Ayer sábado escuché en la única radio que aún puedo considerar "rebelde" una entrevista al sociólogo Manuel Castells con ocasión de su reciente premio de la fundación Holberg. La frase más contundente en mi opinión fue cómo puede aguantar la ciudadanía a la clase política (española e incluso europea) que nos gobierna, en su opinión y en la mía, y creo que en la de muchos más, totalmente ajena ya a las necesidades y objetivos vitales y sociales de los habitantes de la vieja Europa, viviendo en su mundo en circuito cerrado. Les paso un enlace al corte de audio del programa para que disfruten de 10 buenos minutos de conversación inteligente, y así entrar en materia:
El
retrato de la situación actual española es terrorífico. Hemos alcanzado el 22% de paro
en general, y nada menos que el 50% de paro juvenil. Un auténtico disparate.
Como decía Castells, sólo aguantan porque la familia les sostiene, con una edad
de emancipación que alcanzó los 32 años...ridículo en su opinión, trágico en la
mía. E incluso destacaría algunos aspectos ya más concretos que muestran signos evidentes de zozobra y falta de rumbo:
1 Crisis
de ingresos. En
una época de bonanza como la que se ha vivido en España de 2000 a 2008, la
garantía de superación de los ingresos presupuestados permitió aberraciones
técnico-contables como la cuenta 413, al menos en cuanto a su uso no apropiado
e incluso irresponsable (ver post). Desde
2008 en adelante sufrimos una etapa de disminución aguda de los ingresos
tributarios, que se resuelve con aumento de los tipos a los sujetos pasivos
"controlados" y escaso aumento de la presión fiscal a los
"descontrolados" (amnistía fiscal del PP, que al menos parece que será discutida por la izquierda llevando el caso al Tribunal Constitucional según acabo de saber).
2 Déficit
presupuestario. Sin
ingresos y con cada vez mayores gastos (incremento del paro en más de 3
millones de personas) la tensión creada por el déficit presupuestario cercano
al 11% en el 2010 lleva a un estado de alarma en nuestros socios europeos de
Centroeuropa (Merkel y Comisión Europea) y a forzar al Gobierno de Zapatero a
un cambio radical en su política de creación activa de empleo y de dinamización
económica con ayudas públicas.
3 Crisis
de nuestra deuda soberana. La
escasa confianza en el modelo económico español del momento, una vez que el
motor de la construcción se paró, ha dado lugar a un exagerado incremento de la
prima de riesgo en las emisiones de deuda soberana española, y también en un
continuo descrédito por parte de las agencias de rating, que nos dejan a pocos
escalones del bono basura.
4 Devaluación-inflación. Es
evidente que ese descrédito de nuestro sistema bancario da lugar a un
encarecimiento de la financiación externa y por tanto a un empobrecimiento del
reino de España (de los españoles y de sus empresas y negocios), llámese como
se llame, y hay posibles caminos para ello. Por ejemplo, una
caída brusca y sostenida en el tiempo de los precios de los activos
inmobiliarios (pisos, urbanizaciones, pabellones industriales, oficinas). Sus
propietarios endeudados deben más que el valor real de mercado. El desahucio no es solución
cuando ya no hay mercado en el que colocar esos activos y borrar las
provisiones acumuladas por los bancos. Definitivamente son pérdidas bancarias
que acaban siendo absorbidas por el Estado a través de dos caminos:
·
Nacionalizando los bancos, convirtiéndose en accionistas, esto es,
asumiendo que los préstamos del gobierno, no serán devueltos. Puesto que los
ciudadanos se hacen indirectamente dueños de malos negocios con deudas
inmensas, se empobrecen.
·
Prestando a fondo perdido a los bancos. Solución temporal que puede
servir cuando el efecto final evita mayores pérdidas al Estado. En el caso
español estas ayudas, en una época de déficit fiscal abultado por la caída de
ingresos tributarios, da lugar a necesidades de endeudamiento, con fuertes
primas de riesgo y por tanto, también empobrecimiento general del Estado, del
país, de los ciudadanos en suma. Aquí es donde el propio Castells recomendaba la película "Too big to fail" o "Demasiado grandes para caer", en la que se denuncia el chantaje de los grandes bancos a la clase política dirigente y opositora, que se resume en ganancias privadas, pérdidas socializadas.
