter general: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/general-enquiries/index_es.html
Y también  la dirección: OLAF. Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Comisión Europea. Rue Joseph II, 30, 1000 Bruselas. Bélgica.

Realmente hecho de menos una campaña similar por parte de las autoridades españolas competentes en esta materia, por muy minúscula que sea. Propongo por tanto que en España se lleve a cabo. ¿Alguien puede creerse que me escucharán?

Hablando de integridad en las Administraciones Públicas

Es mejor no leer ciertos artículos porque a un crítico inoportuno como es quien esto escribe sólo le sirve para dispararle sus niveles de adrenalina, alterarle su merecido descanso nocturno y provocarle en suma un disgusto a la hora de la cena, algo nada recomendable. Menos mal que mi Santa ya reconoce los síntomas en mi cara crispada y consigue rebajarlo suficiéntemente como para poder enfrentarme a la redacción de una nueva entrada en este blog. Tanto circunloquio la verdad es que no razonable para hablar del artículo que me inspira esta noche titulado "Cultivar la cultura de la integridad", en mi opinión con un pleonasmo incorporado, no sé sí conscientemente, si no reparamos en la etimología de cultura y de cultivar. Pero esto es lo de menos en un artículo interesante, extraordinariamente motivador para alguien que no se quiera morder la lengua. Y si no se lo creen sigan leyendo.

En primer lugar, repasaremos (utilizo el plural para acompañar al autor del artículo, y la primera persona del singular cuando haga una afirmación personal) los dos motores principales de las actuaciones no íntegras y los cuatro modos de racionalización que utilizamos para acallar nuestras conciencias o para intentar anestesiar la de nuestros críticos. En paralelo nos iremos a visitar a nuestros políticos y funcionarios, y comprobaremos en qué grado de alejamiento o cercanía  estamos de esa pretendida integridad. Para cualquiera que pueda acceder al artículo original de Jean François Manzoni podrá comprobar que lo único que hago a lo largo de esta entrada es aplicar sus ideas al terreno que mejor conozco: una administración pública por dentro. Empecemos.

Menciona Manzioni al miedo y a la codicia como los dos motores principales de los fallos de integridad (para su modelo, de los empleados, para mí modelo "aplicado" de los funcionarios y políticos). Quizá en este punto ya tenemos la primera separación entre ambos agentes, los funcionarios menos dados a la aventura, amigos de lo seguro, de lo tangible, de lo regulado, frente a los políticos, más decididos, impetuosos pero al menos los de hoy en día, marcados por la codicia, que se muestra cada día en los medios de comunicación, mucho más en los no controlados, por supuesto. En este último caso, una codicia marcada por el corto plazo, por el aquí y el ahora. Como consecuencia de todo ello, la visión global de Estado, Comunidad Autónoma o ciudad, dependiendo del nivel de poder alcanzado, se diluye en el éter, deja de estar presente en su mente, y comienzan a marcar a los primeros, a los funcionarios un ritmo frenético, contraproducente en todo caso, ya que el ciclo de mejora continua, la parte del análisis y la de la revisión de lo logrado deja de tener el menor interés. Su objetivo inconfesable es poner primeras piedras o cortar lazos de inauguración. El fachadismo que visité hace unos meses en otra entrada de este blog es el concepto que mejor define su comportamiento.

Como llegan este tipo de políticos a conseguir tales niveles de poder real es la gran pregunta que nos hacemos los que creemos en los procesos políticos democráticos. Es indudable que algo falla en la determinación, primero, de qué valores quiere primar un partido político y en segundo lugar, de cómo filtra la llegada de esas personas "interesadas", teleológicamente muy competentes, y por tanto, peligrosas para la consecución y mantenimiento del sistema de valores del partido político en cuestión. La camarilla de pares que asaltan los altos niveles directivos de un partido es algo habitual. Ocurrió en su momento en el PP, tras la caída estrepitosa de Hernández Mancha y de la patada dorada a Fraga Iribarne, ejecutada con maestría. La posterior adulación a su persona, ya retirado generosamente al nivel de Presidente del PP y senador, me recuerda sobremanera a lo leído en la magnifíca novela-relato-ensayo "En el jardín de las Bestias" sobre los primeros meses del ascenso al poder de Hitler, como canciller de la República de Weimar (aún no había fundado el III Reich), y su calculada adoración servil hacia el presidente de la república, el anciano y afamado general Hinderburg.

También en otros partidos políticos he podido observarlo, a un nivel local mucho menos llamativo o sensacionalista, por supuesto, pero evidente si filtras las noticias, las visitas, las cenas y encuentros, los comentarios venenosos deslizados sabiamente, en su momento más oportuno...Al final, la idea de asaltar el poder mediante ese sentimiento de cartel, se configura y concreta de tal modo que los extraños no podemos sino maravillarnos de lo estúpidas que son aquellas personas honradas, trabajadoras, sensatas, llenas de valores, creyentes a pie juntillas en la misión, visión y valores del partido al que pertenecen, por el que lo entregarían todo, gratuitamente, tiempo y dinero, incluso alejamiento de la familia,  con tal de hacer prosperar su partido y su influencia social, pero que carecen del más mínimo sentimiento de manada de lobos, de codicia, de ansia desbocada de poder. Es la derrota de la integridad ex ante, dentro del mismo partido, incluso antes de que se pueda ejercitar.

Es ese sentido de grupo unido en su destino manifiesto lo que explica por otra parte el que haya ciertas personas del mismo que son un auténtico lastre para un correcto funcionamiento de los sistemas de gobierno una vez alcanzado el poder. Se puede entonces explicar el por qué aparecen en el gobierno de la nación, de la comunidad autónoma o de la ciudad en la que vives, tales o cuales personas. Entonces, y sólo entonces puedes entender el mamarracho de presentación mediática con el que nos abochornó hace unos meses la actual ministra de Sanidad. Te preguntas antes, por qué está ahí, y luego leyendo esta entrada, tú mismo te respondes "ahora entiendo...".

Y ahora nos vamos al lado del miedo, el otro motor mencionado por Manzoni para explicar los fallos de integridad en las organizaciones y empresas. Evidentemente, si los dirigentes políticos transmiten esa falta absoluta de valores, a través de sus actuaciones diarias, pese a sus intentos de pintar un mundo de colores fantástico en los medios de comunicación adictos, difícilmente podrán mejorar las conductas de sus funcionarios. Una de las expresiones que más me ha dolido escuchar a lo largo de mis numerosos enfrentamientos en el terreno judicial, en las salas de lo contencioso-administrativo, para explicar abandonos y supuestos cansancios de colegas correcurrentes, ha sido la de que el miedo es libre. Y ahí se terminaba cualquier aclaración o profundización en la pretendida explicación de los hechos. Según Manzoni, diversos estudios demuestran que las personas tienen una fuerte propensión a amoldarse según los deseos de las figuras de autoridad creíbles o legítimas. Y efectivamente, los funcionarios, que los son al menos en España, por nombramiento legal, aceptarán sin rechistar esa autoridad legítima de un político que haya sido nombrado por el partido en el poder o de un funcionario de rango superior si ha alcanzado el nombramiento siguiendo los procedimientos legales regulados en la normativa vigente de la Función Pública. Y por ahí nos damos de bruces con el precipicio de la obediencia debida. Para un funcionario de segundo nivel o incluso más abajo, la única esperanza que queda es resistir utilizando el arma del paso de tiempo, inexorable, que tanto angustia al político, sabedor de su escaso tiempo para lograr objetivos palpables, tangibles que le sean reconocidos, que los pueda "inaugurar" él mismo. Una explicación adicional que nos surge así  de la conocida lentitud de los procedimientos administrativos, conducidos por esos  precavidos funcionarios.

Hace bien poco, en uno de mis intentos de normalizar la priorización de proyectos e incluso tareas inferiores en mi departamento, acabé reparando en el concepto de urgencia. Sí, el binomio importante-urgente se utiliza mucho, aunque para mí no es el más completo a no ser que profundizamos en la descripción de lo que es importante, y también de lo que es urgente. Volveré en otro momento de este blog a describirles ese modelo de priorización, lo que se me ha ocurrido, leyendo a unos y otros, y aplicando mi experiencia personal en la Administración Pública Local. Por el momento, sólo mencionaré una pequeña parte, que por venir al hilo del párrafo anterior merece la pena que lo adelante. Describo en mi modelo como uno de los factores que definen la urgencia en las AA.PP. es la presión política, que llamo también, obligaciones políticas, además de las legales y de las sociales. Pues bien, esa presión política la gradúo según tres niveles:
- Baja. El político al mando ha ordenado algo, pero no ha marcado fecha, ni recursos humanos o presupuestarios, y sobre todo no ha marcado una fecha para volver a reunirse y hacer seguimiento.
- Media. El político al mando ha ordenado algo, con una fecha en el horizonte más o menos concreta, incluso haciendo ver que hará algún tipo de seguimiento, que preguntará sobre el tema y que se podría alterar la prioridad de otros proyectos si hiciera falta.
- Alta. La orden del político es terminante. Hay en el aire de su despacho un sentido trágico y agobiante de que se la está jugando o de que algo le ha irritado sobremanera. Todas las prioridades se alteran, todos los recursos se ponen se dirigen a cumplir la orden y además tenemos ya fijada una fecha o incluso un plan de seguimiento estricto en el que él mismo va a estar presente.

Y ahora me dirán qué ocurre cuando además esa orden bordea o incluso incumple  manifiestamente la legalidad vigente, pero cae dentro de mi clasificación anterior en el apartado "alta". El miedo actúa, mueve los brazos ejecutores de los funcionarios y la integridad se olvida en la mayoría de los casos.

Pero ahora, volvamos a acompañar a Manzoni en su artículo. Nos dice que habiendo ya sucumbido al miedo y/o al miedo, llevando a cabo acciones de ese tipo, los empleados (que yo aplico a funcionarios y políticos) racionalizarán entonces estas acciones, explicándose a sí mismo que, aunque inapropiada o ilegal incluso, es permisible "bajo estas circunstancias" (la cursiva es mía y las comillas del autor). Y los caminos para racionalizarlo son varios:
- Minimizar la magnitud de la infracción. En este caso, tenemos ejemplos continuos, tanto de políticos (recuérdese a Montoro diciendo que siempre subirán las pensiones, cuando el mínimo lo deja en el 0,25% que por, ¡oh casualidad!, aplica en el primer año de vigencia de la nueva Ley...), como de funcionarios (sólo se ha llevado a casa un par de bolígrafos y 200 folios en blanco...son minucias).
- Compararse con otros infractores. Esto es común en el Parlamento español, dejando los niveles del debate político a la altura del betún. Es el  "...y tú más..." escuchado hasta el hartazgo.
- Atribuir la infracción a una causa externa o inevitable. Este lo aplican los funcionarios buscando esa excusa en otros funcionarios, otras Administraciones y sobre todo, en unas malas instrucciones (lo que es cierto también por otra parte) de los políticos al mando. Y los políticos por su parte, siempre acusan a sus funcionarios de inactividad, ramplonería o si son más listos, preferirán echarle la culpa al anterior en el cargo, sobre todo si es de otro partido político.
- Atribuir la infracción a un propósito superior. Aquí, el terreno queda en poder de los políticos, ya que los funcionarios con los otros tres modos de convencerse tienen más que suficiente. Este es además muy bueno en tiempos de crisis. Si se deja de apoyar a la sanidad pública, si hay gente que llega a morirse en las colas de espera de los hospitales, si hay niños que no pueden acudir a la escuela porque no hay autobuses para llevarles, si los comedores públicos se cierran en esas mismas escuelas, si las ayudas aprobadas a la dependencia son eliminadas, si en suma, todo eso ocurre, es por un propósito general superior: salir de la crisis, o también, evitar el rescate de la Unión Europea. Todo ello para acallar sus conciencias de que han inyectado miles de millones de euros al sector bancario privado a cambio de todos esos recortes. Definitivamente, no veo a ningún funcionario utilizando este mecanismo de racionalización, pero para un político es una auténtica mina, caminito de la canonización para incorporarse al Santoral de la Estupidez Política Nacional.

