miércoles, 14 de noviembre de 2012

La gran mentira de las privatizaciones o cómo reducir la deuda pública.

Hace ya muchos meses que escribí una entrada en este blog comentando la estupidez de los procesos de privatización y externalización llevados a cabo por la mayoría de las Administraciones Públicas, embarcadas en una especie de moda, aire o vasca, arrastrados por vientos comunitarios neoliberales y con la indignante excusa de que los funcionarios y funcionarias lo hacen siempre peor, más lento y más caro, sea lo que sea.

En otra entrada ya hace menos tiempo, lancé mis rayos poderosos a estas altas instancias políticas que tiene cada Administración Pública, sea la que sea, con la intención de pincharles y hacerles reflexionar sobre lo que realmente hace falta acometer lo antes posible, esto es, medir la eficacia y eficiencia de los servicios públicos actualmente ofertados, pero de una forma exhaustiva y profesionalizada. Parece que no tengo la fuerza de Zeus y no llegué tan alto como era mi deseo. Las últimas noticias de la Comunidad de Madrid van precisamente en la dirección contraria, más de lo mismo, huida a ninguna parte, con intereses oscuros, muy oscuros afirmo yo, conocido como es conocido por mí todo el entramado político institucional en el que me muevo. Y es que conocida una Administración Pública, conocidas todas, por desgracia...conocido un "aparatchik político" conocidos todos, para mayor desgracia nuestra aún.

De modo que dándome por derrotado (por el momento) en lo que conseguir la racionalización de los procesos de contratación de modo que:
  •  se incluyan siempre los contenidos detallados de los demandantes de servicios y/o suministros que se precisa sacar a concurso, y con una espléndida colección de metodologías de  comprobación de la calidad de esas prestaciones y/o suministros,
  • se definan y aseguren las condiciones sociolaborales  en las que se van a prestar por parte de los futuros contratistas (me río yo de la Responsabilidad Social Corporativa de nuestras Administraciones Públicas, y de los niveles de transparencia alcanzados), y
  • finalmente, se asegure la fase de evaluación cuidadosa de la ejecución de esas contrataciones, para determinar si la externalización o privatización ha cumplido los objetivos perseguidos,
opté por realizar ese análisis actualizado en mis propias carnes, dándole la vuelta al calcetín de este proceso. Iba a iniciar un proceso "involucionista" pero sin tener demasiado claro hasta dónde podíamos llegar.

La premisa de partida que teníamos en mente era la de ahorrar en la contrata de limpieza y de seguridad. 
Era por tanto una cuestión de estrujarnos el magín pensando y repensando qué hacer. La primera opción que nos llegó sugerida desde alguna parte (no puedo dar más detalles) consistió en dejar de barrer y fregar, y por otra parte de prescindir de seguridad. Es evidente que no podemos dejar enguarrar los habitáculos funcionariales y que además, tampoco podemos quedarnos expuestos a las iras del populacho, capaz de arrearnos un guantazo a las primeras de cambio si no le concedemos la subvención o la beca solicitada. No está el horno para bollos. 

Estábamos en el "aprieto griego", hay que seguir haciendo lo mismo pero gastando un poco menos en la prestación del servicio. Pero he aquí que se me iluminó la bombillita y decidí averiguar cuánto costaba la prestación de esos dos servicios externalizados. Lo que llegué a conocer me dejó estupefacto. Al analizar las horas de trabajo empleadas por los trabajadores de las contratas, conducían al hecho cierto de que eran carísimas (y no en el sentido italiano del término). A partir de ahí, continué con la investigación, que consistió en averiguar qué salario real tenían los trabajadores, o como en la jerga economicista que nos domina y gobierna se viene a llamar Renta Bruta Disponible. Ufff, qué dolor al ver esas nóminas escuálidas...poco más que mileuristas. Algo no me cuadraba, algo iba mal en todo aquello. Así que hice mis cuentas y llego a la siguiente conclusión:

Debemos refuncionarizar los servicios de limpieza y de seguridad que tenemos subcontratados desde hace más de veinte años. A continuación les muestro las cuentas (son casos casi reales...el que quiera que investigue en sus propias administraciones y con sus contratos más habituales):

Factura mensual de seguridad: 26.000 euros aproximadamente, con el IVA incluido.
Ingreso recibido por el contratista es el 79% de esa cantidad., es decir, unos 21.000 euros brutos.
Por otra parte, el servicio prestado de seguridad se compone de 7 personas, es decir, unos 8.400 euros (1.200 euros por persona al mes podría ser una buena aproximación). Pero para la empresa debemos añadirle un 30% de coste de seguros sociales, formación, varios, etc, lo que lleva a 10.920 euros, y a esto le podemos incluso añadir un 15% de costes adicionales de gastos administrativos de la empresa, imputables a este contrato. Nos vamos ya hasta 12558 euros. La verdad es que ya no sé qué más imputar al coste empresarial por gestionar el servicio de seguridad para esta Administración Pública que he tomado como ejemplo. Bueno, bueno, sí que me he olvidado de algo...el beneficio empresarial...que, vaya por Dios, es de unos 8.500 euros por mes!!!

Eureka, lo conseguí !!! Concluí tras terminar las cuentas de este razonamiento económico en el que estuve trabajando hasta altas horas de la madrugada. Había encontrado la solución al problema de la reducción de la deuda pública y al mantenimiento del empleo en este país. "Eres un genio, General", me dije a mí mismo, en un acto de humildad y sencillez digno de Napoleón, "vas a salvar a España de la ruina". Y efectivamente, me puse manos a la obra, y me salieron las cuentas. Son éstas:

Seguridad: 7 contratos laborales con un ahorro de 8.500 euros /mes por 12 meses = 102.000 euros
Limpieza: 4 contratos laborales con un ahorro más modesto de 4.000/mes por 12 meses = 48.000 euros
Total ahorro en capítulo 2 del presupuesto para 2013 = 150.000 euros, aproximadamente una reducción del 35% anual desde el primer año.

Ahora vienen los costes que supondría aplicar mi solución:
-gastos de administración: ninguno, porque ya está montado el programa de nóminas de esta Administración Pública del ejemplo.
- gastos de personal...los mismos salvo los uniformes de los seguratas y las batas de limpiadore/as.
- gastos operativos. Ninguno que no estemos ya pagando, porque los detergentes y productos de limpieza necesarios también corren actualmente por nuestra cuenta (ya les había dicho yo que esto era un chollo para el contratista). Ah, y las balas de los ejercicios de tiro, porque esas no las pagamos (aunque todo podría llegar a ser en esta loca carrera externalizadora de todo). Pero, pero, no tendríamos que comprar armeros de seguridad, porque ya los tuvimos que instalar a cuenta nuestra...hace unos años, "porque nos obligaba la Ley".

Y ahora, viene lo mejor, los costes sociales de los despidos:

Ninguno, porque no habría despidos: los funcionarizamos y se acabó el problema. No creo que ninguno o ninguna de los afectados y afectadas tendría el más mínimo reparo en formar parte de la plantilla de esta Administración Pública ejemplo real que he tomado. El ahorro consiste en el beneficio empresarial de cada contrato, porque dejaremos de beneficiar a ningún empresario que no aporta nada al sistema, Son simple grasa a costa de dejar escuálidos a los demás. ¿A que mola, como decían los jóvenes antes? Solución guapa...¿verdad?

Y entonces le pregunto al General, "¿Por qué no lo aplicamos desde ya mismo?" Y además le hago otra segunda pregunta aún más dolorosa de escuchar "¿Dónde está el beneficio de la externalización para la Administración Pública que tomó estas decisiones hace tantos años?

El General se ríe y me contesta sabiamente "sigue la pista al beneficio de esos contratistas...". Pero eso es ya muy difícil para mí, necesito que Jordi Ebole me ayude. Él sí que sabe preguntar...o como le digo a mi Santa, él sí que sabe auditar a los políticos...

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