El escándalo político y social está servido en España. El caso Gürtel de financiación ilegal del Partido Popular se ha salido de madre, como un enorme tsunami ha invadido hasta el último rincón de España. Podría decir que se veía venir, algo que se ha insertado en el subconsciente de todos los que estamos más o menos cerca de los políticos hasta hacerse parte del pensamiento colectivo, de todos los que lo piensan pero no lo dicen, de todos los que hablan de ello pero con precauciones, y de los que ya lo decimos abiertamente pero sin esperanzas de que sirva para algo, de que alcance el corazón y el intelecto de los ciudadanos y se convierta en un revulsivo social. Realmente he de confesar que siempre veo a las misma personas críticas, incluyéndome también por supuesto, denunciando una y otra vez una forma de llevar los asuntos públicos que está muy lejos de ser virtuosa. Pero ahí se suele acabar el activismo social. El resto calla, y como se dice en España, con ese silencio otorga complacencia.
En mi última entrada de este blog, hace ya un par de semanas, empecé a tocar precisamente este tema y por tanto, he decidido seguir profundizando en él, pero con un matiz. Ya no incluyo ninguna pregunta, creo que he conseguido demostrar que no son "nuestros" políticos, que realmente se han constituido en elites que nos gobiernan a nuestro pesar, tanto de los que nos oponemos abiertamente como de los que no quieren esforzarse en intentar cambiar las cosas. Ahora ha llegado el momento de seguir profundizando en la maquinaria burocrática interna de esos partidos que alimenta esa autonomía.
Precisamente relacionada con ella, con la autonomía, aparece el concepto de interdependencia que descubrí en una obra de un psicólogo, dirigida fundamentalmente a la autoayuda, dentro de todo ese conjunto de libros que necesitamos leer cuando nos encontramos en horas bajas, cuando nuestro autoestima está por los suelos. Siempre me ha gustado pensar que no sólo se aplica a las pequeñas redes sociales, sino incluso a las más grandes, del tipo de entidades político-territoriales, llámense comunidades autónomas, países, estados, continentes...Pero el hecho de ser consciente de que somos parte de un conjunto más grande, de que nuestras acciones afectan de un modo u otro al que tenemos al lado, sea cual sea la escala política social o económica que estemos considerando, de que nos necesitamos constantemente, del hecho de que nadie está por encima, de que puede imponer su voluntad sin acarrear una consecuencias insospechadas, todo este razonamiento en definitiva conduce a una forma de ser, sentir y vivir completamente diferente a la que estamos acostumbrados a percibir en la mayoría de nuestros políticos.
Es evidente que cuando un grupo de interés político (ya no me atrevo a llamarle ni siquiera partido político) se constituye, consciente o inconscientemente, en un ente autónomo, su sintonía, su acercamiento al común sentir de la ciudadanía con la que se debería relacionar queda absolutamente rota, limitada únicamente a los escasísimos momentos "de la verdad" en periodos de campañas electorales. Y ni siquiera ya puede decirse que sirvan de algo en España. La realidad mediática nos muestra una y otra vez auditorios, cines y teatros, incluso plazas de toros y palacios de congresos, abarrotados de "simpatizantes" agitando banderas y asintiendo a gritos a los incendiarios discursos de los líderes de sus partidos, perfectamente sincronizados con los momentos en los que las cadenas de televisión conectan en directo para "relatar" los diversos acontecimientos de ese día de campaña en tal o cual lugar de la geografía española. Estas elites políticas han conseguido adulterar definitivamente los procesos electorales, dejándolos sin valor alguno, eliminando cualquier posibilidad de debatir en profundidad los asuntos que realmente demanda la ciudadanía: trabajo para todos, eficiencia administrativa, excelencia en la prestación de los servicios públicos, tranquilidad social, progreso y desarrollo económico equilibrado, sin grandes desigualdades sociales.