Volvamos al artículo. Manzoni menciona varios estudios que nos hablan sobre la disonancia existente entre lo que queremos ser, lo que decimos de nosotros y luego lo que realmente practicamos. Los estudios demuestran que las zonas del cerebro responsables del raciocinio se apagan cuando se exponen a información disonante: soy una persona ética-lo que he hecho sé que está mal. Pierden brillantez nuestros cerebros y acabamos casi con el encefalograma plano. Por eso escuchamos tales sartas de estupideces cuando intentamos obtener una explicación razonable de algo malo hecho por alguien que consideramos bueno, responsable o incluso, lo más habitual en ese tipo de personas un silencio clamoroso...Por eso debemos hacer caso al refrán "antes se pilla a un mentiroso que a un cojo". Por eso también, tenemos que creer en las máquinas de la verdad, y en los expertos que las utilizan que buscan y rebuscan en nuestro interior, para lograr enfrentarnos con la realidad de algo que sabemos mal hecho.

Pero también hay quienes ni siquiera reconocen la infracción, el hecho de que estén haciendo algo malo. El autor repasa cuatro causas principales de este fenómeno:
- El desvanecimiento ético.
- La ceguera motivada
- Los sesgos confirmatorios
- El sesgo interesado/protección de identidad.

El desvanecimiento ético suele reforzarse cuando hay alguna o varias de estas condiciones: implicaciones empresariales (en nuestro caso, implicaciones políticas) fuertemente enfatizadas, como es el caso de situaciones de crisis económica y social, o cuando se usan eufemismos del lenguaje, al que tan acostumbrados nos tienen los miembros del gobierno del PP y de ese partido ("ajustes estructurales" es una de las más utilizadas, junto a la de "reformas" de lo que sea), y finalmente cuando las víctimas potenciales son numerosas y anónimas, y yo añadiría, que estén desunidas. Apunta Manzoni en este apartado que algunas contramedidas propuestas en los programas éticos son contraproducentes, como la de penalizar financieramente pero en pequeña cuantía, que da lugar a pensar que si pagas la multa puedes pecar, puedes transgredir, o también el aumentar el número de normas y regulaciones, que conduce a que pensemos ¿esto está permitido? en lugar de pensar ¿esto es lo correcto?, debido a una especie de externalización del autocontrol ético. Y finalmente hacer públicos los conflictos de intereses, ya que cuanto según los investigadores citados por el autor, quienes hacen públicos sus conflictos proporcionan estimaciones más sesgadas de esos conflictos que quienes no los hacen públicos. En fin, un tema muy interesante, del que constantemente oímos hablar en los programas de renovación ética, pero que por lo leído hasta aquí, no nos da absoluta seguridad en que podamos hacer frente al desvanecimiento ético.

La ceguera motivada la utilizamos siempre que interpretamos la información disponible de la mejor manera que respalde nuestros intereses, o incluso ignoramos la que no nos conviene en absoluto. En este punto, volviendo a mis queridos políticos, nos encontramos con múltiples ejemplos de negación de información disponible de terceras partes independientes. Recuerdan el tema de las famosas autopistas radiales de Madrid, de peaje todas ellas, en las que no había ninguna posibilidad creíble de que fueran rentables...Y lo mismo podemos decir de otras grandes obras faraónicas por el resto del Estado, incluyendo mi Bizkaia querida. Ahí tenemos la Super-A8, desdoblamiento de la A-8, bajo tierra y en el aire, así definida por mí por el casi nulo kilometraje existente en plataformas normales sobre tierra. Túneles y viaductos en una sucesión de 20 kilómetros que prácticamente no se utiliza por ser de peaje y tener una autopista en paralelo que ya no tiene atascos por culpa de la crisis económica que ha "conducido" a muchos usuario/as a quedarse en casa, sin utilizar su vehículo o su camión. Cuánto podríamos seguir escribiendo de la ceguera motivada en España y sus políticos, cuánto...

Los sesgos confirmatorios, que no es otra cosa que admitir que tenemos prejuicios aunque lo neguemos. Decimos una cosa pero nuestras acciones, nuestro comportamiento real nos delata. Arrimamos el ascua a nuestra sardina cada vez que algo nos molesta o nos crea una incomodidad mental. Por ahí vienen las tendencias de nuestros políticos a incorporar a su corte a familiares y amigos, con contratos injustificables, no sólo en cuanto al contenido efectivo del mismo, sino también a la capacitación real y demostrable que tienen esos familiares y amigos. Recordarán los lectores los casos sangrantes de las hijas de ministros del actual gobierno del PP implicadas en nombramientos como altos cargos del Tribunal de Defensa de la Competencia. Es evidente que para sus padres no había ningún motivo para no aconsejar ese nombramiento. Quiénes mejor que sus hijas para esos cargos. Esto es algo que las grandes empresas familiares que se han sostenido en el tiempo han conseguido evitar mediante duros códigos éticos de buen gobierno, ya que la posibilidad de contratar al inútil del yerno, del hijo o similar, en cargos ejecutivos podría hacer peligrar claramente la continuidad del negocio. En el mundo de la política española, esos códigos éticos de buen gobierno no existen y peor aún, no se habla de ellos por considerarlos innecesarios.

Finalemente, Manzoni presenta la cuarta causa de no reconocimiento de que hemos hecho algo malo, los sesgos interesados en el sentido de proteger nuestra identidad. Atribuimos nuestro éxito a nuestros méritos y para los fracasos tenemos siempre algo externo al que echar la culpa de todo. Esto es algo habitual en el actual gobierno del PP. Sería prolijo repasar la hemeroteca. No lo voy a hacer. Lamentablemente es habitual en cualquier ser humano y conduce a numerosos problemas organizativos y de gestión dentro del funcionariado. La falta de capacidad de cooperación entre Administraciones tiene mucho que ver con este apartado, con esta causa, aunque no tenga una relación directa con el tema de la integridad, si bien, desde luego que indirecta cuando pensamos en la cantidad de dinero público dilapidado en costosas duplicidades o reinventos de la rueda. Además, según los autores citados por Manzoni, el sentido de pertenencia a una organización reconocida por todos como éticamente avanzada, relaja los esfuerzos personales de sus miembros. Manzoni menciona los recientes problemas de la multinacional Johnson&Johnson, aunque a mí me ha venido a la memoria una entrevista al líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, en el programa Salvados de mi héroe Jordi Évole. Tras contestar a un conjunto de preguntas en un tono contundente y además convincente, llegó la pregunta malévola pero necesaria del entrevistador "¿y el caso de la condena del alcalde "fulanito" de Izquierda Unida en Asturias?". La respuesta de Cayo Lara no pudo ser más decepcionante. Estaba asumiendo que cualquier miembro de Izquierda Unida, teniendo en cuenta sus valores de integridad, tenía que transmitirlos sin más a los miembros del mismo, algo muy lejos de la realidad. Sinceramente, su respuesta me decepcionó mucho, aunque leyendo este artículo he podido comprenderle mejor, y es que debe ser cierto lo de que "el hábito no hace al monje" según el refrán español.

Llegados al apartado de las propuestas, el propio autor del artículo nos aporta algunas, que yo adapto al entorno político-administrativo, añadiendo la última de ellas y remodelando la cuarta. Son éstas:

- Establecer correctamente los principios básicos: normas, regulaciones e incentivos.
- Invertir tiempo y energía en un "programa de educación del juicio directivo " continuado (comillas del autor). Yo cambiaría juicio directivo, por juicio político y y administrativo, y tal vez nos sirva.
- Prevenir el desvanecimiento ético. Ya hemos visto el daño que hace.
- Crear un ambiente en el que los militantes de cualquier partido político puedan hablar sin reservas y expresar su inquietud acerca de las decisiones que se contemplan. La democratización interna de los partidos se convierte en imprescindible e inaplazable. Las primarias "pero de verdad" se convierten en un instrumento poderoso que puede cambiar completamente las relaciones de poder establecidas y sus conocidas camarillas, cuyos miembros acaban justificándose entre sí.
- En el apartado administrativo, mejorar la legislación en materia de Función Pública para que los funcionarios afectados por una cuestión de ética, puedan ser protegidos de la presión superior, de modo que el miedo deje de ser una posible causa de transgresión.

Quizá todos nuestros problemas actuales comenzaron por una creciente ausencia de integridad de la que no somos conscientes. Y hasta aquí puedo escribir...

Auditores en las Administraciones Públicas: en busca de un modelo.

Hace pocos días que publiqué un pequeñisimo extracto de lo último que había leído en la revista Auditoría Pública, nº 60, en el que destacaba el artículo que presentaba la conclusiones de los 5 grupos de trabajo organizados en los X Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo (conocidos como OCEX entre los iniciados en la materia).

Es una revista que sigo con interés porque en ella he encontrado artículos muy interesantes, también chocantes, e incluso algunos extraordinariamente precisos en la denuncia de lo que se está haciendo mal en las distintas Administraciones Públicas españolas. También es cierto que suelo dejar a un lado las entrevistas a los distintos máximos responsables de los órganos citados, así como distintas reflexiones sobre su labor. Reconozco expresamente,  y aquí en público, que mis prejuicios negativos sobre su labor, confesados aquí, por tanto, ya no inconfesables, me hacían pasar rápidamente esas páginas sin querer mostrar ningún interés por profundizar en lo que en ellos se comentaba.

No sé muy bien qué me ha conducido esta vez a detener mi mirada en esa primera página y engancharme en una lectura intensa y provechosa de esas conclusiones. Debo reconocer que muchas de ellas me parecen obviedades, lo que me conduce a pensar que no todos tenemos bien determinado y aceptado lo que compone la misión de esos órganos de control (estamos hablando, entre otros, de los Tribunales de Cuentas, por si a estas alturas de esta entrada del blog alguien se sintiera despistado). Otras realmente me hacen soñar con la existencia de un ánimo de cambio, de profesionalización de su labor, en el sentido de darle algo de valor a las Administraciones Públicas que controlan y sobre todo a la ciudadanía española a la que en último caso sirven.

Por tanto, me centraré inicialmente en un grupo de trabajo, el de Calidad de los Informes en los OCEX (nº2 en los X Encuentros) . Dejo a un lado, por ahora, y no precisamente porque no tengan interés, los grupos de Contribución de los OCEX a la transparencia de la gestión pública (nº 1 en esos citados Encuentros), el de El Control Externo en el marco de la estabilidad presupuestaria, el de Control y Evaluación de Políticas Públicas, y finalmente el de Nuevos ámbitos de fiscalización. No prometo nada, pero ya me gustaría sacar el tiempo necesario para analizar y comentar punto por punto sus conclusiones, todo ello desde mi óptica de funcionario que "recibe" a los auditores de los OCEX por un lado, y como ciudadano exigente desde el otro lado, de la eficacia y eficiencia de esa labor .

