Elites políticas autónomas (III) o la "tabula rasa"

Ayer fue el 23 de febrero, el trigésimo segundo aniversario de aquel otro desdichado 23 de febrero, más conocido como 23F, o como el tejerazo por su más significado participante. Y precisamente en ese aniversario, sin saber muy bien por qué se ha elegido esa fecha, la ciudadanía española se ha manifestado masivamente en las principales ciudades de este país pidiendo un cambio radical en la forma de hacer Política en España. Ha sido un enorme éxito de participación pese a las duras condiciones climáticas del día.

Parece también un poco casualidad que a la vez hayamos vivido en esta misma semana de la Gran Manifestación, las jornadas parlamentarias en las que se dabatió sobre el Estado de la Nación. Desde 2011,  con Rodríguez Zapatero en su último año al frente del gobierno de España no había tenido lugar ese debate anual, ya que nuestro actual Presidente del gobierno, en su habitual estilo de esconder los problemas en el armario o debajo de la alfombra, decidió no celebrarlo en 2012. Y creo que hubiera sido mejor seguir como estábamos, porque la decepción ha inundado mi corazón.  Ya sabíamos que realmente lo que le gusta al señor Rajoy es otra cosa. El año 2012 no hubo debate, pero a cambio nos ofreció una catarata de Decretos-Ley, que vienen a indicar su poquísima fe en el mágico proceso del debate constructivo, sea en sede parlamentaria o en los medios de comunicación o como presentaré más adelante, en algún otro foro a crear o desarrollar si es que existiera.

Es evidente que esa forma de gobernar persigue una falsa imagen de dinamismo político, al más puro estilo ibérico del hacer sin pensar de unos, y del pensar para no hacer nada de los otros. Se trata de cosechar réditos mediáticos lo antes posible, de dar carnaza a los medios afines y que de este modo, que los TTs (tertuliano/as tostones) puedan dedicarse a llenar miles y miles de horas radiotelevisadas de conversaciones intrascendentes y alejadas de la realidad social, trufadas de mentiras y verdades a medias, calumniosas las más de las veces, en las que se puede llegar a superar el límite de la desvergüenza, acrecentado por la tribuna pública desde donde se "sueltan" para ser oídas por los mismos que les pagan. El círculo deprimente y vergonzante de la desfachatez, que componen políticos-periodistas-empresarios, se cierra sobre sí mismo, dando sentido al carácter autónomo que vengo intentando demostrar en esta trilogía que comenzó hace ya unas cuantas semanas.

En este anillo infernal, estos periodistas de trueno y fama, omnipresentes en las mal-intencionadas tertulias y foros de "a-debate" (porque sólo debaten sobre quién se merece el premio al lanzador de improperios más exagerados) siguen el argumentario político establecido al pie de la letra. Normalmente no conocen nada de lo que hablan y lo que es peor aún, son capaces de enmendarle la plana al más cualificado catedrático experto en la materia que les pongan delante en una mesa frente a los focos de las cámaras. Porque ese es su terreno, ahí se mueven como peces en el agua, sin importarles las consecuencias de su genial actuación televisiva o radiofónica, aprovechando los resquicios que la técnica y experiencia te dan, frente al pobrecito experto que no sabe si puede hablar o no puede en un momento determinado, que además en su perfecta educación le impide llegar a suponer que alguien pueda hablar de lo que no sabe, o que se puedan contrarrestar hechos irrefutables con expresiones vagas, genuinamente mediáticas del tipo "eso es algo cuestionable en todo punto". Así, sin más explicaciones, sin aportar otros hechos para cuestionar la palabra del experto. Sin vergüenza ni decoro se convierten en personas omniscientes del conocimiento universal afanosamente adquirido por generaciones y generaciones de pensadores, estudiosos e investigadores. No les hace falta, porque en su formación faltan dos cosas: conocimiento del método científico y sobre todo falta de ética profesional.

