Como pollos sin cabeza...retrato de la clase política europea

Ayer sábado escuché en la única radio que aún puedo considerar "rebelde" una entrevista al sociólogo Manuel Castells con ocasión de su reciente premio de la fundación Holberg. La frase más contundente en mi opinión fue cómo puede aguantar la ciudadanía a la clase política  (española e incluso europea) que nos gobierna, en su opinión y en la mía, y creo que en la de muchos más, totalmente ajena ya a las necesidades y objetivos vitales y sociales de los habitantes de la vieja Europa, viviendo en su mundo en circuito cerrado. Les paso un enlace al corte de audio del programa para que disfruten de 10 buenos minutos de conversación inteligente, y así entrar en materia:

El retrato de la situación actual española es terrorífico. Hemos alcanzado el 22% de paro en general, y nada menos que el 50% de paro juvenil. Un auténtico disparate. Como decía Castells, sólo aguantan porque la familia les sostiene, con una edad de emancipación que alcanzó los 32 años...ridículo en su opinión, trágico en la mía. E incluso destacaría algunos aspectos ya más concretos que muestran signos evidentes de zozobra y falta de rumbo:

1 Crisis de ingresos. En una época de bonanza como la que se ha vivido en España de 2000 a 2008, la garantía de superación de los ingresos presupuestados permitió aberraciones técnico-contables como la cuenta 413, al menos en cuanto a su uso no apropiado e incluso irresponsable (ver post). Desde 2008 en adelante sufrimos una etapa de disminución aguda de los ingresos tributarios, que se resuelve con aumento de los tipos a los sujetos pasivos "controlados" y escaso aumento de la presión fiscal a los "descontrolados" (amnistía fiscal del PP, que al menos parece que será discutida por la izquierda llevando el caso al Tribunal Constitucional según acabo de saber).

2 Déficit presupuestario. Sin ingresos y con  cada vez mayores gastos (incremento del paro en más de 3 millones de personas) la tensión creada por el déficit presupuestario cercano al 11% en el 2010 lleva a un estado de alarma en nuestros socios europeos de Centroeuropa (Merkel y Comisión Europea) y a forzar al Gobierno de Zapatero a un cambio radical en su política de creación activa de empleo y de dinamización económica con ayudas públicas.

3 Crisis de nuestra deuda soberana. La escasa confianza en el modelo económico español del momento, una vez que el motor de la construcción se paró, ha dado lugar a un exagerado incremento de la prima de riesgo en las emisiones de deuda soberana española, y también en un continuo descrédito por parte de las agencias de rating, que nos dejan a pocos escalones del bono basura.

4 Devaluación-inflación. Es evidente que ese descrédito de nuestro sistema bancario da lugar a un encarecimiento de la financiación externa y por tanto a un empobrecimiento del reino de España (de los españoles y de sus empresas y negocios), llámese como se llame, y hay posibles caminos para ello.  Por ejemplo, una caída brusca y sostenida en el tiempo de los precios de los activos inmobiliarios (pisos, urbanizaciones, pabellones industriales, oficinas). Sus propietarios endeudados deben más que el valor real de mercado. El desahucio no es solución cuando ya no hay mercado en el que colocar esos activos y borrar las provisiones acumuladas por los bancos. Definitivamente son pérdidas bancarias que acaban siendo absorbidas por el Estado a través de dos caminos:

·          Nacionalizando los bancos, convirtiéndose en accionistas, esto es, asumiendo que los préstamos del gobierno, no serán devueltos. Puesto que los ciudadanos se hacen indirectamente dueños de malos negocios con deudas inmensas, se empobrecen.

·          Prestando a fondo perdido a los bancos. Solución temporal que puede servir cuando el efecto final evita mayores pérdidas al Estado. En el caso español estas ayudas, en una época de déficit fiscal abultado por la caída de ingresos tributarios, da lugar a necesidades de endeudamiento, con fuertes primas de riesgo y por tanto, también empobrecimiento general del Estado, del país, de los ciudadanos en suma. Aquí es donde el propio Castells recomendaba la película "Too big to fail"  o "Demasiado grandes para caer", en la que se denuncia el chantaje de los grandes bancos a la clase política dirigente y opositora, que se resume en ganancias privadas, pérdidas socializadas.

Caminos de salida

Los caminos para salir de esta situación de déficit presupuestario pasa por aumentar los ingresos vía impuestos  (el camino impuesto por Bruselas, FMI y por el PP en España) y/o por reducir los gastos. Vemos que los ahorros logrados con los recortes realizados en el gasto en realidad se van a dirigir a taponar la vía de agua causada en la línea de flotación del sistema bancario.

Los incrementos impositivos pueden tener un efecto contrario al que se desea. Llegará un momento en el que se pueda colapsar económicamente el país, al menos en cuanto a las cuentas "oficiales", sumergiéndose más y más la economía productiva, ya que se observa el nulo interés por acosar, desenmascarar y penalizar a los defraudadores habituales.

El gobierno Rajoy opta claramente por una política de recortes, tijeretazos (sin orden, sin plan, sin sentido los más de ellos), en sectores muy sensibles para la población, como son los de sanidad y de educación, que en cualquier caso, tienen un comportamiento presupuestario poco elástico, una vez que en algún momento se definió o al menos se decidió poner en marcha servicios nuevos o prestaciones nuevas, en muchos casos ya plenamente consolidadas entre la ciudadanía. Junto a ello, recortes en I+D, (ver post), totalmente absurdos y desatinados, y sin poder renegociar las inversiones militares comprometidas en épocas económicamente mejores.

Es evidente que España, el conjunto de las Administraciones Públicas necesitan racionalizar el gasto. Sin embargo la situación heredada-clásica española no ayuda, más bien es un ancla que nos impide avanzar, movernos con el rumbo fijado (si es que consiguiéramos fijar alguno). Podemos citar por ejemplo:

• Presupuestación incrementalista, sin replanteamientos radicales en cuanto a objetivos de ahorro, economías de escala, etc. Simplemente se sube o se baja un porcentaje sin más necesidad de explicación. 
• Nula atención a la liquidación de las cuentas y al impacto logrado con las políticas públicas. Los avances en evaluación de las políticas públicas son escasos, como pequeños oasis en el desierto, que sirven para animar a los que nos dedicamos a mejorar lo público, pero no se toman en serio por nuestra clase política, sin interés por su aplicación sistematizada.
• Lentitud en la toma de datos, inexactitud, falta de automatización y mecanización de los procedimientos de medición, que hacen tediosos, caros y muy ineficientes a los procesos de control, y a que los órganos administrativos dedicados a esta tarea lleguen siempre muy tarde, años tarde por norma general, demasiado tarde para poder corregir los problemas o detectar las ineficiencias o las ilegalidades descubiertas.

Una nueva forma de presupuestar.

Pero seguramente hay otras formas de gobernar, de presupuestar y sobre todo de reorganizar la gestión pública. Insistía en otro post de este mismo blog en la necesidad de disponer de un modelo económico renovado de futuro, que se aleje definitivamente de la política del ladrillo, fácil de implementar en épocas de vacas gordas, pero desastrosa en las flacas. Se hace imprescindible e inaplazable definir a nivel nacional cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y cuáles son nuestras oportunidades y nuestras amenazas, que es una tarea complejísima y que por tanto debería haberse acometido hace mucho tiempo.

Es imposible establecer una estrategia de gobierno nacional-estatal-autonómica-local sin ese paso previo. Lo contrario, su ausencia, nos conduce a vaivenes continuos de planes y contraplanes en los que nos desgastamos los funcionario/as que aún mantenemos la ilusión por lo público, y en los que "afortunados cazatesoros" obtienen pingües beneficios por vender al iluso o interesado gobernante la pócima de Fierabrás que resolverá de un plumazo el engorroso problema que cree haber detectado y definido como de urgente solución. Nuestros gobernantes deben dejar arrinconado su interés en definir los planes estratégicos (por incapacidad manifiesta) y dedicarse a la oscura y desgastadora de liderar la ejecución de esos planes.

Se observa claramente que aquellas autonomías y sobre todo entes locales con planes estratégicos concienzudos, y con profesionales en la ejecución de las políticas públicas, acaban destacando. Ahí tenemos al Ayuntamiento de Bilbao, que consigue equilibrar su presupuesto en épocas duras a la vez que mantiene un ritmo inversor loable. Escuchando a uno de esos técnicos en el Congreso Q-EPEAde 2012, me sorprendió al explicar una medida simple pero muy efectiva: llevar la dependencia orgánica de la presupuestación desde el área de Hacienda y Finanzas al área de Alcaldía. Es evidente que el liderazgo político efectivo necesita controlar, hacer suya, la ingente tarea de definir el presupuesto basándose en la estrategia establecida. 

Cualquier persona medianamente entendida en cuestiones de estrategia en el ámbito público, sabe que para llevar adelante esos planes, es necesario, por un lado, los recursos económicos necesarios y por otro lado, contar con el funcionariado que los sacará adelante, con o sin externalización total o parcial. Por tanto,  se hace necesario, imprescindible e inaplazable igualmente el que la presupuestación pública quede alineada alineada con la estrategia establecida  y no alienada por los departamentos o ministerios de Hacienda, excesivamente poderosos y poco proclives a presupuestar en base a procesos y carteras de servicios. Es decir, situar orgánicamente la presupuestación ejecutiva en la Presidencia, Alcaldía, Lehendakaritza...

