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martes, 27 de agosto de 2013

El mito de Saturno y la responsabilidad civil de las Administraciones Públicas.

Ya ha pasado más de un mes desde que ocurrió el trágico accidente del tren ALVIA  en las cercanías de Santiago de Compostela. Durante días y días, semana tras semana, hemos ido oyendo noticias al respecto que pasaban de presentar el triste recuento de muertos y heridos, a hablar de responsabilidades de unos y de otros en el funesto suceso. En una natural ascensión desde el maquinista hacia las alturas, finalmente el juez instructor Luis Aláez emitió un  auto (enlace al documento publicado en El País) el 20 de agosto pasado en el que imputa a ADIF, más concretamente a "...la/s persona/s de ADIF responsable/s de la seguridad del tramo de la línea ferroviaria que une las estaciones de Orense y Santiago a fecha 24 de julio", ya que como menciona el juez dentro del apartado de razonamientos jurídicos "...sí que deviene pertinente el examen , a efectos de posible reprochabilidad,  de las actuaciones de los operadores responsables de garantizar la seguridad del tráfico ferroviario en lugar de Angrois". 

Y aquí comenzamos a enlazar con lo que vienen a ser los temas habituales de este blog: nuestra Administración Pública, nuestros gobiernos y nuestra sociedad, puesto que ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, forma parte de ese gran entramado institucional del Estado, y cualquier "reprochabilidad" confirmada judicialmente y por tanto, base de cualquier reclamación patrimonial al Estado por parte de los afectados por el accidente (personas heridas y familiares de fallecidos)  pasa a ser asunto que nos compete a todas las personas que lo sustentamos con nuestros impuestos.

De hecho, lo que me ha conducido a escribir sobre el tema, tiene que ver fundamentalmente con la noticia aparecida en los medios de comunicación de que la compañía de seguros que está detrás de la póliza de responsabilidad civil de ADIF por explotación del servicio  (ferroviario) quería contratar al bufete de abogados que "brillantemente" rebajó los "costes" a los fallecidos en el accidente del vuelo de Spanair Madrid-Tenerife de agosto de 2008. Es más, según lo que escuché a una afectada entrevistada en la SER, aún no habían recibido nada de lo poco que habían obtenido en concepto de daños y perjuicios, cinco años despues de aquella otra tragedia.

Curioseando en la "nube", he localizado el anuncio en el que se da a conocer la adjudicación (27 de mayo de 2011) del contrato del tipo "servicios" por el que se establece el Seguro de responsabilidad civil general de explotación de ADIF y de responsabilidad civil complementaria, a favor de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, AG, por un total de 3.636.698,00 euros (IVA excluido). Y esta información gracias a la obligación que tiene el sector público (ADIF lo es) de publicar todos sus contratos.

Hasta aquí, la Administración ha funcionado correctamente. Tenemos a una empresa pública, ADIF, que cumple con la Ley de Contratos del Sector Público, para dotarse de un seguro de responsabilidad civil de explotación, y de otra complementaria. Podemos decir por tanto, que para el caso que nos ocupa, el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, el Estado tiene cubiertas las espaldas ante una hipotética condena en los Tribunales de Justicia, una vez que el juez instructor ha imputado a los responsables de seguridad de ADIF.

Pero a partir de ese momento, es una empresa privada, la compañía de seguros adjudicataria de ese contrato de responsabilidad civil (ALLIANZ) la que tiene que defender "su negocio" frente a los damnificados en el accidente, ciudadanos de a pie, sostenedores de ese mismo Estado. A nadie puede extrañarles que busquen a los mejores abogados especializados en este tipo de grandes siniestros. De nuevo hemos transferido, externalizado por decirlo del modo habitual, la responsabilidad de defender al Estado de sus propios ciudadanos reclamantes.

Aquí ya empezamos a percibir que algo no funciona en el razonamiento, que algo "descarrila". Como funcionario con bastantes años de servicio público a mis espaldas y sobre mis neuronas, estoy acostumbrado a escuchar en los procesos de responsabilidad patrimonial, pequeñísimos casos comparados con el que nos ocupa como es la de simples inundaciones de instalaciones públicas causadas por terceros, que "el seguro se hará cargo de los daños", y nos quedamos tan frescos, porque sabemos que alguien especializado nos pagará los daños, o que nos defenderá, intentando obtener el pago de esos daños de la compañía de seguros de ese tercero que nos ha inundado las oficinas públicas. Todo nos parece correcto: dañan un  bien público algo o alguien del sector privado, que debe responder del daño. Pero debemos dar la vuelta al calcetín, queremos saber qué pasa cuando es el propio Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento o cualquiera de las empresas de su entramado institucional, el que causa el daño a alguien o algo del ámbito privado...