Pero poco más podemos decir del punto más débil del círculo "autónomo" del poder actual en España, es decir, de los periodistas "entregados" a la causa, a "su" causa. Sospecho que su adhesión "incondicional", frase célebre e ibérica donde las haya, llega solamente hasta el momento en que el dueño del periódico, radio o televisión que les paga, que les da de comer, cambia o incluso desaparece por cierre patronal. Ahí les vemos mendigando trabajo, con las alforjas laborales llenas de toda clase de armamento mediático de bajo, medio y alto poder de destrucción moral, dispuestos a ofrecer a sus servicios al poderoso que los necesite. Y lo cierto es que hoy por hoy, en España, sigue habiendo trabajo para ellos. Les son necesarios para las otras dos partes del anillo autónomo del poder en España. Alguien debe seguir lanzando botes de humo, alguien debe seguir obturando los desagües naturales de esta sociedad para que se empantane todo, se enturbie el conocimiento y la transparencia se convierta en utopía. Misteriosamente, los únicos periódicos que han cerrado son los de distribución gratuita que vivían de la publicidad y que apenas si tenían artículos de opinión. Aunque seguimos viendo cómo cada día, con pequeñísimas tiradas para el volumen de trabajadores y por tanto de costes laborales y de producción, los otros continúan inundando los quioscos de España.

He realizado una pequeña investigación a través de la web de la OJD (Información y control de Publicaciones) y lo cierto es que la crisis económica está haciendo mucho daño en sus tiradas, lo que se traduce en reducción de la demanda de inclusión de publicidad y finalmente en ingresos.

 Alrededor del 25% de las tiradas no se llegan a distribuir, que yo entiendo que quiere decir que son devueltas por los kioskeros por no haberlas podido vender. He aquí unos pequeños ejemplos de la evolución de venta de periódicos:

Periódico	Periodo	Tirada	Distribución
DEIA	Julio-2011/Junio-2012	21.713	16.256
DEIA	Enero-2011/Diciembre-2011	22.801	17.013
DEIA	Julio-2010/Junio-2011	22.835	17.239
EL DIARIO VASCO	Julio-2011/Junio-2012	77.782	66.108
EL DIARIO VASCO	Enero-2011/Diciembre-2011	79.984	68.140
EL DIARIO VASCO	Julio-2010/Junio-2011	82.160	69.905
EL CORREO	Julio-2011/Junio-2012	114.096	94.362
EL CORREO	Enero-2011/Diciembre-2011	117.282	97.313
EL CORREO	Julio-2010/Junio-2011	119.709	99.277
EL PAIS	Julio-2011/Junio-2012	425.694	345.243
EL PAIS	Enero-2011/Diciembre-2011	461.788	365.117
EL PAIS	Julio-2010/Junio-2011	473.905	369.707
EL MUNDO	Julio-2011/Junio-2012	321.019	233.101
EL MUNDO	Enero-2011/Diciembre-2011	344.581	252.770
EL MUNDO	Julio-2010/Junio-2011	362.284	266.294

La verdad es que me he sorprendido con tantísimos periódicos y revistas que editan regularmente en España,  nada menos que 644. Muchos para una etapa de falta de ingresos publicitarios. No se entiende a primera vista cómo puede ser que sigan aguantando sin cerrar. Hace ya unos cuantos meses que dejé claro que ya no me fiaba de casi ningún medio español, excepción hecha de los del grupo PRISA. Pero poco más se puede añadir para los buenos entendedores...Esta parte del anillo de oro ya no da para más.

Ahora, aunque me gustaria continuar con el lado empresarial, ése que casi nunca deja traslucir sus verdaderas intenciones, me veo obligado a dar por concluida esta entrada. Sin haberlo pretendido inicialmente la trilogía se ha convertido en tetralogía e incluso en mi interior, el General está diciéndome que llegaremos a desarrollar una pentalogía sobre este extraño fenómeno de las elites de poder en la España de comienzos del siglo XXI.