Establecimiento de cartera de servicios. 

Los presupuestos sólo pueden construirse desde la base de que las Administraciones públicas prestan servicios y en menor medida invierten en carreteras, ferrocarriles, puertos, equipos de defensa, seguridad ciudadana... De aquella conferencia Q-EPEA 2012, algo más quedó claro, y es que en los presupuestos con visión estratégica debemos conocer muy bien qué servicios públicos prestaremos directamente o indirectamente, y por tanto, una vez establecida esa cartera de servicios, con qué recursos económicos contamos para llevarlos adelante.

La ciudadanía debe conocer de un modo transparente qué costes conlleva la "producción" de esos servicios que consume. Sólo así, podremos avanzar en un debate social público sobre qué es prioritario, quiénes serían los destinatarios que los reciban y qué nivel de prestación podemos soportar o estamos dispuestos a financiar.

Conocidos y aceptados los servicios públicos que todos deseamos tener, y también el precio a pagar, de un modo natural aparecen las críticas más o menos acertadas sobre esos costes, y de ahí las propuestas de mejora o de servicio alternativo. Ese debate, por muy minoritario que pueda ser al comienzo, por nuestra proverbial tendencia a escurrir el bulto y velar la información (escasa generalmente) de las cuentas públicas, debe llegar a la ciudadanía. Somos nosotros y nosotras los que tenemos la obligación de decidir qué nivel de servicios queremos y a qué precio. Si no nos dan la oportunidad de conocerlo y debatirlo, difícilmente podremos madurar social y políticamente. No podemos quedarnos fuera de juego, o peor aún, no pueden seguir secuestrando nuestra opinión y nuestra posición común y mayoritaria sobre todo lo que nos concierne y afecta.

Ni qué decir tiene que los indicadores o modos de medir si las Administraciones Públicas lo hacen bien o mal están lejos de ser algo habitual en la gestión pública. Bajísimo es el porcentaje de AAPP que tienen sistemas integrados de gestión de calidad, o que apuesten por el modelo EFQM. Incluso para vergüenza ajena, algunas como la Hacienda Foral de Vizcaya se ha desenganchado, sin explicar la razón.

Los costes de no calidad, tecnicismo que sólo quiere decir, hacer poco con mucho, es decir, de un modo poco eficiente, siguen sin aflorar en nuestros presupuestos, y los parlamentos, la oposición, las asociaciones y ONGs más beligerantes en el control público, siguen dando palos de ciego en su modo de controlar a los gobiernos y a las maquinarias administrativas. Pero, ¿por qué no pueden?

La razón del por qué no pueden se basa en la ausencia de un mecanismo o esquema nacional obligatorio para todas las administraciones públicas para que definan con detalle, exhaustivamente, la prestación de sus servicios públicos: qué, cómo, con qué funcionario/as, a qué precio, con qué rendimiento. En un palabra definiendo su sistema de gestión, sus procesos de trabajo, su cuadro de indicadores de rendimiento, y evaluando continuamente el impacto de su labor. 

Cuando se conocen los costes reales de la gestión de los servicios públicos y se comparan rendimientos, la ciudadanía se vuelve mucho más exigente y entramos así en el debate sobre los procesos productivos de los servicios públicos. Entonces llega el mágico momento en el que sólo se piden más funcionarios si hay mayores demandas de un servicio público y si además no se pueden reasignar de otros servicios en desuso. Entonces los planes de empleo comienzan a tener sentido, entonces también, la gestión por competencias de la masa de funcionario/as comienza a tener sentido, ya que tendremos que describir qué tiene que saber cada uno de ellos para realizar las actividades descritas, y con las herramientas (informáticas la mayoría) que precisen.

Entonces también, podremos obtener las mediciones de su rendimiento, y podremos también entonces, comparar unas Administraciones con otras, y sólo entonces, la ciudadanía podrá exigir las mejoras de esos rendimientos cuando sean inaceptablemente bajos, cuando los costes sean inasumibles, cuando las ineficiencias queden al descubierto, y sólo entonces. De cualquier otro modo, simplemente es imposible, puesto que no podemos dejar al "mercado" que elimine a los malos gestores públicos, porque sabemos que el "mercado" no busca la universalidad. Y tampoco podemos dejar a la "tecnocracia" la definición de lo que es bueno para el pueblo y lo que no es bueno, decidiendo por ellos, algo que los extintos gobiernos comunistas dejaron bien claro al resto del mundo tras el colapso de su modelo económico centralista y centralizador.

Y dice bien Fernando Mora en su blog  Errepeté, en una reciente entrada, que el control de la actividad administrativa es fundamental (recomiendo su lectura). Pero aquí debo resaltar una actividad previa muy importante y que los que trabajamos siguiendo la norma ISO-9001 de calidad (o cualquier otra norma) sabemos bien, que para controlar, para verificar que se alcanzan los objetivos que nos hemos impuesto, debemos medir nuestra actividad y el impacto logrado. Sin datos fiables no podemos controlar nada. Queda todo en opiniones "opinables" cuando menos, que suele dar lugar a la aparición de "pescadores en aguas revueltas" totalmente interesados, que buscan su propio beneficio en lugar del de la organización, departamento, ayuntamiento, ministerio o lo público de un país al que sirven o dicen servir.

Y para muestra un botón, puesto que les voy a exponer un ejemplo que tengo muy cercano, con datos reales. En 2003 en el Departamento de Promoción Económica (fusión de los departamentos de Empleo y de Innovación desde 2009), a iniciativa de sus técnicos de organización se planteó la implantación de un sistema de gestión ambiental, que fue certificada bajo norma ISO 14001 ese mismo año.

Desde 2008 se une a la ISO-14001 la certificación ISO-9001, con un alcance en principio menor, los servicios generales del Departamento, núcleo central de servicios transversales, pero con un importante impacto en el liderazgo técnico-organizativo de todas las actividades del negocio principal del departamento: las políticas públicas en materia de fomento del empleo, del talento y de la promoción económica.

Desde entonces hasta el momento presente, el sistema ha sido sometido a auditorías internas y a externas, con procesos de recertificación cada tres años. Los planes de mejora derivados de la gestión del sistema han dado lugar a los siguientes ahorros:

Nada menos que un 2% anual sostenido del presupuesto del programa de Administración General del Departamento de Promoción Económica. Los resultados son elocuentes. Pero al mismo tiempo, no nos olvidemos del impacto ambiental que ha supuesto en ahorro de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Ahorro energético y disminución del impacto ambiental van de la mano.

No cabe otra conclusión que calificar esta experiencia de ya  9 años de inmejorable. Y ello a mi modo de ver se ha conseguido por dos razones principales:

• Por el evidente ahorro logrado, reduciendo los impactos ambientales de la actividad administrativa, y de ahorro económico significativo en un área de servicios generales a la que nadie le presta la debida atención y que está en el núcleo duro de lo que llamamos despectivamente como burocracia.
• Por el magnífico ejemplo que supone la gestión administrativa guiada por un sistema de planificación y trabajo basado en procesos, gestión por competencias, mediciones mecanizadas de indicadores de eficacia, eficiencia, y por la incorporación de la mejora continua.

 Pero sobre todo por el abandono de la tradicional excusa de los funcionarios pusilánimes, apoltronados y comodones, que reza "eso no se puede hacer" y del gran pseudo-objetivo de los que pertenecen a esa grupo:  "para qué cambiar". En unos momentos de abandono por parte de algunos departamentos de las políticas de calidad y excelencia en la gestión, de tijeretazos a ciegas, o peor aún, realizadas sin fundamento político y sobre todo social, sin indicadores de eficiencia en los que basar sus decisiones, apuesto firmemente por un modo sistemático y sistematizado de gestionar lo público, basado en una dirección pública profesional, en el establecimiento de carteras de servicios públicos, con costes reales, con indicadores universales consensuados, con metodologías de medición auditables y con rendición de cuentas en tiempo real, con total transparencia de nuestra gestión ante los ciudadanos. Las pruebas son evidentes, ya que los números hablan por sí mismos. Aquí no hay trampa que valga, las facturas de los proveedores están disponibles para quien quiera auditarnos "de nuevo". Ahí dejo el guante para quien se atreva a recogerlo.

Medid,medid...¡¡medid malditos!!

Vuelvo a mi estado de irritación, crispación crónica o como quieran llamarlo. Pero seré muy breve esta vez porque venía preparando una entrada para este blog bastante extensa y repleta de datos que confirmarían mi  hipótesis de trabajo, y los acontecimientos político-económicos de los últimos días me han conducido a acelerar los trabajos. Es decir, que simplemente me desfogaré un poco aquí a la vez que voy anticipando la materia del próximo post.

