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sábado, 10 de mayo de 2014

Políticos, pseudopolíticos y tontos.

La verdad es que he estado un poco alejado de este blog, sin publicar nada nuevo desde marzo. La culpa la tiene el proyecto ilusionante en el que estaba comprometido hasta las cachas. Y una vez que concluyó, que cumplí con mi deber autoimpuesto, me siento un poco más libre de tiempo para volver a este observatorio de la Política y de  la Administración Pública,  así como a la sociedad a la que deberían servir las dos primeras.

Sí, deberían es la forma verbal escogida, porque leyendo noticias como está publicada en El Correo del 09 de mayo, no puedo escribir otra cosa. Parece realmente lamentable que existan pseudopolíticos que se dedican a "ordenar" cambios de tulipanes en los jardines de los edificios administrativos oficiales porque en su mente infantil se componen banderas españolas, senyeras, o cualquier otra posible que combine el rojo y el amarillo. Y además me ha llamado poderosamente la atención la lectura de más de trescientos comentarios enviados por lectores de la edición on-line del Correo, al hilo de la noticia antes indicada. 

Una cifra tan abultada podría servirnos como indicador del grado de interés que ha despertado, y que la sociedad vasca (en este caso, porque en todas partes cuecen habas...) ha intentando salir al paso y dejar bien claro la tontería mayúscula que ha cometido el citado político (ni lo nombraré para no dar publicidad innecesaria en los buscadores y robots de internet). Pero no, no ha sido el caso. Se ha liado una buena entre españolistos y vascolistos. De vez en cuando alguna voz inteligente dejaba claro que su indignación procedía del coste de cambiar esos tulipanes, vamos, que le daba igual si formaban una bandera rojigualda o rojiblanca, que el problema era otro, la inmadurez de quien teniendo poder político, lo utiliza para semejante mamarrachada.

También había en el sector vascolisto, que ahora le toca defender una gestión pública nacionalista, personas que no se creían la noticia, que aseguraban que era un mal chiste, que no podía ser cierta. Y entonces sí que me deja preocupado el nivel de ceguera absoluta que tienen esas personas, algo que lamentablemente se repite en toda la geografía española, incluyendo por supuesto el País Vasco. Es un problema nacional, un problema de los nacionales, de los paisanos que viven en esta piel de toro: si son, si pertenecen a alguna cofradía, partido político, sindicato, asociación, fundación, y se encuentran sentimentalmente implicados, entonces no hay nada que pueda hacerles cambiar de opinión respecto a los problemas, torpezas, insensateces, barbaridades y por supuesto, delitos que hayan podido cometer sus correligionarios, porque ese es el nombre que mejor puede describirles. Les defenderán a capa y espada, y vomitarán el consabido "y tú más, y vosotros más...".

En cualquier caso, y para alguien como yo que ya tiene muchos años de convivencia con ellos, sabe que es cierto, que la noticia vendrá de alguna buena fuente, y que será otro caso más a anotar en ese cuaderno de la vergüenza que cualquier funcionario/a profesional, dedicado a su labor diaria, va escribiendo día a día según la vive en sus propias carnes. Yo mismo tuve que soportar una impertinencia laboral de ese tenor a cuenta de una banderita española que molestaba muchísimo junto a los teléfonos de una página web. La citada banderita la incluía el programa SKYPE como una opción que permitía asociar el código telefónico del país. 

Uno ya ha vivido muchas experiencias deprimentes causadas por pseudopolíticos, pero aquella me provocó asombro al principio, y luego tanta hilaridad al comprobar lo fácil que se podía hacer desaparecer la banderita, y la ignorancia supina del político quemador de banderas españolas, que decidí hacer un mutis por el foro mental, prometiéndome a mí mismo distanciarme lo más posible de semejante figura del toreo. En resumen, que sí es verdad, que por desgracia los pseudo políticos y los tontos campan a sus anchas por las oficinas del gobierno y de las Administraciones Públicas. Que nadie lo dude.

Pero ¿qué podemos hacer? Es la hora de las propuestas, y al menos una clara tengo que proponer. Basta ya de decisiones arbitrarias de este tipo de inútiles que se dedican a malgastar el dinero público. Tener un alto cargo en un ministerio, o en una consejería no debe ser ya ocasión para que haya decisiones que pueda tomar y sobre las que no tiene ningún conocimiento técnico, ni económico de sus actuaciones. Un consejero de Sanidad no podrá ya dar órdenes sobre los colores de los tulipanes de su jardín. Es más, propongo que tampoco puedan cambiar los muebles de sus despachos cuando llegan al poder, o de los modelos de los coches oficiales que utilizarán. Deben dejarse esas decisiones en manos de los profesionales que conocen técnicamente esas materias y que responderán ante la ciudadanía de los costes derivados. Y lo más barato es no cambiarlos cada dos por tres.

A los tontos y a los pseudo politicos les tenemos que quitar el bidón de la gasolina de las manos o nos quemarán, primero el monte, y después el resto del país. Basta ya de tonterías. 

viernes, 17 de enero de 2014

Sé inteligente, no te pongas el cinturón...

Por supuesto que tienes que ponértelo si conduces, pero no te pongas esa elegante prenda de vestir, generalmente fabricada en cuero,si quieres vivir cómodamente en el único Paraíso terrenal que puede llamarse así desde Adán y Eva, también conocido como Función Pública. No te lo pongas porque tendrás que facilitarte continuamente el laborioso trabajo de bajarte los pantalones en medio esta jungla humana,  no precisamente de cristal por mucho que la Ley de Transparencia anunciada por el gobierno Rajoy esté ya publicada en el BOE. Por cierto, prometo leerla de cabo y rabo y exponer en este medio mis impresiones y ensayar mis nuevas adquiridas capacidades adivinatorias sobre su futuro práctico y su inevitable desvirtuación...