Caminos
de salida
Los
caminos para salir de esta situación de déficit presupuestario pasa por
aumentar los ingresos vía impuestos (el camino impuesto por Bruselas, FMI y por el PP en España) y/o por reducir los gastos. Vemos
que los ahorros logrados con los recortes realizados en el gasto en realidad se van a dirigir a taponar la vía
de agua causada en la línea de flotación del sistema bancario.
Los
incrementos impositivos pueden tener un efecto contrario al que se desea.
Llegará un momento en el que se pueda colapsar económicamente el país, al menos
en cuanto a las cuentas "oficiales", sumergiéndose más y más la
economía productiva, ya que se observa el nulo interés por acosar,
desenmascarar y penalizar a los defraudadores habituales.
El
gobierno Rajoy opta claramente por una política de recortes, tijeretazos (sin orden, sin plan, sin sentido los más de ellos), en sectores muy sensibles para la población, como son los de sanidad y de educación, que en cualquier caso, tienen un comportamiento presupuestario poco
elástico, una vez que en algún momento se definió o al menos se decidió poner
en marcha servicios nuevos o prestaciones nuevas, en muchos casos ya plenamente
consolidadas entre la ciudadanía. Junto a ello, recortes en I+D, (ver post), totalmente absurdos y desatinados, y sin poder renegociar las
inversiones militares comprometidas en épocas económicamente mejores.
Es evidente que España, el conjunto de las Administraciones Públicas necesitan racionalizar el gasto. Sin embargo la situación
heredada-clásica española no ayuda, más bien es un ancla que nos impide avanzar, movernos con el rumbo fijado (si es que consiguiéramos fijar alguno). Podemos citar por ejemplo:
- Presupuestación incrementalista, sin replanteamientos radicales en cuanto a objetivos de ahorro, economías de escala, etc. Simplemente se sube o se baja un porcentaje sin más necesidad de explicación.
- Nula atención a la liquidación de las cuentas y al impacto logrado con las políticas públicas. Los avances en evaluación de las políticas públicas son escasos, como pequeños oasis en el desierto, que sirven para animar a los que nos dedicamos a mejorar lo público, pero no se toman en serio por nuestra clase política, sin interés por su aplicación sistematizada.
- Lentitud en la toma de datos, inexactitud, falta de automatización y mecanización de los procedimientos de medición, que hacen tediosos, caros y muy ineficientes a los procesos de control, y a que los órganos administrativos dedicados a esta tarea lleguen siempre muy tarde, años tarde por norma general, demasiado tarde para poder corregir los problemas o detectar las ineficiencias o las ilegalidades descubiertas.
Pero
seguramente hay otras formas de gobernar, de presupuestar y sobre todo de
reorganizar la gestión pública. Insistía
en otro post de este mismo blog en la necesidad de disponer de un modelo
económico renovado de futuro, que se aleje definitivamente de la política del
ladrillo, fácil de implementar en épocas de vacas gordas, pero desastrosa en
las flacas. Se hace imprescindible e inaplazable definir
a nivel nacional cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y cuáles
son nuestras oportunidades y nuestras amenazas, que es una tarea complejísima y que por tanto debería haberse acometido hace mucho tiempo.
Es
imposible establecer una estrategia de gobierno
nacional-estatal-autonómica-local sin ese paso previo. Lo contrario, su
ausencia, nos conduce a vaivenes continuos de planes y contraplanes en los que
nos desgastamos los funcionario/as que aún mantenemos la ilusión por lo
público, y en los que "afortunados cazatesoros" obtienen pingües
beneficios por vender al iluso o interesado gobernante la pócima de Fierabrás
que resolverá de un plumazo el engorroso problema que cree haber detectado y
definido como de urgente solución. Nuestros gobernantes deben dejar arrinconado su interés en definir los planes estratégicos (por incapacidad manifiesta) y dedicarse a la oscura y desgastadora de liderar la ejecución de esos planes.