En efecto, enfrente tendremos a un gigante en tamaño, en movimientos, capacidad de respuesta, medios, y sobre todo tiempo. Y qué añadir cuando se encarga de contratar a otra gran empresa de seguros, que a su vez, defenderá y se defenderá de las reclamaciones de los ciudadanos o empresas privadas afectadas y damnificadas. Yo personalmente no lo veo justo, y pone en cuestión, de nuevo, otra vez más, lo absurdo de la externalización de ciertos servicios, en este caso, la responsabilidad civil por actuaciones de funcionario/as o empleados públicos en razón de su actividad o servicio, como es el caso del maquinista del ALVIA o de los responsables de seguridad de ADIF, o extendiendo el ejemplo, cualquiera de los fallos médicos (en hospitales públicos) que han sido reconocidos como tales en los Tribunales de Justicia.

Y la cuestión de justicia deriva de la falta de proporcionalidad entre el tamaño y capacidad de maniobra que tiene el Estado y el ciudadano de a pie. No estoy hablando de grandes compañías que se enfrentan a pequeños ayuntamientos. Ya sabemos que eso puede ocurrir y que de hecho ocurre, y que finalmente los pequeños ayuntamientos se ven abocados  ceder por falta de capacidad de defensa.

Es una pregunta que dejo abierta en el aire ¿puede una Administración Pública actuar del mismo modo frente a los ciudadanos particulares defendiéndose con sus ingentes medios económicos para evitar su condensa por responsabilidad civil y para limitar, reducir e incluso anular las posibles indemnizaciones, que frente a otras Administraciones o grandes corporaciones o multinacionales? ¿O debe primar en esas Administraciones Públicas, la defensa de los bienes públicos, los fondos públicos de todos y todas, evitando que acaben en manos de los damnificados "privados"?

Es un gran dilema de difícil resolución. A todos se nos antoja sencillo cuando hablamos del Estado persiguiendo en los Tribunales a la compañía de seguros responsable de la prima de responsabilidad el Prestige...(por cierto, no tengo ni idea de si finalmente han pagado algo por los daños causados en la costa gallega y cantábrica), o cuando hubo un fallo médico y a un amigo le cortaron la pierna equivocada...(es una pequeña licencia humorística que no sé si viene bien al caso). En el primer caso, el Estado debe contratar al mejor bufete para que conseguir que nos paguen por los daños causados por el petróleo vertido, y en el segundo caso, también lo vemos fácil, a nuestro amigo le debe pagar el Estado por la "avería" que le causaron en el hospital. Pero, ¿y en el accidente del ALVIA? Yo lo tengo claro: debe pagarse por los daños causados si se le condena a ADIF por no haber tomado todas las medidas de seguridad en el tráfico ferroviario en ese punto fatídico de Angrois, pero también sé que habrá quien piense que ese dinero es de todos, y que habría que establecer con el máximo de cuidado hasta cuánto se debe pagar. Siempre habrá alguien que piense que no es cuestión de que alguien se enriquezca con la desgracia de otros...es decir, que defenderán que el Estado ponga toda la carne en el asador para reducir o anular las indemnizaciones.

En definitiva, que no es nada fácil, y que todo pasa por analizar social y políticamente las relaciones de responsabilidad civil de las Administraciones Públicas (y de todo su entramado institucional) con sus ciudadanos para que no nos venga a la memoria el mito de Saturno comiéndose a sus propios hijos. Y es que si hablamos de mitología y de sus cultos, prefiero recordar la saturnalia romana en la que se celebraba la fiesta de la igualdad original de los hombres. Precisamente esa igualdad ante los tribunales  es la que echo mucho de menos en estos asuntos. Definitivamente es una cuestión de igualdad.



  

domingo, 18 de diciembre de 2011

Transparencia (2): hablemos de funcionario/as.

Me quedé con hambre investigadora, una vez que tuve en mis manos esa gran montaña de datos que me proporciona el actual nivel de transparencia de las Administraciones Públicas españolas. Y a raíz  de la polémica levantada por el presidente de la CEOE la pasada semana se ha abierto un debate en LINKEDIN dentro del grupo Administración Inteligente, acerca del coste real de mantener a tanto funcionario y funcionaria ahora que estamos tan mal, pasando las penas del Purgatorio, e incluso alguno/as ardiendo en medio de las llamas del Infierno. Las intervenciones son realmente muy interesantes y arrojan luz sobre los males que afectan a la Administración, la falsa impresión de que los sueldos son elevados (en términos generales) comparados con los del sector privado y sus posibles causas. Creo que es interesante dirigir a los lectores si tienen interés en ampliar la información que aquí muy resumidamente aporto (ir al debate).