Me adelantaré a las críticas de mis lectores y lectoras respecto a que termino sin propuestas. Quería haberlo hecho en la entrega II, pero me despisté. Por una vez no propuse nada, y eso no debe repetirse en esta ocasión. Hoy propondré algunas medidas que intentarán dar más luz a la parte periodística del contubernio en el que nos han metido en España y creo que incluso en Europa occidental.

Primero. Respecto a los accionariados de las empresas de comunicación, está claro que debe limitarse para evitar los monopolios a lo Berlusconi o lo Murdoch. No benefician en nada a la ciudadanía. Y deben limitarse con absolutas ganas de impedir ese afán monopolizador, sin medidas tibias, sino contundentes. Todavía recuerdo con indignación como el PSOE y el PP diluyeron lenta pero inexorablemente hasta el casi cero los controles previos existentes del máximo del 25% para un accionista.

Segundo. Volver a relanzar la radiotelevisión pública española, profesionalizándola e independizándola de la influencia de los partidos políticos, que deben sacar sus tentáculos de sus consejos de administración, que deben pasar a estar formados por profesionales independientes, rindiendo cuentas a la ciudadanía directamente, sin parlamento. La audiencia es el mejor indicador, junto con las cuentas reales y auditadas que han sido necesarias para producir los programas. Los partidos políticos tienen que marcharse ya mismo de RTVE.

Tercero. Dar a conocer  con absoluta transparencia quién está detrás de los accionariados de los grupos editoriales y de comunicación. La información social, política y económica es un bien público y como tal debe quedar en manos de la ciudadanía, que para ello deberá poder contar con información fidedigna de quien es el responsable máximo de cada periódico, radio o televisión.

Cuarto. Publicar las relaciones laborales de los tertulianos que tanto aparecen en los medios de comunicación. El pueblo necesita conocer quién es el que les da de comer, qué grado de independencia tienen, y también de sus patrimonios. Nadie que que "pontifica" sobre los demás y sobre las bondades o no de cualquier proyecto político, social o económico, puede hacerlo sin dejar claro a los demás "quién es" y "a quién se debe" y "cuánto tiene o cuánto debe".

Quinto. Impedir que quien no sabe nada pueda hablar en los medios de comunicación de cualquier cosa. Al menos, que quede catalogado cada tertuliano con un indicador de conocimiento en la materia en escala 0 a 10, o en colorines, pero que quienes le escuchemos podamos saber de antemano si su opinión merece la pena ser tenida en cuenta o no.

Sexto. Exigir a los responsables de los programas de opinión que muestren con absoluta transparencia cómo ha sido el procedimiento de selección de sus tertulianos, garantizando en todo caso, que siempre habrá expertos en la materia y que se limitará el tiempo a los que no tengan ni idea, para evitar lo que siempre observo, que habla mucho quien poco sabe.

Nos citamos para la cuarta entrega, aunque como siempre, no tengo fecha exacta para su redacción. Mientras tanto sigue nevando al otro lado de la ventana...

Políticos: elites autónomas (II)

El escándalo político y social está servido en España. El caso Gürtel de financiación ilegal del Partido Popular se ha salido de madre, como un enorme tsunami ha invadido hasta el último rincón de España. Podría decir que se veía venir, algo que se ha insertado en el subconsciente de todos los que estamos más o menos cerca de los políticos hasta hacerse parte del pensamiento colectivo, de todos los que lo piensan pero no lo dicen, de todos los que hablan de ello pero con precauciones, y de los que ya lo decimos abiertamente pero sin esperanzas de que sirva para algo, de que alcance el corazón y el intelecto de los ciudadanos y se convierta en un revulsivo social. Realmente he de confesar que siempre veo a las misma personas críticas, incluyéndome también por supuesto, denunciando una y otra vez una forma de llevar los asuntos públicos que está muy lejos de ser virtuosa. Pero ahí se suele acabar el activismo social. El resto calla, y como se dice en España, con ese silencio otorga complacencia.