Ya lo he comentado en otra entrada de este blog, la enorme decepción recogida en el último gran debate entre los líderes del PP Mariano Rajoy, actual Presidente del gobierno de España y del PSOE Alfredo Rubalcaba, en noviembre de 2011. El primero consiguió salir del debate televisado sin hacer ni una sola precisión acerca de su programa electoral. Fue una auténtica burla, un gran desprecio hacia el electorado. Se sentía en una posición ganadora, totalmente independiente de la voluntad general de los españoles, decepcionados con la última etapa del gobierno socialista de Zapatero. Abusó por tanto, demostrando con hechos, lo que sienten en los grandes aparatos burocráticos de la mayoría de los partidos tradicionales.
Pero todo esto tiene un coste, un gran coste económico. Las grandes burocracias de los partidos, su necesidad de controlar absolutamente todos los resortes del poder tiene un gran coste, que no quieren hacer visible a la ciudadanía. Pocas personas se preguntan por el coste de mantener esas grandes estructuras, o cuánto les cuesta participar en las elecciones. Principalmente porque desconocen la enorme tela de araña que ellos han construido para mantenerse en el poder, sea cual sea la opinión mayoritaria de la ciudadanía, e incluso también porque esos ciudadanos están convencidos de que los procesos electorales no sirven ya para casi nada.
Ahora bien, si observamos desde esta clave, es decir, desde la búsqueda de la absoluta autonomía económica de los partidos políticos, comprenderemos fácilmente todo el nuevo ideario pseudo ultraliberal que se encuentra en la base de "reformas" económicas, sociales y políticas que está impulsando el Partido Popular o cualquier otro partido nacionalista que tenga a su alcance el gobierno de su respectivo territorio, como reciéntemente hemos visto con CiU en Cataluña. Este oscuro ideario tiene una relación directa con:
Si entramos a analizar el primer punto, vemos que los intentos continuos de definir y controlar la contratación pública se vienen abajo cuando el objeto de cualquier contrato, aquello que se quiere contratar, está fuera absolutamente de lo que dictan esas leyes. Difícilmente se puede decir que un gobierno, y el partido político que lo sustenta, actúa con buen criterio, pensando en la ciudadanía, cuando no tiene en cuenta todo el proceso de definición de necesidades ciudadanas, tanto a corto como a medio y largo plazo, los grupos de interés afectados, los costes finales de mantenimiento de esas infraestructuras, si habrá un precio público por su utilización o no, y si lo hay cuál debiera ser. Tenemos por desgracia demasiados ejemplos de gigantescas infraestructuras viarias "de peaje" por las que no circula prácticamente ningún vehículo y cuyo coste de mantenimiento no es cubierto con los peajes. ¿Por qué se iniciaron esas obras?¿Qué interés oculto hay detrás de esas iniciativas políticas y de grandes grupos inversores privados? ¿Por qué se hurtó a la ciudadanía un gran debate social sobre su necesidad, alternativas posibles, costes directos e indirectos?
Por tanto, de poco sirve detallar con pelos y señales el procedimiento de contratación si no se amplía a la determinación de qué debe contratarse, y posteriormente, cerrando el ciclo de mejora continua, evaluando la calidad del producto, proyecto, obra faraónica, etc que se ha entregado, a qué costes de mantenimiento y con qué beneficios sociales inmediatos y futuros. ¿Sabe alguien de algún partido político, de algún gobierno es España que haya evaluado con criterios objetivos previamente establecidos y aceptados, a los contratistas y al producto de esos contratos públicos? Es más, ¿ hay alguna forma de añadir a los famosos perfiles de contratistas, una nota, una calificación de cada trabajo realizado por parte de las administraciones contratistas, o algo... quiero decir, como obligación legal en una hipotética Ley Definitiva de Contratación Pública en la que quien contrata, valora conciezudamente como parte de su trabajo por ser responsable de fondos públicos? Es que ya empiezo a estar harto de estudiar y reestudiar nuevas leyes de contratación, remiendos, textos refundidos, etc que no acaban de dar una visión global del problema.