Y mi indignación esta semana viene alimentada por la cantidad de tonterías que vengo oyendo en todos los medios alrededor de lo que tiene que hacerse o no hacerse acerca del caso Bankia y de la crisis de credibilidad del sector bancario español y por extensión de toda la economía española y del propio país como tal. Cifras y más cifras, cada cual desatinando un poco más, hablando de lo que no saben, de lo que no conocen, y todo ello, y lo resumo aquí para no aburrir más al lector, por culpa de la proverbial estulticia y autocegamiento de la clase política situada en tareas ejecutivas, de la clase política situada en labores opositoras y por extensión, en general, de los cuerpos administrativos de altos funcionarios, especialmente los dedicados a temas no presupuestarios. Y por qué me preguntarán...Pues sencillamente porque los indicadores que  manejan, o mejor dicho, que manejamos, ya que yo mismo me incluyo, no son fiables, y eso cuando hay indicadores. Tengo muy confirmado que ningún político de los que me han dirigido (esto es un eufemismo encubierto, me refiero al uso del verbo dirigir) ha sido capaz de preguntarme de dónde salen esas cifras y sobre todo, cual es el algoritmo de cálculo, la metodología utilizada, qué excepciones contemplaba, alcance y  sobre todo la fiabilidad, confianza, existencia de estándares, comparaciones con otros indicadores o mejor dicho, existencia de indicadores reconocidos con toda esa información antes mencionada, bien establecida y definida.

No amigos y amigas lectores, nunca, nunca se han preocupado de todo eso. Pero es más, es que lo extiendo al común de los españoles. Una sencilla encuesta informal a mis compañeros y compañeras de oficina sobre su economía doméstica me viene a decir que la información detallada de gastos e ingresos (esto último sencillísimo por culpa de nuestra dependencia de una simple nómina, sin parte variable) les es ajena. Nadie fue capaz de decirme cuánto se gastaba en combustible al año, cuánto en peajes, cuánto en electricidad, en alimentación, en espectáculos...Bueno, pues aunque parezca un lunático, yo sí que me molesto en anotar y clasificar mis gastos y en conocer cómo me pueden afectar las subidas de ciertos productos y no las de otros. Creo que les aburro con mi insistencia en dotarnos de una batería de indicadores, pero de indicadores en su sentido más técnico y más extenso de la palabra, acercándonos a lo que contempla la norma UNE dedicada a estos menesteres (sí, para todo o para casi todo hay una norma, una forma sensata y concienzuda de hacer las cosas, en este caso medir). ¿O es que no se acuerdan de por qué se estableció el sistema métrico decimal? El enorme esfuerzo que dedicaban los comerciantes internacionales en hacer cálculos y más cálculos para hacer comprensibles los precios y para poder consolidar sus ventas en las cuentas de las empresas. Y no tenemos que irnos muy lejos, porque ahora mismo necesitas una vista de lince para poder conocer el precio del kilo de lo que contenga cualquier lata de conservas, o para conocer el precio del litro de suavizante, de lejía, etc, de tan variados envases y volúmenes, con ofertas y contra-ofertas...La labor de medir el precio final para el pobrecito cliente se vuelve imposible.

Pues extendido este pensamiento al mundo de la banca, de la presupuestación pública o de las grandes finanzas y concluirán conmigo que estos magníficos auditores que nos han visitado, sí, los del Fondo Monetario Internacional, habrán elaborado un informe técnico con la cifra final que necesita el sistema bancario español para conseguir su saneamiento final, de la que no tendría yo ninguna confianza. ¿Cómo es posible que el Gobierno de Rajoy no haya conseguido saberlo en 6 meses a los mandos del Estado?¿Cómo es posible que el Banco de España tampoco la sepa, o al menos, nos digan los primeros que los segundos les engañaron en el caso Bankia? ¿No será que nadie tiene interés en conocer la cifra del despropósito porque nos traería pistas de quiénes han metido mano en la caja, valga la figura literaria no buscada? ¿O se trata de que realmente no hay sistemas sólidos de indicadores con metodología de cálculo contrastada?

Medimos poco o muy poco, y bastante mal, con poca precisión, y sobre todo con poquísimo interés en mejorar los cálculos, en buscar tendencias y en extraer consecuencias de las mediciones realizadas para intentar mejorar nuestra gestión pública. A nuestros políticos, a nuestros funcionarios, a nuestros ciudadanos no les interesan para nada esos indicadores de eficiencia, de eficacia, de impacto... Pero así no podemos seguir, teniendo que aceptar que nos vengan los auditores del FMI a darnos esa cifra. Así no podemos seguir, viendo en una rueda de prensa de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, cómo sus consejeros titubeaban, inseguros, al pedir los periodistas datos. Y eso que estos últimos apenas si tienen agudeza en su crítica, incapaces de exigir método, consistencia y confianza en los datos aportados por los políticos, que tan pronto pueden hablar de kilos como de toneladas, sin el menor rubor. Insisto en que es un mal crónico de este país, y si queremos estar en la Champions League de los países más adelantados tenemos que aprobar esta asignatura con nota. Ahora tenemos una calificación de muy deficiente. Es la realidad incontestable. Las propuestas que siempre incluyo al final de cada post se describirán con detalle en otra entrada que verá la luz en próximos días. A ella les remito amigos y amigas lectoras.

Política tecnológica en España: sobre el I+D+i ...

.... más O + t + e + z. Y aclaro el acrónimo: O de obsoleto, t de terrorífico, e de esperpéntico y z de zafio, es decir, hoy hablaremos sobre la idiotez tecnológica de este gobierno Rajoy y haremos algunas comparaciones con lo que se está "cociendo" por ahí, y sin ir más lejos en este País Vasco nuestro de cada día.


De entrada debo decir que absolutamente  desolado me quedé al oír la noticia y luego leer con más detalle la política de recortes brutal a los presupuestos dedicados a la investigación, desarrollo e innovación en España para 2012 ideada (si se puede utilizar este verbo) por el gobierno Rajoy. Quizá lo que más me preocupa y creciéntemente disgusta es la machaconería del mensaje mediático que nos lanza la ultraderecha gobernante, "la herencia Zapatero", y cómo en este caso, no hace ni una sóla mención a esa pretendida razón a la que achacar todos los males que vivimos actualmente en este país. Ni una sola palabra sobre la herencia recibida, porque en este caso, la herencia es abundante y provechosa, llena de éxitos en un espacio corto de tiempo si tenemos en cuenta lo difícil y empinado que es el camino que lleva hacia la excelencia en ciencia e investigación, y a obtener frutos directa o indirectamente aplicables y visibles por la sociedad. Porque es muy difícil explicar a la ciudadanía en general qué demonios de interés tiene gastarse unos buenos cuartos en enviar un hombre a Marte o en localizar partículas subatómicas en un acelerador mostruoso y carísimo enterrado en un túnel que recorre el centro de Europa. Grandes inversiones, sí, que devuelven a medio largo plazo réditos incalculables, como podemos comprobar en los países más avanzados.


Y es que con este gobierno volvemos a la ramplonería más castiza, al "que inventen otros" desgraciada frase del escritor bilbaíno Miguel de Unamuno, tan alejado del ideario vasco actual. Lo curioso es que la citada frase surge en un periodo de franca expansión tecnológica en las dos primeras décadas del siglo XX, al menos en las grandes ciudades de la época, años antes de que España se enzarzara en un cruenta guerra civil que destruyó todo ese tejido social proclive a la investigación y al desarrollo. Nuestro desarrollo de los sesenta tuvo su base también en el ladrillazo, obligado eso sí por el movimiento migratorio interno, y por el comienzo del boom turístico en las costas españolas. Por cierto, ¿se acuerdan los lectores y lectoras más maduros del escándalo SOFICO en la Costa del Sol, en pleno tardofranquismo? Como ven, es un suma y sigue la obsesión por el ladrillazo costero entre nuestros dirigentes dextrógiros. Su escasez de miras a largo plazo siempre nos ha conducido al desierto tecnológico, ladrillazo pero nunca computarazo, nunca laboratoriazo, nunca planazo tecnológico...nada de nada, destinados a morir de sed intelectual y de conocimiento por su falta de capacidad intelectual y sentido social.


Las razones de esos recortes en I+D nunca han sido explicadas. No hay nada peor que lanzarse a un proyecto a largo plazo y cuando estás a más de medio camino de su conclusión que alguien te diga que "mentes no-pensantes" han decidido suprimir de un plumazo (ahora deberíamos utilizar la expresión, "de un deletazo" de teclado), las partidas presupuestarias destinadas a su conclusión ordenada y seguramente que satisfactoria. En medio del caos que seguro que ha originado en esos laboratorios, centros de investigación, departamentos de facultades, etc la probabilidad de pérdida de valiosa información, o peor aún, de que caiga en manos de agentes revendedores, libres de escrúpulos, es alta. La desmoralización de los equipos de investigadores que tan difícil y costosamente se han ido formando en estos últimos 8 años de lucidez tecnológica se extiende y no es de extrañar que su hartazgo les conduzca al exilio laboral. ¡Qué llamativo el cambio habido! Hace unos años estábamos en plena carrera de fichajes "relocalizadores" de españoles y españolas de éxito en las grandes universidades americanas y ahora les dejamos en el paro. ¿Qué pueden pensar de este país? La pérdida de confianza en nuestra palabra, la de los ciudadanos que sostienen con su voto semejantes prácticas destructivas no será fácil recuperarla. El Gobierno Rajoy ha cometido un grandísimo error que pagaremos todos y todas.