Dicen los expertos del 2º grupo de trabajo en su primera conclusión que "la calidad dentro de cualquier organización requiere un enfoque específico dirigido por la dirección y basada en la mejora continua". Vamos bien, desde mi "obsesivo-compulsiva" adoración de los procedimientos de mejora continua en sistemas de gestión. La dificultad la veo cuando llegan a la segunda conclusión, en la que reclaman de la dirección de los OCEX la aprobación de normas y procedimientos, instrumentos de control que permitan evaluar el grado de calidad de los informes. Aquí ya empiezan a temblarme las piernas, porque esas "direcciones" son dirección políticas o politizadas, habitualmente controladas por los partidos políticos, que suelen asegurar su control directivo, y que raras veces recae en expertos cualificados en estas actividades tan exigentes. Es decir, que en mi humilde opinión, nunca lo veremos, al menos, nunca partirá de ellos, de esos directivos ninguna propuesta que consiga construir un modelo operativo de gestión de los OCEX que conduzca a la absoluta independencia política, donde no haya la más mínima intrusión de quienes pueden verse afectados por ese necesario aumento de la calidad de los informes de gestión.

Seamos claros, si los informes de los OCEX mejoran, y por tanto, consiguen servir de acicate a los funcionarios controlados, auditados, y si además ponen el foco en los desarrollos operativos de los planes estratégicos de las organizaciones administrativas auditadas...entonces habrá más de un político al mando que quedará en evidencia por su clara inoperancia, falta de planificación, desarrollo de esos planes y control final de los mismos, desde el punto de vista de logro y de rendimiento interno (hablemos de eficiencia).

Y es que he visto de todo en esta larga carrera hacia ninguna parte, con encargos millonarios de planes estratégicos "comprados" a empresas de consultoría, más o menos "doblemente" especializadas, es decir, tanto por su conocimiento de la materia estratégica como por su especial capacidad para "captar" esos contratos administrativos. Aunque tampoco me extraña que se haya creado ese mercado cautivo: políticos obligados por la moda (ellos lo ven así, descreídos de cualquier metodología de gestión avanzada) y carentes de conocimientos para hacerlo por sí mismos, que es en definitiva lo único que tiene valor, no ven otra salida que buscar a quien se lo pueda hacer, que tenga renombre, de modo que nadie les pueda decir, que ni tienen plan estratégico ni que cuestionen quién de fama se lo ha hecho. Pero esto que yo denominé "fachadismo" y sobre lo que divagué en otra entrada de este blog, no es el objeto de esta entrada, por mucho que esté relacionada.

La tercera conclusión, "iniciar el estudio de un sistema de calidad propio para los OCEX", buscando que el control de calidad tenga carácter integral se me hace obvio. A ello hemos llegado quienes gestionamos así, pese a que casi nadie de los que nos rodean en las distintas Administraciones Públicas en las que trabajamos lo lleguen a entender. Somos una  rara avis,  y por tanto, condenados a intentar explicar lo inexplicable, a discutir sobre lo inefable. Pero aún así, un pequeño rayo de luz se ve en el horizonte. Algunos de los miembros de los OCEX creen también en ese modelo. Qué pena que no haya más colaboración interadministrativa con ellos. Tal vez, debiera hablarse de interdependencia funcional, ya que unos pensamos en cómo mejorar los procedimientos de trabajo en el cumplimiento de las funciones encomendadas y los otros pretenden vigilar, asegurar el cumplimiento legal, y el que sean procedimiento eficaces y eficientes. Se abriría un nuevo marco de relaciones de lo que no me cabe la menor duda serviría para dar un vuelco absoluto al actual, repleto de desconfianza de unos respecto a los otros, que solo conduce al ocultamiento y escamoteo por una parte, y al escaso valor de las posibles aportaciones de los otros que intentan "demostrar" la ineficiencia en el más obsoleto de los estilos  educativos: la denuncia fría y sacada de contexto.

Si pasamos a la cuarta conclusión, más extensa, nos metemos en harina, proponiendo ya mecanismos concretos de control de calidad de los informes. Citan en primer lugar la supervisión por un responsable de que los auditores lo han hecho bien, que han seguido el procedimiento. Esto es parte de la meta auditoría, o del proceso de aseguramiento de la ejecución adecuada de los procedimientos de trabajo establecidos. Para mí es el gran reto de las Administraciones Públicas, sean OCEX o no lo sean: asegurar el cumplimiento de los procedimientos y justificar o no, la posible desviación. Siempre hay margen para la mejora o para la inaplicación parcial de algunas etapas o actividades en aras de la eficiencia y de la eficacia. Otro es el control por pares, que permita avanzar en la evaluación de los propios trabajos de auditoría, a lo que añadimos el control externo de expertos. Nos vamos en este punto a lo que debería ser una auditoría externa a los propios auditores. Recomendable completamente.

Aseguran en la quinta conclusión que debería generalizarse la práctica de comunicar a los responsables de las Administraciones Públicas auditadas el borrador del informe final, a modo de una prealegaciones. Me parece excelente la idea, aunque deja de tener sentido la palabra prealegaciones. Esto del alegar consecutivamente no tiene mucho sentido. Si en el borrador está bien explicitado lo que se está haciendo mal en opinión de los auditores, las prealegaciones puede ser simplemente alegaciones, tomándose así muy en serio la Administración afectada ese documento y ese modelo. Sería más o menos como la fase de instrucción en la que el Juez puede finalmente imputarte y enviarte a juicio o no. Es evidente que preferiremos explicarle todo con pelos y señales al señor juez instructor, si así conseguimos convencerle de que no nos impute y archive la causa. De lo contrario, acabará siendo un trámite hueco, que pierde valor porque donde "se corta el bacalao" es otra fase, y por tanto, los responsables políticos y altos funcionarios afectados, se reservarán para esa fase, evitando malgastar, en su opinión, su precioso y escaso tiempo.

La sexta conclusión me deja perplejo. Piden los auditores más medios, más y mejores herramientas con las que trabajar, y de paso homogeneizar los trabajos que realizan los OCEX. Lo de perplejo era un broma macabra. Se ha de sospechar que cuanto peor lo hagan los auditores, con pocas o ninguna herramienta, mejor podrán defenderse los auditados, aduciendo errores de bulto, falta de detalle en los informes, siempre mal documentados. Esto se une a lo que decíamos más arriba de la independencia política en entredicho. Me pregunto si no hay un interés oculto en hurtar de medios de progreso y mejora a estos órganos de control por parte de sus propios dirigentes o de los colegas políticos de esos dirigentes. Es que de lo contrario no se entiende esta demanda.

Sobre la utilidad de los informes de auditoría y fiscalización trata la séptima conclusión presentada. Es evidente para mí que esos informes, al menos los que yo he visto no nos sirve en absoluto, salvo honrosas excepciones. Incluso son muy desmotivadoras para los que constantemente vemos agujeros negros grandes como galaxias que no son "detectados" por los telescopios de alta tecnología de los OCEX...Habiendo leído la sexta conclusión comprobamos que esos telescopios se queda en pequeños binoculares o incluso en miradas "a pelo" al firmamento estrellado. Y lo mejor es que añaden que debe ser instrumentos preventivos y pedagógicos, que den respuesta y sean sensibles a las preocupaciones de los gestores y de los ciudadanos. Aquí hemos llegado al punto clave de la cuestión tratada. Jamás he podido ver recogidas esas cuestiones que nos preocupan a los funcionarios (y por extensión y en la medida de lo posible a los ciudadanos clientes de esa Administración Pública auditada). Es algo que en los procedimientos de auditoría "privada" de los que tenemos sistemas de gestión certificados bajo alguna norma ISO ya tenemos o al menos se nos oferta, y una vez confesados por nosotros, se recoge en los informes para darle sentido a ese trabajo. Alegra saber que algunos miembros de los OCEX piensan de la misma manera. Será algo muy difícil de conseguir, dada la general pasividad de los altos funcionarios motivado por el estilo "absentista" de la mayoría de los cargos políticos que tenemos, demasiado obsesionados con "dejar huella" de sus cuatro años que como mucho permanecerán en el cargo, en un eterno, "volver a empezaaaar" (sí como en aquella gala de los premios Oscar).

Claro, que detrás de la séptima viene la octava conclusión, hablando de evaluación de esos trabajos por parte de quienes somos auditados. Aquí tengo que meterme de nuevo en líos, comparándolo con la auditoría privada de los sistemas certificados ISO en las propias Administraciones Públicas. Efectivamente lo han adivinado: evaluamos a nuestros auditores y su trabajo. De hecho, en una ocasión, mi nota fue tan negativa del resultado concreto de una de ellas que recibí la oportuna y "esperada" llamada del responsable superior para conocer de primera mano "qué había pasado". Sólo puedo decir que así es como se debe trabajar, evaluando y además justificando con buenos argumentos el por qué de esa calificación. Así se mejora, así se aprende, tanto unos como otros. Dejamos de ser esos malos estudiantes que siempre empezaban pasando la responsabilidad del suspenso al o a la profesora con el conocido "me han suspendido".

Y muy interesante es la novena conclusión, al afirmar que las alegaciones recibidas deben formar parte del informe final de auditoría. Es que es de cajón de madera de pino. Si queremos que sea útil para la ciudadanía tenemos que facilitarle su lectura, y que no sea necesario un concurso televisivo para sacar a la palestra a unos y a otros para que tengamos todos los testimonios de primera mano, a modo de careo. O incluso, desde el punto de vista interno, para que los responsables políticos conozcan de primera mano, cómo se han defendido los funcionarios afectados, y en qué medida ellos mismos aparecen implicados por actuaciones no del todo aceptables.

La conclusión décima vuelve sobre este mismo aspecto de los informes: facilitar la lectura y comprensión, lenguaje claro y sencillo. Quizá es la parte más difícil para un auditor, y de nuevo lo comparo con los auditores privados, porque tampoco ellos siempre aciertan en las descripciones del problema. Es realmente muy difícil llegar a un conclusión, hacer una recomendación, presentar una evidencia, mostrar una ineficiencia, a no ser que seas un experto, que hayas acumulado un considerable número de casos similares que te den esa fuerza moral y esa facilidad para exponer lo que ves tan claro. Los equipos multidisciplinares de auditoría o de evaluación constituyen en mi opinión una manera de conseguirlo, aunque a cambio encarece el procedimiento y agobia en general bastante más a la entidad auditada. Pero es el camino, sin duda alguna.

Finaliza con la conclusión undécima, pidiendo homogeneidad en la estructura de los informes de los OCEX y duodécima, haciendo lo propio con la extensión de los mismos, que a su juicio son demasiado extensos. Los modelos de evaluación EFQM podrían servir, sin duda alguna, particularizándolos, adaptándolos a la especial idiosincrasia de las Administraciones Públicas españolas.

En cualquier caso, si realizamos una comparación de los procedimientos de auditoría de los OCEX y de los auditores "privados" de sistemas de gestión certificados ISO, comprobaríamos que aún hay un camino muy amplio por recorrer para los primeros.