Porque por este lado se nos escapan fácilmente los partidos políticos cuando gobiernan para conseguir esa autonomía financiera (cuando están en la oposición tienen muchas menos facilidades), ya que da igual que el contratista sea un chapucero, un liante y que tengas asegurado un "coste sobrevenido" que llevará por la calle de la amargura a cualquier solícito funcionario adscrito a las unidades administrativas responsables de la contratación pública, sea la que sea, esté donde esté. En mi opinión, no interesa hacer ese examen final a los contratistas. No interesa a los partidos políticos porque los buenos empresarios, los que traen buen producto y servicio, alcanzarían buenas calificaciones y tendrían grandes posibilidades de obtener contratos públicos por sus propios méritos y se independizarían completamente de quienes en los partidos políticos mueven esos hilos. Sí que interesaría a los funcionarios, a los que simplificaría enormemente su gestión, abaratando sus costes, porque en muchísimos casos, su defensa contra bajas temerarias y malintencionadas, o las "dirigidas desde arriba", se convierte en un labor casi imposible, agotadora y causante de muchísimos desazones y en más de una ocasión, en fuente de problemas para la carrera administrativa de quien defiende lo público a ultranza, como si fuera propio, lo que en definitiva es.
Y ahora avanzaremos hacia el segundo gran pilar, el de las privatizaciones, que está íntimamente ligado al anterior: la constitución de grandes contratos públicos, en este caso donde no había tales negocios ni necesidades. El resultado final es el mismo, procesos de contratación pública de servicios privatizados, con escasísimo interés por parte de los partidos gobernantes en conocer los costes reales de esos servicios tal y como actualmente están siendo prestados por funcionarios públicos. Hace poco leí en la revista Auditoría Pública un artículo en el que los autores analizaban los costes de prestación de servicios sanitarios en los hospitales públicos de Navarra y a qué precio eran cobrados cuando se desviaban a hospitales privados. La realidad, no por ser esperada, es demoledora: no hubo análisis de costes previo y para mi sorpresa, no había precio único de derivación a los hospitales privados. Cada uno de ellos cobraba diferente por el mismo servicio médico. Bochornoso del todo punto. Imaginemos qué puede ocurrir cuando ni siquiera habrá posibilidad de comparar los costes de hospitales privados con los públicos, por la simple razón de que a estos últimos los cerrarán. De nuevo, los partidos políticos desean ocultarlo a la ciudadanía, alejarlo del debate ciudadano. Cuando menos sepamos mejor.
Pero es que realmente el interés que puede haber en privatizar grandes bolsas de servicios públicos intensivos en mano de obra, sólo conduce a sospechar que, o bien el coste final de la privatización será como mínimo incrementado en el beneficio empresarial lógico que se querrá llevar a su cuenta corriente quien haya ganado el contrato, manteniendo los salarios y las inversiones que la Administración Pública realizaba, o bien, el precio se mantiene o baja, a costa de muchísimo menor salario de quien presta ese servicio y de menores inversiones en el negocio. En este último caso, desde un punto de vista agregado, la sociedad sale perdiendo, tanto por falta de garantía de renovación de inversiones necesarias, como por más bajos perfiles profesionales en cuanto a conocimientos (los mejores siempre querrán cobrar más, si es que los salarios de partida han bajado mucho, quedándose los peores para trabajar en contratos con la Administración). Y todo esto que acabo de exponer puede ya contrastarse con pruebas evidentes en países de nuestro entorno que se adelantaron en esta loca carrera a ninguna parte, como por ejemplo en Gran Bretaña: ferrocarriles y sistema sanitario).
No nos engañemos, y sobre todo no nos dejemos engañar. Las privatizaciones son un auténtico tongo, un cuento chino, un engaña niños, porque eso somos la mayoría de los ciudadanos españoles, niños que no han madurado políticamente lo suficiente como para exigir mucho más de los partidos políticos que nos gobiernan. Pero eso es parte de la tercera entrega de esta serie. Volvamos por tanto al núcleo del problema: el interés político por crear grandes volúmenes de contratación pública, es decir, de privatizar servicios públicos. Hace unos meses en otra entrada les presenté unas cuentas claras, difícilmente discutibles, sobre los enormes ahorros que supondría para una administración pública que conozco muy de cerca, la refuncionarización de los servicios internos de limpieza y de vigilancia, altamente intensivos en mano de obra, y casi nulos en inversión. Puedo asegurar un ahorro de un 40% sin pérdida de calidad de servicio.