Pero es que si existe un Paraíso también tiene que haber un Infierno, en el que sufren, penan y malviven un interminable calvario de despropósitos un puñado de funcionarios eficientes, transparentes, ejemplo de buen hacer, motor de lo poco que consigue funcionar con sentido en esta España del siglo XXI. Paraíso para algunos pero Infierno viviente  para otros por culpa de tanto disparate administrativo, órdenes políticas sesgadas, malintencionadas, retorcidas, y por supuesto muy interesadas en cuanto a la finalidad de sus desvelos por esa ciudadanía (lamentablemente) silenciosa, a la que desconocen continuamente. Y no me estoy refiriendo a la "masa" funcionarial con escasa capacidad de decisión y consejo, meros actuadores, sino  a ese pequeño grupo de funcionarios  que tiene la responsabilidad de defender lo público, lo que es de todos y de todas, lo nuestro en definitiva, a través de informes preceptivos y muchas veces vinculantes, parte de un procedimiento administrativo que busca precisamente defenderlo, protegerlo de manos ambiciosas amigas de lo ajeno.

Es realmente difícil conseguir mantener la independencia ante situaciones claramente ilegales promovidas por quienes han sido elegidos supuestamente por el pueblo. Lo fácil es dejarse llevar y ser obediente. No lo seas y te pondrán a prueba en una escalada creciente de sugerencias no sugeridas, comentarios altisonantes, llamadas telefónicas de amigos "advertidos" y alarmados por la autoridad vigente, paseíllos a sus despachos, retirada de la palabra, apartamiento laboral de otros casos similares, y finalmente, "apuntamiento" en la lista negra de funcionarios díscolos que no tragan y que no se someten al poder político de turno.

Mas tarde o más temprano llega ese fatídico momento y no puedes evitarlo. Tienes que tomar partido por quien manda o por el pueblo (ese gran olvidado), por cumplir la Ley o por contrario, escabullirte entre los múltiples vericuetos del procedimiento administrativo español, dejando atrás informes que no dicen nada, ni a favor, ni en contra, pero que permiten de hecho que el político sin escrúpulos avance en su siniestra tarea de hacerse con una parte más o menos importante de lo que es de todos.

Pero si al final mantienes tu cinturón atado, si tus pantalones no caen al suelo, entonces entras a formar parte de un glorioso club de funcionarios díscolos, mal vistos por la clase política dirigente (esto último es un decir), minoritario, arrumbado en cualquier despacho no preferente, evitado por los obedientes, temerosos de una contaminación visual no deseada, que les pudiera meter en problemas. Ellos se sienten entre los salvados, entre los supervivientes, sabedores de que les deben algún favor, más o menos valioso, que tarde o temprano se podrán cobrar.

En esa guerra soterrada entre funcionarios con principios por una parte, y políticos por la otra, las batallas se suceden con abundantes derrotas de los primeros, y que para mayor desgracia suya  son desconocidas para la sociedad civil a la que sirven, mezclados en un totum revolutum de lo público, claramente perjudicial para su imagen, generando un intenso sentimiento de aislamiento social, de expatriado interior, de incomprendido.

Y lo más llamativo es que esa sociedad civil, tan dura con ellos, comienza a reaccionar. Es realmente significativo que en todos los barómetros de clima social que el CIS elabora mensualmente desde hace ya muchos años, el problema de los políticos y el problema de la corrupción y fraude generalizado se dispare de una manera alarmante en los últimos tres años, como puede observarse claramente en este gráfico que he elaborado a partir de una serie temporal muy amplia. Esto nos permite comparar varios periodos de bonanza y de crisis económica, con distintos partidos políticos en el poder. El malestar con los políticos y los partidos viene larvándose en una serie ascendente neta desde hace ya muchos años Además el problema de la corrupción y el fraude, apenas mencionado por los españoles hasta finales de 2010, muestra una explosión terrorífica a partir de finales del año 2012, superando incluso el espectacular 30% de españoles que consideran a los partidos políticos y a los propios políticos un problema para este país, rozando el 45% y manteniéndose durante todo este año pasado 2013 en un horrendo, espantoso e inaceptable 35%. Observen la gráfica de la vergüenza:
Elaboración propia a partir de datos  obtenidos en la web del CIS 
En este caldo de cultivo tiene que moverse el funcionario que intenta hacer su trabajo dígnamente, aportando su conocimiento para la defensa de lo público, sabiendo que en muchos casos será arrinconado e ignorado para siempre, lamentablemente confundido en el exterior, en la sociedad civil, con los funcionarios sumisos y sus amos, los políticos que actualmente nos malgobiernan.

¿Pero qué se puede hacer? Transformaciones desde dentro de la Administración Pública leo por aquí y por allá. ¿Intraemprendizaje de los funcionarios valientes? ¿Innovación de lo público?  Más y más palabras, conceptos, ideas que yo concedo que son voluntariosas y bienintencionadas, pero a mi juicio ineficaces. El mal está asentado muy dentro de esta sociedad, una sociedad que aceptó, consintió, que permitió esta forma de hacer política, de impedir la construcción de una Administración Pública verdaderamente al servicio del pueblo, que se encogió de hombros mientras las cosas le fueron bien, en conjunto, a un gran número de españoles. Los partidos políticos actuales reflejan la forma de pensar y actuar del ciudadano medio (al menos la pasada forma de pensar y ser), integrante de una sociedad en la que el absentismo social y político es la nota predominante, que vivió en su Tierra Prometida cómodamente, dejando hacer, aceptando, perdonando y aún peor, finalmente volviendo a votar a quienes ya estaban demostrando que no tenían límites para su ambición.

Solamente la evolución de ese gráfico con las líneas roja y azul constantemente situadas en esa amplia banda del 35% al 50% puede darnos alguna esperanza de que ya somos muchos los convencidos de que tenemos que cambiar, que tenemos que reconocer que estamos enfermos, que lo hemos hecho mal, como quien es alcohólico o drogodependiente y hasta que no lo reconoce no comienza su cura. Es hora de decir basta y de rechazarles. Los sucesos de Gamonal en la ciudad de Burgos esta tercera semana de enero de 2014 me han devuelto la esperanza. Tal vez el umbral se encuentre en el 50% y entonces la sociedad española, mi sociedad, se decida a actuar, comenzando por reconocer su enfermedad antes de aplicarse a sí misma el correspondiente tratamiento.

sábado, 30 de noviembre de 2013

Funcionarios contra la corrupción...empezando por el principio.