1. Los sistemas de calidad certificados exigen a la entidad auditada que asegure que los auditores internos cumplen unos mínimos. Tiene que procedimentarse cómo se van a llevar a cabo, qué conocimientos se exigirán a esos auditores internos, de modo que el auditor externo lo pueda controlar y verificar. Es evidente que a su vez, los auditores externos están sujetos a control de una entidad superior que vela por el propio sistema (AENOR en España y otras entidades supranacionales incluso por encima de ella). No es algo que se observe en los OCEX españoles. Las relaciones entre los órganos de fiscalización propios y los OCEX no se observa muy útil, ni transparente. ¿Qué ocurre cuando se detecta un incumplimiento legal y sin embargo ha recibido el placet del interventor o del órgano fiscalizador correspondiente?¿Qué consecuencias tiene para los primeros pillados en pecado? Y no estoy pensando en los casos estrella que abundan en los tribunales de Justicia. Es algo más prosaico.

2. La evolución de las auditoría tipo ISO hacia la investigación y control de la mejora continua de quienes son auditados es palpable. Ya se han abandonado por obsoletos y poco prácticos los controles documentales...los papelitos que siempre exigía el auditor, como único medio de verificación, como prueba de que algo se había hecho conforme a lo establecido. Ahora se cuestiona más el propio procedimiento, y mejor aún el proceso en el que se enmarca ese procedimiento. Afortunadamente hemos dejado atrás esa época que tanto daño hizo a los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, etc. Los que vemos esa evolución en el sector privado, en el de las certificaciones tipo ISO, comprobamos que no se ha avanzado así en la auditoría pública de los OCEX. Por ejemplo, sigo sin recibir la visita de ningún auditor de esos OCEX, siendo yo responsable del diseño y operativa de las herramientas informáticas de trabajo en mi organización. Es deprimente observar cómo siguen pidiendo "papeles" en forma de expedientes en papel, cuando afortunadamente casi el 70% de la documentación tiene soporte electrónico, y donde las firmas están a punto de desaparecer, sustituidas por marcas en el log de operaciones de la herramienta. Repito, siguen pidiendo expedientes que les debes imprimir, y se sigue sin auditar el procedimiento administrativo recogido en esas herramientas informáticas. Están trabajando como la industria hace 30 ó 40 años atrás, que revisaba todas y cada una de las piezas fabricadas en lugar de controlar (auditar o supervisar) la máquina que las fabricaba. Si la matriz estaba mal, el estampado aparecería mal en cada chapa, si la temperatura del proceso era incorrecta, los plásticos inyectados tendrían malformaciones...En la Administración Pública española seguimos así, sin dar el gran salto adelante, parafraseando a Mao (aunque espero que con mayor fortuna).

3. El control en el tiempo de las desviaciones observadas, es algo fundamental y práctica habitual en las auditorías externas tipo ISO. No se olvidan nunca de lo que quedó pendiente de arreglar o solucionar en años anteriores. Siempre empiezan por ahí. Algo debes haber hecho, algo, justificar ese avance, aunque sea pequeño, dando la cara, o simplemente poniéndote colorado como un pimiento cuando llegas a la mesa con las manos vacías. Comparándolo con lo que observo en las auditorías OCEX, fundamentalmente a través de los informes elaborados, llego a la conclusión que algo falla aquí, que el funcionario que lo hace mal no acaba de ser "señalado" en su continuada mala práctica, o en su inacción o pasividad permanente, y que por tanto, esos informes dejan de servir, de ser útiles para movilizar conciencias.

4. La calidad de los auditores externos es quizá la principal diferencia que observo. Dado que dotarse de un sistema de gestión certificado bajo alguna norma ISO en las Administraciones Públicas, es algo totalmente voluntario en la mayoría de los casos, nunca exigido legalmente, la consecuencia en la enorme libertad para elegir a aquellos auditores que mejor sintonicen con la práctica diaria tuya y que tengan un grado de conocimiento elevado del tipo de actividad al que te dedicas. Si de verdad crees en la mejora continua, en la innovación pública, buscarás a los auditores que más te exijan pero que a la vez, más atinados sean sus consejos y más oportunidades de aprendizaje mútuo construyan. Este es el gran déficit del sistema paralelo de control de los OCEX. Sinceramente no lo veo a corto o medio plazo, pese a que me haya alegrado leer algunas conclusiones que lo demandan.

Ya ven que apuesto por el establecimiento de modelos de gestión avanzada en las distintas Administraciones Públicas que sean "certificables" ante terceros, ante la ciudadanía en suma, de modo que la planificación estratégica, el despliegue operativo de esos planes, la creación de cuadros de indicadores bien planteados, medibles y sobre todo medidos, así como procesos de evaluación continua de los avances parciales y de las metas alcanzadas, sean parte del día a día de los funcionarios (tengan el puesto que tengan) y de sus responsables políticos. Sé que es un sueño, quizá inalcanzable a corto plazo, pero como Martin Luther King, "lo tengo".

El mito de Saturno y la responsabilidad civil de las Administraciones Públicas.

Ya ha pasado más de un mes desde que ocurrió el trágico accidente del tren ALVIA  en las cercanías de Santiago de Compostela. Durante días y días, semana tras semana, hemos ido oyendo noticias al respecto que pasaban de presentar el triste recuento de muertos y heridos, a hablar de responsabilidades de unos y de otros en el funesto suceso. En una natural ascensión desde el maquinista hacia las alturas, finalmente el juez instructor Luis Aláez emitió un  auto (enlace al documento publicado en El País) el 20 de agosto pasado en el que imputa a ADIF, más concretamente a "...la/s persona/s de ADIF responsable/s de la seguridad del tramo de la línea ferroviaria que une las estaciones de Orense y Santiago a fecha 24 de julio", ya que como menciona el juez dentro del apartado de razonamientos jurídicos "...sí que deviene pertinente el examen , a efectos de posible reprochabilidad,  de las actuaciones de los operadores responsables de garantizar la seguridad del tráfico ferroviario en lugar de Angrois". 

Y aquí comenzamos a enlazar con lo que vienen a ser los temas habituales de este blog: nuestra Administración Pública, nuestros gobiernos y nuestra sociedad, puesto que ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, forma parte de ese gran entramado institucional del Estado, y cualquier "reprochabilidad" confirmada judicialmente y por tanto, base de cualquier reclamación patrimonial al Estado por parte de los afectados por el accidente (personas heridas y familiares de fallecidos)  pasa a ser asunto que nos compete a todas las personas que lo sustentamos con nuestros impuestos.

De hecho, lo que me ha conducido a escribir sobre el tema, tiene que ver fundamentalmente con la noticia aparecida en los medios de comunicación de que la compañía de seguros que está detrás de la póliza de responsabilidad civil de ADIF por explotación del servicio  (ferroviario) quería contratar al bufete de abogados que "brillantemente" rebajó los "costes" a los fallecidos en el accidente del vuelo de Spanair Madrid-Tenerife de agosto de 2008. Es más, según lo que escuché a una afectada entrevistada en la SER, aún no habían recibido nada de lo poco que habían obtenido en concepto de daños y perjuicios, cinco años despues de aquella otra tragedia.

Curioseando en la "nube", he localizado el anuncio en el que se da a conocer la adjudicación (27 de mayo de 2011) del contrato del tipo "servicios" por el que se establece el Seguro de responsabilidad civil general de explotación de ADIF y de responsabilidad civil complementaria, a favor de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, AG, por un total de 3.636.698,00 euros (IVA excluido). Y esta información gracias a la obligación que tiene el sector público (ADIF lo es) de publicar todos sus contratos.

Hasta aquí, la Administración ha funcionado correctamente. Tenemos a una empresa pública, ADIF, que cumple con la Ley de Contratos del Sector Público, para dotarse de un seguro de responsabilidad civil de explotación, y de otra complementaria. Podemos decir por tanto, que para el caso que nos ocupa, el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, el Estado tiene cubiertas las espaldas ante una hipotética condena en los Tribunales de Justicia, una vez que el juez instructor ha imputado a los responsables de seguridad de ADIF.

Pero a partir de ese momento, es una empresa privada, la compañía de seguros adjudicataria de ese contrato de responsabilidad civil (ALLIANZ) la que tiene que defender "su negocio" frente a los damnificados en el accidente, ciudadanos de a pie, sostenedores de ese mismo Estado. A nadie puede extrañarles que busquen a los mejores abogados especializados en este tipo de grandes siniestros. De nuevo hemos transferido, externalizado por decirlo del modo habitual, la responsabilidad de defender al Estado de sus propios ciudadanos reclamantes.

Aquí ya empezamos a percibir que algo no funciona en el razonamiento, que algo "descarrila". Como funcionario con bastantes años de servicio público a mis espaldas y sobre mis neuronas, estoy acostumbrado a escuchar en los procesos de responsabilidad patrimonial, pequeñísimos casos comparados con el que nos ocupa como es la de simples inundaciones de instalaciones públicas causadas por terceros, que "el seguro se hará cargo de los daños", y nos quedamos tan frescos, porque sabemos que alguien especializado nos pagará los daños, o que nos defenderá, intentando obtener el pago de esos daños de la compañía de seguros de ese tercero que nos ha inundado las oficinas públicas. Todo nos parece correcto: dañan un  bien público algo o alguien del sector privado, que debe responder del daño. Pero debemos dar la vuelta al calcetín, queremos saber qué pasa cuando es el propio Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento o cualquiera de las empresas de su entramado institucional, el que causa el daño a alguien o algo del ámbito privado...

En efecto, enfrente tendremos a un gigante en tamaño, en movimientos, capacidad de respuesta, medios, y sobre todo tiempo. Y qué añadir cuando se encarga de contratar a otra gran empresa de seguros, que a su vez, defenderá y se defenderá de las reclamaciones de los ciudadanos o empresas privadas afectadas y damnificadas. Yo personalmente no lo veo justo, y pone en cuestión, de nuevo, otra vez más, lo absurdo de la externalización de ciertos servicios, en este caso, la responsabilidad civil por actuaciones de funcionario/as o empleados públicos en razón de su actividad o servicio, como es el caso del maquinista del ALVIA o de los responsables de seguridad de ADIF, o extendiendo el ejemplo, cualquiera de los fallos médicos (en hospitales públicos) que han sido reconocidos como tales en los Tribunales de Justicia.

Y la cuestión de justicia deriva de la falta de proporcionalidad entre el tamaño y capacidad de maniobra que tiene el Estado y el ciudadano de a pie. No estoy hablando de grandes compañías que se enfrentan a pequeños ayuntamientos. Ya sabemos que eso puede ocurrir y que de hecho ocurre, y que finalmente los pequeños ayuntamientos se ven abocados  ceder por falta de capacidad de defensa.

Es una pregunta que dejo abierta en el aire ¿puede una Administración Pública actuar del mismo modo frente a los ciudadanos particulares defendiéndose con sus ingentes medios económicos para evitar su condensa por responsabilidad civil y para limitar, reducir e incluso anular las posibles indemnizaciones, que frente a otras Administraciones o grandes corporaciones o multinacionales? ¿O debe primar en esas Administraciones Públicas, la defensa de los bienes públicos, los fondos públicos de todos y todas, evitando que acaben en manos de los damnificados "privados"?