¿Qué es lo que condujo a esa privatización como fue el caso de las limpiadoras o a que no se llegara a plantear la incorporación de vigilantes/celadores a la plantilla de esa Administración que no citaré, o precisamente y mucho más actual, el caso de la Sanidad de Madrid? Es difícil saberlo con seguridad y mucho menos probarlo, pero sí que puede asegurar que la idea de que es muy difícil controlar el trabajo realizado por los funcionario/as, personal rebelde y contestatario, huidizo casi siempre, sirvió de excusa a la mayoría interesada de quienes tomaron la decisión. Es un rumor de continuo descrédito a la función pública, que interesadamente es propalada por los partidos políticos y por la prensa adicta y controlada, que acaba siempre en el mismo discurso y solución final: eliminación de la prestación pública por funcionarios y privatización del servicio.
Jamás se ha hecho ningún esfuerzo por la clase política en intentar dar una solución definitiva y plenamente desarrollada al Estatuto del Empleado Público. Mucho menos a la parte del mismo que desarrolla la dirección profesional pública. Faltaría más, con eso los partidos políticos pierden el control de la maquinaria administrativa, que a nuestro pesar, sigue muy alejada de los niveles de eficiencia y efectividad deseables, principalmente por este motivo, la necesidad de los partidos de "intervenir decisoria y personalmente" en la mayoría de las actuaciones puramente administrativas que deben quedar en manos de funcionarios públicos independientes, entre otras, en la determinación de la mejor oferta de cualquier contrato, así como de la valoración de los resultados/productos entregados y de los servicios prestados.
La inacción de nuestra clase política actual en materia de Función Pública en el mejor de los casos, o incluso de beligerancia "populista" contra el funcionariado, sea cual sea la Administración Pública de la que forme parte, es clamorosa y malintencionada. Su objetivo inconfesable pasa por desprestigiar a quienes tienen la responsabilidad de defender lo público, lo que es de todos, evitando enriquecimientos ilícitos de contratistas insensibles, y sin pretenderlo, impidiendo la financiación ilegal de los partidos políticos. La farsa queda al descubierto finalmente.
El último pilar, la conexión entre el mundo de los políticos y de las grandes contratistas no necesita de mucha extensión para poder ser demostrado. Los escándalos recientemente conocidos tras su publicación en los medios de comunicación apoyan esta relación estrecha e interesada. De nuevo, decisiones que debieran haber quedado en manos de funcionarios cualificados que se atienen a un estricto procedimiento evaluador de ofertas y de adecuada capacidad y solvencia técnica y económica de los licitadores, se ve perturbada, por las interferencias de los partidos políticos, a través de sus representantes al frente de los órganos de las Administraciones Públicas. Porque...¿qué tenía que ocultar el anterior consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid? Si el proceso de adjudicación fue claro, diáfano, transparente, sin ninguna intervención salvo la firma del contrato a propuesta de la Mesa de contratación correspondiente, ¿por qué dimite y se marcha de esa empresa? ¿Tan difícil es de explicar lo que estoy ahora describiendo?¿Por qué no ha mencionado ni ha citado a ninguno de los funcionario/as que intervinieron en ese procedimiento de contratación?
En definitiva, si los procedimientos de contratación estuvieran completamente a salvo de interferencias políticas, si por otra parte, los propios objetos de contratación fueran analizados acerca de su necesidad y del beneficio social alcanzado, y si los contratos ejecutados fueran evaluados concienzudamente por los propios usuarios ciudadanos, además de por personal funcionario independiente, para permitir conocer con absoluta transparencia, qué contratistas son de fiar, buenos y baratos...si todo eso se llevara a cabo, no habría la menor necesidad de regular, es decir, impedir para muchos años, el paso del sector privado al público y viceversa. La gran mayoría de las veces no haría falta ningún "fichaje de la privada" si nuestros políticos hubieran apostado por el desarrollo completo de la dirección pública profesional. Pero como ya he comentado antes, en ese caso, su autonomía, la de los partidos políticos en el poder, se resentiría enormemente, aunque casi seguro que ganaríamos todos en transparencia y en calidad del debate democrático, hoy tan ausente de las calles de España.
