Funcionarios contra la igualdad. Porque haberlos haylos...

No tengo ya por costumbre preparar ningún post en este blog a tan pocas fechas del anterior, pero lo cierto es que lo hago porque no puedo contener mi indignación, porque esta semana me ha subido la bilirubina, la biliverdina y todos los demás humores que pueda alojar un ser humano normal, ciudadano de su país, trabajador asalariado por cuenta ajena, y más específicamente, por cuenta ajena del resto de la sociedad a la que sirve. Es decir, que además es funcionario.

Es precisamente mi condición de funcionario convencido y confeso (rara avis esto último) la que me mueve a mostrar al resto del mundo mi cabreo incondicional y desmedido al tocarme la fibra más sensible de mi ser: la desigualdad, o la falta de sentido de igualdad en el trato de un funcionario hacia a sus paisanos y en general ante cualquier ser humano o incluso persona jurídica (empresas, asociaciones, etc para entendernos). Sí, casi seguro que ya conocen la causa de mi enfado descomunal, como los gigantes que creía ver Don Quijote. Se trata de la operación de hernia discal realizada a Maria Fernanda Gómez, esposa del consejero de Educación del gobierno regional de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, liderado por la siempre "popular" en los medios Dolores de Cospedal, saltándose la lista de espera de un hospital público con más de 20 ciudadanos con la misma dolencia.

No sólo resultó indignante conocer la noticia, sino mucho peor escuchar en la SER, de su propia boca, la justificación del médico-cirujano que realizó la operación, funcionario a todos los efectos: era la mujer de su amigo,un sábado y cualquiera hubiera hecho lo mismo. No se pueden imaginar cuántos espumarajos vomitó el General cuando escuchó semejante despropósito a un funcionario público, al señor Vicente Calatayud, jefe de Neurocirugía del Hospital del Albacete.

Y no quedó tan solo en ese subidón de adrenalina y "ofusquina" o "bloqueína mental". A continuación tuve que escuchar de una tertuliana como Montserrat Domínguez, que creo que trabaja ahora en el Huffington Post, explicar de una manera muy poco afortunada para mí, que el problema no era que hubiera colado a una amiga o a la mujer de un amigo, sino que lo hiciera "abusando de su poder"...Y esto ya fue demasiado, se me paró el corazón, estalló mi cerebro como si fueran fuegos artificiales y simultáneamente escuché los atronadores compases de ese tema universal con bombos y platillos que suelen utilizar los cineastas como banda sonora de los momentos de culminación en sus obras cinematográficas. Si tuviera más tiempo intentaría buscar el título de esa obra musical, ya que mi ignorancia me impide conocerlo de memoria...

Sí, porque la última tertuliana había acabado dándome en la boca del estómago con su comparación, con esa odiadísima excusa del TODOS Y TODAS somos iguales ante situaciones así, todos hemos pedido, pedimos y pediremos favores a amigos "poderosos" o a amigos de amigos "poderosos", en una infinita cadena de favores indignos, vergonzantes para quienes los utilizan y vergonzosos para quienes los observamos. Una red informal, admitida, pegajosa en la que vamos cayendo inexorablemente, queramos o no queramos, porque ¿quién no haría lo mismo si su hijo, su madre, su esposo se encontrara con esos dolores tan insoportables, y sabiendo que tiene que esperar tanto tiempo para que le llegue su turno...?

Y ante tanto desvarío no puedo aguantarme y me lanzo a intentar defender lo que para mí como ciudadano es la base de la convivencia de nuestro sistema social: la igualdad de todos ante la Ley, y por tanto, ante cualquier servicio público que derive de la misma, sea pagando impuestos como siendo atendido por un equipo de profesionales sanitaríos de un hospital público, como de cualquier otro ejemplo de servicio que se nos pueda ocurrir. Es un principio constitucional básico, y hoy que celebramos el día de la Constitución tenemos que reclamar nuestro derecho a la igualdad, pese a que algunas personas parezca que no va con ellas, al menos no mientras le toquen lo suyo.

No es el abuso de poder lo que tenemos que denunciar y perseguir, al menos, no tan sólo, y mucho menos como causa de esta desafortunada y en mi opinión ilícita actuación del jefe de neurocirugía. Efectivamente, para nuestra desgracia, no está penado en nuestro Código Civil (y si lo estuviera y yo lo ignorara, más indignado estaría de que no escuchar por ningún lado que la Fiscalía no ha actuado aún) utilizar los bienes públicos para favorecer a un familiar, en el sentido de que la acción realizada ha sido la de curar a alguien, a un españolito, o españolita, como ha sido el caso. Pero es que tampoco está penado y debería estarlo que un funcionario en el ejercicio de su cargo se salte el principio constitucional y sacrosanto de que los ciudadanos españoles son todos iguales ante la Ley, plasmado en la vida práctica en normas y procedimientos establecidos, como por ejemplo, las listas de espera ante una operación más o menos grave, con más o menos dolores insoportables padecidos por la persona, por el ciudadano que espera.