Hace unos días llegó a mi mesa de la oficina administrativa donde presto mis servicios como funcionario una pequeña carta de publicidad ensobrada en plástico y sin destinatario concreto, salvo el propio del departamento. No es raro que todo ese tipo de publicaciones acaben en mis manos, devorador conocido de cualquier texto que pueda leer, y siempre con una voluntad de acero para intentar sacar algún provecho del mismo. Es parecido al comportamiento de esos extraños corpúsculos celulares que se encargan de trajinar y procesar  sustancias de todo tipo con el exterior a través de la membrana.

En este caso, al romper el plástico que lo envolvía me encontré con una nueva sigla junto al anagrama de la Unión Europea. En esta ocasión era el OLAF, Oficina de Lucha contra Fraude, concretamente firmaba la carta su director general Giovanni Kessler, y en ella resumía el mandato y los recursos de que disponía, así como el proceso de investigación de las denuncias recibidas asegurando que lo hace con absoluta independencia. Como parece ser que sin ejemplos no nos podríamos hacer una idea de qué nos estaba hablando, Mr Kessler añadía algunos casos concretos, como el de la financiación de productos agrícolas inexistentes (árboles que no llegaron a plantarse), contrabando de cigarrillos, uso irregular de fondos de la Unión Europea...

Me acordé entonces del casi olvidado asunto de las ayudas al lino, que tanto dio que hablar durante el gobierno del PP presidido por Aznar. Algunos ministros de hoy en día estuvieron en la picota y la verdad es que no tenía mucho ánimo para investigar en qué quedó todo aquello después de tantos y tantos vericuetos judiciales por los que seguro que ha transitado esa denuncia. Pero es que Google permite rastrear el pasado pese a que muchas veces nos gustaría que quedara totalmente enterrado. Así que localicé esta entrada en el archivo de la Libertad Digital del año 2007, justo después de la primera sentencia de la Audiencia Nacional, que con una euforia desmedida termina con el consabido "ya os decíamos que no había nada de nada". La sentencia del Tribunal Supremo en 2008 lo confirma, pero he aquí que en otra página de la hemeroteca de El País del verano de 2009 aparece la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea que reduce la multa impuesta por la Unión en unos módicos 5 millones de Euros, pasando de la friolera de 134 a unos igualmente impactantes 129 millones de euros. Y no se ha vuelto a hablar más del asunto, hasta hoy, en el que este bloguero vuelve a reactivarlo de una manera tangencial.

Es evidente que todo lo que se dijo en aquel momento tras la sentencia del Supremo, año 2008, resalta de una manera mucho más intensa cuando se compara con la sentencia del ámbito europeo. Parece que los poderes españoles no alcanzan a "conmover" a las instancias judiciales europeas, y que por tanto es un motivo más para maldecirles e incluso para llegar a desbarrar políticamente hasta límites inimaginables y sobre todo inadmisibles para cualquier ciudadano español. Este ha sido el caso de hace un par de semanas en las reuniones de los lunes del comité de dirección del  PP en Madrid, cuando se filtró a la prensa que uno de los asistentes había exigido que se hiciera dimitir al juez español del Tribunal de la Unión Europea que había participado en esa extraña conjura antiespañola que declaró ilegal la doctrina Parot. Se le exigía desde el PP que fuera consecuente, es decir, agradecido con quienes le nominaron a tan alto puesto, o eso es al menos lo que ha trascendido, y que visto lo visto, debía dimitir y regresar a casa para recibir el castigo que se merecía por traicionarles. Y si se hacía el distraído, traerle por la fuerza...esto último lo añado yo, aunque no creo que yerre mucho respecto a lo que algún asistente a esa reunión pensó en aquel momento.

Lo que sí me gustaría saber es que opinan en la OLAF de todo aquello y de cómo se tratan los asuntos de corrupción política en España, y hasta qué punto nos diferenciamos del resto de estados-miembro de la Unión Europea con esos deseos inconfesables de controlar a la judicatura europea. Tal vez los malos hábitos de manipulación de poderes ajenos (que desde el punto de vista de la Filosofía Política deberían ser absolutamente independientes), a los que estamos ya por desgracia acostumbrados en España, causen algún tipo de asombro en la OLAF. No lo sé, pero debería ser así, deberían ser motivo de asombro y de indignación. Es el único modo de seguir teniendo esperanzas en que la larga mano de los poderosos que campan a sus anchas "legislativas-judiciales-ejecutivas" no pueda alcanzarnos cuando decidimos creer lo que dice Mr Kessler sobre los denunciantes de posibles casos de corrupción "Los funcionarios y los agentes que trabajen en cualquiera de las instituciones de la UE tienen la obligación de informar acerca de posibles fraudes, casos de corrupción u otras actividades ilegales o faltas de carácter profesional de un funcionario/agente. Los denunciantes que respetan la norma estatutaria a este respecto gozan de protección frente a las consecuencias adversas. Ello incluye la protección de la identidad del denunciante (...)". Si es usted funcionario en España, como yo mismo, ¿debería hacer caso a Mr Kessler o más bien mirar para otro lado para evitarse un gran lío en su tranquila vida? Qué gran dilema se nos presenta.

Lo cierto es que en el caso del lino que citaba unos párrafos más arriba, quienes salieron trasquilados del caso fueron aquellos funcionarios que investigaron más de la cuenta según los tribunales, en el sentido de hacer más bien de fiscales y jueces de instrucción que de simples fedatarios o testigos imparciales de que algo que conocían podía ser materia de investigación judicial. Es tal vez el mayor error que cometemos los funcionarios, nuestro partidismo inconfesable, que se enmarca en un continuo que va desde el egoísmo absoluto que raya en el autismo social, buscando intencionadamente la tranquilidad y evitando cualquier problema con los poderosos, hasta quien se decanta por la sobreactuación intencionada, intentando favorecer a los de su cuerda política, o perjudicar a quienes no pertenecen a ella. Ese es el gran problema, la bipolaridad extrema existente (o nada o demasiado), con la inexistencia manifiesta de una centralidad del funcionario que actúe sin partidismos, sin filias y sin fobias, que denuncie siempre que conozca u observe algo que considere ilícito, y que tenga la absoluta certeza de que es intocable, que nadie puede hacerle nada durante la instrucciòn o después tras la posible resolución judicial, sea cual sea el sentido de la misma.