En mi última entrada de este blog, hace ya un par de semanas, empecé a tocar precisamente este tema y por tanto, he decidido seguir profundizando en él, pero con un matiz. Ya no incluyo ninguna pregunta, creo que he conseguido demostrar que no son "nuestros" políticos, que realmente se han constituido en elites que nos gobiernan a nuestro pesar, tanto de los que nos oponemos abiertamente como de los que no quieren esforzarse en intentar cambiar las cosas. Ahora ha llegado el momento de seguir profundizando en la maquinaria burocrática interna de esos partidos que alimenta esa autonomía.
Precisamente relacionada con ella, con la autonomía, aparece el concepto de interdependencia que descubrí en una obra de un psicólogo, dirigida fundamentalmente a la autoayuda, dentro de todo ese conjunto de libros que necesitamos leer cuando nos encontramos en horas bajas, cuando nuestro autoestima está por los suelos. Siempre me ha gustado pensar que no sólo se aplica a las pequeñas redes sociales, sino incluso a las más grandes, del tipo de entidades político-territoriales, llámense comunidades autónomas, países, estados, continentes...Pero el hecho de ser consciente de que somos parte de un conjunto más grande, de que nuestras acciones afectan de un modo u otro al que tenemos al lado, sea cual sea la escala política social o económica que estemos considerando, de que nos necesitamos constantemente, del hecho de que nadie está por encima, de que puede imponer su voluntad sin acarrear una consecuencias insospechadas, todo este razonamiento en definitiva conduce a una forma de ser, sentir y vivir completamente diferente a la que estamos acostumbrados a percibir en la mayoría de nuestros políticos.
Es evidente que cuando un grupo de interés político (ya no me atrevo a llamarle ni siquiera partido político) se constituye, consciente o inconscientemente, en un ente autónomo, su sintonía, su acercamiento al común sentir de la ciudadanía con la que se debería relacionar queda absolutamente rota, limitada únicamente a los escasísimos momentos "de la verdad" en periodos de campañas electorales. Y ni siquiera ya puede decirse que sirvan de algo en España. La realidad mediática nos muestra una y otra vez auditorios, cines y teatros, incluso plazas de toros y palacios de congresos, abarrotados de "simpatizantes" agitando banderas y asintiendo a gritos a los incendiarios discursos de los líderes de sus partidos, perfectamente sincronizados con los momentos en los que las cadenas de televisión conectan en directo para "relatar" los diversos acontecimientos de ese día de campaña en tal o cual lugar de la geografía española. Estas elites políticas han conseguido adulterar definitivamente los procesos electorales, dejándolos sin valor alguno, eliminando cualquier posibilidad de debatir en profundidad los asuntos que realmente demanda la ciudadanía: trabajo para todos, eficiencia administrativa, excelencia en la prestación de los servicios públicos, tranquilidad social, progreso y desarrollo económico equilibrado, sin grandes desigualdades sociales.
Ya lo he comentado en otra entrada de este blog, la enorme decepción recogida en el último gran debate entre los líderes del PP Mariano Rajoy, actual Presidente del gobierno de España y del PSOE Alfredo Rubalcaba, en noviembre de 2011. El primero consiguió salir del debate televisado sin hacer ni una sola precisión acerca de su programa electoral. Fue una auténtica burla, un gran desprecio hacia el electorado. Se sentía en una posición ganadora, totalmente independiente de la voluntad general de los españoles, decepcionados con la última etapa del gobierno socialista de Zapatero. Abusó por tanto, demostrando con hechos, lo que sienten en los grandes aparatos burocráticos de la mayoría de los partidos tradicionales.