Pero para los que creen que no había alternativa al recorte les mostraré algunos datos que permitirán que reflexionemos sobre lo absurdo y demencial de la medida. Gracias a la información puesta a disposición de toda la ciudadanía por el Instituto Nacional de Estadística y del propio Ministerio de Economía y Hacienda, he realizado un sencillo análisis de las liquidaciones presupuestarias, en sus apartados dedicados a I+D por autonomías, durante los años 2007-2008-2009. Hubiera querido agregar los de 2010 pero no estaban disponibles con carácter general, lo que hacía más difícil las comparaciones. Es la diferencia entre predicar (presupuestar) y hacer (liquidar las cuentas). Es significativo el valor del promedio de esos años, puesto que alguna región tiene puntas extrañas, que imagino se deben a inversiones puntuales en algún laboratorio o costosa instalación para su uso. La media nacional se encuentra en el 1,30% del PIB.  Las cifras encajan perfectamente en la información aportada por EUROSTAT, en la que comparamos el esfuerzo investigador de español con el resto de Europa. En ese segundo gráfico se observa la deprimente situación en 2008.

Fuente EUROSTAT a través de la web del INE

Podría pensarse que la situación es muy mala, y que esa herencia de la que tanto oímos hablar nos condujo a esa posición. Pero no, no ha sido así. Observen este significativo gráfico que muestra la evolución inversora en I+D en % de PIB nacional, desde los últimos años de gobiernos socialistas de Felipe González, los 8 años de gobierno conservador de Aznar y el primer lustro de gobiernos socialistas de Zapatero. Las cifras son elocuentes, salta a la vista ese esfuerzo inversor en investigación durante el periodo Zapatero, casi duplicando los niveles de la primera etapa del primer gobierno conservador de Aznar. Es una buena herencia, una herencia dilapidada por Rajoy, como los malos herederos rentistas y absentistas. ¿Qué gráficos veremos cuando actualicemos los datos reales de las cuentas liquidadas de 2012-2013-2014-2015? Les anticipo que un gran socavón, que puede incluso tener forma de despeñadero…

Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT a través de la web del INE

Si ya analizamos más en profundidad los datos, con comparaciones territoriales, la disparidad regional es abismal. He recogido el promedio 2007-2009 para intentar normalizar la información obtenida puesto que algunas autonomía mostraban puntas inversoras no sostenidas en el tiempo (¿algún laboratorio o centro de I+D recién inaugurado?). En cambio se observa que el País Vasco, Navarra y algo más lejos La Rioja, Andalucía y Castilla-León superan la media estatal. El País Vasco destaca sobremanera, con un promedio de 3,5% de PIB lo que le sitúa al mismo nivel que los líderes europeos de esos años (Suecia y Finlandia).




¿Algo que decir al respecto? Mucho, sobre todo si luego comparamos con los escasos efectos del ladrillazo en la economía vasca, en la estructura productiva que posee y en el nivel de paro promedio que soporta su población. Añadimos a todo ello los salarios más altos, las cotizaciones a la Seguridad Social más altas, las pensiones más altas y una productividad que permite un nivel exportador que no tiene comparación. Y en plena época de recortes, el gobierno vasco sigue apostando por la I+D y por la innovación, manteniendo una línea inversora de anteriores gobiernos nacionalistas, porque de lo contrario el entramado investigador, innovador y emprendedor en el que se mueve desenterraría el hacha de guerra, porque sería ilógico y desafortunado tirar por la borda miles de millones de euros ya invertidos y que comienzan a producir patentes y proyectos de primera fila. Por estos lares no hay lloros ni lamentos a ese respecto. 

Pero, ¿se puede mover todo el estado español con ese único motor, puede levantar vuelo la economía española sólo con el País Vasco y Navarra? Me temo que no, y por tanto este gobierno Rajoy debe rectificar inmediatamente y utilizar el modelo vasco ya mismo. Es mi única propuesta en esta ocasión. Ya hay una alternativa validada, probada y de garantía para el futuro de este país y además en marcha, aunque algunos inconscientes quieran destruirlo.

La subida del iuvea...(rememorando el Ce-Ce-O-O)

Hubo una vez en esta país, en la ciudad de Barcelona más concretamente, una semana a la que bautizaron como Semana Trágica. La reina de Inglaterra también tuvo su annus horribilis. La ciudadanía de este país ya conoce a los primeros cien días del gobierno Rajoy como el Centenazo. Jamás, jamás, en mis 49 años de vida (incluso en mis 31 de disfrute de mis plenos derechos civiles - y sus correspondientes obligaciones) había visto agotarse tan rápido a un gobierno recién formado y mucho menos con mayoría absoluta, ni a un líder político nacional, hablo de nuestro Presidente del Gobierno de España, mostrar signos de debilidad y ajeneidad a la realidad política,  económica, pero muy especialmente a la realidad social. Parece como si hubieran pasado tres años de dura travesía del desierto y nos encontráramos a las puertas de una nueva campaña electoral, con la legislatura y por tanto, con su mandato finalizado. Pero es que sólo han pasado algo más de cien días, sólo cien, ni doscientos, ni trescientos sesenta y cinco días, ni 1000 días, ni por asomo los casi 1.500 días que tendría que durar un mandato de 4 años. Se imaginan los lectores y lectoras la fracción de tiempo que ha transcurrido: una décimoquinta parte, y fíjense que no les llega el fuelle para terminar la primera etapa.

Y es que además se les ve muy, muy nerviosos y nerviosas. Hoy he podido comprobarlo en su forma femenina en la explicación mal enjaretada que daba a sus oyentes de por qué no deben movilizarse los españoles: nada de salir a la calle, ¿por qué? Sí, yo lo interpreto como síntomas evidentes de nerviosismo ante lo que viene a continuación. Un país que ha aguantado estoicamente durante dos años a que Zapatero y su gobierno se marcharan, acosados mediáticamente por la extrema derecha que ya hoy nos gobierna, radicalizada hasta un extremo que nadie alcanza a entender entre la ciudadanía responsable y pacífica. Y en diciembre de 2011 se marcharon los que decían ellos que eran los causantes de la situación económica desastrosa creada. Se inauguró a continuación el Centenazo, con una increíble sucesión de Decretos-Ley redactados a velocidad de vértigo, publicados en el BOE a mayor velocidad aún (es posible que el compositor de páginas de esa publicación oficial haya tenido que asistir al Consejo de Ministros por videoconferencia para acelerar la toma de notas...) y que han tenido que se enmendados, remendados, aclarados, centrifugados y tendidos al sol y al aire meseteño para intentar transmitir un poco de cordura en todo esta absurda carrera hacia ninguna parte salvo hacia el despeñadero.

Recuerdo al comienzo de la crisis, en 2008 cuando el gobierno de Zapatero intentaba negar la mayor, durante varios meses "aquí no hay crisis...". Al menos, hubo un atisbo de lucidez cuando se planteó la reforma integral del modelo económico español, un cambio de paradigma...adiós al ladrillo, bienvenida la economía sostenible. Tengo aún el texto de la citada Ley, llena de buenos propósitos, pero como bien me enseñaron en la UNED los profesores y profesoras de Ciencia Política, la ventana de la oportunidad estaba cerrada ya, y el gobierno de entonces carecía de la suficiente potencia como para forzar su apertura. Había llegado tarde, tres años tarde al menos, porque estos proyectos de largo alcance, de fuerte cambio, deben acometerse cuando aparece en el horizonte la sensación de urgencia, cuando se empieza a oír en la calle "algo tiene que hacer el gobierno". Ese "algo" debe estar pensado, planificado y con los recursos económicos y sociales que hagan falta completamente disponibles. No se pueden improvisar o incluso, no se puede empezar a pensar en un plan en ese momento. Se llega demasiado tarde y la corriente del río crecido te arrastra inexorablemente.

Y ahora, en cambio, lo que falta es un auténtico plan de cambio económico. Constantemente oímos hablar de reformas, de más y más reformas, estructurales (laborales, no la bancaria)...Sin embargo, nada de cambio de modelo económico. ¿Qué me dicen ustedes de la nula política industrial y de investigación en la que nos ha embarcado este gobierno? Menos mal que el gobierno autonómico vasco de López sigue manteniendo su apuesta por el I+D+i (en próximas fechas publicaré un post dedicado exclusivamente a este asunto con cifras comparativas demoledoras). Mala señal, la peor de las señales. Las reformas han venido por donde no debían: facilitar el despido y eliminar derechos sanitarios, además de por una nula mención al escaso esfuerzo gubernamental por aumentar incluso la presión a los defraudadores al fisco, más bien al contrario. Sinceramente, es un gobierno  sin estrategia nacional, ni política, ni social ni económica. Lamentablemente no hay nada detrás del gobierno Rajoy. Que Dios nos asista en el próximo Centenazo.

¡¡¡Guárdate de los idus de mayo!!!

La cuenta 413...o cómo hacer castillos en el aire.

