Me quedé con hambre investigadora, una vez que tuve en mis manos esa gran montaña de datos que me proporciona el actual nivel de transparencia de las Administraciones Públicas españolas. Y a raíz de la polémica levantada por el presidente de la CEOE la pasada semana se ha abierto un debate en LINKEDIN dentro del grupo Administración Inteligente, acerca del coste real de mantener a tanto funcionario y funcionaria ahora que estamos tan mal, pasando las penas del Purgatorio, e incluso alguno/as ardiendo en medio de las llamas del Infierno. Las intervenciones son realmente muy interesantes y arrojan luz sobre los males que afectan a la Administración, la falsa impresión de que los sueldos son elevados (en términos generales) comparados con los del sector privado y sus posibles causas. Creo que es interesante dirigir a los lectores si tienen interés en ampliar la información que aquí muy resumidamente aporto (ir al debate).
Pero volviendo a los datos municipales de Bizkaia y enlazando con el debate sobre los gastos de personal del funcionariado en nuestras Administraciones Públicas Locales, he obtenido el siguiente gráfico que puede ser muy ilustrativo:
Podemos observar en color azul el ratio de gastos de personal frente a gastos totales. Ha sido enormemente llamativo observar cómo los municipios medianos (nº de concejales entre 17 y 25) alcanzaban tasas cercanas al 40% de gasto total en empleados públicos. Curiosamente Bilbao rompía la tendencia y aunque no lo puedo aseverar, quizá tenga que ver con el número de sociedades municipales que tiene en su órbita, y por tanto, consolidadas presupuestariamente pero ya en otras partidas (transferencias corrientes y de capital , ya no recibidas, sino emitidas hacia esas sociedades entre otros destinatarios, por un monto cercano a 130 millones en 2009). Es decir, que bien podría tratarse de un ejemplo de lo que se conoce como externalización de servicios públicos, que sólo tiene reflejo en la propia Diputación Foral.
Ahora bien, las cifras parecen penalizar a los ayuntamientos medianos, como más gastadores en su personal. Como no me cuadraban los números, sobre todo, por la enorme diferencia encontrada entre unos y otros, de hasta 3 veces más entre municipios muy pequeños y municipios medianos, pasé a analizar los datos de acuerdo con la clasificación funcional, es decir, "para qué" están gastando los muncipios, con qué objetivo. En este caso, apareció una columna relacionada con los programas de gasto de protección civil y seguridad ciudadana, que en muchos de ellos aparecía con valor cero. No se trataba de un error puesto que al conocer a quién le correspondía, siempre aparecía un municipio pequeño o muy pequeños. Parece que la clave se encuentra en esa columna, ya que ni tienen policía municipal, ni protección civil ni mucho menos un cuerpo de bomberos. De modo que preparé un dato corregido de gastos de personal, descontados los gastos imputados a programas de protección civil y seguridad ciudadana (admito que alguno de esos gastos son también de compras de vehículos especializados y de funcionamiento propio de la policía municipal y de bomberos, pero el grueso siempre son los gastos de su propio personal). Con ese dato corregido, la comparativa es mucho más homogénea, situándose casi todos los municipios en torno al 20% de su gasto total empleado en pagar a sus funcionario/as.
¿Es mucho o es poco? Pues como siempre, depende de la satisfacción de la ciudadanía con la prestación de los servicios que realizan esos funcionario/as. Pero al menos, sabemos ya, gracias a la transparencia (publicidad de datos económico-presupuestarios de las cuentas municipales) qué cuesta o mirándolo desde el otro punto de vista, qué nos ahorraríamos si prescindiéramos de ellos. ¿Lo haría más barato la iniciativa privada? Lo dudo mucho, ya que aquí no tenemos que pensar en ningún beneficio empresarial. Porque si algo debe quedar muy claro a los lectores es que no está demostrado que la iniciativa privada lo haga mejor que la pública en aquello que hace la pública.