Se
observa claramente que aquellas autonomías y sobre todo entes locales con
planes estratégicos concienzudos, y con profesionales en la ejecución de las
políticas públicas, acaban destacando. Ahí tenemos al Ayuntamiento de Bilbao,
que consigue equilibrar su presupuesto en épocas duras a la vez que mantiene un
ritmo inversor loable. Escuchando a uno de esos técnicos en el Congreso Q-EPEAde 2012, me sorprendió al explicar una medida simple pero muy efectiva: llevar
la dependencia orgánica de la presupuestación desde el área de Hacienda y
Finanzas al área de Alcaldía. Es evidente que el liderazgo político efectivo
necesita controlar, hacer suya, la ingente tarea de definir el presupuesto
basándose en la estrategia establecida.
Cualquier
persona medianamente entendida en cuestiones de estrategia en el ámbito
público, sabe que para llevar adelante esos planes, es necesario, por un lado,
los recursos económicos necesarios y por otro lado, contar con el funcionariado
que los sacará adelante, con o sin externalización total o parcial. Por tanto, se hace necesario, imprescindible e inaplazable igualmente el que la presupuestación pública quede alineada alineada con la estrategia establecida y no alienada por los departamentos o ministerios de Hacienda, excesivamente poderosos y poco proclives a presupuestar en base a procesos y carteras de servicios. Es decir, situar orgánicamente la presupuestación ejecutiva en la Presidencia, Alcaldía, Lehendakaritza...
Establecimiento
de cartera de servicios.
Los presupuestos sólo pueden construirse desde la base de que las Administraciones públicas prestan servicios y en menor medida invierten en carreteras, ferrocarriles, puertos, equipos de defensa, seguridad ciudadana... De
aquella conferencia Q-EPEA 2012, algo más quedó claro, y es que en los presupuestos con
visión estratégica debemos conocer muy bien qué servicios públicos prestaremos
directamente o indirectamente, y por tanto, una vez establecida esa cartera de
servicios, con qué recursos económicos contamos para llevarlos adelante.
La
ciudadanía debe conocer de un modo transparente qué costes conlleva la
"producción" de esos servicios que consume. Sólo así, podremos
avanzar en un debate social público sobre qué es prioritario, quiénes serían
los destinatarios que los reciban y qué nivel de prestación podemos soportar o estamos
dispuestos a financiar.
Conocidos
y aceptados los servicios públicos que todos deseamos tener, y también el
precio a pagar, de un modo natural aparecen las críticas más o menos acertadas
sobre esos costes, y de ahí las propuestas de mejora o de servicio alternativo.
Ese debate, por muy minoritario que pueda ser al comienzo, por nuestra
proverbial tendencia a escurrir el bulto y velar la información (escasa
generalmente) de las cuentas públicas, debe llegar a la ciudadanía. Somos nosotros y nosotras los que tenemos la obligación de decidir qué nivel de servicios queremos y a qué precio. Si no nos dan la oportunidad de conocerlo y debatirlo, difícilmente podremos madurar social y políticamente. No podemos quedarnos fuera de juego, o peor aún, no pueden seguir secuestrando nuestra opinión y nuestra posición común y mayoritaria sobre todo lo que nos concierne y afecta.
Ni
qué decir tiene que los indicadores o modos de medir si las Administraciones
Públicas lo hacen bien o mal están lejos de ser algo habitual en la gestión
pública. Bajísimo es el porcentaje de AAPP que tienen sistemas integrados de
gestión de calidad, o que apuesten por el modelo EFQM. Incluso para vergüenza
ajena, algunas como la Hacienda Foral de Vizcaya se ha desenganchado, sin
explicar la razón.
Los
costes de no calidad, tecnicismo que sólo quiere decir, hacer poco con mucho,
es decir, de un modo poco eficiente, siguen sin aflorar en nuestros
presupuestos, y los parlamentos, la oposición, las asociaciones y ONGs más
beligerantes en el control público, siguen dando palos de ciego en su modo de
controlar a los gobiernos y a las maquinarias administrativas. Pero, ¿por qué
no pueden?
La
razón del por qué no pueden se basa en la ausencia de un mecanismo o esquema
nacional obligatorio para todas las administraciones públicas para que definan
con detalle, exhaustivamente, la prestación de sus servicios públicos: qué,
cómo, con qué funcionario/as, a qué precio, con qué rendimiento. En un palabra
definiendo su sistema de gestión, sus procesos de trabajo, su cuadro de
indicadores de rendimiento, y evaluando continuamente el impacto de su
labor.