Precisamente en los comentarios que se fueron acumulando a la noticia de La SER en la web (sólo alcanzan a fecha de hoy 6 de diciembre los 40 que es una cifra bajísima en mi opinión) se desliza un comentario sobre el funcionamiento del hospital público de Salamanca, en el que se baja incluso al de celador el nivel de "contacto" para conseguir saltarse una lista de espera.  Son acusaciones veladas de corruptelas internas que dañan la imagen de los servicios públicos ante la ciudadanía causada por malos funcionarios, y que no tienen ninguna posibilidad de denunciarse ante los Tribunales de Justicia, porque ¿cuál sería el hecho punible?, ¿hacer su trabajo? o ¿hacer su trabajo saltándose los procedimientos de trato igualitario ante el servicio público que presta? Esto último sin dudarlo, pero es que no es punible según nuestro ordenamiento jurídico y por tanto, el funcionario "desigualador" se queda tan fresco.

No es por tanto un asunto de abuso de poder, o mejor dicho, no es sólo un tema de abuso de poder. Lo llevamos en la sangre, grabado a sangre y fuego en nuestro individualismo ibérico, castizo y casposo, de subdesarrollo social crónico. Nos parece normal y además perfectamente justificable pedir favores y poner en un compromiso al servidor público que nos lo tiene que prestar, olvidándonos del resto de ciudadanos que puedan estar en la misma situación. Es la ley de la selva, el que pueda más, ganará, quien tenga como amigo al funcionario más poderoso o al político que sea el superior jerárquico del funcionario más poderoso ganará, y el demandante del servicio, se sentirá orgullo de su amigo, de esa "amistad", como se denomina en España a quien lo lleva a efecto. Desde siempre, desde mi más tierna infancia, he oído expresiones como  "lo consiguió gracias a una amistad".,"por una amistad muy importante, que de lo contrario aún estaba esperando..." y así un suma y sigue de situaciones escandalosas para quienes creemos en la Igualdad con mayúsculas.

Mientras tanto, quienes reciben las llamadas con petición de favores se ven en ocasiones sumidos en el dilema de obrar injustamente, a sabiendas, por supuesto, dejando a un lado los malos sentimientos, o tener que mal excusarse si consideran que quien les está pidiendo el favor no se encuentra dentro de su círculo social íntimo, o incluso, obedeciendo órdenes superiores y por tanto, acumulando en su cuenta personal uno más de esos "hoy por mí y mañana por tí" (no nos olvidemos que el señor Vicente Calatayud no operó sólo, que necesita que alguien le prepare el quirófano un sábado, así como también habrá otras personas que gestionan la lista de espera y que habrán visto cómo son burlados en su quehacer). Incluso nos queda el caso de quien desobedecerá una imposición de un superior para actuar y completarle un favor y por tanto se verá abocado a recibir su ira y una posible postración en su carrera administrativa. En nuestra miopía social, cuando pedimos un favor "anti-igualatorio" no somos conscientes de la madeja de engaños, trampas y actuaciones deshonrosas que estamos contribuyendo a hacer crecer y a que todo lo público se vea comprometido. Ni nos imaginamos cuántos extracostes se derivan de todo ello, que por supuesto pagamos entre todos, al menos, de todos los que contribuyen al fisco de este país.

No es por tanto el abuso de poder lo que es escandaloso, sino que provoquemos con nuestras actitudes y hechos el que se soliciten prácticas de abuso de poder cuando nos conviene. Insisto, es una muestra de subdesarrollo social, del conocido "y tú más", de creer en la Ley sólo cuando me conviene, y cuando no me conviene pido que alguien la incumpla, y en este caso, lo que se está incumpliendo es un valor social, el valor de la igualdad de todos ante la Ley, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". 

Hermosas palabras que ningún funcionario debería violar, pero también  que ningún ciudadano debería soslayar provocando el abuso de poder mediante la petición de favores. Es hora por tanto de proteger a los buenos funcionarios, es hora de deshacer esta madeja podrida de favores encadenados que asfixia el sentimiento comunitario de pertenencia a un colectivo de 47 millones de personas, y que lo hace zozobrar, provocando un estampida, una huida de la igualdad y de la justicia, un sálvense quien pueda y como pueda, y que quien más pueda que lo haga valer ante los demás.