En mi última entrada de este blog, hace ya un par de semanas, empecé a tocar precisamente este tema y por tanto, he decidido seguir profundizando en él, pero con un matiz. Ya no incluyo ninguna pregunta, creo que he conseguido demostrar que no son "nuestros" políticos, que realmente se han constituido en elites que nos gobiernan a nuestro pesar, tanto de los que nos oponemos abiertamente como de los que no quieren esforzarse en intentar cambiar las cosas. Ahora ha llegado el momento de seguir profundizando en la maquinaria burocrática interna de esos partidos que alimenta esa autonomía.

Precisamente relacionada con ella, con la autonomía, aparece el concepto de interdependencia que descubrí en una obra de un psicólogo, dirigida fundamentalmente a la autoayuda, dentro de todo ese conjunto de libros que necesitamos leer cuando nos encontramos en horas bajas, cuando nuestro autoestima está por los suelos. Siempre me ha gustado pensar que no sólo se aplica a las pequeñas redes sociales, sino incluso a las más grandes, del tipo de entidades político-territoriales, llámense comunidades autónomas, países, estados, continentes...Pero el hecho de ser consciente de que somos parte de un conjunto más grande, de que nuestras acciones afectan de un modo u otro al que tenemos al lado, sea cual sea la escala política social o económica que estemos considerando, de que nos necesitamos constantemente, del hecho de que nadie está por encima, de que puede imponer su voluntad sin acarrear una consecuencias insospechadas, todo este razonamiento en definitiva conduce a una forma de ser, sentir y vivir completamente diferente a la que estamos acostumbrados a percibir en la mayoría de nuestros políticos.

Es evidente que cuando un grupo de interés político (ya no me atrevo a llamarle ni siquiera partido político) se constituye, consciente o inconscientemente, en un ente autónomo, su sintonía, su acercamiento al común sentir de la ciudadanía con la que se debería relacionar queda absolutamente rota, limitada únicamente a los escasísimos momentos "de la verdad" en periodos de campañas electorales. Y ni siquiera ya puede decirse que sirvan de algo en España. La realidad mediática nos muestra una y otra vez auditorios, cines y teatros, incluso plazas de toros y palacios de congresos, abarrotados de "simpatizantes" agitando banderas y asintiendo a gritos a los incendiarios discursos de los líderes de sus partidos, perfectamente sincronizados con los momentos en los que las cadenas de televisión conectan en directo para "relatar" los diversos acontecimientos de ese día de campaña en tal o cual lugar de la geografía española. Estas elites políticas han conseguido adulterar definitivamente los procesos electorales, dejándolos sin valor alguno, eliminando cualquier posibilidad de debatir en profundidad los asuntos que realmente demanda la ciudadanía: trabajo para todos, eficiencia administrativa, excelencia en la prestación de los servicios públicos, tranquilidad social, progreso y desarrollo económico equilibrado, sin grandes desigualdades sociales.

Ya lo he comentado en otra entrada de este blog, la enorme decepción recogida en el último gran debate entre los líderes del PP Mariano Rajoy, actual Presidente del gobierno de España y del PSOE Alfredo Rubalcaba, en noviembre de 2011. El primero consiguió salir del debate televisado sin hacer ni una sola precisión acerca de su programa electoral. Fue una auténtica burla, un gran desprecio hacia el electorado. Se sentía en una posición ganadora, totalmente independiente de la voluntad general de los españoles, decepcionados con la última etapa del gobierno socialista de Zapatero. Abusó por tanto, demostrando con hechos, lo que sienten en los grandes aparatos burocráticos de la mayoría de los partidos tradicionales.

Pero todo esto tiene un coste, un gran coste económico. Las grandes burocracias de los partidos, su necesidad de controlar absolutamente todos los resortes del poder tiene un gran coste, que no quieren hacer visible a la ciudadanía. Pocas personas se preguntan por el coste de mantener esas grandes estructuras, o cuánto les cuesta participar en las elecciones. Principalmente porque desconocen la enorme tela de araña que ellos han construido para mantenerse en el poder, sea cual sea la opinión mayoritaria de la ciudadanía, e incluso también porque esos ciudadanos están convencidos de que los procesos electorales no sirven ya para casi nada.