No es de extrañar esta falta de centralidad, si recordamos cómo se las gastan quienes dirigen los destinos de los partidos políticos mayoritarios. Tampoco debería causar asombro a nuestros lectores que para los partidos en el poder, los funcionarios sean un contrapoder a los que hay que meter en cintura, amedrentar, hacer la vida imposible, enmudecernos en suma, principalmente a través de ejemplos concretos de funcionarios valientes que intentaron y en algunos casos consiguieron, hacer doblar la rodilla a corruptos gobernantes, y a los que luego la vida (en un sentido amplio) no les ha sonreído...

En la carta de servicios de los ciudadanos ante la Justicia, en el punto 12 reza "El ciudadano tiene derecho a ser adecuadamente protegido cuando declare como testigo o colabore de cualquier otra forma con la Administración de Justicia". Esta carta, de lectura recomendable sin lugar a dudas, la he localizado en la web de la Fiscalía que desconozco si es una web oficial. Júzguenlo ustedes mismos entrando en ella. Lo que ya me parece poco motivador es que la denuncia pase por el filtro de facilitar todos tus datos personales y que además tengas que leer esta admonición "La comunicación de hechos presuntamente delictivos que resultaren falsos y atentatorios contra otros, dará lugar al ejercicio de las acciones legales procedentes". En cualquier caso, ser funcionario denunciante en España es sólo para valientes (alguno añadirá que también de suicidas) y sobre todo independientes jerárquicamente (hay que ver sin dudarlo el programa de Salvados en la que Jordi Evole entrevista al antiguo interventor del Ayuntamiento de Castro Urdiales).

Por si hubiera interés aquí les dejó algunas direcciones web:
- Formulario para notificar fraudes ante la OLAF: https://fns.olaf.europa.eu
- Formulario para investigaciones de carácter general: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/general-enquiries/index_es.html
Y también  la dirección: OLAF. Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Comisión Europea. Rue Joseph II, 30, 1000 Bruselas. Bélgica.

Realmente hecho de menos una campaña similar por parte de las autoridades españolas competentes en esta materia, por muy minúscula que sea. Propongo por tanto que en España se lleve a cabo. ¿Alguien puede creerse que me escucharán?


sábado, 2 de febrero de 2013

Políticos: elites autónomas (II)

El escándalo político y social está servido en España. El caso Gürtel de financiación ilegal del Partido Popular se ha salido de madre, como un enorme tsunami ha invadido hasta el último rincón de España. Podría decir que se veía venir, algo que se ha insertado en el subconsciente de todos los que estamos más o menos cerca de los políticos hasta hacerse parte del pensamiento colectivo, de todos los que lo piensan pero no lo dicen, de todos los que hablan de ello pero con precauciones, y de los que ya lo decimos abiertamente pero sin esperanzas de que sirva para algo, de que alcance el corazón y el intelecto de los ciudadanos y se convierta en un revulsivo social. Realmente he de confesar que siempre veo a las misma personas críticas, incluyéndome también por supuesto, denunciando una y otra vez una forma de llevar los asuntos públicos que está muy lejos de ser virtuosa. Pero ahí se suele acabar el activismo social. El resto calla, y como se dice en España, con ese silencio otorga complacencia.

En mi última entrada de este blog, hace ya un par de semanas, empecé a tocar precisamente este tema y por tanto, he decidido seguir profundizando en él, pero con un matiz. Ya no incluyo ninguna pregunta, creo que he conseguido demostrar que no son "nuestros" políticos, que realmente se han constituido en elites que nos gobiernan a nuestro pesar, tanto de los que nos oponemos abiertamente como de los que no quieren esforzarse en intentar cambiar las cosas. Ahora ha llegado el momento de seguir profundizando en la maquinaria burocrática interna de esos partidos que alimenta esa autonomía.

Precisamente relacionada con ella, con la autonomía, aparece el concepto de interdependencia que descubrí en una obra de un psicólogo, dirigida fundamentalmente a la autoayuda, dentro de todo ese conjunto de libros que necesitamos leer cuando nos encontramos en horas bajas, cuando nuestro autoestima está por los suelos. Siempre me ha gustado pensar que no sólo se aplica a las pequeñas redes sociales, sino incluso a las más grandes, del tipo de entidades político-territoriales, llámense comunidades autónomas, países, estados, continentes...Pero el hecho de ser consciente de que somos parte de un conjunto más grande, de que nuestras acciones afectan de un modo u otro al que tenemos al lado, sea cual sea la escala política social o económica que estemos considerando, de que nos necesitamos constantemente, del hecho de que nadie está por encima, de que puede imponer su voluntad sin acarrear una consecuencias insospechadas, todo este razonamiento en definitiva conduce a una forma de ser, sentir y vivir completamente diferente a la que estamos acostumbrados a percibir en la mayoría de nuestros políticos.

Es evidente que cuando un grupo de interés político (ya no me atrevo a llamarle ni siquiera partido político) se constituye, consciente o inconscientemente, en un ente autónomo, su sintonía, su acercamiento al común sentir de la ciudadanía con la que se debería relacionar queda absolutamente rota, limitada únicamente a los escasísimos momentos "de la verdad" en periodos de campañas electorales. Y ni siquiera ya puede decirse que sirvan de algo en España. La realidad mediática nos muestra una y otra vez auditorios, cines y teatros, incluso plazas de toros y palacios de congresos, abarrotados de "simpatizantes" agitando banderas y asintiendo a gritos a los incendiarios discursos de los líderes de sus partidos, perfectamente sincronizados con los momentos en los que las cadenas de televisión conectan en directo para "relatar" los diversos acontecimientos de ese día de campaña en tal o cual lugar de la geografía española. Estas elites políticas han conseguido adulterar definitivamente los procesos electorales, dejándolos sin valor alguno, eliminando cualquier posibilidad de debatir en profundidad los asuntos que realmente demanda la ciudadanía: trabajo para todos, eficiencia administrativa, excelencia en la prestación de los servicios públicos, tranquilidad social, progreso y desarrollo económico equilibrado, sin grandes desigualdades sociales.