Pero volviendo a los datos municipales de Bizkaia y enlazando con el debate sobre los gastos de personal del funcionariado en nuestras Administraciones Públicas Locales, he obtenido el siguiente gráfico que puede ser muy ilustrativo:

Elaboración propia a partir de datos de 2009 del Ministerio de Economía y Hacienda.

Podemos observar en color azul el ratio de gastos de personal frente a gastos totales. Ha sido enormemente llamativo observar cómo los municipios medianos (nº de concejales entre 17 y 25) alcanzaban tasas cercanas al 40% de gasto total en empleados públicos. Curiosamente Bilbao rompía la tendencia y aunque no lo puedo aseverar, quizá tenga que ver con el número de sociedades municipales que tiene en su órbita, y por tanto, consolidadas presupuestariamente pero ya en otras partidas (transferencias corrientes y de capital  , ya no recibidas, sino emitidas hacia esas sociedades entre otros destinatarios, por un monto cercano a 130 millones en 2009). Es decir, que bien podría tratarse de un ejemplo de lo que se conoce como externalización de servicios públicos, que sólo tiene reflejo en la propia Diputación Foral.

Ahora bien, las cifras parecen penalizar a los ayuntamientos medianos, como más gastadores en su personal. Como no me cuadraban los números, sobre todo, por la enorme diferencia encontrada entre unos y otros, de hasta 3 veces más entre municipios muy pequeños y municipios medianos, pasé a analizar los datos de acuerdo con la clasificación funcional, es decir, "para qué" están gastando los muncipios, con qué objetivo. En este caso, apareció una columna relacionada con los programas de gasto de protección civil y seguridad ciudadana, que en muchos de ellos aparecía con valor cero. No se trataba de un error puesto que al conocer a quién le correspondía, siempre aparecía un municipio pequeño o muy pequeños. Parece que la clave se encuentra en esa columna, ya que ni tienen policía municipal, ni protección civil ni mucho menos un cuerpo de bomberos. De modo que preparé un dato corregido de gastos de personal, descontados los gastos imputados a programas de protección civil y seguridad ciudadana (admito que alguno de esos gastos son también de compras de vehículos especializados y de funcionamiento propio de la policía municipal y de bomberos, pero el grueso siempre son los gastos de su propio personal). Con ese dato corregido, la comparativa es mucho más homogénea, situándose casi todos los municipios en torno al 20% de su gasto total empleado en pagar a sus funcionario/as.

¿Es mucho o es poco? Pues como siempre, depende de la satisfacción de la ciudadanía con la prestación de los servicios que realizan esos funcionario/as. Pero al menos, sabemos ya, gracias a la transparencia (publicidad de datos económico-presupuestarios de las cuentas municipales) qué cuesta o mirándolo desde el otro punto de vista, qué nos ahorraríamos si prescindiéramos de ellos. ¿Lo haría más barato la iniciativa privada? Lo dudo mucho, ya que aquí no tenemos que pensar en ningún beneficio empresarial. Porque si algo debe quedar muy claro a los lectores es que no está demostrado que la iniciativa privada lo haga mejor que la pública en aquello que hace la pública.

Aún así, queda por averiguar cómo repartimos esos costes de personal funcionario entre los ciudadano/as de cada municipio. Y para eso, no hay como hacer una división del gasto de personal entre los habitantes de cada pueblo. Aquí vienen los datos:

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Hacienda.
En promedio, vemos que un ciudadano de Bizkaia, si no tenemos en cuenta el pueblo en el que vive y paga sus impuestos, está soportando con unos 400 euros/año los gastos del personal de su ayuntamiento. Si lo miramos segmentado por tamaño en población del municipio, aparece otro dato significativo. Los municipios muy pequeños cargan a sus habitantes con casi 250 euros más por habitante y año. Tal vez sea poca gente para una estructura municipal demasiado grande, pero debe quedar claro que son los habitantes de cada municipio los que deben conocer en detalle cuánto les cuesta anualmente a cada uno de ellos, y si por tanto les compensa el esfuerzo extra.

