martes, 27 de agosto de 2013

El mito de Saturno y la responsabilidad civil de las Administraciones Públicas.

Ya ha pasado más de un mes desde que ocurrió el trágico accidente del tren ALVIA  en las cercanías de Santiago de Compostela. Durante días y días, semana tras semana, hemos ido oyendo noticias al respecto que pasaban de presentar el triste recuento de muertos y heridos, a hablar de responsabilidades de unos y de otros en el funesto suceso. En una natural ascensión desde el maquinista hacia las alturas, finalmente el juez instructor Luis Aláez emitió un  auto (enlace al documento publicado en El País) el 20 de agosto pasado en el que imputa a ADIF, más concretamente a "...la/s persona/s de ADIF responsable/s de la seguridad del tramo de la línea ferroviaria que une las estaciones de Orense y Santiago a fecha 24 de julio", ya que como menciona el juez dentro del apartado de razonamientos jurídicos "...sí que deviene pertinente el examen , a efectos de posible reprochabilidad,  de las actuaciones de los operadores responsables de garantizar la seguridad del tráfico ferroviario en lugar de Angrois". 

Y aquí comenzamos a enlazar con lo que vienen a ser los temas habituales de este blog: nuestra Administración Pública, nuestros gobiernos y nuestra sociedad, puesto que ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, forma parte de ese gran entramado institucional del Estado, y cualquier "reprochabilidad" confirmada judicialmente y por tanto, base de cualquier reclamación patrimonial al Estado por parte de los afectados por el accidente (personas heridas y familiares de fallecidos)  pasa a ser asunto que nos compete a todas las personas que lo sustentamos con nuestros impuestos.

De hecho, lo que me ha conducido a escribir sobre el tema, tiene que ver fundamentalmente con la noticia aparecida en los medios de comunicación de que la compañía de seguros que está detrás de la póliza de responsabilidad civil de ADIF por explotación del servicio  (ferroviario) quería contratar al bufete de abogados que "brillantemente" rebajó los "costes" a los fallecidos en el accidente del vuelo de Spanair Madrid-Tenerife de agosto de 2008. Es más, según lo que escuché a una afectada entrevistada en la SER, aún no habían recibido nada de lo poco que habían obtenido en concepto de daños y perjuicios, cinco años despues de aquella otra tragedia.

Curioseando en la "nube", he localizado el anuncio en el que se da a conocer la adjudicación (27 de mayo de 2011) del contrato del tipo "servicios" por el que se establece el Seguro de responsabilidad civil general de explotación de ADIF y de responsabilidad civil complementaria, a favor de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, AG, por un total de 3.636.698,00 euros (IVA excluido). Y esta información gracias a la obligación que tiene el sector público (ADIF lo es) de publicar todos sus contratos.

Hasta aquí, la Administración ha funcionado correctamente. Tenemos a una empresa pública, ADIF, que cumple con la Ley de Contratos del Sector Público, para dotarse de un seguro de responsabilidad civil de explotación, y de otra complementaria. Podemos decir por tanto, que para el caso que nos ocupa, el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, el Estado tiene cubiertas las espaldas ante una hipotética condena en los Tribunales de Justicia, una vez que el juez instructor ha imputado a los responsables de seguridad de ADIF.

Pero a partir de ese momento, es una empresa privada, la compañía de seguros adjudicataria de ese contrato de responsabilidad civil (ALLIANZ) la que tiene que defender "su negocio" frente a los damnificados en el accidente, ciudadanos de a pie, sostenedores de ese mismo Estado. A nadie puede extrañarles que busquen a los mejores abogados especializados en este tipo de grandes siniestros. De nuevo hemos transferido, externalizado por decirlo del modo habitual, la responsabilidad de defender al Estado de sus propios ciudadanos reclamantes.