Ahora bien, si observamos desde esta clave, es decir, desde la búsqueda de la absoluta autonomía económica de los partidos políticos, comprenderemos fácilmente todo el nuevo ideario pseudo ultraliberal  que se encuentra en la base de "reformas" económicas, sociales y políticas que está impulsando el Partido Popular o cualquier otro partido nacionalista que tenga a su alcance el gobierno de su respectivo territorio, como reciéntemente hemos visto con CiU en Cataluña. Este oscuro ideario tiene una relación directa con:

• la realización de grandes obras públicas o de grandes proyectos "sociales" y promociones urbanísticas de muy dudoso sostenimiento financiero posterior a su apertura.
• la externalización/privatización de servicios públicos.
• la permanente conexión entre cúpulas directivas del entramado financiero, industrial y comercial por una parte y los altos cargos políticos que entran y salen de la dirección de las principales ministerios, consejerías y concejalías con una facilidad pasmosa, una vez realizada su labor inconfesable.

Si entramos a analizar el primer punto, vemos que los intentos continuos de definir y controlar la contratación pública se vienen abajo cuando el objeto de cualquier contrato, aquello que se quiere contratar, está fuera absolutamente de lo que dictan esas leyes. Difícilmente se puede decir que un gobierno, y el partido político que lo sustenta, actúa con buen criterio, pensando en la ciudadanía, cuando no tiene en cuenta todo el proceso de definición de necesidades ciudadanas, tanto a corto como a medio y largo plazo, los grupos de interés afectados, los costes finales de mantenimiento de esas infraestructuras, si habrá un precio público por su utilización o no, y si lo hay cuál debiera ser. Tenemos por desgracia demasiados ejemplos de gigantescas infraestructuras viarias "de peaje" por las que no circula prácticamente ningún vehículo y cuyo coste de mantenimiento no es cubierto con los peajes. ¿Por qué se iniciaron esas obras?¿Qué interés oculto hay detrás de esas iniciativas políticas y de grandes grupos inversores privados? ¿Por qué se hurtó a la ciudadanía un gran debate social sobre su necesidad, alternativas posibles, costes directos e indirectos?

Por tanto, de poco sirve detallar con pelos y señales el procedimiento de contratación si no se amplía a la determinación de qué debe contratarse, y posteriormente, cerrando el ciclo de mejora continua, evaluando la calidad del producto, proyecto, obra faraónica, etc que se ha entregado, a qué costes de mantenimiento y con qué beneficios sociales inmediatos y futuros. ¿Sabe alguien de algún partido político, de algún gobierno es España que haya evaluado con criterios objetivos previamente establecidos y aceptados, a los contratistas y al producto de esos contratos públicos? Es más, ¿ hay alguna forma de añadir a los famosos perfiles de contratistas, una nota, una calificación de cada trabajo realizado por parte de las administraciones contratistas, o algo... quiero decir, como obligación legal en una hipotética Ley Definitiva de Contratación Pública en la que quien contrata, valora conciezudamente como parte de su trabajo por ser responsable de fondos públicos? Es que ya empiezo a estar harto de estudiar y reestudiar nuevas leyes de contratación, remiendos, textos refundidos, etc que no acaban de dar una visión global del problema.

Porque por este lado se nos escapan fácilmente los partidos políticos cuando gobiernan para conseguir esa autonomía financiera (cuando están en la oposición tienen muchas menos facilidades), ya que da igual que el contratista sea un chapucero, un liante y que tengas asegurado un "coste sobrevenido" que llevará por la calle de la amargura a cualquier solícito funcionario adscrito a las unidades administrativas responsables de la contratación pública, sea la que sea, esté donde esté. En mi opinión, no interesa hacer ese examen final a los contratistas. No interesa a los partidos políticos porque los buenos empresarios, los que traen buen producto y servicio, alcanzarían buenas calificaciones y tendrían grandes posibilidades de obtener contratos públicos por sus propios méritos y se independizarían completamente de quienes en los partidos políticos mueven esos hilos. Sí que interesaría a los funcionarios, a los que simplificaría enormemente su gestión, abaratando sus costes, porque en muchísimos casos, su defensa contra bajas temerarias y malintencionadas, o las "dirigidas desde arriba", se convierte en un labor casi imposible, agotadora y causante de muchísimos desazones y en más de una ocasión, en fuente de problemas para la carrera administrativa de quien defiende lo público a ultranza, como si fuera propio, lo que en definitiva es.