En resumen, datos para la reflexión y análisis. Por supuesto, que si alguien quiere información detallada a nivel municipal del año 2009 puede pedírmela. Si hubiera interés podría hacerla pública a través de Google Docs. Todo sea por la transparencia, el conocimiento de causa, y en definitiva, la mejora de los servicios públicos.

domingo, 3 de abril de 2011

Funcionarios y políticos

Venía paseando hace pocos días con un compañero, en uno de esos periodos de tiempo que ahora se llaman oficialmente “PAUSA JORNADA” en nuestro maravilloso sistema de control de presencia (fíjese la persona lectora en el determinativo asociado a la palabra control), cuando surgió de nuevo el tema de nuestra participación en la definición de los objetivos de nuestro departamento. De entrada suena bien, a mí así me lo parece. En cualquier caso, debo confesar que algo en mi interior no está de acuerdo completamente.


Como muchos otros ciudadanos, me encuentro en el grupo de los que no nacieron en un periodo democrático, ni tan siquiera considero que haya vivido en una sociedad profundamente democrática, en la que hablar claro y alto sobre lo que pensaras de esto o aquello, sin temas tabúes de ningún tipo, podía conducirte al cementerio en casos extremos. Realmente conoces las sociedades en las que vives regularmente. Al menos no soy de los que creen a pies juntillas lo que les dicen los viajeros de quinces días o incluso de un mes cuando vuelven narrando “maravillas” o “decepciones” de los lugares que han visto. Y me tengo que remitir tan sólo al verbo ver, muy alejado del de “conocer” o incluso “vivir”.

Así que partiendo de la premisa de que sólo conozco esta sociedad (la vizcaina) y un poco menos la vasca y un poquito menos la española en general, me tengo que limitar a afirmar que la media de la cultura democrática y participativa de la ciudadanía está muy marcada por los hechos históricos y sociales que han vivido en los úlitmos 35 años. Los menores de 18 años lo verán de otro modo, porque lo habrán vivido en otras circunstancias. Si estoy insistiendo tanto en este aspecto es porque realmente creo en la participación ciudadana en la actividad política de base, además por supuesto de en las diversas actividades sociales y culturales.

Pero no es el momento de entrar en el debate de democracia participativa sí, democracia participativa no. Esa promesa que les hice aún está sin cumplir, y mis comentarios al maravilloso libro de Ramón Soriano y Luis de la Rasilla “Democracia vergonzante y ciudadanos de perfil”, siguen pendientes de una redacción clara para incorporar a uno de mis posts en este blog. Sentada y reafirmada mi vocación democrática y participativa, tengo ahora que pasar a la zona de los “peros”…

Efectivamente, tengo algún reparo que contarles, que se encuentra en lo que llamo oportunidad del lugar y del rol. No es cuestión del momento, que casi siempre considero que será oportuno. No, más bien se trata de nuestro rol social cuando participamos y de cómo podemos alterar profundamente la calidad democrática de nuestras opiniones al sobreponderar nuestra capacidad de influencia neta sobre el proceso deliberativo. Por ejemplo, analicemos el caso de nuestra participación como funcionario/as en ese debate sobre objetivos del departamento, del ministerio, del ayuntamiento… Veamos los pros y los contras.

Parece evidente que la principal ventaja de nuestra participación podría ser el conocimiento de los sectores económicos y sociales en los que nos movemos a diario, sobre todo si el funcionario en cuestión tiene una relación directa, o “de peso”, en la gestión de los diversos programas públicos, servicios públicos o control y evaluación de convenios. Si además tiene bastantes “trienios” en su nómina, es indiscutible que debería haber acumulado mucha experiencia, además de ser consciente de la constante evolución de la sociedad a la que sirve. Intento encontrar alguna otra ventaja y debo ser sincero, me empiezan a asaltar las desventajas, ennegreciendo el paisaje. Pasemos pues a enumerar alguna de ellas.

Quizá la peor de todas y para la que no tengo una solución a corto plazo, sea el corporativismo. Ser arte y parte en lenguaje vulgar tiene difícil solución. En cualquier debate en el que aparezca un funcionario defendiendo la actividad pública o promoviendo políticas públicas en las que va a tomar parte directa, pierde parte de credibilidad, y mucho más en estos tiempos duros del neoliberalismo a ultranza, con lo público cuestionado constantemente. La cercanía al poder político ejecutivo puede ser otra desventaja importante. Conocemos demasiado de cerca los entresijos de la elaboración y aprobación de políticas públicas como para no saber influir sobre ellas, las más de las veces en forma de reglamentos que ya no pasan por el filtro de la democracia parlamentaria y muchísimo menos de la democracia participativa. Para ello falta abrir muchísimo más la gestión administrativa pública al escrutinio de la sociedad. Los defensores del pueblo, arartekos y similares, aún están a años-luz de disponer de herramientas de control de la gestión administrativa que sean eficaces, y que nos hagan poner las pilas “permanentemente” al funcionariado. Se utiliza demasiado, a mi parecer, en control político, que es cierto que influye y mucho en la gestión, pero se utiliza poco para poner “coloraos” a los funcionarios “baguettes” que todavía pululan por los edificios administrativos de este país.