Es un gran dilema de difícil resolución. A todos se nos antoja sencillo cuando hablamos del Estado persiguiendo en los Tribunales a la compañía de seguros responsable de la prima de responsabilidad el Prestige...(por cierto, no tengo ni idea de si finalmente han pagado algo por los daños causados en la costa gallega y cantábrica), o cuando hubo un fallo médico y a un amigo le cortaron la pierna equivocada...(es una pequeña licencia humorística que no sé si viene bien al caso). En el primer caso, el Estado debe contratar al mejor bufete para que conseguir que nos paguen por los daños causados por el petróleo vertido, y en el segundo caso, también lo vemos fácil, a nuestro amigo le debe pagar el Estado por la "avería" que le causaron en el hospital. Pero, ¿y en el accidente del ALVIA? Yo lo tengo claro: debe pagarse por los daños causados si se le condena a ADIF por no haber tomado todas las medidas de seguridad en el tráfico ferroviario en ese punto fatídico de Angrois, pero también sé que habrá quien piense que ese dinero es de todos, y que habría que establecer con el máximo de cuidado hasta cuánto se debe pagar. Siempre habrá alguien que piense que no es cuestión de que alguien se enriquezca con la desgracia de otros...es decir, que defenderán que el Estado ponga toda la carne en el asador para reducir o anular las indemnizaciones.

En definitiva, que no es nada fácil, y que todo pasa por analizar social y políticamente las relaciones de responsabilidad civil de las Administraciones Públicas (y de todo su entramado institucional) con sus ciudadanos para que no nos venga a la memoria el mito de Saturno comiéndose a sus propios hijos. Y es que si hablamos de mitología y de sus cultos, prefiero recordar la saturnalia romana en la que se celebraba la fiesta de la igualdad original de los hombres. Precisamente esa igualdad ante los tribunales  es la que echo mucho de menos en estos asuntos. Definitivamente es una cuestión de igualdad.



  

La motivación del funcionario público: ¿pero existe?

Esta entrada surge como una revisión profunda de mi experiencia de casi 25 años en la Administración Pública en respuesta a un pequeño debate abierto por Sergio Montesa en Linkedin. Aunque empezó todo como una broma sobre si había miles desmotivadores en ese hipotético catálogo que pretende elaborar Sergio, su interés en poner por escrito en una lista la relación de tuits recibidos, me ha animado a comentarlos y añadir unos cuantos más. Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que se puedan considerar lados de la misma moneda, que inclusión o exclusión de un simple “no” en la frase sirva para transformar en desmotivador lo que parecía algo motivador. En cualquier caso, ni soy un experto en motivación ni mucho menos creo que vaya a descubrir aquí nada que no sepamos todos, principalmente los que estamos dentro de cualquier Administración Pública.

Espero que no se aburran, porque me ha quedado muy extenso. Para quienes no han conocido el inicio del debate, les diré que está en http://lnkd.in/4dZTzS y que la lista inicial comienza con 19 motivadores y 8 desmotivadores. No me he podido aguantar y he incorporado con malicia descarada otros 20 desmotivadores. Espero que Sergio entienda que quiera llegar a mil. Tal vez los 15 años que me faltan para la jubilación me ayuden a identificar los que me faltan…La apuesta sigue en alto.

Motivadores

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1. Podemos dedicar parte de nuestro tiempo a trabajar en los “auto”: auto-conocimiento, auto-refuerzo, auto-satisfacción,...

Realmente estamos hablando de mejora personal. Aquí es donde siempre acaba apareciendo la frase fatídica, justo cuando vamos a pedir la llave del servicio o retrete ante una necesidad imperiosa, “usted tenía que haberlo hecho en casa, aquí hay que venir perfectamente preparado”. Por tanto, igual se aplica al funcionario que al no funcionario, y por tanto, es un tanto tramposa esta motivación. Deberíamos diferenciar aquello general de lo que es estrictamente particular o específico de la Función Pública.

Pero es que también podemos aplicar el prefijo auto al engaño, y ahí queda muy mal, sí, autoengañarnos, haciéndonos creer a nosotros mismos que podemos aprender, formarnos, entretenernos durante las largas horas de tedio en las que nadie cuenta con nosotros. Yo lo he practicado muchísimo, y creo que lo seguiré practicando, pero en el fondo, cada vez soy más consciente de que me autoengaño porque no doy ningún paso adelante para forzar al sistema político actual a cambiar completamente su dirección actual, de forma que todo ese conocimiento y preparación que tengo sea realmente utilizado en la mejora del servicio público. La pasividad

2. La vocación de servicio: nos mueve el dar un servicio de calidad a los ciudadanos, percibir sus necesidades (escucha activa) y el poder dirigir nuestros esfuerzos hacia ellas

Efectivamente este es uno de los grandes motivadores de cualquier buen funcionario “vocacional”, pero si añadimos el calificador “servicio público”, que lo diferencia del “servicio social”, altruista o como lo queramos llamar (no es exactamente lo mismo puesto que un funcionario está obligado a actuar dentro de la legalidad establecida so pena de prevaricar, tiene por tanto un estatuto especial). Esto es algo que no se quiere reconocer precisamente por quienes denostan la Función Pública continuamente. Si ya seguimos con la frase, entonces no estoy tan de acuerdo. Es cierto que queremos dar un servicio público de calidad a los ciudadanos, pero lo de percibir sus necesidades (escucha activa), puede convertirse en el gran desmotivador cuando dejamos, como funcionarios, de atender el bien común, y particularizamos en exceso ante quien protesta o reclama más. Eso es peligroso. Reciéntemente fui objeto de un ataque “desmotivador” mientras me encontraba atendiendo el Registro de mi departamento por una necesidad puntual, de apoyo momentáneo a un subordinado que había que tenido que salir precipitadamente. No había recambio y le tocó al jefe, es decir, a mí, atender a esa persona que pedía registrar un documento. Le comenté que no hacía falta que se desplazara hasta el Registro habiendo una oficina virtual donde podía entregar cómodamente esa documentación, con plenas garantías legales, a lo que me respondió en forma de “coz verbal” con una frase lapidaria “eso lo hacéis precisamente para que trabajemos nosotros en lugar de vosotros los funcionarios”. Efectivamente, en el grupo genérico de ciudadanos a los que queremos dar un servicio público de calidad, encontraremos también a nuestros peores enemigos y hay que estar muy preparado para no venirte abajo cuando te lanzan improperios por pretendidos o reales avances que no son siempre bien vistos por todos.

3. El crecimiento personal y profesional: nuestro trabajo no sólo nos permite ser mejores profesionales cada día sino que también nos permite mejorar como personas

Esto también es muy genérico aplicable a cualquier profesión. Es un poco trampa y por tanto no voy a entrar en comentarlo. Yo personalmente me lo aplico, pero no por ser funcionario, sino por querer ser mejor persona, mejor trabajador, con independencia de dónde trabaje.

4. Tenemos claro cuál es nuestro rol, nuestras funciones, y los objetivos (los “para-qué”)

Uffff, esto sí que no. Para nuestra desgracia, vivimos en una época en la que la mayoría de los funcionarios públicos no especializados (entre los especializados incluyo a policías, miembros del ejército, sector sanitario, prisiones, sector enseñanza…) carecen de una visión clara reconocida de lo que es su rol, sus funciones y mucho menos sus objetivos. Al no tenerlo tan claro como se afirma aquí, se convierte en un gran desmotivador, en el que las frases “no me pagan por pensar” y “a mí mientras me paguen al final de mes me da igual todo”, están a la orden del día. Escuchar eso de compañeros de trabajo en la Función Pública es muy desmotivador.

5. Nos sentimos útiles: nuestro trabajo al final cubre una necesidad real de los ciudadanos y no una necesidad ficticia interpretada por un intermediario (o pseudo-representante) de ellos

Efectivamente, vuelvo a diferenciar entre sector público especializado y no especializado. En el segundo, la definición de utilidad se diluye como el azucarillo en el agua, porque precisamente suele tener un carácter muy generalista sin efectos o impacto directo en los ciudadanos. Es cierto que somos minoría en la Función Pública, pero también hay que pensar en el sector público especializado que no lo tiene nada fácil. Si comenzamos por el sector de la enseñanza, observamos unas cifras de enfermedad profesional muy altas precisamente cuantos más años esté trabajando esa persona, maestro, profesora…Es escaso reconocimiento social a su labor en sectores de población que no comprenden ni valoren lo que significa un servicio público gratuito hace mucho daño.

6. Notamos el avance, que nos acercamos aunque sea de forma lenta al objetivo marcado

Este es precisamente un gran desmotivador, la continua sensación de que no acabamos nunca de tener los proyectos rematados, de que siempre hace falta algo más, o de que nos desmantelan o privatizan sin miramientos lo que tanto tiempo ha costado llegar a hacer funcionar relativamente bien. No es tanto la lentitud como la obligación de nunca parar, de que siempre tiene que estar abierto, puedas o no puedas, lo hagas bien o sólo a medias, chapuceando para salir del paso contra viento y marea. Suele ser decepcionante y martillea continuamente los ánimos de quienes con optimismo vuelven cada día a la oficina administrativa.

7. Participamos en proyectos de trascendencia, que tendrán un impacto positivo en un colectivo grande de ciudadanos o en un colectivo desfavorecido de ellos, y este impacto perdurará (sentimiento de orgullo)

Muchas veces somos nosostro/as mismos los que pensamos que son proyectos de trascendencia cuando realmente no son percibidos así por la ciudadanía. A veces me quedo pensando si realmente no los proyectamos para nuestra satisfacción personal, para estar “entretenidos” y así motivarnos, auto-engañarnos. Los sistemas de gestión de calidad precisamente intentan siempre obtener la voz del cliente, maldita palabra en manos de funcionarios. Pocas o muy pocas son las encuestas que tienen conclusiones y un plan de trabajo derivado, que se utilice luego en esos proyectos de trascendencia.

8. Podemos poner en práctica todas nuestras habilidades y conocimiento, están salen “a flote” y se aprovechan

Igual de motivador puede ser de desmotivador cuando nadie te pide que pongas en práctica tus habilidades. Incluso diría más, peor aún es que te utilicen, para obtener una información, un análisis o un estudio que finalmente es “reelaborado” externamente por una consultora a la que estás obligado a entregar la información, como a veces es mi caso. Incluso me la han pedido internamente otros compañeros que acaban entregándola a esa consultora contratada por el político de turno que no sabe, ni quiere saber, qué nivel de talento, habilidades y conocimientos tiene la plantilla que dirige.

9. Evitamos vernos reflejados en los “funcionarios institucionalizados” y convertirnos en uno de ellos

¿Debe entenderse a los funcionarios institucionalizados como funcionarios apoltronados? Bien, puedo estar de acuerdo con que la posibilidad de verme comparado con ese tipo “poco frecuente” de funcionario me moviliza, me motiva en extremo, hasta el punto de intentar hacer todo lo contrario de lo que hagan ellos. Si leen el periódico en la mesa, yo no lo leo, si ellos desayunan inmediatamente después de iniciar la jornada, yo vengo desayunado y peinado de casa, si ellos toman un aperitivo a la una de la tarde yo no lo hago…bien, es cierto que es un motivador activo en mi caso.