Y ahora avanzaremos hacia el segundo gran pilar, el de las privatizaciones, que está íntimamente ligado al anterior: la constitución de grandes contratos públicos, en este caso donde no había tales negocios ni necesidades. El resultado final es el mismo, procesos de contratación pública de servicios privatizados, con escasísimo interés por parte de los partidos gobernantes en conocer los costes reales de esos servicios tal y como actualmente están siendo prestados por funcionarios públicos. Hace poco leí en la revista Auditoría Pública un artículo en el que los autores analizaban los costes de prestación de servicios sanitarios en los hospitales públicos de Navarra y a qué precio eran cobrados cuando se desviaban a hospitales privados. La realidad, no por ser esperada, es demoledora: no hubo análisis de costes previo y para mi sorpresa, no había precio único de derivación a los hospitales privados. Cada uno de ellos cobraba diferente por el mismo servicio médico. Bochornoso del todo punto. Imaginemos qué puede ocurrir cuando ni siquiera habrá posibilidad de comparar los costes de hospitales privados con los públicos, por la simple razón de que a estos últimos los cerrarán. De nuevo, los partidos políticos desean ocultarlo a la ciudadanía, alejarlo del debate ciudadano. Cuando menos sepamos mejor.

Pero es que realmente el interés que puede haber en privatizar grandes bolsas de servicios públicos intensivos en mano de obra, sólo conduce a sospechar que, o bien el coste final de la privatización será como mínimo incrementado en el beneficio empresarial lógico que se querrá llevar a su cuenta corriente quien haya ganado el contrato, manteniendo los salarios y las inversiones que la Administración Pública realizaba, o bien, el precio se mantiene o baja, a costa de muchísimo menor salario de quien presta ese servicio y de menores inversiones en el negocio. En este último caso, desde un punto de vista agregado, la sociedad sale perdiendo, tanto por falta de garantía de renovación de inversiones necesarias, como por más bajos perfiles profesionales en cuanto a conocimientos (los mejores siempre querrán cobrar más, si es que los salarios de partida han bajado mucho, quedándose los peores para  trabajar en contratos con la Administración). Y todo esto que acabo de exponer puede ya contrastarse con pruebas evidentes en países de nuestro entorno que se adelantaron en esta loca carrera a ninguna parte, como por ejemplo en Gran Bretaña: ferrocarriles y sistema sanitario).

No nos engañemos, y sobre todo no nos dejemos engañar. Las privatizaciones son un auténtico tongo, un cuento chino, un engaña niños, porque eso somos la mayoría de los ciudadanos españoles, niños que no han madurado políticamente lo suficiente como para exigir mucho más de los partidos políticos que nos gobiernan. Pero eso es parte de la tercera entrega de esta serie. Volvamos por tanto al núcleo del problema: el interés político por crear grandes volúmenes de contratación pública, es decir, de privatizar servicios públicos. Hace unos meses en otra entrada les presenté unas cuentas claras, difícilmente discutibles, sobre los enormes ahorros que supondría para una administración pública que conozco muy de cerca, la refuncionarización de los servicios internos de limpieza y de vigilancia, altamente intensivos en mano de obra, y casi nulos en inversión. Puedo asegurar un ahorro de un 40% sin pérdida de calidad de servicio.