Ya lo he comentado en otra entrada de este blog, la enorme decepción recogida en el último gran debate entre los líderes del PP Mariano Rajoy, actual Presidente del gobierno de España y del PSOE Alfredo Rubalcaba, en noviembre de 2011. El primero consiguió salir del debate televisado sin hacer ni una sola precisión acerca de su programa electoral. Fue una auténtica burla, un gran desprecio hacia el electorado. Se sentía en una posición ganadora, totalmente independiente de la voluntad general de los españoles, decepcionados con la última etapa del gobierno socialista de Zapatero. Abusó por tanto, demostrando con hechos, lo que sienten en los grandes aparatos burocráticos de la mayoría de los partidos tradicionales.

Pero todo esto tiene un coste, un gran coste económico. Las grandes burocracias de los partidos, su necesidad de controlar absolutamente todos los resortes del poder tiene un gran coste, que no quieren hacer visible a la ciudadanía. Pocas personas se preguntan por el coste de mantener esas grandes estructuras, o cuánto les cuesta participar en las elecciones. Principalmente porque desconocen la enorme tela de araña que ellos han construido para mantenerse en el poder, sea cual sea la opinión mayoritaria de la ciudadanía, e incluso también porque esos ciudadanos están convencidos de que los procesos electorales no sirven ya para casi nada.

Ahora bien, si observamos desde esta clave, es decir, desde la búsqueda de la absoluta autonomía económica de los partidos políticos, comprenderemos fácilmente todo el nuevo ideario pseudo ultraliberal  que se encuentra en la base de "reformas" económicas, sociales y políticas que está impulsando el Partido Popular o cualquier otro partido nacionalista que tenga a su alcance el gobierno de su respectivo territorio, como reciéntemente hemos visto con CiU en Cataluña. Este oscuro ideario tiene una relación directa con:

  • la realización de grandes obras públicas o de grandes proyectos "sociales" y promociones urbanísticas de muy dudoso sostenimiento financiero posterior a su apertura.
  • la externalización/privatización de servicios públicos.
  • la permanente conexión entre cúpulas directivas del entramado financiero, industrial y comercial por una parte y los altos cargos políticos que entran y salen de la dirección de las principales ministerios, consejerías y concejalías con una facilidad pasmosa, una vez realizada su labor inconfesable.

Si entramos a analizar el primer punto, vemos que los intentos continuos de definir y controlar la contratación pública se vienen abajo cuando el objeto de cualquier contrato, aquello que se quiere contratar, está fuera absolutamente de lo que dictan esas leyes. Difícilmente se puede decir que un gobierno, y el partido político que lo sustenta, actúa con buen criterio, pensando en la ciudadanía, cuando no tiene en cuenta todo el proceso de definición de necesidades ciudadanas, tanto a corto como a medio y largo plazo, los grupos de interés afectados, los costes finales de mantenimiento de esas infraestructuras, si habrá un precio público por su utilización o no, y si lo hay cuál debiera ser. Tenemos por desgracia demasiados ejemplos de gigantescas infraestructuras viarias "de peaje" por las que no circula prácticamente ningún vehículo y cuyo coste de mantenimiento no es cubierto con los peajes. ¿Por qué se iniciaron esas obras?¿Qué interés oculto hay detrás de esas iniciativas políticas y de grandes grupos inversores privados? ¿Por qué se hurtó a la ciudadanía un gran debate social sobre su necesidad, alternativas posibles, costes directos e indirectos?

Por tanto, de poco sirve detallar con pelos y señales el procedimiento de contratación si no se amplía a la determinación de qué debe contratarse, y posteriormente, cerrando el ciclo de mejora continua, evaluando la calidad del producto, proyecto, obra faraónica, etc que se ha entregado, a qué costes de mantenimiento y con qué beneficios sociales inmediatos y futuros. ¿Sabe alguien de algún partido político, de algún gobierno es España que haya evaluado con criterios objetivos previamente establecidos y aceptados, a los contratistas y al producto de esos contratos públicos? Es más, ¿ hay alguna forma de añadir a los famosos perfiles de contratistas, una nota, una calificación de cada trabajo realizado por parte de las administraciones contratistas, o algo... quiero decir, como obligación legal en una hipotética Ley Definitiva de Contratación Pública en la que quien contrata, valora conciezudamente como parte de su trabajo por ser responsable de fondos públicos? Es que ya empiezo a estar harto de estudiar y reestudiar nuevas leyes de contratación, remiendos, textos refundidos, etc que no acaban de dar una visión global del problema.

Porque por este lado se nos escapan fácilmente los partidos políticos cuando gobiernan para conseguir esa autonomía financiera (cuando están en la oposición tienen muchas menos facilidades), ya que da igual que el contratista sea un chapucero, un liante y que tengas asegurado un "coste sobrevenido" que llevará por la calle de la amargura a cualquier solícito funcionario adscrito a las unidades administrativas responsables de la contratación pública, sea la que sea, esté donde esté. En mi opinión, no interesa hacer ese examen final a los contratistas. No interesa a los partidos políticos porque los buenos empresarios, los que traen buen producto y servicio, alcanzarían buenas calificaciones y tendrían grandes posibilidades de obtener contratos públicos por sus propios méritos y se independizarían completamente de quienes en los partidos políticos mueven esos hilos. Sí que interesaría a los funcionarios, a los que simplificaría enormemente su gestión, abaratando sus costes, porque en muchísimos casos, su defensa contra bajas temerarias y malintencionadas, o las "dirigidas desde arriba", se convierte en un labor casi imposible, agotadora y causante de muchísimos desazones y en más de una ocasión, en fuente de problemas para la carrera administrativa de quien defiende lo público a ultranza, como si fuera propio, lo que en definitiva es.