10. Nos mueve el objetivo de nuestro proyecto, independientemente de nuestra posición laboral y no nos fijamos (en exceso) en el sueldo y la posición de otros

Eso ya no es tan cierto. Entre los desmotivadores que yo mismo he añadido a la lista inicial, mencionaría bastantes, de carácter general (hay que reconocerlo), que influyen muy negativamente en que el funcionario en general, se motive porque le interesa alcanzar el objetivo de su proyecto. Nos fijamos demasiado en los rangos, niveles salariales, y precisamente las comparaciones con respecto al que menos hace, acaban arruinando cualquier proyecto de mejora dentro de las distintas unidades administrativas.

11. Participar activamente en las redes sociales nos permite adquirir nuevos conocimientos y nuevas visiones aumentando nuestras capacidades y nuestro campo de visión

Bueno, realmente es una huida hacia delante de quienes no deseamos alejarnos de las bases sociales que nos mantienen, en una palabra, que no nos sentimos seres de otra galaxia, con privilegios y prebendas especiales, por encima del bien y del mal. En ese caso, y para quienes así pensamos, las conferencias, los grupos sociales, los proyectos más o menos “viables” de cooperación interadministrativa se convierten en una oportunidad para oxigenarnos. Pero no nos engañemos, no es un motivador, sino una automedicación para aliviar nuestra ansiedad.

12. Tenemos una enorme satisfacción cuando conseguimos que un cambio se haga realidad y te llamen de otras áreas mostrando interés para aplicar la nueva fórmula

Es cierto. Me ha ocurrido más de una vez, y también me ha ocurrido que se vuelva contra mí esa llamada, porque hay quienes quieren ese cambio  “llave en mano” sin pasar por  las 8 etapas que resume magistralmente Kotter. Ni saben nada de este autor, ni por tanto, entienden a nadie que haya practicado esas recomendaciones. Todo fácil, ya mismo. Y como no se lo das, eres un mal compañero.

13. Aumentamos nuestra autoestima cuando nos piden colaborar con proyectos para mejorar la situación actual

Este motivador realmente tiene poco recorrido. Lo digo con la experiencia de haber sido llamado en unas cuantas ocasiones para colaborar es proyectos de cierto alcance con objetivos bastante ambiciosos de cambio. Y tiene poco recorrido porque generalmente el esfuerzo dedicado, al menos en mi caso, siempre lo fue a costa de tiempo dedicado a mi propia unidad, es decir, debilitando el desarrollo de mis propios proyectos. Con ese “debe”, si el “haber” externo no llega a materializarse, y no digo ya reconocerse en las altas instancias políticas, el malestar que se va acumulando deteriora progresivamente la imagen idílica que inicialmente tenía de que en esos proyectos es donde se “corta el bacalao”. No siempre es así, más bien, pocas veces lo es, y por tanto, al cabo de unas cuantas experiencias cuando menos indefinidas en cuanto a resultados, decides “reservarte” para aquellos proyectos en los que conozcas quien lo lidera, si te merece confianza y por supuesto, manteniéndote a la expectativa en cuanto a esfuerzo dedicado al proyecto, no sea que acabes quemándote mucho más aún de lo que ya estás.

14. Nos enfadamos cuando sufrimos el encorsetamiento de la administración ampliando nuestro deseo y convencimiento que necesitamos cambiar algunas cosas.

No sé si enfadarse es una motivación. Al menos para mí, es una válvula de escape para mantener mi salud mental más o menos sana. Lo del deseo del cambio lo trato precisamente en unos cuantos desmotivadores nuevos de la lista inicial de 9 que estoy aquí comentando.

15. Nuestras acciones ayudan a “despertar” a algunos, mostrándote su agradecimiento para ayudarles a mejorar y ver la posibilidad de salir del pozo en el que se encontraban sin ver la salida

Aquí hay de todo, como en la botica, porque la palabra “despertar” puede interpretarse de muchas maneras, y algunas no son precisamente deseables. Aun así, este es, junto con la vocación de servicio público, el otro gran motivador, la idea de arrastrar, liderar, dar ejemplo de buen hacer para rescatar a los y las funcionarios rescatables, la de crear tejido funcionarial sano que permita construir órganos administrativos que consigan producir bienes y servicios públicos de calidad.

16. Recibimos mayor confianza de otros colegas de trabajo, mostrándote sus problemas y sus necesidades, que hasta ahora no habían sido capaces de exponer

Creo entender la frase, pero no lo aplicaría a algo motivador. Realmente aquí estamos hablando de lloros y confesiones varias, además de chascarrillos varios, que se ven incrementados sobremanera cuando alcanzas jefaturas de nivel intermedio, donde la soledad es algo habitual. Esa soledad del capitán en el frente de batalla es la imagen que me viene a la mente y que se intenta remediar con entradas en tu despacho y cierre de puerta para poder “aliviarnos” mediante una comunicación franca con alguien de confianza. Pero eso no es precisamente algo motivador, sino un signo de la desunión interna que caracteriza a los miembros de la Función Pública.

17. Los proyectos en los que participamos requieren mucha dedicación y no estamos dispuestos a dedicar tiempo a enfadarnos con la situación y vernos afectados por el entorno. Eso nos impediría avanzar

De nuevo estamos en una situación egoísta, que comentaré más tarde. Es decir, en lugar de luchar contra un sistema obsoleto y poco eficiente, una vez que tengo algo que hacer, me sumerjo en un trabajo más o menos gratificante para mí, y me olvido del resto del mundo, incluso de si el proyecto en el que trabajo tiene futuro, sirve para algo o si acabará en el cubo de la basura. No es algo motivador.

18. Estamos convencidos que quejarse y no hacer nada no mejorará la situación. Lo único que puede mejorar la situación es actuar

No hemos avanzado respecto al punto anterior. Queremos actuar, lo que consideramos motivador, pero actuar con lo que sea, con lo que tengamos a nuestro alcance, estar entretenidos, para acallar nuestra conciencia, para sentirnos útiles. Y ahí es donde empleamos nuestras energías, olvidándonos de los objetivos de gran alcance que sean comunes a todas la Administraciones Públicas.

19. Sentir que contribuyo positivamente a la sociedad y que el dinero público está bien invertido

Seguimos dando vueltas a lo mismo, a la idea de que realmente nos estamos ganando el sueldo que nos pagan los demás ciudadanos, tranquilizando nuestras conciencias. No veo nada distinto del gran motivador, el principal, “tener vocación de servicio público”.

Desmotivadores

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1. Se cuestione nuestro trabajo o la forma en que lo realizamos

Suele ser habitual escuchar frases negativas de quienes nos gobiernan, de los medios de comunicación adictos a esos gobernantes, al sistema partitocráctico que tiende sus tentáculos por todas partes, cuando se refieren al trabajo “en general” de los funcionarios. La entrevista a Rosell, presidente de la patronal por parte de Jordi Ebole en el programa Salvados, no tiene desperdicio. Llega a decir ese señor, que un ministro le había “confesado” al abandonar su cargo que no pudo hacer nada durante ese tiempo porque los funcionarios de su ministerio le tenían bloqueado. En fin, con semejantes patrañas y dislates, cómo no vamos a desmotivarnos.

2. Sólo se tienen en cuenta detalles menores y secundarios de nuestro trabajo

Realmente no se tienen en cuenta, porque no tienen ni idea de lo que hacemos. Jamás en mi vida de funcionario en 25 años he visto a un alto cargo político pasar revista a las distintas funciones que deben llevarse a cabo en su Unidad, departamento, o como lo queramos llamar. Si no saben qué hacemos, si les importa un bledo, cómo van a distinguir lo principal de lo secundario. Esa actitud política, de los que llegan cada vez que hay un cambio en la cúpula, ya es previsible para mí, y para la mayoría es desmotivadora. A mí personalmente ya no me desmotiva, sino que es una aliento para indignarme y movilizarme en la denuncia del sistema actual.

3. No hay una valoración (no nos referimos al reconocimiento sino a dar valor) del esfuerzo realizado

Por supuesto que ni hay valor, ni medida de nada o casi nada. Ahora, sólo ahora, en el informe CORA he leído que se pretende medir la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Por supuesto que no hay mención al cómo, ni se habla de cómo relacionarlo con el dimensionamiento de las distintas unidades administrativas. A los veteranos nos desmotiva cómo se da la espalda al problema, por parte de la clase política, sea del color que sea, y se buscan alternativas “interesadísimas” para evitarnos, en forma de contratos no necesarios, convenios, privatizaciones, etc. Claro que desmotiva ese comportamiento.

4. No tenemos la posibilidad de decir “NO” a las tareas que se nos encomiendan o a dudar de la forma en que hay que ejecutarlas (justificando la negativa, claro)

Alguno dirá que eso va con el cargo, pero no es así. Creo que se puede y debe decir que no, motivando especialmente cualquier ilegalidad. Más adelante comento temas relacionados como el mutismo, el servilismo, etc.

5. Todas las decisiones se toman pensando en el ahora (la coyuntura), no hay una proyección en el futuro de nuestra misión (una visión clara)

Es uno de los aspectos más desmotivadores a tener en cuenta si queremos mejorar la Función Pública. Y es tanto más perjudicial cuanto más alto te encuentras en la jerarquía y cuanto más te preparas y actualizas tus conocimientos. Es realmente penoso observar que los conceptos plan estratégico, desarrollo operativo de planes, indicadores, cuadros de mando, etc, en general son desconocidos, o peor aún, manipulados por los cuadros políticos de turno, para hacer ver que están al día en materia de gestión, cuando realmente no tienen ni idea, y que incluso, lo único que pretenden en sacar el máximo partido al presupuesto que manejan de una manera poco edificante. Esto también desmotiva y mucho.

6. No nos identificamos con nuestra organización: cuando nos presentamos en otros foros no laborales

Ah, sí, la vergüenza de confesar que somos funcionario/as…Que suele ser por dos motivos. El primero es el de evitar que nos miren con odio, envidia, desprecio o similar cuando nos identificamos como funcionarios, y la segunda es la de evitar que nos hagan “encarguitos” cuando descubren que podemos serles útiles a esos amigos, familiares, vecinos, etc. Generalmente son los funcionarios de Hacienda los que más lo ocultan, especialmente al comprar algo que podría hacerse sin factura y escamotear “por una vez “ el IVA. Si confiesa que es de Hacienda, no habrá ni un solo comerciante al que consigas convencerle de que te haga el favorcito.  Pero dejando a un lado los chascarrillos varios, lo cierto es que no sentimos ningún orgullo de ser lo que somos, servidores públicos. No sé si es desmotivador o más bien un síntoma de nuestra baja estima.

7. La tareas se hacen “como siempre”, siguiendo el procedimiento establecido, como si fueran mandamientos divinos

No es que esto sea desmotivador, sino más bien, que no se establezcan sistemas de calidad en la que la mejora continua de esos servicios públicos para aumentar la satisfacción del ciudadano sea el objetivo principal. Debería ser obligatorio que cualquier administración pública, y cualquier servicio público estuviera amparado o inscrito en un sistema de gestión de calidad, lo que daría voz y sentido a quienes tienen ideas o propuestas de mejora. Así no quedaría en manos de cualquier jefe o jefa que no quiera complicarse la vida, que no se implique (volveré sobre esto de la implicación de jefaturas más adelante).