Aquí ya empezamos a percibir que algo no funciona en el razonamiento, que algo "descarrila". Como funcionario con bastantes años de servicio público a mis espaldas y sobre mis neuronas, estoy acostumbrado a escuchar en los procesos de responsabilidad patrimonial, pequeñísimos casos comparados con el que nos ocupa como es la de simples inundaciones de instalaciones públicas causadas por terceros, que "el seguro se hará cargo de los daños", y nos quedamos tan frescos, porque sabemos que alguien especializado nos pagará los daños, o que nos defenderá, intentando obtener el pago de esos daños de la compañía de seguros de ese tercero que nos ha inundado las oficinas públicas. Todo nos parece correcto: dañan un  bien público algo o alguien del sector privado, que debe responder del daño. Pero debemos dar la vuelta al calcetín, queremos saber qué pasa cuando es el propio Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento o cualquiera de las empresas de su entramado institucional, el que causa el daño a alguien o algo del ámbito privado...

En efecto, enfrente tendremos a un gigante en tamaño, en movimientos, capacidad de respuesta, medios, y sobre todo tiempo. Y qué añadir cuando se encarga de contratar a otra gran empresa de seguros, que a su vez, defenderá y se defenderá de las reclamaciones de los ciudadanos o empresas privadas afectadas y damnificadas. Yo personalmente no lo veo justo, y pone en cuestión, de nuevo, otra vez más, lo absurdo de la externalización de ciertos servicios, en este caso, la responsabilidad civil por actuaciones de funcionario/as o empleados públicos en razón de su actividad o servicio, como es el caso del maquinista del ALVIA o de los responsables de seguridad de ADIF, o extendiendo el ejemplo, cualquiera de los fallos médicos (en hospitales públicos) que han sido reconocidos como tales en los Tribunales de Justicia.

Y la cuestión de justicia deriva de la falta de proporcionalidad entre el tamaño y capacidad de maniobra que tiene el Estado y el ciudadano de a pie. No estoy hablando de grandes compañías que se enfrentan a pequeños ayuntamientos. Ya sabemos que eso puede ocurrir y que de hecho ocurre, y que finalmente los pequeños ayuntamientos se ven abocados  ceder por falta de capacidad de defensa.

Es una pregunta que dejo abierta en el aire ¿puede una Administración Pública actuar del mismo modo frente a los ciudadanos particulares defendiéndose con sus ingentes medios económicos para evitar su condensa por responsabilidad civil y para limitar, reducir e incluso anular las posibles indemnizaciones, que frente a otras Administraciones o grandes corporaciones o multinacionales? ¿O debe primar en esas Administraciones Públicas, la defensa de los bienes públicos, los fondos públicos de todos y todas, evitando que acaben en manos de los damnificados "privados"?

Es un gran dilema de difícil resolución. A todos se nos antoja sencillo cuando hablamos del Estado persiguiendo en los Tribunales a la compañía de seguros responsable de la prima de responsabilidad el Prestige...(por cierto, no tengo ni idea de si finalmente han pagado algo por los daños causados en la costa gallega y cantábrica), o cuando hubo un fallo médico y a un amigo le cortaron la pierna equivocada...(es una pequeña licencia humorística que no sé si viene bien al caso). En el primer caso, el Estado debe contratar al mejor bufete para que conseguir que nos paguen por los daños causados por el petróleo vertido, y en el segundo caso, también lo vemos fácil, a nuestro amigo le debe pagar el Estado por la "avería" que le causaron en el hospital. Pero, ¿y en el accidente del ALVIA? Yo lo tengo claro: debe pagarse por los daños causados si se le condena a ADIF por no haber tomado todas las medidas de seguridad en el tráfico ferroviario en ese punto fatídico de Angrois, pero también sé que habrá quien piense que ese dinero es de todos, y que habría que establecer con el máximo de cuidado hasta cuánto se debe pagar. Siempre habrá alguien que piense que no es cuestión de que alguien se enriquezca con la desgracia de otros...es decir, que defenderán que el Estado ponga toda la carne en el asador para reducir o anular las indemnizaciones.

En definitiva, que no es nada fácil, y que todo pasa por analizar social y políticamente las relaciones de responsabilidad civil de las Administraciones Públicas (y de todo su entramado institucional) con sus ciudadanos para que no nos venga a la memoria el mito de Saturno comiéndose a sus propios hijos. Y es que si hablamos de mitología y de sus cultos, prefiero recordar la saturnalia romana en la que se celebraba la fiesta de la igualdad original de los hombres. Precisamente esa igualdad ante los tribunales  es la que echo mucho de menos en estos asuntos. Definitivamente es una cuestión de igualdad.