Y ahora avanzaremos hacia el segundo gran pilar, el de las privatizaciones, que está íntimamente ligado al anterior: la constitución de grandes contratos públicos, en este caso donde no había tales negocios ni necesidades. El resultado final es el mismo, procesos de contratación pública de servicios privatizados, con escasísimo interés por parte de los partidos gobernantes en conocer los costes reales de esos servicios tal y como actualmente están siendo prestados por funcionarios públicos. Hace poco leí en la revista Auditoría Pública un artículo en el que los autores analizaban los costes de prestación de servicios sanitarios en los hospitales públicos de Navarra y a qué precio eran cobrados cuando se desviaban a hospitales privados. La realidad, no por ser esperada, es demoledora: no hubo análisis de costes previo y para mi sorpresa, no había precio único de derivación a los hospitales privados. Cada uno de ellos cobraba diferente por el mismo servicio médico. Bochornoso del todo punto. Imaginemos qué puede ocurrir cuando ni siquiera habrá posibilidad de comparar los costes de hospitales privados con los públicos, por la simple razón de que a estos últimos los cerrarán. De nuevo, los partidos políticos desean ocultarlo a la ciudadanía, alejarlo del debate ciudadano. Cuando menos sepamos mejor.

Pero es que realmente el interés que puede haber en privatizar grandes bolsas de servicios públicos intensivos en mano de obra, sólo conduce a sospechar que, o bien el coste final de la privatización será como mínimo incrementado en el beneficio empresarial lógico que se querrá llevar a su cuenta corriente quien haya ganado el contrato, manteniendo los salarios y las inversiones que la Administración Pública realizaba, o bien, el precio se mantiene o baja, a costa de muchísimo menor salario de quien presta ese servicio y de menores inversiones en el negocio. En este último caso, desde un punto de vista agregado, la sociedad sale perdiendo, tanto por falta de garantía de renovación de inversiones necesarias, como por más bajos perfiles profesionales en cuanto a conocimientos (los mejores siempre querrán cobrar más, si es que los salarios de partida han bajado mucho, quedándose los peores para  trabajar en contratos con la Administración). Y todo esto que acabo de exponer puede ya contrastarse con pruebas evidentes en países de nuestro entorno que se adelantaron en esta loca carrera a ninguna parte, como por ejemplo en Gran Bretaña: ferrocarriles y sistema sanitario).

No nos engañemos, y sobre todo no nos dejemos engañar. Las privatizaciones son un auténtico tongo, un cuento chino, un engaña niños, porque eso somos la mayoría de los ciudadanos españoles, niños que no han madurado políticamente lo suficiente como para exigir mucho más de los partidos políticos que nos gobiernan. Pero eso es parte de la tercera entrega de esta serie. Volvamos por tanto al núcleo del problema: el interés político por crear grandes volúmenes de contratación pública, es decir, de privatizar servicios públicos. Hace unos meses en otra entrada les presenté unas cuentas claras, difícilmente discutibles, sobre los enormes ahorros que supondría para una administración pública que conozco muy de cerca, la refuncionarización de los servicios internos de limpieza y de vigilancia, altamente intensivos en mano de obra, y casi nulos en inversión. Puedo asegurar un ahorro de un 40% sin pérdida de calidad de servicio.

¿Qué es lo que condujo a esa privatización como fue el caso de las limpiadoras o a que no se llegara a plantear la incorporación de vigilantes/celadores a la plantilla de esa Administración que no citaré, o precisamente y mucho más actual, el caso de la Sanidad de Madrid? Es difícil saberlo con seguridad y mucho menos probarlo, pero sí que puede asegurar que la idea de que es muy difícil controlar el trabajo realizado por los funcionario/as, personal rebelde y contestatario, huidizo casi siempre, sirvió de excusa a la mayoría interesada de quienes tomaron la decisión. Es un rumor de continuo descrédito a la función pública, que interesadamente es propalada por los partidos políticos y por la prensa adicta y controlada, que acaba siempre en el mismo discurso y solución final: eliminación de la prestación pública por funcionarios y privatización del servicio.

Jamás se ha hecho ningún esfuerzo por la clase política en intentar dar una solución definitiva y plenamente desarrollada al Estatuto del Empleado Público. Mucho menos a la parte del mismo que desarrolla la dirección profesional pública. Faltaría más, con eso los partidos políticos pierden el control de la maquinaria administrativa, que a nuestro pesar, sigue muy alejada de los niveles de eficiencia y efectividad deseables, principalmente por este motivo, la necesidad de los partidos de "intervenir decisoria y personalmente" en la mayoría de las actuaciones puramente administrativas que deben quedar en manos de funcionarios públicos independientes, entre otras, en la determinación de la mejor oferta de cualquier contrato, así como de la valoración de los resultados/productos entregados y de los servicios prestados.

La inacción de nuestra clase política actual en materia de Función Pública en el mejor de los casos, o incluso de beligerancia "populista" contra el funcionariado, sea cual sea la Administración Pública de la que forme parte, es clamorosa y malintencionada. Su objetivo inconfesable pasa por desprestigiar a quienes tienen la responsabilidad de defender lo público, lo que es de todos, evitando enriquecimientos ilícitos de contratistas insensibles, y sin pretenderlo, impidiendo la financiación ilegal de los partidos políticos. La farsa queda al descubierto finalmente.

El último pilar, la conexión entre el mundo de los políticos y de las grandes contratistas no necesita de mucha extensión para poder ser demostrado. Los escándalos recientemente conocidos tras su publicación en los medios de comunicación apoyan esta relación estrecha e interesada. De nuevo, decisiones que debieran haber quedado en manos de funcionarios cualificados que se atienen a un estricto procedimiento evaluador de ofertas y de adecuada capacidad y solvencia técnica y económica de los licitadores, se ve perturbada, por las interferencias de los partidos políticos, a través de sus representantes al frente de los órganos de las Administraciones Públicas. Porque...¿qué tenía que ocultar el anterior consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid? Si el proceso de adjudicación fue claro, diáfano, transparente, sin ninguna intervención salvo la firma del contrato a propuesta de la Mesa de contratación correspondiente, ¿por qué dimite y se marcha de esa empresa? ¿Tan difícil es de explicar lo que estoy ahora describiendo?¿Por qué no ha mencionado ni ha citado a ninguno de los funcionario/as que intervinieron en ese procedimiento de contratación?