8. En la Administración todavía se trabaja bajo modelos “jerárquicos”, en lugar de apostar por modelos más “redárquicos” (en red) por lo que no se aprovechan todas las capacidades (fuga o desperdicio de talento)

Más que de fuga, que en época de crisis suele ser algo muy hipotético y casi no se ve, hablaríamos de desperdicio de talento. En su momento, hace más de 15 años, pasada la euforia de la NGP, llegó la moda de la red, del trabajo en red. Me entusiasmé con la idea. Leí a Castells y su sociedad en red, y a muchos otros hablando de sus enormes ventajas. Ahora estoy en una fase bastante menos eufórica porque percibo un problema insoslayable: a nuestra clase política no le interesa  que trabajemos en red, que simplifiquemos, que innovemos en gestión. Perderían sus chiringuitos. Ahora son el gran problema para el cambio.

9. La pasividad del funcionario.

Lo diferencio del mutismo, que es comentado más tarde. Aquí me refiero a la inacción continuada ante avances necesarios que hay que poner en marcha cuanto antes pero que son sistemáticamente ignorados, actuando como los avestruces, metiendo la cabeza en la arena ante cualquier amenaza en el horizonte, o utilizando el “lanzamiento” de documentos a otras unidades administrativas para quitarse el problema de encima (hablo de irresponsabilidad más adelante). Me viene a la memoria la canción “el aldeano tiró, tiró la piedra…”.

10. El sentido trágico de nuestro sino.

Se ha comentado en diversos puntos anteriores y en general en la frase más desmotivadora que puede escuchar un funcionario recién obtenida su plaza en una oposición: “muchacho/a, aquí no se puede hacer nada para mejorar. Cuando lleves 5 años aquí me darás la razón”. Lo tenemos metido hasta los tuétanos, y cuantos más años tengas de servicio más adentro.

11. Nuestra cobardía o de la que nos rodean.

Aunque ya he comentado algo en alguna propuesta “motivadora” insistiré algo más aquí. En general el funcionario es cobarde, somos cobardes ante los problemas que le ocurren a los demás compañeros, especialmente si son luchadores, perseguidores del cambio, o si se atreven a decir que no al poder político de turno. Sin saber muy bien cómo, esa cobardía va tejiendo una especie de capullo donde el funcionario díscolo queda recluido, apartado, como un bicho raro, alguien al que es mejor no hablar ni encargar nada, no sea que el poder te marque a ti como enemigo también, y por tanto, corras su misma suerte.

12. El pesimismo creciente.

Y si sumamos el mutismo, el sentido trágico de nuestro sino y nuestra cobardía, acabamos desarrollando un pesimismo creciente que lo invade todo y que contribuye a desmotivar intensamente al personal.

13. Nuestra insolidaridad cívica.

Tal vez derive de nuestra cobardía y del mutismo tan desarrollado que tenemos, de oír ver y callar, que algunos internamente lo alaban diciendo “para eso somos funcionarios”. Nos desconectamos de la sociedad que nos da de comer, que da sentido a nuestro trabajo. Ni calidad, ni satisfacción del ciudadano, ni nada de nada, ausentes, enclaustrados en nuestras oficinas, detrás de mostradores, o como mucha innovación, con una mesa de casi un metro de ancho entre nosotros y el ciudadano. Y si hablamos ya de conexión global con la sociedad, sólo tenemos que ver los datos de participación activa en huelgas generales o movilizaciones ciudadanas. De nuevo, quienes se quedan dentro lo justifican con el consabido “para esos somos funcionarios”. Pero claro, luego escondemos nuestra condición a los vecinos y en general a cualquier ciudadano con el que nos encontremos. No somos consecuentes.

14. La envidia.

Es verdad que tiene un carácter general, pero en el caso de los funcionarios es realmente doloroso y desmotivador observar que se antepone a cualquier concepto de servicio público eficiente.  Por ejemplo, vivido por mí como ciudadano y como funcionario: el otro lado del mostrador de atención al público está vacío, el ciudadano espera resignado, pero nadie se levanta a atender porque fulanito o fulanita que debería estar ahí gana más, precisamente por hacer esa labor. Nos da igual lo que sufra el ciudadano, incluso le ignoramos visualmente, e incluso si llegamos por casualidad a atenderle mostramos nuestro enfado, nuestro cabreo por el hecho de haber tenido que sustituir a un compañero/a que gana más que nosotros, e incluso remarcamos nuestra “hipotética” ignorancia respecto al trámite al que nos está obligando la presencia del ciudadano... Y aquí enlazamos con otro desmotivador.

15. La irresponsabilidad y la arresponsabilidad

Aquí lo he observado en todas partes y en todos los niveles o categorías profesionales, sobre todo cuando tenemos que hacer algo obligados, algo que no acabamos de dominar o que nos llega en un momento realmente inoportuno. Por ejemplo, justo antes de nuestro descanso matutino, del archiconocido “desayuno” (sí, el de las 11 de la mañana…). Pobrecito ciudadano que llegue a esa intempestiva hora porque se encontrará bajo mínimos las oficinas, con personal que muchas veces, la mayoría innecesariamente se declara  “arresponsable” de sus actos en sustitución del titular del puesto. O cuando cogemos el teléfono que no para de sonar, simplemente para que deje de darnos la lata, y atendemos a un mínimo nivel de atención la pregunta del ciudadano, limitándonos a “coger el aviso” o a “dejar una nota al que lo lleva”. Eso sí, la nota tomada carece de casi todos los datos mínimos que hacen que el pobrecito “que lo lleva” sea capaz de preparar de antemano la respuesta, y tenga que requerir del ciudadano “de nuevo” toda la información que ya expuesta en la primera llamada. Y caemos esta vez en irresponsabilidad, cuando hemos tomado esa nota, la hemos dejado sobre la mesa “del que lo lleva” y ni nos volvemos a preocupar de si “el que lo lleva” ha llamado, o ha vuelto de su baja, o si sus vacaciones serán más largas de lo que creíamos.  Nos hacemos irresponsables cuando nos empeñamos en crear un auténtico caos interno en las oficinas al obsesionarnos con pedir las vacaciones todos en las mismas fechas, obligando a crear a las jefaturas o incluso mucho más arriba normas internas de funcionamiento draconianas, del tipo “no firmo ninguna hasta tener todas las solicitudes sobre mi mesa”. Algo que tendría que ser un procedimiento de auto organización de los funcionarios se convierte en una batalla campal donde asoman y a la vez se esconden todas las envidias, egoísmos e insolidaridad que llevamos dentro y que la Función Pública promueve constantemente. También somos irresponsables cuando actuamos de mala fe, emitiendo informes vacíos que no dicen nada para evitarnos problemas, llenos de ambigüedades y en los que no hay intención de ayudar en nada a quien no lo ha pedido, y mucho menos cuando se entrecruzan problemas de adscripción orgánica, categorías profesional o enemistades-amistades personalísimas, inconfesables e incompatibles con el espíritu del servicio público y de la Función Pública. Es un gran desmotivador para quienes no lo practican.

16. El “trepismo”, el “salto de la cabra” y “la puerta giratoria”

Las he incluido todas en este punto porque se refieren a lo mismo, a cambios inesperados en la estructura orgánica y no tanto en la categoría profesional, que provocan auténticos terremotos en las unidades administrativas que se ven afectadas. Empecemos por el primero, el trepismo. Quizá es el que más similitud tiene con el sector privado. Se caracteriza por la convicción profunda del que trepa de que debe hacer algo para acelerar su carrera hacia la cumbre, que si es en la Administración, pasa, dependiendo de su categoría profesional, de conseguir el puesto de trabajo que tenga el máximo nivel al que tiene derecho. Mediante todo tipo de actuaciones, artimañas y sobre todo, buenas “conexiones políticas” consiguen lentamente llegar allí. Digo lentamente, porque a diferencia de los que hacen uso del “salto de la cabra”, se toman su tiempo para asegurar que no habrá caída. Si saltas mucho, puedes no alcanzar el punto de destino, o alcanzarlo, sostenerte por un pequeño lapso de tiempo y finalmente venirte abajo. Suele ocurrir mucho en las Administraciones Públicas con las libres designaciones, que promueven, por estar muy mal diseñadas normativamente, saltos espectaculares desde técnico a puestos altos, saltándose toda la estructura de mandos intermedios, donde según los políticos al mando “no hay cantera apropiada” o porque “nadie de en medio tiene interés en el puesto”. Es evidente que si no fuera de libre designación, expuesto a los deseos inconfesables y consiguientes iras políticas del que manda cuando no eres obediente y servil, otro gallo cantaría. Todo esto desmotiva sobremanera, y muy especialmente a quienes están en esos mandos intermedios, entre los que me incluyo.

Y no olvidemos la “puerta giratoria”, esa extraña característica de la Administración Pública española que facilita sin el más mínimo pudor, sin mencionar jamás la incompatibilidad por razones de intereses públicos afectados y comprometidos, la entrada y salida de funcionarios en el sector público, y peor aún, la de altos cargos políticos que vienen del sector privado, justamente de aquellas compañías que luego tienen participación activa en contratos públicos. Se imaginan qué contento está mi amigo (caso real) cuando exige al contratista que cumpla lo estipulado, y éste llama a su exjefe que curiosamente es el máximo responsable político actual de la unidad administrativa en la que trabaja mi amigo, para pedirle que le dé “un toque”. Es descorazonador ve su cara tomando café y contándote cómo no consigue meter en cintura al contratista, que “se escurre como una culebra” e incluso  se ríe a la cara de cualquier petición bien fundamentada.

17. Las mentiras insidiosas

De nuevo, este desmotivador podría utilizarse en el sector privado y tendría los mismos efectos. Se le miente al ciudadano, se le miente al empresario, respecto a otros compañeros, respecto a jefes y altos cargos. Engordamos los problemas sencillos a sabiendas de que no es para tanto. Hacemos crecer la bola de nieve de cualquier noticia no habitual, y practicamos con habilidad la técnica del “teléfono roto” también de un modo consciente. Y si ya se trata de “jovencito/as” recién llegados a la Función Pública les intentamos manipular con nuestros viejos vicios, buscando “hacerles de los nuestros”, y si se trata de veteranos recién incorporados de otros destinos mediante concursos internos, llevamos a cabo un interrogatorio sibilino y continuado en el tiempo hasta tener “perfectamente catalogado/a” a la nueva incorporación, simplemente por sentirnos más seguros de que “todo sigue igual”.

18. La desunión interna

Hace tiempo que me di cuenta de que jamás se conseguiría crear una fuerza de choque, de cambio y modernización de las Administraciones Públicas desde dentro, originado en las propias filas de funcionarios y funcionarias. Si alguna vez se ha logrado algo ha sido siempre porque algún funcionario ha llegado a Ministro del ramo y ha conseguido que se legislara favorablemente para ese cambio. Nunca vemos colectivos de funcionarios organizados a favor de una nueva administración. Hace casi un año apareció una iniciativa en Linkedin a la que intenté sumarme, pero en vano. No sé muy bien qué ocurrió pero ni obtuve respuesta ni he vuelto a oír nada sobre ella. Supongo que finalmente el organizador tuvo presiones de todo tipo, desde buenos compañeros que te aconsejan que “no te metas en líos”, y familiares, que no comparten contigo la vocación de servicio público, y que también influyen mucho en ese escaso interés por asociarnos con el resto de compañeros para crear ese frente, o esa ola de cambio profunda de la Función Pública. La pasividad acaba siendo la consecuencia.