Cuando
se conocen los costes reales de la gestión de los servicios públicos y se
comparan rendimientos, la ciudadanía se vuelve mucho más exigente y entramos
así en el debate sobre los procesos productivos de los servicios públicos.
Entonces llega el mágico momento en el que sólo se piden más funcionarios si
hay mayores demandas de un servicio público y si además no se pueden reasignar de otros
servicios en desuso. Entonces los planes de empleo comienzan a tener sentido,
entonces también, la gestión por competencias de la masa de funcionario/as
comienza a tener sentido, ya que tendremos que describir qué tiene que saber
cada uno de ellos para realizar las actividades descritas, y con las
herramientas (informáticas la mayoría) que precisen.
Entonces
también, podremos obtener las mediciones de su rendimiento, y podremos también
entonces, comparar unas Administraciones con otras, y sólo entonces, la
ciudadanía podrá exigir las mejoras de esos rendimientos cuando sean
inaceptablemente bajos, cuando los costes sean inasumibles, cuando las
ineficiencias queden al descubierto, y sólo entonces. De cualquier otro modo,
simplemente es imposible, puesto que no podemos dejar al "mercado"
que elimine a los malos gestores públicos, porque sabemos que el "mercado"
no busca la universalidad. Y tampoco podemos dejar a la "tecnocracia"
la definición de lo que es bueno para el pueblo y lo que no es bueno,
decidiendo por ellos, algo que los extintos gobiernos comunistas dejaron bien
claro al resto del mundo tras el colapso de su modelo económico centralista y
centralizador.
Y
dice bien Fernando Mora en su blog Errepeté, en una reciente entrada, que el control de la actividad administrativa es
fundamental (recomiendo su lectura). Pero aquí debo resaltar una actividad previa muy
importante y que los que trabajamos siguiendo la norma ISO-9001 de calidad (o
cualquier otra norma) sabemos bien, que para controlar, para verificar que se
alcanzan los objetivos que nos hemos impuesto, debemos medir nuestra actividad y el impacto logrado. Sin datos fiables no podemos controlar nada. Queda todo
en opiniones "opinables" cuando menos, que suele dar lugar a la
aparición de "pescadores en aguas revueltas" totalmente interesados,
que buscan su propio beneficio en lugar del de la organización, departamento,
ayuntamiento, ministerio o lo público de un país al que sirven o dicen servir.
Y para muestra un botón, puesto que les voy a exponer un ejemplo que tengo muy cercano, con datos reales. En 2003 en el
Departamento de Promoción Económica (fusión de los departamentos de Empleo y de
Innovación desde 2009), a iniciativa de sus técnicos de organización se planteó
la implantación de un sistema de gestión ambiental, que fue certificada bajo
norma ISO 14001 ese mismo año.
Desde
2008 se une a la ISO-14001 la certificación ISO-9001, con un alcance en principio
menor, los servicios generales del Departamento, núcleo central de servicios
transversales, pero con un importante impacto en el liderazgo
técnico-organizativo de todas las actividades del negocio principal del
departamento: las políticas públicas en materia de fomento del empleo, del
talento y de la promoción económica.
Desde
entonces hasta el momento presente, el sistema ha sido sometido a auditorías
internas y a externas, con procesos de recertificación cada tres años. Los
planes de mejora derivados de la gestión del sistema han dado lugar a los
siguientes ahorros:
Nada menos que un 2% anual sostenido del presupuesto del programa de Administración General del Departamento de Promoción Económica. Los resultados son elocuentes. Pero al mismo tiempo, no nos olvidemos del impacto ambiental que ha supuesto en ahorro de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Ahorro energético y disminución del impacto ambiental van de la mano.
No cabe otra conclusión que calificar esta experiencia de ya 9 años de inmejorable. Y ello a mi modo de ver se ha conseguido por dos razones
principales:
- Por el evidente ahorro logrado, reduciendo los impactos ambientales de la actividad administrativa, y de ahorro económico significativo en un área de servicios generales a la que nadie le presta la debida atención y que está en el núcleo duro de lo que llamamos despectivamente como burocracia.
- Por el magnífico ejemplo que supone la gestión administrativa guiada por un sistema de planificación y trabajo basado en procesos, gestión por competencias, mediciones mecanizadas de indicadores de eficacia, eficiencia, y por la incorporación de la mejora continua.