Pero todo esto tiene un coste, un gran coste económico. Las grandes burocracias de los partidos, su necesidad de controlar absolutamente todos los resortes del poder tiene un gran coste, que no quieren hacer visible a la ciudadanía. Pocas personas se preguntan por el coste de mantener esas grandes estructuras, o cuánto les cuesta participar en las elecciones. Principalmente porque desconocen la enorme tela de araña que ellos han construido para mantenerse en el poder, sea cual sea la opinión mayoritaria de la ciudadanía, e incluso también porque esos ciudadanos están convencidos de que los procesos electorales no sirven ya para casi nada.
Ahora bien, si observamos desde esta clave, es decir, desde la búsqueda de la absoluta autonomía económica de los partidos políticos, comprenderemos fácilmente todo el nuevo ideario pseudo ultraliberal que se encuentra en la base de "reformas" económicas, sociales y políticas que está impulsando el Partido Popular o cualquier otro partido nacionalista que tenga a su alcance el gobierno de su respectivo territorio, como reciéntemente hemos visto con CiU en Cataluña. Este oscuro ideario tiene una relación directa con:
- la realización de grandes obras públicas o de grandes proyectos "sociales" y promociones urbanísticas de muy dudoso sostenimiento financiero posterior a su apertura.
- la externalización/privatización de servicios públicos.
- la permanente conexión entre cúpulas directivas del entramado financiero, industrial y comercial por una parte y los altos cargos políticos que entran y salen de la dirección de las principales ministerios, consejerías y concejalías con una facilidad pasmosa, una vez realizada su labor inconfesable.
Si entramos a analizar el primer punto, vemos que los intentos continuos de definir y controlar la contratación pública se vienen abajo cuando el objeto de cualquier contrato, aquello que se quiere contratar, está fuera absolutamente de lo que dictan esas leyes. Difícilmente se puede decir que un gobierno, y el partido político que lo sustenta, actúa con buen criterio, pensando en la ciudadanía, cuando no tiene en cuenta todo el proceso de definición de necesidades ciudadanas, tanto a corto como a medio y largo plazo, los grupos de interés afectados, los costes finales de mantenimiento de esas infraestructuras, si habrá un precio público por su utilización o no, y si lo hay cuál debiera ser. Tenemos por desgracia demasiados ejemplos de gigantescas infraestructuras viarias "de peaje" por las que no circula prácticamente ningún vehículo y cuyo coste de mantenimiento no es cubierto con los peajes. ¿Por qué se iniciaron esas obras?¿Qué interés oculto hay detrás de esas iniciativas políticas y de grandes grupos inversores privados? ¿Por qué se hurtó a la ciudadanía un gran debate social sobre su necesidad, alternativas posibles, costes directos e indirectos?
Por tanto, de poco sirve detallar con pelos y señales el procedimiento de contratación si no se amplía a la determinación de qué debe contratarse, y posteriormente, cerrando el ciclo de mejora continua, evaluando la calidad del producto, proyecto, obra faraónica, etc que se ha entregado, a qué costes de mantenimiento y con qué beneficios sociales inmediatos y futuros. ¿Sabe alguien de algún partido político, de algún gobierno es España que haya evaluado con criterios objetivos previamente establecidos y aceptados, a los contratistas y al producto de esos contratos públicos? Es más, ¿ hay alguna forma de añadir a los famosos perfiles de contratistas, una nota, una calificación de cada trabajo realizado por parte de las administraciones contratistas, o algo... quiero decir, como obligación legal en una hipotética Ley Definitiva de Contratación Pública en la que quien contrata, valora conciezudamente como parte de su trabajo por ser responsable de fondos públicos? Es que ya empiezo a estar harto de estudiar y reestudiar nuevas leyes de contratación, remiendos, textos refundidos, etc que no acaban de dar una visión global del problema.