Es momento de las propuestas, y en esta ocasión queda claro lo que voy a pedir, lo que quiero proponer a la ciudadanía española: debemos tipificar como delito penal las actuaciones de funcionarios en su cargo que atenten directa o indirectamente contra los procedimientos administrativos establecidos para hacer efectiva la igualdad de todos ante la Ley. Tal vez el día que veamos en la cárcel y expulsado de la carrera administrativa a alguien por haber abusado de su poder público favoreciendo injustamente a alguien saltándose una lista de espera, podamos comprender que esa vieja práctica, ese mal hábito español de "tener amistades poderosas" por si acaso, o de no reclamar lo que es justo pero pequeño, "porque alguna vez tendré que pedir y exigir algo más importante" dejará de tener sentido, y de verdad todos crean en que el principio constitucional de igualdad es real y efectivo, y no unas simples letras sobre un papel mojado.

El mito de Saturno y la responsabilidad civil de las Administraciones Públicas.

Ya ha pasado más de un mes desde que ocurrió el trágico accidente del tren ALVIA  en las cercanías de Santiago de Compostela. Durante días y días, semana tras semana, hemos ido oyendo noticias al respecto que pasaban de presentar el triste recuento de muertos y heridos, a hablar de responsabilidades de unos y de otros en el funesto suceso. En una natural ascensión desde el maquinista hacia las alturas, finalmente el juez instructor Luis Aláez emitió un  auto (enlace al documento publicado en El País) el 20 de agosto pasado en el que imputa a ADIF, más concretamente a "...la/s persona/s de ADIF responsable/s de la seguridad del tramo de la línea ferroviaria que une las estaciones de Orense y Santiago a fecha 24 de julio", ya que como menciona el juez dentro del apartado de razonamientos jurídicos "...sí que deviene pertinente el examen , a efectos de posible reprochabilidad,  de las actuaciones de los operadores responsables de garantizar la seguridad del tráfico ferroviario en lugar de Angrois". 

Y aquí comenzamos a enlazar con lo que vienen a ser los temas habituales de este blog: nuestra Administración Pública, nuestros gobiernos y nuestra sociedad, puesto que ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, forma parte de ese gran entramado institucional del Estado, y cualquier "reprochabilidad" confirmada judicialmente y por tanto, base de cualquier reclamación patrimonial al Estado por parte de los afectados por el accidente (personas heridas y familiares de fallecidos)  pasa a ser asunto que nos compete a todas las personas que lo sustentamos con nuestros impuestos.

De hecho, lo que me ha conducido a escribir sobre el tema, tiene que ver fundamentalmente con la noticia aparecida en los medios de comunicación de que la compañía de seguros que está detrás de la póliza de responsabilidad civil de ADIF por explotación del servicio  (ferroviario) quería contratar al bufete de abogados que "brillantemente" rebajó los "costes" a los fallecidos en el accidente del vuelo de Spanair Madrid-Tenerife de agosto de 2008. Es más, según lo que escuché a una afectada entrevistada en la SER, aún no habían recibido nada de lo poco que habían obtenido en concepto de daños y perjuicios, cinco años despues de aquella otra tragedia.

Curioseando en la "nube", he localizado el anuncio en el que se da a conocer la adjudicación (27 de mayo de 2011) del contrato del tipo "servicios" por el que se establece el Seguro de responsabilidad civil general de explotación de ADIF y de responsabilidad civil complementaria, a favor de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, AG, por un total de 3.636.698,00 euros (IVA excluido). Y esta información gracias a la obligación que tiene el sector público (ADIF lo es) de publicar todos sus contratos.

Hasta aquí, la Administración ha funcionado correctamente. Tenemos a una empresa pública, ADIF, que cumple con la Ley de Contratos del Sector Público, para dotarse de un seguro de responsabilidad civil de explotación, y de otra complementaria. Podemos decir por tanto, que para el caso que nos ocupa, el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, el Estado tiene cubiertas las espaldas ante una hipotética condena en los Tribunales de Justicia, una vez que el juez instructor ha imputado a los responsables de seguridad de ADIF.

Pero a partir de ese momento, es una empresa privada, la compañía de seguros adjudicataria de ese contrato de responsabilidad civil (ALLIANZ) la que tiene que defender "su negocio" frente a los damnificados en el accidente, ciudadanos de a pie, sostenedores de ese mismo Estado. A nadie puede extrañarles que busquen a los mejores abogados especializados en este tipo de grandes siniestros. De nuevo hemos transferido, externalizado por decirlo del modo habitual, la responsabilidad de defender al Estado de sus propios ciudadanos reclamantes.