En definitiva, si los procedimientos de contratación estuvieran completamente a salvo de interferencias políticas, si por otra parte, los propios objetos de contratación fueran analizados acerca de su necesidad y del beneficio social alcanzado, y si los contratos ejecutados fueran evaluados concienzudamente  por los propios usuarios ciudadanos, además de por personal funcionario independiente, para permitir conocer con absoluta transparencia, qué contratistas son de fiar, buenos y baratos...si todo eso se llevara a cabo, no habría la menor necesidad de regular, es decir, impedir para muchos años, el paso del sector privado al público y viceversa. La gran mayoría de las veces no haría falta ningún "fichaje de la privada" si nuestros políticos hubieran apostado por el desarrollo completo de la dirección pública profesional. Pero como ya he comentado antes, en ese caso, su autonomía, la de los partidos políticos en el poder, se resentiría enormemente, aunque casi seguro que ganaríamos todos en transparencia y en calidad del debate democrático, hoy tan ausente de las calles de España.






sábado, 12 de enero de 2013

Políticos: ¿nuestros o élites autónomas?

Tras la pausa de las vacaciones navideñas, volvemos a retomar la actualización de este blog con mis opiniones sobre la realidad social de España, y la verdad es que no me está costando nada ponerme a ello, dada la catarata de noticias políticas y económicas de todo pelo que pueblas los medios de comunicación. De tantos motivos para escribir y opinar y proponer alternativas, no encuentro el modo de centrarme en uno de ellos. Tal vez, el que más me esté "motivando" sea el escándalo del acuerdo extrajudicial entre los encausados del caso Pallerol, pertenecientes al partido Unió Democrática de Cataluña y la Fiscalía. Hacía ya mucho, mucho tiempo que no observaba una indignación tan manifiesta en la voz de Angels Barceló en la SER, la noche en la que escuché su relato de los hechos.

Era evidente que esperaba más, y no sólo ella, sino todos aquellos que estamos siguiendo día a día lo que nuestros políticos están haciendo con nuestro País. He escrito "nuestros" y la verdad es que algo ha chirriado en mi mente inconsciente que ha movido a mis ojos a retroceder hacia esa palabra. He dudado en cuanto a modificar el determinante de "políticos" con un más indeterminado "los", pero no. Es necesario que ese chisporroteo de indignación en mi mente sirva para dar un título a este post.

He de reconocer que el título de cualquier libro, de cualquier artículo, siempre me ha cautivado, como una greguería bien compuesta, como las de nuestro insigne Ramón Gómez de la Serna. He repasado algunas que me encantan, como la que reza "Los que matan a una mujer y después se suicidan debían variar el sistema: suicidarse antes y matarla después" y esta otra encantadora "El bebé se saluda a sí mismo dando la mano a su pie". No me digan que no están creadas con inteligencia y arte. No he conseguido nunca redactar ninguna que  merezca la pena publicar en este blog o en cualquier otro medio, pero en cualquier caso, la redacción del título de cada entrada me lleva mi tiempo. En esta ocasión, en la que tantos motivos para escribir bullían en mi interior, el título se me escapaba hasta que la periodista Angels Barceló me mostró el camino, como se suele decir en un lenguaje algo más espiritual "me iluminó": quería hablar de la nula conexión entre la clase política española (y sospecho que la europea, la rusa y la norteamericana no le andan muy a la zaga) y su pueblo, el pueblo español.

A raíz de lo que hemos conocido del caso de corrupción "confesa" del caso Pallerols, y de las palabras rescatadas de las hemerotecas atribuidas al diputado Durán y Lleida acerca de una hipotética dimisión, abandono de la política si se confirmaban aquellas noticias de ya muchos años (la Justicia es muy  lenta en nuestro país, y además le ponen palitos en la rueda constantemente, además de unas tasas judiciales que bloquean cualquier iniciativa popular...), todos los medios se han lanzado a su recordatorio machacón:  "lo dijiste, lo dijiste...cumple, cumple tus promesas". Es evidente que no lo va a hacer, al menos, yo apuesto por esa opción que voy a intentar explicar, sirviendo además como pie para una generalización de lo que vengo confirmando desde hace ya varios años (creo que me he unido a este coro de descreídos un poco tarde, según ellos).

En el caso que nos ocupa, durante uno de los programas de Salvados, de mi admirado Jordi Evole, éste le hizo una entrevista-auditoría al señor Durán (junto a otros más miembros del Congreso). No sé lo que opinarán aquellos que quieran volver a ver ese episodio, pero a mí se me quedó grabado a fuego en mi mente, la enorme presión que quiso infundir en J. Evole mediante continuos ataques a su labor como periodista, haciéndole saber que todo aquel conjunto de programas estaban haciendo mucho daño, y que no ayudaban en nada. Fue profundamente decepcionante para mí oír aquello de una persona a la que consideraba de los pocos políticos profesionales que tenían unas convicciones de defensa de lo público, entiéndase por ello tanto las instituciones políticas como de los servicios públicos que las Administraciones Públicas prestan a la ciudadanía española. Lo fue por su evidente mal talante al no aceptar las críticas directas e indirectas que se vienen haciendo en el programa, siempre envueltas en un estilo de periodismo de investigación y auditoría pública.

No siempre estoy de acuerdo con lo que se presenta en el programa y sobre todo en cómo se conduce. La verdad es que son muy pocas veces los momentos de desacuerdo, en los que vengo a decirle a mi Santa "eso no...tampoco es así..." Pero en esta ocasión es evidente que quien se dedica a lo público desde hace tantos años no puede reclamar a un periodista afamado (en plena gloria diría yo) que se está pasando porque da a conocer toda la basura que rodea a la política con minúsculas que se practica en España desde hace ya bastantes años. No es de recibo, por mucho que pudiera en ese momento no conocer nada del caso Pallerols (hay que estar en el guindo para no darse cuenta de que al lado tienes a una banda de chorizos en tu propio partido) que pretenda afear y minusvalorar el gran trabajo realizado por el periodista. No voy a decir que le pretendió intimidar, porque para eso ya tuvimos que escuchar al diputado Pujalte, en otro programa, en el que prácticamente le dijo que le quedaban dos telediarios para cerrarle el programa.