Hace más de un mes desde mi último post. La verdad es que fue muy, muy extenso, y sobre todo muy ácido, además de dejar al tiempo, en su lento fluir, el que permitiera que la polvareda levantada desapareciera y poco a poco pudiéramos ver si estaba o no acertado. Al parecer algo que intuíamos algunos al leer el Decreto-Ley 4 se ha venido a confirmar: Madrid, la capital del Reino de España, será la gran beneficiada. Y es que no hay como promocionarse a ministro para intentar resolver los cañones que se acaban de dejar atrás. Además, debemos cumplir luego el viejo adagio de "no quieras para los demás lo que no quieres para tí", así que siguiendo la senda del "borrón y cuenta nueva" se lo aplicamos también a los evasores de impuestos, porque "algo" sacaremos para las arcas públicas. Según lo que adelanta el ministro Montoro  ha quedado fijado en el cómodo 10%, fíjense los lectores y lectoras, fíjense, como los antiguos diezmos religiosos, principal fuente de ingresos de las Iglesias, las que fueran. Se calcula tan fácil lo que les tienes que dar...Suena redondo, contundente, sin aristas: el décimo, como la lotería. Inmoral y facilón es lo que me parece. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión.

Pero claro, como comprenderán, una vez pasados los idus de marzo y en plena Semana Santa, tenía cierta curiosidad sobre cómo se había desorrollado este nuevo fenómeno meteorológico de la "lluvia de facturas", cuánta había sido la precipitación por metro cuadrado de alfombra roja de despacho de alcaldía. Y efectivamente, hubo precipitación, intensas en algún caso, granizada fuerte en otros pocos y hasta alguna zona de sequía pertinaz en los menos.

Uno de los aspectos sobre los que me interrogaba tenía que ver con la transparencia del proceso, es decir, de si tendríamos listados de acreedores y de las cantidades adeudadas, tanto el global (que ha dado muchísimo que hablar en la prensa durante la segunda quincena de marzo) como del desglose, que es fundamentalmente lo que querríamos ver transparente, casi cristalino. Pero hay de todo, desde quien lo ha publicado directamente en internet, a quien lo hace en internet pero siendo necesario introducir el CIF del proveedor. En resumen, para los proveedores que tengan entre sus clientes a más de un Ayuntamiento o dependientes de éstos, un auténtico reto conocer si estás en la dichos relación certificada o no estás. En cualquier caso, me he molestado un poquito en analizar una de esas listas de un Ayuntamiento pequeño-mediano. No indicaré el nombre del mismo puesto que no se trata de un análisis científico ni mucho menos, ha sido purita curiosidad investigadora. Quienes pueden tener más fácil el cálculo integrador de toda esa información vertida desde los ayuntamientos españoles es el Ministerio de Hacienda (espero que sea animen a intentar cruzar facturas de un mismo proveedor que aparezcan en más de una lista certificada...). Por mi parte simplemente les diré que ese Ayuntamiento analizado muestra un cuadro como el que sigue:

	Ayuntamiento	Su patronato	Total municipal
Total Importe	2.800.430,90 €	229.326,21 €	3.029.757,11 €
Promedio de Importe	1.463,89 €	730,34 €	1.360,47 €
Nº Facturas	1.913	314	2.227
Máximo Importe de factura	152.739,20 €	19.046,20 €

Conclusiones a las que llego: mucha factura pequeña, con promedio bajo por acreedor, que no llega a 1500 euros, siendo la factura más abultada pendiente de pagar un cañoncito de 152 mil euros y pico. Además bastantes acreedores diferentes de toda forma jurídica y condición. En fin...que como no pude descargarme el presupuesto de ese municipio, tampoco he conseguido saber si realmente estamos hablando de un caso grave en términos de monto de facturas impagadas a proveedores per cápita. Pero a la conclusión a la que llego es que difícilmente el pago de los 3 millones de euros será causa de salvación de sus proveedores puesto que la media está en 1360 euros pendientes de cobro.... Tal vez, el pago de ese par de grandes cañones, si el proveedor afectado tiene un tamaño pequeño podría evitar su desaparición.  Sigo pensando por tanto, que todo este embrollo tiene otra finalidad.

Respecto a la segunda gran tarea municipal, la de enviar antes del 30 de marzo los planes de ajuste...pues se ha hablando muchísimo menos en los medios. Realmente creo que ha pasado un tanto desapercibido. Vamos, que estamos de nuevo en nuestra querida Celtiberia: "págueme lo que me debe y si vuelve a las andadas allá usted". Y volveremos a las mismas, sin control efectivo de los procesos de gasto y sin que se tenga en cuenta si las obras faraónicas en las que se mete el ayuntamiento o Comunidad Autónoma se pueden mantener a medio y largo plazo, además de evaluar el impacto en el tejido socio-económico del territorio afectado (por cierto, hay por ahí algunas empresas consultoras que hacen ese tipo de estudios con una facilidad pasmosa...ya me gustaría saber qué metodología utilizan).

Y al hilo de este último argumento, el de crear un mecanismo administrativo para evitar que altos cargos políticos municipales y autonómicos desbarren en el gasto y dejen las cuentas publicas completamente coloradas de tan pocos números negros como muestran, pude escuchar en algún radio diario de los que más audiencia tienen una frase lapidaria de la alcaldesa de Valencia. Venía a decir que con el famoso RD 4/2012  podría ponerse fin a tanta falta de cordura en la gestión de los presupuestos municipales valencianos "no más cuenta 413" vine a entender que nos decía. Y ahí se encendió mi bombillita...¿qué quería decir con ese número mágico...? 413 uhmmm, 413...cuenta 413. Parecía una pista que me llamaba a la investigación gugleana. ¿Qué demonios tenía ese número, esa cuenta 413 que según Rita Barberá era la causa de todo este zafarrancho, con la casa nacional patas arriba?

Así que investigué un poco (no he tenido demasiado tiempo para estas cosas en el pasado mes de marzo, con auditoría de seguimiento de nuestro querido sistema de gestión certificado bajo ISO-9001) y encontré algunas cosas curiosas. La denominación técnica viene a decir “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.” y se creó a finales de 2004 recién estrenado el primer gobierno Zapatero  y que entró en vigor el 1 de enero de 2006 con la nueva ICAL (Instrucción de Contabilidad de la Administración Local), y que viene a recoger aquellas obligaciones vencidas al final del ejercicio por gastos realizados o bienes recibidos pendientes de aplicarse al presupuesto del ejercicio. Ufff, esta cuenta tenía miga, mucha miga como pueden entender los y las lectoras de este post. Nada menos que si no tengo presupuesto disponible en el ejercicio, no voy a quedarme sin hacer el polideportivo o sin recibir al Papa. Algo tendré que hacer contablemente para dejar anotadito todos los gastos realizados. Así que van al cajón, bien identificados. ¿Y el control se dirán ustedes? ¿Y para qué demontres desarrollamos todos los años en cada municipio el show de la preparación del presupuesto del año siguiente? Pero si da igual, tenga o no tenga partida presupuestaria, me puedo meter en cualquier inversión extrapresupuestaria este año, que lo imputaré en la cuenta 413 y lo dejaré acumulado como déficit arranque para el próximo año. Y ya lo pagaremos...faltaría más. ¿Se imaginan este juguete presupuestario en manos de político/as sin juicio, sin moral, sin fundamento como diría el cocinero Argiñano? Pero,  ¿cuál fue el motivo para crear esa cuenta?

No creo que fuera este objetivo el que tenía en mente el grupo de tecnócratas que diseñaron la nueva ICAL actualmente en vigor. He de suponer que como yo, funcionario que ha vivido esas situaciones, pensaron que ante presupuestos del año siguiente bien diseñados, con la partida de gasto concretada para la inversión que se quiere hacer, y conociendo el funcionamiento de la empresa privada, que suele necesitar asegurar un anticipo parcial de la futura factura con el fin de acopiar o al menos asegurar que el proyecto no se va a quedar en agua de borrajas ante cualquier cambio de criterio inversor, era conveniente poder llegar hasta la obligación del gasto y punto, ya que al año siguiente se podría realizar el pago definitivo de esas facturas pendientes. Ese instrumento contable, si quien lo utiliza es ordenado, prudente y sabio, puede servir para optimizar el presupuesto y flexibilizar la estricta maquinaria presupuestaria de las Administraciones Públicas. Pero ya algunos expertos en la materia (véase el siguiente enlace de los profesores Josep Viñas Xifra y Pilar Curós Vilà de la Universidad de Girona)   hicieron comentarios al respecto, en la que adelantaban que no parecía recomendable que no se especificaron concretamente los supuestos en los que se podía aplicar en este tipo de gastos atípicos. Es decir, que según ellos quedaba demasiado abierta y vaga su utilización. El tiempo les ha dado la razón a todos los que pensaban como ellos cuando vieron la nueva cuenta 413 de la ICAL.

Está claro que era una época de bonanza económica que sobrepasaba incluso las mejores cifras del último gobierno Aznar. Sí, es cierto, casi nos hemos olvidado de que algún día fuimos ricos o al menos nos hicieron creer que lo éramos, a base de préstamos de todo tipo, sin análisis de las mínimas garantías de devolución parte de las entidades bancarias, sin la debida prudencia que se les exige. Pero mientras tanto, y hasta el estallido de la crisis económica en 2008, los incrementos extraordinarios de recaudación se superaban año tras año, y por tanto, las obligaciones pendientes de abono conseguían en la mayoría de los casos ser saldadas cuando Papá Estado hacía la liquidación final de impuestos concertados, con liquidación favorable a los entes locales normalmente que se veían con dinerito fresco, listo para invertir en algunos casos y en otros para mal invertir, por no decir otra palabra más fuerte. Pero todo se acabó en 2010 y 2011. Las liquidaciones finales sobre los anticipos de impuestos concertados se han venido abajo estrepitosamente, sin ingresos por licencias urbanísticas a troche y moche...y con ello, nuestros entes locales teniendo que devolver incluso parte de lo anticipado por el Estado y con abultadas cifras en la partida 413, obligaciones pendientes de abono, no lo olvidemos, que ya no se podrán pagar a corto plazo. Es decir, están en una trampa mortal....