Aquí ya empezamos a percibir que algo no funciona en el razonamiento, que algo "descarrila". Como funcionario con bastantes años de servicio público a mis espaldas y sobre mis neuronas, estoy acostumbrado a escuchar en los procesos de responsabilidad patrimonial, pequeñísimos casos comparados con el que nos ocupa como es la de simples inundaciones de instalaciones públicas causadas por terceros, que "el seguro se hará cargo de los daños", y nos quedamos tan frescos, porque sabemos que alguien especializado nos pagará los daños, o que nos defenderá, intentando obtener el pago de esos daños de la compañía de seguros de ese tercero que nos ha inundado las oficinas públicas. Todo nos parece correcto: dañan un  bien público algo o alguien del sector privado, que debe responder del daño. Pero debemos dar la vuelta al calcetín, queremos saber qué pasa cuando es el propio Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento o cualquiera de las empresas de su entramado institucional, el que causa el daño a alguien o algo del ámbito privado...

En efecto, enfrente tendremos a un gigante en tamaño, en movimientos, capacidad de respuesta, medios, y sobre todo tiempo. Y qué añadir cuando se encarga de contratar a otra gran empresa de seguros, que a su vez, defenderá y se defenderá de las reclamaciones de los ciudadanos o empresas privadas afectadas y damnificadas. Yo personalmente no lo veo justo, y pone en cuestión, de nuevo, otra vez más, lo absurdo de la externalización de ciertos servicios, en este caso, la responsabilidad civil por actuaciones de funcionario/as o empleados públicos en razón de su actividad o servicio, como es el caso del maquinista del ALVIA o de los responsables de seguridad de ADIF, o extendiendo el ejemplo, cualquiera de los fallos médicos (en hospitales públicos) que han sido reconocidos como tales en los Tribunales de Justicia.

Y la cuestión de justicia deriva de la falta de proporcionalidad entre el tamaño y capacidad de maniobra que tiene el Estado y el ciudadano de a pie. No estoy hablando de grandes compañías que se enfrentan a pequeños ayuntamientos. Ya sabemos que eso puede ocurrir y que de hecho ocurre, y que finalmente los pequeños ayuntamientos se ven abocados  ceder por falta de capacidad de defensa.

Es una pregunta que dejo abierta en el aire ¿puede una Administración Pública actuar del mismo modo frente a los ciudadanos particulares defendiéndose con sus ingentes medios económicos para evitar su condensa por responsabilidad civil y para limitar, reducir e incluso anular las posibles indemnizaciones, que frente a otras Administraciones o grandes corporaciones o multinacionales? ¿O debe primar en esas Administraciones Públicas, la defensa de los bienes públicos, los fondos públicos de todos y todas, evitando que acaben en manos de los damnificados "privados"?

Es un gran dilema de difícil resolución. A todos se nos antoja sencillo cuando hablamos del Estado persiguiendo en los Tribunales a la compañía de seguros responsable de la prima de responsabilidad el Prestige...(por cierto, no tengo ni idea de si finalmente han pagado algo por los daños causados en la costa gallega y cantábrica), o cuando hubo un fallo médico y a un amigo le cortaron la pierna equivocada...(es una pequeña licencia humorística que no sé si viene bien al caso). En el primer caso, el Estado debe contratar al mejor bufete para que conseguir que nos paguen por los daños causados por el petróleo vertido, y en el segundo caso, también lo vemos fácil, a nuestro amigo le debe pagar el Estado por la "avería" que le causaron en el hospital. Pero, ¿y en el accidente del ALVIA? Yo lo tengo claro: debe pagarse por los daños causados si se le condena a ADIF por no haber tomado todas las medidas de seguridad en el tráfico ferroviario en ese punto fatídico de Angrois, pero también sé que habrá quien piense que ese dinero es de todos, y que habría que establecer con el máximo de cuidado hasta cuánto se debe pagar. Siempre habrá alguien que piense que no es cuestión de que alguien se enriquezca con la desgracia de otros...es decir, que defenderán que el Estado ponga toda la carne en el asador para reducir o anular las indemnizaciones.

En definitiva, que no es nada fácil, y que todo pasa por analizar social y políticamente las relaciones de responsabilidad civil de las Administraciones Públicas (y de todo su entramado institucional) con sus ciudadanos para que no nos venga a la memoria el mito de Saturno comiéndose a sus propios hijos. Y es que si hablamos de mitología y de sus cultos, prefiero recordar la saturnalia romana en la que se celebraba la fiesta de la igualdad original de los hombres. Precisamente esa igualdad ante los tribunales  es la que echo mucho de menos en estos asuntos. Definitivamente es una cuestión de igualdad.