Porque por este lado se nos escapan fácilmente los partidos políticos cuando gobiernan para conseguir esa autonomía financiera (cuando están en la oposición tienen muchas menos facilidades), ya que da igual que el contratista sea un chapucero, un liante y que tengas asegurado un "coste sobrevenido" que llevará por la calle de la amargura a cualquier solícito funcionario adscrito a las unidades administrativas responsables de la contratación pública, sea la que sea, esté donde esté. En mi opinión, no interesa hacer ese examen final a los contratistas. No interesa a los partidos políticos porque los buenos empresarios, los que traen buen producto y servicio, alcanzarían buenas calificaciones y tendrían grandes posibilidades de obtener contratos públicos por sus propios méritos y se independizarían completamente de quienes en los partidos políticos mueven esos hilos. Sí que interesaría a los funcionarios, a los que simplificaría enormemente su gestión, abaratando sus costes, porque en muchísimos casos, su defensa contra bajas temerarias y malintencionadas, o las "dirigidas desde arriba", se convierte en un labor casi imposible, agotadora y causante de muchísimos desazones y en más de una ocasión, en fuente de problemas para la carrera administrativa de quien defiende lo público a ultranza, como si fuera propio, lo que en definitiva es.
Y ahora avanzaremos hacia el segundo gran pilar, el de las privatizaciones, que está íntimamente ligado al anterior: la constitución de grandes contratos públicos, en este caso donde no había tales negocios ni necesidades. El resultado final es el mismo, procesos de contratación pública de servicios privatizados, con escasísimo interés por parte de los partidos gobernantes en conocer los costes reales de esos servicios tal y como actualmente están siendo prestados por funcionarios públicos. Hace poco leí en la revista Auditoría Pública un artículo en el que los autores analizaban los costes de prestación de servicios sanitarios en los hospitales públicos de Navarra y a qué precio eran cobrados cuando se desviaban a hospitales privados. La realidad, no por ser esperada, es demoledora: no hubo análisis de costes previo y para mi sorpresa, no había precio único de derivación a los hospitales privados. Cada uno de ellos cobraba diferente por el mismo servicio médico. Bochornoso del todo punto. Imaginemos qué puede ocurrir cuando ni siquiera habrá posibilidad de comparar los costes de hospitales privados con los públicos, por la simple razón de que a estos últimos los cerrarán. De nuevo, los partidos políticos desean ocultarlo a la ciudadanía, alejarlo del debate ciudadano. Cuando menos sepamos mejor.
Pero es que realmente el interés que puede haber en privatizar grandes bolsas de servicios públicos intensivos en mano de obra, sólo conduce a sospechar que, o bien el coste final de la privatización será como mínimo incrementado en el beneficio empresarial lógico que se querrá llevar a su cuenta corriente quien haya ganado el contrato, manteniendo los salarios y las inversiones que la Administración Pública realizaba, o bien, el precio se mantiene o baja, a costa de muchísimo menor salario de quien presta ese servicio y de menores inversiones en el negocio. En este último caso, desde un punto de vista agregado, la sociedad sale perdiendo, tanto por falta de garantía de renovación de inversiones necesarias, como por más bajos perfiles profesionales en cuanto a conocimientos (los mejores siempre querrán cobrar más, si es que los salarios de partida han bajado mucho, quedándose los peores para trabajar en contratos con la Administración). Y todo esto que acabo de exponer puede ya contrastarse con pruebas evidentes en países de nuestro entorno que se adelantaron en esta loca carrera a ninguna parte, como por ejemplo en Gran Bretaña: ferrocarriles y sistema sanitario).
No nos engañemos, y sobre todo no nos dejemos engañar. Las privatizaciones son un auténtico tongo, un cuento chino, un engaña niños, porque eso somos la mayoría de los ciudadanos españoles, niños que no han madurado políticamente lo suficiente como para exigir mucho más de los partidos políticos que nos gobiernan. Pero eso es parte de la tercera entrega de esta serie. Volvamos por tanto al núcleo del problema: el interés político por crear grandes volúmenes de contratación pública, es decir, de privatizar servicios públicos. Hace unos meses en otra entrada les presenté unas cuentas claras, difícilmente discutibles, sobre los enormes ahorros que supondría para una administración pública que conozco muy de cerca, la refuncionarización de los servicios internos de limpieza y de vigilancia, altamente intensivos en mano de obra, y casi nulos en inversión. Puedo asegurar un ahorro de un 40% sin pérdida de calidad de servicio.