Y ahora que queda explicada la técnica española de construcción de castillos en el aire, novedosa, interesante, por favor, no la patentemos, porque ha demostrado ser altamente perjudicial para la economía española en su conjunto, y mucho más para las cuentas públicas. Pero por otra parte, no arrojemos a los leones a quienes quisieron flexibilizar el instrumento presupuestario y contable de las Administraciones Públicas. Propongo por tanto, ya que toca cerrar este post, y suelo tener por costumbre proponer medidas en este apartado, que se reforme la cuenta 413 pero en el siguiente sentido:

- Limitar el saldo de obligaciones pendientes a final de ejercicio en la cuenta 413 a un porcentaje máximo a definir, aplicable a la media de obligaciones finales que sí hayan sido abonadas en los últimos 4 ejercicios.
- No permitir en ningún caso que ese saldo reciba nuevas obligaciones pendientes, es decir, nuevos gastos atípicos, en el ejercicio corriente, si antes no se han liquidado las obligaciones pendientes de la cuenta procedentes del ejercicio anterior.
- No permitir en ningún caso cerrar un ejercicio contable con saldo en la cuenta 413 si no se ha establecido en la preparación del presupuesto del siguiente año, el modo de liquidar esa deuda y el plazo para hacerlo.

La cuestión es evitar que las "alegrías" en el gasto por parte de nuestros dirigentes políticos no se vean favorecidas por instrucciones contables vagas que conducen inexorablemente al desastre en tiempos de crisis, a la vez que evitamos desprendernos de un procedimiento de flexibilización del gasto para aquellos que sí que saben hacer las cosas bien.

Los cajones "de sastre" del alcalde...

No, no me vayan a leer con aviesa intención el título de este post, porque no lo tiene. He escrito correctamente la letra "a" porque sobre lo que voy a intentar escribir tiene total conexión física y anímica con el humilde cajón de escritorio, cómoda, sinfonier, aparador, que recoge, agrupa y ordena tantos de nuestros documentos, objetos preciosos, útiles y herramientas, las más de las veces, y en otros casos se convierte en el caos del cajón de sastre que algunos aún podemos recordar haber visto. Y es que parece ser que hay muchos y muchas alcaldes y alcaldesas que tienen sus cajones muy desordenados, llenos de facturas sin pagar, con multitud de acreedores llamando sin parar para conocer cuándo cobrarán poniendo en peligro la viabilidad económico-financiera de esas empresas proveedoras de la "cosa municipal".

Alguien dice que pasan de 14.000 millones, pero realmente ni se sabe, y en estas me encontraba yo, meditando sobre tamaño despropósito cuando el viernes pasado (vaya fines de semana laboral que nos están dando últimamente)  me sorprenda la noticia publicada en los medios de una medida extrema del Gobierno de Rajoy para dar una salida airosa al problema. Así que cuando la veo finalmente en el BOE, en forma de Real Decreto 4 de este año, me lanzo a su lectura con avidez preguntándome "¿habrán encontrado la piedra filosofal, la causa raíz última de tamaño déficit y por tanto tendrán ya la pócima de Fierabrás para curar todos los males municipales?¿Sanará tanto enfermo malito o es que están tan desahuciados que realmente la medida extrema es administrarles la extremaunción antes de pasar a mejor vida, como decía mi abuela que en paz descanse?".

Así que dicho y hecho, me lancé a su lectura con lápiz y papel, anotando todo lo que no entendía, revisando la legislación citada, consultando fuentes estadísticas, es decir, todo aquello que alguien con cierto entendimiento y voluntad de aprender y comprender debería hacer antes de emitir su juicio final sobre la "medida extrema". Es verdad que sigo muy lejos de la sabiduría pese a haber aprendido mucho sobre este asunto del déficit  municipal y sobre el procedimiento establecido por este Real Decreto y que sigo lejos de entenderlo todo, pero aún así, me reconozco "experimentado" por mi condición de funcionario local mantenida ininterrumpidamente durante 23 apasionantes años de dedicación a la cosa pública en un ente local de tamaño medio-grande. Y desde esa experiencia acumulada junto a lo aprendido en estas últimas fechas daré a conocer mi crítica.

Desde el principio, la lectura del preámbulo del Real Decreto (la lectura de los preámbulos, introducciones, declaraciones de intenciones, como lo queramos llamar, me apasiona cada vez más con la edad...) no tiene desperdicio. Nos dibuja un panorama negro para las empresas: restricción de crédito e impago de facturas por parte de los entes locales. Las entidades bancarias no sueltan un chavo más y por su parte, los entes locales no sabemos dónde meten el dinero que recaudan (según ellos, cada vez recaudan menos), pero parece ser que no pagan por lo que consumen en forma de productos y servicios. El resultado final es el de muerte por inanición para los proveedores, y claro entendemos que se está refiriendo el RD a aquellos proveedores que tienen una dependencia muy fuerte de Administraciones Locales morosas, aunque no especifica el porcentaje de dependencias (volveré sobre este asunto más tarde).

Luego entra en un berenjenal que puede causar estupor al lector (las berenjenas tienen espinas en su pedúnculo y no se pueden coger sin guantes fuertes, aviso de un agricultor dilettante...). Reconoce medidas anteriores y  "extraordinarias" del Gobierno de Zapatero...(¡¡¡arrea!!!) pero que descalifica inmediatamente con un sencillo "...la escasa eficacia de aquellas medidas y la acuciante situación de falta de liquidez...". En una misma línea disparamos a matar y reinsistimos por enésima vez en que la empresas no tienen un euro. La cuestión realmente no es decir que no fueron eficaces, sino en demostrar por qué no lo fueron. ¿Alguien las ha evaluado con cifras y datos exactos (incluso aproximados me valdrían)? Es que amigos y amigas lectores, la descalificación sin argumentos y sin pruebas simplemente me parece improcedente, chusca y que me hace pensar que realmente volveremos a tropezar en la misma piedra: "Todo lo que hicieron otros está mal, muy mal, pero yo/nosotros lo sabemos hacer mucho mejor".

A continuación entra en "lo profundo" de su objeto: "se establece la necesaria puesta en marcha [...] de un mecanismo ágil de pago y cancelación de deudas con proveedores de entidades locales y de su financiación". Y esa es la clave de todo, o al menos, podría pensarse hasta que leemos el articulado, no muy largo, pero contundente.

Así, comenzando en el art.1 con la definición de Ente Local, para que nadie se haga el desentendido y diga que esto no va conmigo, entra en el art. 2 para dejar claro qué es lo que se incluirá: facturas vencidas anteriores al 1 de enero de 2012 , reconocidas,  pero las registradas...y facturas de contratos, servicios y suministros. No me queda claro si la contratación menor está incluida. Seguramente que nadie se acordará de los autónomo/as que tienen cañones de 100.000 o más euros acumulados en facturas impagadas en diversos entes locales, sin haber superado la mágica cifra de los 18.000 euros que casi te permite hacer de todo (con sólo 5 facturas de ese monto te puedes arruinar y encima habiendo declarado el IVA y en su caso ingresándolo en las arcas del Estado...qué desgraciaditos deben de sentirse esos pobres autónomos). Pero es que lo del registro de las facturas tiene mucha gracia, y más cuando, como viejo y avezado funcionario he podido ver trucos de prestidigitador que asombrarían al Gran Houdini: ves la factura y no la ves...nunca jamás...se perdió en algún cajón de algún funcionario o de algún político o de algún cargo de confianza...Y mientras tanto, los ilusos contratistas/proveedores de lo público, enviando sus facturas por correo ordinario sin certificar, o peor aún, dejándosela amablemente en la mesa de quien le pidió la prestación, servicio, suministro...claro está, sin autorización de crédito, sin control de procedimiento de contratación, sin supervisión de su inmediato superior, sin nada de nada...a las buenas...!Es que había confianza...cómo iba yo a pensar eso de Fulano!Y ahora ¿quién me lo paga?" Pues lo tiene clarinete el buen proveedor. Aún así, insisto, no creo que el RD vaya dirigido a este tipo de proveedores y cuantía de facturas impagadas. Deduzco que tiene otra altura de miras...