Pero aún me queda por aportar la opinión más contundente y que puede dar lugar al mayor y más acalorado debate que haya podido nunca surgir en este blog: la legitimidad del funcionariado para tomar parte en ese debate de objetivos. ¿Qué legitimidad tenemos en un debate político? En mi opinión la del ciudadano, por supuesto. Ni más ni menos, la más importante. Creo que es incuestionable. Pero…¿podemos tener doble rol de ciudadanos y de funcionarios en ese debate dentro de un departamento, ayuntamiento o ministerio? Rotundamente no. No es el lugar para actuar como ciudadanos dentro, y por tanto, no deberíamos actuar como funcionarios, puesto que abusaríamos de nuestra especial condición social. Seríamos unos privilegiados. No es el lugar, así de claro y así de fácil.

Es más, concluyo…si yo fuera un alto cargo político y alguien me pidiera participar en un debate sobre objetivos le diría amablemente y con una sonrisa de oreja a oreja que creara un partido político, que realizara ese debate, que se presentara a las elecciones de turno dando a conocer al resto de ciudadanos su programa al efecto y que les convenciera consiguiendo su voto para hacerle llegar al gobierno de turno. No puede haber puerta de atrás. Si estamos en contra de los lobbies y de su capacidad de influencia sobre nuestros gobernantes, y para eso pedimos y exigimos mayores niveles de democracia participativa, mayor transparencia en la deliberación política y de paso, mayor eficiencia en la gestión administrativa, no podemos ponernos “la visera y los manguitos” para llevar a cabo prácticas similares a las que denunciamos, aunque sea con la mejor de las intenciones, algo que no discuto ni pongo en tela de juicio de ninguna manera.

Finalmente, para intentar cumplir con el objetivo práctico de este blog, quiero aportar alguna solución práctica al debate que nos ocupa. Si el tema en este lugar no es el correcto, al menos podemos retomar una buena parte del mismo para debatirlo con toda la legitimidad ganada como funcionarios: la modernizacion administrativa y el servicio público frente a la ola de neoliberamismo irracional que nos invade. Creo que olvidamos muchas veces la razón de ser de nuestros puestos de trabajo y quedamos desconectados de la realidad social en la que vivimos. Si no somos capaces de reconocer abiertamente en un vagón de metro silencioso, lleno hasta la bandera de gente, que “soy funcionario/a y me siento orgulloso del trabajo que realizo”, querrá decir que el camino para mejorar nosotros mismos es aún muy, muy largo, y donde podemos y debemos ocuparnos al ciento por ciento. No hay tiempo para el aburrimiento.

La Sociedad nos lo demanda a gritos. Adelante y al tajo!

lunes, 23 de agosto de 2010

Arrancamos

Primer día, primera hora, primer minuto del diario de este ciudadano anónimo que de una manera inoportuna, la mayoría de las veces, se dedicará a comentar todo lo que le pasa por la cabeza sobre los temas que aparecen en la presentación de este blog: nuestra sociedad, nuestros gobiernos ( en plural, por supuesto ) y nuestras administraciones públicas ( en plural y en minúscula, porque no se lo merecen hoy por hoy; tal vez uno de los objetivos que debamos imponerles sea precisamente conseguir la Mayúscula para su primera letra ).

Vamos allá, sin plan concreto de temas sobre los que hablar. Lo bueno de un blog como éste seguramente es la facilidad con la que puedes desconectarte de su seguimiento si el articulista/bloguista "se le va la pinza", aunque yo pediría al lector un poco de aguante, porque a lo mejor recibo un fuerte electroshock que me hace recobrar el buen juicio y una merecida lectura y posterior reflexión.

Si eres un político con minúsculas, te sentará bastante mal lo que leas, pero si crees en la Política, aguanta el tipo y "conviértete" definitivamente a la secta de los iluminados que seguimos creyendo en el compromiso con lo público y en el rechazo a la Ley del mas Fuerte y seguir siendo lobos...