¿Qué es lo que condujo a esa privatización como fue el caso de las limpiadoras o a que no se llegara a plantear la incorporación de vigilantes/celadores a la plantilla de esa Administración que no citaré, o precisamente y mucho más actual, el caso de la Sanidad de Madrid? Es difícil saberlo con seguridad y mucho menos probarlo, pero sí que puede asegurar que la idea de que es muy difícil controlar el trabajo realizado por los funcionario/as, personal rebelde y contestatario, huidizo casi siempre, sirvió de excusa a la mayoría interesada de quienes tomaron la decisión. Es un rumor de continuo descrédito a la función pública, que interesadamente es propalada por los partidos políticos y por la prensa adicta y controlada, que acaba siempre en el mismo discurso y solución final: eliminación de la prestación pública por funcionarios y privatización del servicio.
Jamás se ha hecho ningún esfuerzo por la clase política en intentar dar una solución definitiva y plenamente desarrollada al Estatuto del Empleado Público. Mucho menos a la parte del mismo que desarrolla la dirección profesional pública. Faltaría más, con eso los partidos políticos pierden el control de la maquinaria administrativa, que a nuestro pesar, sigue muy alejada de los niveles de eficiencia y efectividad deseables, principalmente por este motivo, la necesidad de los partidos de "intervenir decisoria y personalmente" en la mayoría de las actuaciones puramente administrativas que deben quedar en manos de funcionarios públicos independientes, entre otras, en la determinación de la mejor oferta de cualquier contrato, así como de la valoración de los resultados/productos entregados y de los servicios prestados.
La inacción de nuestra clase política actual en materia de Función Pública en el mejor de los casos, o incluso de beligerancia "populista" contra el funcionariado, sea cual sea la Administración Pública de la que forme parte, es clamorosa y malintencionada. Su objetivo inconfesable pasa por desprestigiar a quienes tienen la responsabilidad de defender lo público, lo que es de todos, evitando enriquecimientos ilícitos de contratistas insensibles, y sin pretenderlo, impidiendo la financiación ilegal de los partidos políticos. La farsa queda al descubierto finalmente.
El último pilar, la conexión entre el mundo de los políticos y de las grandes contratistas no necesita de mucha extensión para poder ser demostrado. Los escándalos recientemente conocidos tras su publicación en los medios de comunicación apoyan esta relación estrecha e interesada. De nuevo, decisiones que debieran haber quedado en manos de funcionarios cualificados que se atienen a un estricto procedimiento evaluador de ofertas y de adecuada capacidad y solvencia técnica y económica de los licitadores, se ve perturbada, por las interferencias de los partidos políticos, a través de sus representantes al frente de los órganos de las Administraciones Públicas. Porque...¿qué tenía que ocultar el anterior consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid? Si el proceso de adjudicación fue claro, diáfano, transparente, sin ninguna intervención salvo la firma del contrato a propuesta de la Mesa de contratación correspondiente, ¿por qué dimite y se marcha de esa empresa? ¿Tan difícil es de explicar lo que estoy ahora describiendo?¿Por qué no ha mencionado ni ha citado a ninguno de los funcionario/as que intervinieron en ese procedimiento de contratación?
En definitiva, si los procedimientos de contratación estuvieran completamente a salvo de interferencias políticas, si por otra parte, los propios objetos de contratación fueran analizados acerca de su necesidad y del beneficio social alcanzado, y si los contratos ejecutados fueran evaluados concienzudamente por los propios usuarios ciudadanos, además de por personal funcionario independiente, para permitir conocer con absoluta transparencia, qué contratistas son de fiar, buenos y baratos...si todo eso se llevara a cabo, no habría la menor necesidad de regular, es decir, impedir para muchos años, el paso del sector privado al público y viceversa. La gran mayoría de las veces no haría falta ningún "fichaje de la privada" si nuestros políticos hubieran apostado por el desarrollo completo de la dirección pública profesional. Pero como ya he comentado antes, en ese caso, su autonomía, la de los partidos políticos en el poder, se resentiría enormemente, aunque casi seguro que ganaríamos todos en transparencia y en calidad del debate democrático, hoy tan ausente de las calles de España.
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