Y con el art 3 me he quedado de piedra, pero de zirconita. Antes del 15 de marzo...es decir pasado mañana...las entidades locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda una relación "certificada" de todas las facturas que están en esta situación, incluyendo datos del contratista, importe principal, fecha de entrada en el registro del ente local  y lo más difícil todavía, diciendo si el contratista les ha denunciado por impago...esta última es buena, muy  buena. No dice quién lo tiene que preparar, pero ya les digo yo que dar carpetazo, borrón y cuenta nueva  no es tan fácil y mucho menos se puede hacer en 2 semanas y pico, sabiendo que además tiene que informarse al Pleno. Uyyyy, eso es ponerle una patata caliente en las manos al interventor, si es que lo hay en la relación de puestos de trabajo, y viendo lo que le ha caído encima, no me extrañaría que más de un Alcalde se esté pensando en amortizar esos puestos y "ahorrarse" unos buenos cuartos y unos cuantos dolores de cabeza, en el más puro estilo de "matar al mensajero de los dioses"...upss, quiero decir al del Ministerio de Hacienda. Luego se lo complican más al señor o señora interventora, al pedirle que le aclaren al Ministerio si han aplazado los pagos por fraccionamiento y finalmente, haciéndole saber al interventor que incluya, por si se le olvidaba, a todos los entes autónomos locales...vamos que consolide a marchas forzadas la deuda, que no se ande por las ramas con artificios contables. Y vuelvo a insistir, todo esto en 2 semanas de duro e intenso trabajo. La forma de remisión al menos es moderna, ágil y sobre todo práctica: por vía telemática y con firma electrónica. Para antiguallas, los pequeños municipios, que se espabilen y monten en 2 semanas el tingladillo informático...Pero de nuevo les advierto que este RD no va con ellos, no va con los pequeños municipios, al menos a mí no me salen los plazos y no lo percibo en el "espíritu" del texto legal (y ya van dos colectivos olvidados y otro-interventores- "movilizado").

Burla, burlando, como decía el poeta clásico, vamos llegando al cuarto artículo. Aquí de nuevo, sorpresón: ¡¡¡contratistas!!! Al loro, que tenéis que dedicar un tiempo precioso a negociar con vuestro ayuntamiento deudor qué incluir y qué no incluir en la dichosa relación certificada de facturas impagadas. Ah, ¿que no te atreves? Es que eres un cobardica, cómo vamos a progresar contigo, cómo va a conocer el Ministerio el monto total de la deuda...Ah, ¿que no quieres que nadie sepa que tienes unos cañones de impagados de aquí te espero y que estás tocado del ala financieramente...? Y eso qué le importa al Ministerio: luz y taquígrafos, que para eso está de moda la transparencia...SI PERO DE LOS DEMÁS. Pero qué cosas tienes General, Ciudadano Inoportuno, cómo no van a atreverse. Bueno, pues aquí nos aflora un cuarto colectivo de no incluidos en el RD, los contratistas tipo "amigos y favorecidos", o los que simplemente están con el agua al cuello y no pueden resistirse a una amenaza velada y a una promesa del tipo "no incluyo en la lista tus facturas porque a tí te voy a hacer un pago 'acelerado' , faltaría más Jaimito...". Y Jaimito a moder el polvo, porque a buen entendedor...

Pero claro, el tecnócrata también pensó lo mismo que yo en  la primera parte de mi cuento, y se dijo...si no le incluye el ente local en la lista, le obligaremos a dar publicidad a la dichosa lista, se verá excluido el contratista en sus facturas impagadas y le diremos, mejor dicho, le facilitaremos todos los medios para autoincluirse...faltaría más. Por ejemplo, sacándose del baúl de los recuerdos el silencio positivo, que tan bien nos sentaría al resto de los comunes ciudadanos de este país cuando demandamos de los poderes públicos servicios, permisos y así un largo etcétera. Al contratista que tenga valor y coraje, al ejemplo de ciudadano ejemplar, le daremos por esta vez, un derecho maravilloso, que huele a rosas, a lo mejor que puedas imaginar: si en dos semanas no te responde el ente local a tu petición de inclusión de una o unas facturas que crees que cumplen las condiciones del RD, dalo por aceptado. Ay, pobre interventor, no querría ponerme en su pellejo ni por un momento, bajo presión constante, sin el más mínimo error, teniendo que atender "prioritariamente" casos extraños (porque si no se incluyó en la lista es por algo) y tomando decisiones apresuradamente, ya que no decidir es aceptar...Puffff otra vez, y ya van algunos más en este post. Si yo fuera interventor, simplemente rechazaría expresamente cualquier petición que no me diera tiempo a examinarla. No hay derecho a lo que pretende el Ministerio de Hacienda en este artículo. ¿Quién tiene el conocimiento de sus recursos humanos y organizativos como para saber si es posible o no cumplir en ese plazo a las posibles demandas? Pues el Señor Presidente del Ayuntamiento, que hará lo que está en el guión  para hacer posible lo imposible, al menos eso dice el art 4. Estamos en España de nuevo, se acabó el sueño europeo. En cualquier caso, ya les digo yo que visto lo visto, y leído lo leído en el articulado, por ningún lado veo plasmado un procedimiento claro de publicitación de la lista. Al final, sólo los proveedores enteradillos, avispados y que saben moverse dentro del entramado institucional de las AAPP podrán llegar a conocer la lista y ejercer su derecho a incluir facturas impagadas si tienen arrestos y si les importa un bledo que sepan los demás que les deben los Ayuntamientos.

Lo que no tiene desperdicio es el artículo 5, porque, ya que tenemos "afloradas" las facturas impagadas, las contabilizaremos en caso de no estarlo. Alucinante...¿hay que decirlo, ordenarlo, regularlo..?¿No es una rebuznancia, como diría mi amigo Alberto? Y por supuesto, otra flor legal, al Interventor que no me lo toquen porque no ha tenido culpa de nada (seguramente será cierto), pero es que el texto legal queda horrorosamente mal, vamos que canta más que un tenorio. Se imaginan ustedes que cuando un Juez dicta sentencia de muerte añada..."pero al verdugo no le acusaremos de asesinato"...Vamos a ver, vamos a ver...¿no se podría haber redactado de otra manera? Estas prisas...

Con el sexto ya pasa el Ministerio de Hacienda a las amenazas directas. Cuidadito señor interventor (no se atreve el legislador a decirlo claramente, de nuevo con los subterfugios de siempre diciendo "los funcionarios competentes"...es decir, varios, porque ya se sabe cómo funciona la Administración, que si el escrito lo firma 10 cargos, vale más que si sólo lo firma uno), que ya le tienen identificado, con los deberes bien puestos y 15 días para hacerlos. Pero tranquilo, la cuestión es enviar antes de esa fecha "algo" lo que sea, que como todos sabemos, luego se puede completar que motivos hay muchos...lumbalgias, vacaciones repentinas porque nos ha salido un viaje gratis al Anapurna, lo que sea, y en el Ministerio, un certificado más o menos bien cumplimentado entre 8000 posibles quién lo va a percibir...El 15 de marzo, apostaría un café, incluso una comida en un buen restaurante de Bilbao a que los servidores del Ministerio se bloquean por la tarde por colapso de accesos simultáneos, y claro, luego nos dirán que han sido los de Anonymus, que últimamente se meten con todo y con todo/as los poderosos. Supongo que en el Ministerio lo habrán pensado todo bien y habrán previsto un CALL CENTER y un CAU para atender a tanto interventor/a desesperado/a, además de algún psicólogo o sacerdote para intentar calmar las crisis de ansiedad que se darán. Me río de la situación pero es que la amargura me hace escribir así. Lo siento mucho por ellos, de veras, me solidarizo con ellos en mi calidad de funcionario que ha pasado una semanita de aúpa por temas cuasi-similares de forma aunque no de fondo, claramente diferentes.

Y al llegar al artículo 7 me desmoroné completamente. Ya no pude resistirlo, se agotó mi paciencia y decidí escribir este post para decirle al mundo lo que pensaba, para desahogarme con ustedes, para sentirme mentalmente libre de decir lo que pienso y deduzco de su lectura, por higiene mental fundamentalmente. Me recentraré de nuevo después de esta salida de tono. Pues nos dice simplemente que el interventor tendrá que preparar un plan de ajuste en los restantes 15 días de marzo. Ya lo decía mi abuela, que cuando marzo mayea, mayo marzea...Aitaren, Semearen eta Espiritu Santuaren izenean...Amen!!, que diría mi suegra en su buen dialecto gernikés (traduzco "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo").¡¿Pero desde cuándo el interventor tiene atribuidas competencias para establecer un plan de ajuste y decidir qué se hace y qué no se hace, quién se va a la calle, y quién se queda, qué obras o inversiones se acometen y cuáles no?! (observen el signo de exclamacion y de interrogación uno al lado del otro...¿perciben mi asombro e indignación?). Que no, que el interventor podrá informar del monto del ajuste y punto...una cifra, simplemente una cifra, e incluso si es un buen interventor, un conjunto de escenarios posibles con su cifra cada uno, la cifra del ajuste, la cifra de la discordia, la cifra que marcará la vida, el destino de mucha gente...y nada más. ¿Pero a quién se le ha ocurrido escribir este artículo? Suena a un trágala, a una intervención sin intervención, sin base legal, y sobre todo, sobre todo sin fundamento lógico. Cómo va a entrar en la sala de plenos y decirle al alcalde y a los concejales..."por vuestros errores me he visto investido por el Presidente del Gobierno Rajoy y sancionado por el Rey Juan Carlos I, de este poder mágico, convirtiéndome en el Tío de la Vara, para zurraros hasta que confeséis que sois una banda de mataos, ignorantes y manirrotos. Y ahora ni votar...Aprobado por unanimidad y punto". Y al que no se lo crea le enseñará el RD en su PDA conectado a BOE via internet, que mola mucho más y le dejará impresionado.