Pero es que es mucho menos de recibo que, dando por supuesta la ignorancia y sentido de solidaridad con sus correligionarios de UDC implicados en el escándolo, una vez conocido el acuerdo y la confesión formal "solidaria" (el trágala ha sido en cena compartida), decida olvidarse de lo que dijo y no cumplir. Y no cumplirá porque está convencido de la necesidad de esas operaciones, al igual que casi todos los políticos que conozco por los medios e incluso alguno en vivo y en directo, lo que me da la entrada en la parte en la que explico lo que considero querencia y voluntad de autonomía de los partidos políticos españoles, que llega incluso hasta la absoluta independencia de las necesidades y deseos del pueblo al que deberían representar. Fue el gran lema del movimiento social y popular del 15-M "que no, que no, que no nos representan". El tiempo les está dando la razón y poco a poco, más y más descreídos en la representatividad de la clase política española nos vamos uniendo a ese u otro cualquiera de los movimientos político-sociales que buscan la completa regeneración de sistema político español.

Leyendo hace unos meses un grandísimo libro, tanto por su contenido como por su tamaño de más de 1000 páginas, titulado Historia de la Cristiandad, de Diarmaid MacCullogh, me encontré con ese extraño y oscuro momento en el que las élites dominantes romanas "desembarcan" en la joven Iglesia cristiana, de la mano de un emperador Constantino que da el golpe de efecto. Siempre se habla de aquella declaración institucional en la que el imperio romano de hace cristiano, pero nunca de los detalles político-institucionales a los que condujo: la apropiación por las clases dominantes romanas de los principales puestos directivos, creando incluso la figura de los cardenales o ministros del Papa. Hasta ese momento los obispos se constituían en las cabezas visibles de la Iglesia cristiana en sus territorios (recordemos la etimología de obispo, epi-skopos, el que ve desde arriba). Y desde entonces, la Iglesia oficial, ha dejado de lado a los fieles en cuanto a que sean las iglesias, la reunión de fieles, la que la gobierne, evitando acudir obligada a compartir sus gastos (=necesidades de los pobres de la comunidad) con su feligresía como se hacía en los primeros siglos del cristianismo, tal y como aparece citado en los Hechos de los Apóstoles. La vía escogida para obtener los recursos necesarios para "sus" gastos se vio claramente embebida en los presupuestos del Estado, o en la etapa medieval, en concesiones del poder real para conseguir la autonomía financiera necesaria.

Pues bien, la clase política española actual repite el mismo esquema conductual, imponiendo absolutamente su poder en los grandes y pequeños entramados de bancos y sobre todo cajas de ahorros durante años y años, en los consejos de administración. La relación entre el mundo de la banca y de los partidos políticos principales es estrecha y con caminos de ida y vuelta, de intereses compartidos en forma de préstamos a bajo interés que son devueltos o no, nombramientos de ex-ministros al frente de bancos y cajas, concesiones de préstamos para grandes inversiones que sólo algunos partidos políticos consiguen "montar" pese a que no exista el más mínimo interés social en llevarlas a cabo, simplemente para mayor gloria del partido en el gobierno de turno, y así un largo etcétera. La gran crisis financiera en España tiene su origen en un completo descrédito y ruina total del sistema de cajas de ahorro, totalmente dominadas por los partidos mayoritarios.

Queda claro que el objetivo final perseguido por estos partidos políticos es conseguir la autonomía financiera que les permita prescindir de sus propias bases a la hora de configurar los órganos internos de gobierno de los mismos. No es necesario ya engrasar democráticamente esas instituciones. Se actúa por dedazo y por designación interna de unos pocos que mueven todos los hilos, ya que no necesitan de nadie (financieramente hablando) de las bases para hacer funcionar el partido. ¿Recuerdan ustedes la forma y manera en la que llegó Rajoy al poder en su propio partido? Esperpéntico, si no fuera porque no alcanzó el poder en el gobierno de España hasta el tercer intento después de un vuelco electoral inesperado en marzo de 2004, con un atentado terrorista catastrófico que movilizó la conciencia del pueblo y le hizo rechazar esas componendas. Por eso, Durán i Lleida no dimitirá, porque está convencido de que no ha hecho nada mal. Pero juzguen ustedes mismos a qué conduce esta autonomía de nuestras elites: ¿son los mejores, los más valiosos, los más preparados, los mejores defensores de lo público, o más bien son los más y mejores amigos del que tiene la sartén por el mango en su partido? No es de extrañar que nadie que esté en el primero de los conjuntos antes mencionado quiera saber nada de afiliarse y de defender democráticamente lo que cree que es mejor para su pueblo, para sus compatriotas. Cualquiera se mete en esos avisperos de amiguismo y compadreo.

Y eso que dejo para otra ocasión, la segunda pata de este intento "casi logrado" de autonomía de sus bases, la de la externalización de los servicios públicos, haciendo que se conviertan en CONTRATOS PÚBLICOS lo que era una actividad administrativa pública bien dirigida, profesional y eficiente. ¿Por qué interesa a los partidos políticos que haya mucha más contratación pública? Yo pienso mal y como dice el refrán, acierto. Pero eso es ya parte de otra próxima entrada en este blog y no doy más pistas...

Sólo me resta proponer algunas propuestas, que pasan fundamentalmente por:

  1. Total transparencia en las cuentas de los partidos, que sólo pueden ser financiadas por los afiliados y simpatizantes, con luz y taquígrafos, sin donativos anónimos.
  2. Prohibición de participar a los partidos políticos en ningún consejo de administración de cajas de ahorro y  bancos. Eso es para profesionales, sean banqueros o altos funcionarios especializados.
  3. Anulación de la "puerta giratoria" que facilita el pase del mundo privado al de los partidos políticos, facilitando la corrupción mediante prácticas interesadas alejadas del bien común de la ciudadanía (por aquí vendrá el siguiente post del blog...sí, sí, el caso Güemes. Vaya ya he dado una pista...
  4. Fundar partidos políticos que cumplan motu proprio las tres propuestas anteriores, porque dudo mucho que ninguno de los actuales se haga el hara-kiri. El sistema político español está podrido y requiere medidas extremas de cirugía
Pero aún hay esperanza. Hasta la próxima.