¿Qué es lo que condujo a esa privatización como fue el caso de las limpiadoras o a que no se llegara a plantear la incorporación de vigilantes/celadores a la plantilla de esa Administración que no citaré, o precisamente y mucho más actual, el caso de la Sanidad de Madrid? Es difícil saberlo con seguridad y mucho menos probarlo, pero sí que puede asegurar que la idea de que es muy difícil controlar el trabajo realizado por los funcionario/as, personal rebelde y contestatario, huidizo casi siempre, sirvió de excusa a la mayoría interesada de quienes tomaron la decisión. Es un rumor de continuo descrédito a la función pública, que interesadamente es propalada por los partidos políticos y por la prensa adicta y controlada, que acaba siempre en el mismo discurso y solución final: eliminación de la prestación pública por funcionarios y privatización del servicio.

Jamás se ha hecho ningún esfuerzo por la clase política en intentar dar una solución definitiva y plenamente desarrollada al Estatuto del Empleado Público. Mucho menos a la parte del mismo que desarrolla la dirección profesional pública. Faltaría más, con eso los partidos políticos pierden el control de la maquinaria administrativa, que a nuestro pesar, sigue muy alejada de los niveles de eficiencia y efectividad deseables, principalmente por este motivo, la necesidad de los partidos de "intervenir decisoria y personalmente" en la mayoría de las actuaciones puramente administrativas que deben quedar en manos de funcionarios públicos independientes, entre otras, en la determinación de la mejor oferta de cualquier contrato, así como de la valoración de los resultados/productos entregados y de los servicios prestados.

La inacción de nuestra clase política actual en materia de Función Pública en el mejor de los casos, o incluso de beligerancia "populista" contra el funcionariado, sea cual sea la Administración Pública de la que forme parte, es clamorosa y malintencionada. Su objetivo inconfesable pasa por desprestigiar a quienes tienen la responsabilidad de defender lo público, lo que es de todos, evitando enriquecimientos ilícitos de contratistas insensibles, y sin pretenderlo, impidiendo la financiación ilegal de los partidos políticos. La farsa queda al descubierto finalmente.

El último pilar, la conexión entre el mundo de los políticos y de las grandes contratistas no necesita de mucha extensión para poder ser demostrado. Los escándalos recientemente conocidos tras su publicación en los medios de comunicación apoyan esta relación estrecha e interesada. De nuevo, decisiones que debieran haber quedado en manos de funcionarios cualificados que se atienen a un estricto procedimiento evaluador de ofertas y de adecuada capacidad y solvencia técnica y económica de los licitadores, se ve perturbada, por las interferencias de los partidos políticos, a través de sus representantes al frente de los órganos de las Administraciones Públicas. Porque...¿qué tenía que ocultar el anterior consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid? Si el proceso de adjudicación fue claro, diáfano, transparente, sin ninguna intervención salvo la firma del contrato a propuesta de la Mesa de contratación correspondiente, ¿por qué dimite y se marcha de esa empresa? ¿Tan difícil es de explicar lo que estoy ahora describiendo?¿Por qué no ha mencionado ni ha citado a ninguno de los funcionario/as que intervinieron en ese procedimiento de contratación?

En definitiva, si los procedimientos de contratación estuvieran completamente a salvo de interferencias políticas, si por otra parte, los propios objetos de contratación fueran analizados acerca de su necesidad y del beneficio social alcanzado, y si los contratos ejecutados fueran evaluados concienzudamente  por los propios usuarios ciudadanos, además de por personal funcionario independiente, para permitir conocer con absoluta transparencia, qué contratistas son de fiar, buenos y baratos...si todo eso se llevara a cabo, no habría la menor necesidad de regular, es decir, impedir para muchos años, el paso del sector privado al público y viceversa. La gran mayoría de las veces no haría falta ningún "fichaje de la privada" si nuestros políticos hubieran apostado por el desarrollo completo de la dirección pública profesional. Pero como ya he comentado antes, en ese caso, su autonomía, la de los partidos políticos en el poder, se resentiría enormemente, aunque casi seguro que ganaríamos todos en transparencia y en calidad del debate democrático, hoy tan ausente de las calles de España.