Aún así, queda por averiguar cómo repartimos esos costes de personal funcionario entre los ciudadano/as de cada municipio. Y para eso, no hay como hacer una división del gasto de personal entre los habitantes de cada pueblo. Aquí vienen los datos:
En promedio, vemos que un ciudadano de Bizkaia, si no tenemos en cuenta el pueblo en el que vive y paga sus impuestos, está soportando con unos 400 euros/año los gastos del personal de su ayuntamiento. Si lo miramos segmentado por tamaño en población del municipio, aparece otro dato significativo. Los municipios muy pequeños cargan a sus habitantes con casi 250 euros más por habitante y año. Tal vez sea poca gente para una estructura municipal demasiado grande, pero debe quedar claro que son los habitantes de cada municipio los que deben conocer en detalle cuánto les cuesta anualmente a cada uno de ellos, y si por tanto les compensa el esfuerzo extra.
Pero volviendo a los datos municipales de Bizkaia y enlazando con el debate sobre los gastos de personal del funcionariado en nuestras Administraciones Públicas Locales, he obtenido el siguiente gráfico que puede ser muy ilustrativo:
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| Elaboración propia a partir de datos de 2009 del Ministerio de Economía y Hacienda. |
Podemos observar en color azul el ratio de gastos de personal frente a gastos totales. Ha sido enormemente llamativo observar cómo los municipios medianos (nº de concejales entre 17 y 25) alcanzaban tasas cercanas al 40% de gasto total en empleados públicos. Curiosamente Bilbao rompía la tendencia y aunque no lo puedo aseverar, quizá tenga que ver con el número de sociedades municipales que tiene en su órbita, y por tanto, consolidadas presupuestariamente pero ya en otras partidas (transferencias corrientes y de capital , ya no recibidas, sino emitidas hacia esas sociedades entre otros destinatarios, por un monto cercano a 130 millones en 2009). Es decir, que bien podría tratarse de un ejemplo de lo que se conoce como externalización de servicios públicos, que sólo tiene reflejo en la propia Diputación Foral.
Ahora bien, las cifras parecen penalizar a los ayuntamientos medianos, como más gastadores en su personal. Como no me cuadraban los números, sobre todo, por la enorme diferencia encontrada entre unos y otros, de hasta 3 veces más entre municipios muy pequeños y municipios medianos, pasé a analizar los datos de acuerdo con la clasificación funcional, es decir, "para qué" están gastando los muncipios, con qué objetivo. En este caso, apareció una columna relacionada con los programas de gasto de protección civil y seguridad ciudadana, que en muchos de ellos aparecía con valor cero. No se trataba de un error puesto que al conocer a quién le correspondía, siempre aparecía un municipio pequeño o muy pequeños. Parece que la clave se encuentra en esa columna, ya que ni tienen policía municipal, ni protección civil ni mucho menos un cuerpo de bomberos. De modo que preparé un dato corregido de gastos de personal, descontados los gastos imputados a programas de protección civil y seguridad ciudadana (admito que alguno de esos gastos son también de compras de vehículos especializados y de funcionamiento propio de la policía municipal y de bomberos, pero el grueso siempre son los gastos de su propio personal). Con ese dato corregido, la comparativa es mucho más homogénea, situándose casi todos los municipios en torno al 20% de su gasto total empleado en pagar a sus funcionario/as.
¿Es mucho o es poco? Pues como siempre, depende de la satisfacción de la ciudadanía con la prestación de los servicios que realizan esos funcionario/as. Pero al menos, sabemos ya, gracias a la transparencia (publicidad de datos económico-presupuestarios de las cuentas municipales) qué cuesta o mirándolo desde el otro punto de vista, qué nos ahorraríamos si prescindiéramos de ellos. ¿Lo haría más barato la iniciativa privada? Lo dudo mucho, ya que aquí no tenemos que pensar en ningún beneficio empresarial. Porque si algo debe quedar muy claro a los lectores es que no está demostrado que la iniciativa privada lo haga mejor que la pública en aquello que hace la pública.
Aún así, queda por averiguar cómo repartimos esos costes de personal funcionario entre los ciudadano/as de cada municipio. Y para eso, no hay como hacer una división del gasto de personal entre los habitantes de cada pueblo. Aquí vienen los datos:
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| Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Hacienda. |
En resumen, datos para la reflexión y análisis. Por supuesto, que si alguien quiere información detallada a nivel municipal del año 2009 puede pedírmela. Si hubiera interés podría hacerla pública a través de Google Docs. Todo sea por la transparencia, el conocimiento de causa, y en definitiva, la mejora de los servicios públicos.
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