19. Nuestro egoísmo funcional

Sí, somos egoístas hasta extremos inimaginables cuando defendemos nuestra parcela de trabajo, nuestro pequeño mundo. Que nadie ose amenazar esa autonomía funcional (sobre todo si tienes una jefatura, por muy insignificante que sea), que nadie intente reorganizar lo que tenemos bien organizado a nuestra manera, que nadie nos obligue a intercambiar datos con otras unidades, o a seguir nuevas normas, nuevos procedimientos, o peor incluso, que nadie intente asumir con carácter más general una nueva iniciativa, un cambio que “nosotros inventamos y pusimos en práctica”, porque nadie sabe tanto como nosotros del tema y evitaremos como sea que “otro se lleve los méritos porque ahora se verá mucho más”. Y es que como la falsa moneda  tiene dos mismas caras desmotivadoras: no ver reconocido un mérito propio que nosotros con nuestro esfuerzo hemos sacado adelante, y otro, ver reconocido el mérito del que copia nuestro “invento” en un nivel más elevado, y más cercano al poder, al que finalmente lo valora y premia. Casi preferimos callarnos y que nuestro invento, pequeñito eso sí, se quede estancado por falta de promoción interna, para evitarnos el disgusto de no ser reconocidos en la justa medida.

20. Nuestro “garantismo”.

Puede tener también dos caras. La primera se refiere a los efectos negativos y dilatados en el tiempo de actuaciones tan garantistas. Es tan exagerado que muchas veces desmotiva al mejor funcionario que pueda existir, precisamente porque se utiliza como una venda que se pone antes que la herida. Por ejemplo, esas frases lapidarias, profundamente desmotivadoras del tenor “para qué vas a intentar abrirle un expediente disciplinario si no sirve para nada”. Es cierto que algunas veces no sirve, pero cuando la inacción tiene asociadas otras causas como la pereza, la irresponsabilidad, el amiguismo o la cobardía, provoca un daño espectacular, exageradamente desmotivador, sobre todo entre quienes están al lado, que observan y toman nota, normalmente para rebajar su nivel de motivación.

Respecto a la otra cara de esta otra moneda desmotivadora tenemos la utilización de la Ley de Procedimiento Administrativo y derivadas a nuestro favor, alargando los procedimientos innecesariamente, olvidándonos de la eficiencia administrativa, retrotrayendo procedimientos para “disfrutar” con los vericuetos, o peor aún vacíos legales no  previstos por el legislador, en una especie de desafío del funcionario avezado que le dice internamente “yo sí que sé de esto y no esos diputados”. Realmente desmotiva encontrarte con actitudes de este tipo, que torpedean la labor administrativa básica, impidiendo soluciones sencillas y baratas, incluso con la aquiescencia del ciudadano administrado, simplemente porque quiere hacer valer sus conocimientos, su puesto y su poder.

21. Nuestro espíritu acomodaticio

Y lo relaciono directamente con la desunión interna característica del funcionariado español. En lugar de presionar, organizarnos y promover el cambio, nos acomodamos a las malas situaciones, a los políticos nefastos que nos puedan tocar en suerte, diciendo en nuestro interior “a ver cuánto dura éste en el cargo”, porque si tenemos experiencia sabemos que nosotros seguiremos pero él o ella se irá. Nos aplicamos la máxima de “esperar ver pasar al ataúd de tu enemigo”. Se convierte en una actitud desmotivadora para quienes no están de acuerdo con el sistema actual, comprobando que se quedan solos, en el esfuerzo del cambio, que hay demasiado “lastre funcionarial” que impide la maniobra.

22. Nuestro servilismo trasnochado

No podía faltar este desmotivador. El servilismo es la deformación del espíritu acomodaticio, el aceptar lo que sea, cualquier orden, cualquier estupidez del que manda, con tal de no buscarnos problemas. Haremos lo que sea, con tal de que no me miren mal, incluso incumpliendo la Ley en algunos casos, o evitando mencionar ese incumplimiento a quienes nos están exigiendo algo y que luego deriva en lo que viene ahora.

23. Nuestro secretismo

Sabemos mucho y lo ocultamos a sabiendas. Lo diferencio del mutismo, del que hablo en el siguiente desmotivador porque hay una parte activa, que en el mutismo se queda en pasividad, en no actuación. Cuando actuamos secretamente, buscamos lavar nuestra cara en actuaciones que sabemos que por nuestro servilismo no son del todo correctas. Podemos por ejemplo, no remitir al boletín oficial correspondiente algunas actuaciones, y si nos las reclama alguien, disimular diciendo que ha sido un despiste. Podemos escamotear algún documento comprometedor que no llega a formar parte del expediente, o que estando inicialmente, deja de estarlo, sin que se sepa muy bien qué ha pasado.

24. Nuestro mutismo

Es una actitud pasiva, pero que también desmotiva a quienes lo perciben. Podemos callar ante un hecho que sabemos que conducirá al desastre, simplemente por venganza, o porque no queremos meternos en líos, que acaben volviendo como un boomerang contra nosotros, en forma de carga de trabajo o de complicaciones de diverso tipo, alterando nuestra balsa de aceite. También se puede observar en esas participaciones en reuniones técnicas en las que se dilucida mucho para el resto de compañeros y que no llegan a ser comentadas, ni resumidas, ni comunicadas, no sea que se altere el “buen clima laboral” existente y me vengan con reclamaciones que tendré que defender en sucesivas reuniones, complicándome la vida.

25. La promoción interna.

El sentimiento de estar dentro de una “jaula de oro” se puede dar tanto al principio como al final de la carrera profesional, puesto que depende del ansia de promoción de cada cual. Hay quien jamás llega a tenerlo y se mantiene eternamente en el puesto en el que entró desde la oposición, y hay quien no para de concursar sin ton ni son, esperando encontrar su puesto ideal donde pueda desarrollarse profesionalmente plenamente. No saben al principio que no depende del puesto, que los puestos van y viene, y las jefaturas y cargos políticos de los que dependen también, y por tanto, las incógnitas a despejar son tantas, que ni el superordenador Deep Blue sería capaz de lograrlo. Al final se desmotivan amargados ante la falta de futuro.

Junto a estos, nos encontramos con los veteranos que alcanzan el techo de cristal de los puestos de concurso, y no les apetece para nada, luchar por un puesto de libre designación que está mal planteado, ya que ni tiene carácter directivo, ni tiene especiales circunstancias, tal y como indica la Ley. No, es un puesto de jefatura normal, pero que quiere ser controlado por el poder político y por tanto, se le pone el filtro, disolviendo como el veneno más potente la solidez del entramado organizativo constituido y por tanto, laminando las posibilidades de promoción hacia arriba. Si añadimos en muchos casos las nulas posibilidades de promoción horizontal entre administraciones públicas, el sentimiento de estar en una “jaula de oro” se convierte en una pesada losa tanto para el propio inquilino de la jaula, como para los compañeros o jefes “propietarios” de la jaula que ven que el pajarito se les está muriendo de tristeza y no tienen nada para animarle.

26. El modo de reclutamiento y de promoción.

Realmente es aberrante comprobar que una y otra vez consiguen introducirse en las filas de funcionarios y funcionarias, elementos no deseables, que ni tienen vocación de servicio público ni el más mínimo interés por el trabajo bien hecho. Pasar la oposición se convierte en el “objetivo final”, para aterrizar en un mundo placentero e idílico, sumando efectivos a ese tipo de funcionario/a que reproduce el sistema actual, que invita al inmovilismo. Así no vamos a ninguna parte. Si no conseguimos reclutar a quienes quieran ejercer un buen servicio a los ciudadanos, difícilmente conseguiremos cambiar el sistema.

Esto por no hablar de la carencia de un sistema “altamente efectivo” de movilidad interadministrativa, dejando a un lado la decimonónica “permuta”,  con sistemas de concursos nacionales, que incluya a todos los niveles, desde la AGE, las comunidades autónomas y a los entes locales. Aunque sea difícil, debe hacerse cuanto antes. Y para cuándo los sistemas de acceso unificados, con OPEs generales. Las elites políticas locales lucharán a brazo partido por hundir ese proyecto, pero si no queremos jaulas de oro, desmotivación, tenemos que avanzar en este aspecto.

Y qué decir de las libres designaciones, lo que llamé en su tiempo “libre indignación” de quienes vimos la expansión creciente de esa figura en las relaciones de puestos de trabajo, fuente de corruptelas, silencios, servilismo y tantos y tantos factores desmotivadores.

27. La falta de compromiso de las jefaturas

 No hay peor desmotivador para cualquier funcionario de cualquier administración pública que comprobar que tu superior inmediato no se compromete para nada. Aquí voy a volver a contar la historia de los huevos con tocino, que me contó mi buen amigo Txomin Basaguren durante unas jornadas de formación en materia de calidad en la Administración Pública. Nos decía que para apreciar la diferencia entre comprometerse y colaborar debíamos tener en cuenta cómo se cocinan los huevos con tocino. En este caso,  la gallina “colaboraba”, pero el cerdo “se implicaba”. No hace falta decir más para entender qué debemos hacer los jefes y jefas respecto a nuestras tareas, cómo implicarnos, o de lo contrario, la desmotivación se extiende como una mancha de aceite entre nuestros colaboradores o subordinados. Si les llamamos colaboradores tendremos claro hasta dónde llega su nivel de implicación o compromiso, que en resumen, viene con el puesto de jefatura. No nos engañemos.

28. Carencia de la unidad de “servicios internos”

 Vemos en las pelis policiacas, sobre todo en las americanas, a estos señores de oscuro, serios, malencarados, provocadores, los de “servicios internos” que intentan mantener la disciplina en un cuerpo armado y dotado de autoridad administrativa. Casi nada. Pues bien, cuando lo trasladamos a la realidad administrativa española, nada de nada. Sí que hay un procedimiento sancionador, profundamente garantista, faltaría más, pero que queda en manos ejecutivas de los propios funcionarios. Se forma una especie de jueces instructores que elevan a Función Pública sus averiguaciones y conclusiones para que sea redactado el fallo, sancionador o no. Pues bien, casi nadie de quienes han sido llamados para actuar en esas instrucciones se ha sentido capaz de llevarlo a cabo. Es una tarea más que te asignan, que se suma a lo que ya tienes habitualmente. Imagínense el nivel de implicación que se puede llegar a tener, y eso frente a un compañero funcionario/a al que tienes que juzgar en primera instancia. Simplemente no funcionan correctamente, es un procedimiento trasnochado, lento y farragoso, costosísimo en tiempo, y poco especializado. La sensación de hacer mal las cosas y de que hay muchos de esos pocos funcionarios sinvergüenzas que consiguen librarse de una sanción grave o mejor aún, muy grave que llegue a apartarles definitivamente de la Función Pública, socava la moral general, lanzándose al aire frases del tipo “aquí no hay nada que hacer”, “se va a ir de rositas”, “siempre acaban encontrando una mala excusa que se acepta”, que tienen una  fortísima carga de desmotivación. O profesionalizamos en la Función Pública la existencia de personal especializado en estas funciones disciplinarias internas o seguiremos viendo a los “malos” campando a sus anchas, arruinando la ilusión de quienes quieren hacer bien las cosas. Necesitamos a un buen sheriff que imponga la Ley y el orden.

Y hasta aquí he llegado. Me temo que demasiado lejos. Sé que podría haberme extendido mucho más, pero seguro que acabaría aburriendo a toda aquella persona que con ilusión había iniciado la lectura de una entrada en este blog que habla de la motivación del funcionario público. Casi nada.