Que conste que los puntos del plan de ajuste son de cajón de madera de pino, totalmente lógicos y logrados, salvo que no tengas un mínimo conocimiento de planificación y también de las reglas básicas de la buena administración doméstica: no gastes más de lo que ganes, o como decía mi otra abuela "no estires más los pies que la manta". La cuestión es de nuevo, el tiempo, y por supuesto la competencia para decidir quién prepara el plan de ajuste. Ese plan tendría que haber estado preparado hace muchos años, simplemente si los señores políticos de lo local tuvieran los más mínimos conocimientos de planificación, pero como votamos sin saber, sin examinarles o no votamos, y como por otra parte, a esos puestos llegan sin haber sacado el carnet de habilitación para ser buen Alcalde o buen concejal delegado...así nos van las cosas, que la partitocracia ha secuestrado a mi querida democracia y la está chupando la sangre hasta dejarla exánime.

Claras se ven las intenciones del Ministerio, sea quien sea el que lo ha redactado y más tarde aprobado para su pase a BOE...claras están en el párrafo 3 de este artículo 7:  "El Plan de ajuste podrá incluir modificación de la organización de la corporación local"...boooommmmm!!!!!! Que sí señor Ministro, que yo también cerraría algunos Ayuntamientos e incluso muchos, pero no se puede hacer con un Real Decreto, ni siquiera es fácil teniendo mayoría absoluta. Recomendación: tendrán que hablar con la oposición y dejarse de atajos. La reforma de la Administración Local es urgente, muy urgente, pero también requiere un pacto de estado constitucional.

Lo que me ha hecho mucha gracia ha sido leer en el punto 4 del artículo 7 que los planes de ajuste que el osado interventor habrá redactado y conseguido que apruebe el Pleno, se remitirán al Ministerio que analizará y validará en menos de 30 días. Alucinante la eficiencia del Ministerio, y eso que estaremos en plena vorágine preparatoria de la campaña de renta 2011. Supongo que también lo habrán planificado y que esforzados funcionario/a leerán a destajo planes, dejándose las pestañas noche y día, ya que sólo tienen 30 días para decir "bien", pues de lo contrario el silencio será "negativo"...ohhhh, decepcionante...No quieras para los demás lo que no quieras para tí le diría al señor Ministro.

El mecanismo de financiación se describe en el artículo 8. Bueno, pocos artículos para describirlo, lo que en mi opinión refleja precipitación y poquísima reflexión sobre el procedimiento exacto a seguir. Veremos a las entidades financieras protestar (realmente protestarán los directores de sucursal que no sabrán cómo explicarles nada a los contratistas o incluso puede que tengan alguna instrucción de Dirección de colocar más deuda subordinada en un sector realmente imposible de describir) por la improvisación y falta de coordinación, ya que habrá poco tiempo. Todo se acabará según el RD a finales de 2012. Es lo tomas o lo dejas, y la oportunidad de ver cómo algunos de sus clientes morosos vuelven a números negros hará ponerse nerviosos a más de uno o de una. La clasificación de la deuda, de las facturas impagadas registradas y "certificadas" no significa que vayan a cobrar. Esta es la sorpresa penúltima (aún queda una última para el que haya aguantado este pesadísimo post). La prioridad para cobrar en el banco, la establecerá el Ministerio en base a: antigüedad, porcentaje de reducción sobre el principal (sorpresa, sorpreeeesaaaa....vamos una quita como en Grecia...que nos helenizamos pese a la señora Aguirre...se ve venir por todas partes) y si el impago está judicializado, es decir, si hay demanda del contratista ante los Tribunales de Justicia. Bueno, pues son tres criterios que a mi juicio son injustos, porque van contra el contratista, salvo el primero de ellos, ya que si hay quita se prioriza, pero perdiendo de nuevo una parte del principal por anticipado y luego  ya veremos si cobramos, si llega para todos. Y en ese caso cómo lo contabilizaremos...si es que ya estaba contabilizado sin quita. Y si no llega finalmente el presupuesto, ¿podremos volver a la situación de partida de todo el principal como pendiente de cobro? Para los que están judicializados, pues algo parecido, deja claro al contratista que para el Ministerio es  mejor denunciar, contratar abogados y meterte en un pleito judicial de duración indefinida, que seguiría naturalmente su curso.  Entonces, la cuestión es...no esperar y denunciar, que seguro que cobras algo. De nuevo con la premisa de que seas valiente y no tengas "compromisos" a futuro, es decir, que hayas acabado de ese Ayuntamiento hasta las narices y no quieras volver a hacer negocios con ninguna Administración Pública. Es una política de empresa que dado el panorama tendría en cuenta como sabia. Pero lo que me parece patético es que no se incluya como criterio de priorización el porcentaje de dependencia de un contratista respecto a un ente local. No es lo mismo que a una empresa le deba un ayuntamiento todas las facturas del año 2011 no teniendo otro cliente. Es que, señor Ministro, !!!que si no cobra ese empresario tiene que cerrar ya mismo!!!

Dice también el artículo que "podrán establecerse tramos de financiación". Sí, suena al cuento de lechera. Si me certifican la deuda, si me incluyen en la lista, si el ayuntamiento aprueba el plan de ajuste, si el Ministerio lo valida...si...si...si...parte final del silogismo "podrán establecerse...". Esa maldita pasiva de los textos legales pobres y descuidados: quién, qué, cómo, cuándo... eso queremos saber y mucho más quienes se embarquen en tamaña empresa llena de aventuras en el mundo de lo público de reclamar lo que de justicia es suyo.

Llegamos al tramo final del RD. Los artículos 10, 11 y 12. En el décimo nos describe las operaciones de endeudamiento a largooooo plazo que podrán asumir los entes locales que hayan conseguido el beneplácito de su plan de ajuste por parte del Ministerio de Hacienda. Pobrecitos de aquellos que consigan el beneplácito y se vean con el crédito. Las condiciones son leoninas, condiciones administrativas, claro está, porque las condiciones financieras están por verse y definirse. Nada menos que una intervención en toda regla, "podrá conllevar la cesión al Estado de los derechos de la entidad local en cuanto a su participación en los tributos del Estado en la cantidad necesaria para hacer frente a la amortización de dichas obligaciones de pago". Se acabó, apaga la vela y vámonos que no hay más que decir y hacer. Traca final espléndida, acompañada de un punto más de contratono: La generación de remanente de tesorería negativo para gastos generales en el período de amortización de aquella operación de endeudamiento comportará la prohibición de realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento". Desierto, vacío, la nada...estarán intervenidos de facto, atados de pies y manos. Durante años y años, tendremos un plena municipal que no podrá hacer nada . En algunos o  muchos casos es hasta algo bueno y saludable. Pero entonces yo me pregunto...¿si estarán intervenidos por colapso financiero, por qué tenemos que pagar los sueldos de estos ilustres políticos que tan "bien" han administrado y gestionado lo público? ¿Por qué no forzamos una quiebra como en el Derecho Mercantil, que trasladada al terreno de las Administraciones Públicas supone eliminar la cúpula política electa y nombrar un administrador judicial que dirija los servicios públicos básicos y tan necesarios? Al menos nos ahorraremos en sueldos de personal ineficaz por no decir otra cosa, precisamente de ésos que siempre están soliviantando al pueblo, a la gente llana, en contra de los servidores públicos.

A modo de conclusión a tan larguísimo post, diría que la intención del Ministerio es buena, pero se enmarca en una situación de desesperación que no ayuda en nada a tener la mente clara y a diseñar instrumentos administrativos bien pensados y cuya utilidad sea evaluada tanto por los propios funcionarios locales, como por el Parlamento, dada la importancia de la medida. Esto no puede quedar en manos de tecnócratas de cuya buena intención no dudo, pero que desconocen evidentemente el transfondo social y económico que rodea a la contratación pública en nuestro país además de la estructura política local que lo mal-dirige en términos generales.

¿Qué propuestas tengo para aportar al debate? Alguna ya la he dejado entrever, pero lo resumo aquí:

- Redefinición del entramado institucional y administrativo del Estado: eliminación de la provincia y fusión de municipios, empezando por aquellos que no tengan viabilidad financiera. REforma constitucional ya.
- Crear un mecanismo de solidaridad financiera limitada al cumplimiento de determinadas buenas prácticas y buen hacer económico-presupuestario, y además desarrollar  la propuesta de Bono Azul de la que hablamos en ese artículo.
- Empoderamiento de los funcionario/as que detecten malversación de fondos públicos o incumplimiento de la legislación. Y a la inversa, perseguir penalmente al funcionario que mire para otro lado cuando observe  ilegalidades y no las denuncie a la fiscalía anticorrupción. Por tanto, propongo la eliminación de las libres designaciones modificando el Estatuto Básico del Empleado Público.

Sin embargo las últimas noticias de ceses de aquellos que estaban al mando de la persecución de este tipo de delitos (caso Gürtel) confirman que tampoco este Gobierno de Rajoy ha empezado con buen pie y que lleva camino de caerse a finales de este mes. Recuerda:

¡Guárdate de los idus de marzo!